Hay euforia y temor en filas liberales. En sus primeros diez de días de gobierno el presidente Alberto Fernández logró el respaldo legislativo a una ley que le da poderes especiales, sanciona suba de impuestos y, sobre todo, elimina la norma de movilidad previsional para los jubilados. Con estas medidas se espera disminuir en dos […]
Hay euforia y temor en filas liberales. En sus primeros diez de días de gobierno el presidente Alberto Fernández logró el respaldo legislativo a una ley que le da poderes especiales, sanciona suba de impuestos y, sobre todo, elimina la norma de movilidad previsional para los jubilados.
Con estas medidas se espera disminuir en dos puntos el déficit fiscal y continuar con rápida eficacia la labor de Mauricio Macri. Los bonos argentinos salieron del subsuelo y están al alza, al igual que la Bolsa. Fernández anunció que en pocos días llegaría una delegación del FMI. Pasó a segundo plano el riesgo inmediato de cesación de pagos. También la amenaza de hiperinflación.
Congelamiento, impuestazo y succión de poderes al legislativo se denominan «Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública». La solidaridad es principalmente de trabajadores activos y pasivos. Para pagar la deuda. Bella en todos los sentidos, esta palabra de la lengua castellana adquiere ahora significado de estafa.
Un bono de 10 mil pesos pagaderos en dos meses (120 dólares tras la devaluación camuflada del 30%) para las jubilaciones mínimas intenta enmascarar que se elimina la movilidad, ley que en 2020 debía reponer la pérdida provocada por la desenfrenada inflación de 2019. Ese bono involucra a unos 4 millones de personas que cobran hasta 15 mil pesos. Para el resto, algo menos de tres millones de jubilados, el 95% de los cuales cobra entre 15 y 40 mil pesos, el congelamiento es total y futuros aumentos quedan a discreción del Presidente. Esa traslación de recursos es parte principal de los 6 a 10 mil millones de dólares que, junto a las retenciones al agro y una colección de otros impuestos, el Ejecutivo busca ahorrar para cumplir con los acreedores. Es probable, como se verá, que esa cifra sea inalcanzable.
Quienes acostumbran a condenar estas políticas con el marbete de «neoliberalismo» han enmudecido. El capital, en cambio, celebra con apenas disimulo. Sus intelectuales orgánicos hacen inelegantes contorsiones para explicar que esta exacción a ancianos políticamente inermes es imprescindible.
Sin discusión previa aunque con mucho espectáculo en los recintos de diputados y senadores, ambas cámaras votaron en 48 horas a favor de una ley de graves consecuencias futuras. Antes Fernández se había reunido con dos agrupamientos que dan la tónica de la burguesía, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Esta última es la exclusiva estructura del gran capital, hegemonizado por seis empresas, algunas de las cuales están también en la UIA. La principal es Techint, cuyo presidente, Paolo Rocca, encabezó el apoyo al ex presidente Macri hasta que la detonación involuntaria de un proceso judicial terminó con el procesamiento por corrupción de altos ex funcionarios y una cuarentena de empresarios de primer nivel, entre ellos Rocca.
Estallido de un plan estratégico
El titular de Techint debió viajar de urgencia a México para evitar su detención. Su venganza fue la invención de la candidatura a ultranza de Roberto Lavagna, lo cual en última instancia y pese al ridículo desempeño electoral derivó en la derrota de Macri.
Luego de las Paso del 10 de agosto Rocca apareció como el principal impulsor de Fernández. La UIA se comprometió en la campaña del Frente de todos más allá de lo imaginable (y más allá de la prudencia empresarial, lo cual tendrá efectos antes de no mucho tiempo). En la AEA, Techint parece ser el mascarón de proa del apoyo al nuevo gobierno. Si arrastró a todos en la UIA, en AEA encuentra dudas y resistencias, lo cual transforma al frente amplio burgués dominante durante el período Macri en una coalición de miedos frente al amenazante cuadro de la economía nacional.
Con todo, Rocca exige más de lo que objetivamente puede conceder Fernández. Algo de eso se hizo evidente en la reunión del 18 de diciembre en el almuerzo de la AEA a la que asistió como invitado el Presidente. Fernández confesó en su discurso: «Recién Paolo Rocca me preguntaba por Vaca Muerta (N de la R: se comprenderá que el verbo para explicar la actitud de Rocca no era preguntar). Claro que Vaca Muerta para nosotros es algo primordial, si sabemos que allí hay fuentes de recursos para el futuro y hablábamos también de minería y claro que la minería también es un tema primordial. Hablaba, días atrás, con Gerardo Morales y le decía: ‘quiero ir a Jujuy a un yacimiento de litio’ y tenemos que hacer el esfuerzo de construir una empresa de baterías de litio para que al litio lo dejemos de vender como materia prima y empecemos a venderlo como un producto elaborado. Y lo mismo tenemos que hacer con el silicio. Y en Mendoza hemos logrado que salga una ley para que Mendoza, también, se involucre en la explotación minera; y en Chubut hemos logrado que, en la zona de la meseta, podamos explotar oro y plata. Allí está nuestra riqueza y eso es abrirnos al mundo con inteligencia».
Poco duró la alegría del mandatario. En consonancia con sus deseos peronistas y radicales «hemos logrado», dice Fernández, » una ley para que Mendoza también se involucre en la explotación minera». Apenas 48 horas después la capital de la provincia cuyana fue escenario de la más grande movilización popular en su historia, en choque frontal con la intención oficial de «abrirnos al mundo con inteligencia». Insospechadas mayorías se rebelaron contra el permiso para utilizar cianuro y otros venenos ambientales para la explotación minera a cielo abierto y mediante fracking, que requiere prácticamente toda el agua que baja de los glaciares y de la cual depende Mendoza. Un rechazo inesperado a lo que parece ser la estrategia oficialista para abrirse al mundo con más inteligencia que Macri. Adelanto de las dificultades con las que chocará Fernández, incluso antes de que el ala izquierda del Frente de todos se alce contra lo que en otras circunstancias denominaría «neoliberalismo».
En otro párrafo de su discurso ante adustos empresarios de AEA Fernández hizo una confesión más significativa aún: «Le hemos pedido al Fondo Monetario cambiar la lógica, que nos dejen construir un plan que sea sustentable y, sobre la base de este plan, nosotros resolver cómo pagar la deuda. El Fondo ha aceptado esta lógica de trabajo, no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante dos meses». Pedir permiso al Fondo para poder pagar. Raro modelo de soberanía.
Nada diferente podía venir de esos mandantes para encarar la renegociación de la deuda: una prueba de disposición al ajuste impiadoso. Allí está la ley de «solidaridad», silenciosamente preparada. La soga se ajustará más cada día. Parafraseando a los ultra liberales que condenaban al gobierno anterior por no llevar a fondo las medidas de saneamiento, calificándolo como «kirchnerismo con buenos modales», el nuevo elenco es «macrismo sin modales».
Del plan a los manotazos
No se trata sin embargo de un mero cambio de formas. Aquello que denominamos frente amplio burgués (Fab), prolongado hoy con sus mismos componentes, incluso y en lugar más relevante las cúpulas sindicales, culminó un ciclo en el que un bloque social con hegemonía real acordó un plan y creyó contar con programa y equipo aptos para sanear la descompuesta economía nacional, en función de un plan estratégico de crecimiento y estabilidad. En la cabeza de algunos pocos empresarios con ambiciones de refundadores y economistas con sentido de la historia, Cambiemos acabaría con 80 años de sistemática decadencia, acelerada hasta el paroxismo en los últimos 40. Argentina volvería a ocupar un lugar destacado en el concierto internacional. Se conformarían nuevos partidos y el país se lanzaría hacia sus grandes destinos.
Quienes redujeron ese intento al adjetivo «neoliberal», compraron y vendieron la teoría del helicóptero, según la cual Macri huiría en pocos meses como lo hizo Fernando de la Rua en 2001. No comprendieron cómo Macri arrolló al peronismo en las elecciones de 2017 y, en consecuencia, no saben por qué el panperonismo recuperó el poder dos meses atrás y mucho menos por qué Macri obtuvo el 41% de los votos tras un mes de impresionantes manifestaciones con neto sigo de derecha en todo el país. No pudieron digerir que Macri transmitiera la banda y el bastón presidencial a su sucesor. Y no comprendieron que este hijo de la decadente burguesía argentina transpasaba mucho más que símbolos: entregaba un sistema a punto de colapso del cual debía hacerse cargo el peronismo. Poco importa que estuviera mejor apuntalado para la burguesía en comparación con lo recibido cuatro años antes. Ésta bien podría ser la involuntaria obra maestra del ex presidente.
En sus cúpulas dirigentes el amplio espectro peronista se dio por bien pagado con la perspectiva de usufructuar otra vez de las riquezas a las que da acceso el control del Estado. Los epígonos no han asumido todavía que el denominado «neoliberalismo» es una superchería, un comodín vacío, útil sólo para taparse los ojos ante la crisis capitalista. En la etapa agónica del capitalismo tardío el plan de Cambiemos era rotundamente inviable, como sostuvimos desde el primer momento (Ganó un presidente protofascista con base socialdemócrata, 23/11/2015) y acabaron por demostrar los hechos. Suponer que en este momento histórico, a partir de despojos legados por sucesivos gobiernos impotentes y corrutos, es posible construir desde la perspectiva capitalista una Argentina próspera, justa e igualitaria, es una quimera lindante con el desvarío.
Argentina transita de un Fab con proyectos de restauración capitalista a un mejunje inestable de azorados burgueses desvelados por el ejemplo de Chile. Sus perplejos componentes imaginan, correctamente, la conmoción trasandina multiplicada hasta dar lugar a una situación revolucionaria en Argentina. El cuadro se completa con ventajistas prontos a toda oportunidad de buenos negocios o al menos un cargo oficial.
Dicho de otro modo: las clases dominantes no tienen un programa de acción estratégica frente a la crisis más grave jamás vivida por el país.
Por su parte, la génesis del actual elenco, más lo visto en los primeros diez días de gobierno, confirma caracterizaciones previas (Antes de las elecciones; Argentina a la luz del resultado electoral). Se formó un Ejecutivo con remate de espacios entre facciones peronistas sin programa, sin organización ni ideas comunes. La disciplina para alinear semejante conjunto la puso el FMI. Pero la camisa de fuerza no resistirá.
Contradicciones inmanejables
Mientras en Diputados se discutía la «Ley de solidaridad», sondeos de opinión inmediata llegaron a manos de Fernández. Señalaban el rechazo a las medidas en sus propias filas y el descontento general provocado por el aumento a las retenciones y el congelamiento de las jubilaciones. Por eso hubo cambios de última hora y anuncios relativos a una segmentación de la base agraria para cobrar el impuesto, más anuncios de que las jubilaciones serían incrementadas a partir de marzo, según decida el Ejecutivo. Otro tanto pasó con el anunciado propósito de suspender las negociaciones Paritarias por 180 días, a cambio de un aumento único y a cuenta, también definido por el Ejecutivo. Esta intención, avalada por la mayoría de los CEOs sindicales, fue sin embargo postergada en silencio.
En tanto, por las costuras de esta colcha de retazos derramaba el descontento de gobernadores, cúpulas sindicales y estructuras barriales. A los primeros el gobierno los calmó borrando de un plumazo la reforma impositiva -logro fundamental de Macri para el reordenamiento burgués- que privaba a los señores feudales del cobro de impuestos fuera de toda lógica capitalista, como ingresos brutos y otros cánones inventados por gobernadores e incluso intendentes. La idea de una reactivación económica sufría un golpe más con esta decisión. Ya la gobernación de Buenos Aires, supuestamente progresista, emuló a otro progresista en la Capital Federal y multiplicó por su cuenta el paquetazo impositivo hasta niveles confiscatorios contra… propietarios de una vivienda. Será difícil en adelante ganar confianza para este género de progresistas.
En sendas reuniones luego del triunfo electoral Fernández aseguró que su gobierno sería «de los 24 gobernadores». Frente a los sindicalistas dijo en tono elevado que el gobierno sería también de la CGT. Enseguida juró a titulares de estructuras barriales que también ellos serían factores de decisión en su Ejecutivo.
Todos se encuentran ahora en situación de avalar las exigencias del FMI. El trago de votar y apoyar la «Ley de solidaridad» es demasiado amargo; pero un buen estómago lo soporta. Diferente es afrontar las consecuencias que vienen.
Es probable que un conjunto de artilugios en el manejo económico permita una reactivación mezquina y por tiempo limitado (en mayo se debería acordar la renegociación de la deuda con el Fondo). Pero es descartable la posibilidad de iniciar un período de crecimiento productivo y baja sostenida de la inflación. El paquetazo impositivo y la devaluación apenas disfrazada que lleva el dólar oficial a $82, aventan en lo inmediato el riesgo de hiperinflación. A la vez lo agravan a partir de pocos meses, puesto que, además de trasladar ese aumento a los precios, el gobierno deberá emitir dinero para asumir el pago de aumentos nominales de sueldos y jubilaciones, más los desesperados requerimientos de los señores feudales endeudados también ellos con bonos locales y extranjeros. Por el momento y durante un largo período no habrá crédito de ningún tipo. Emisión y ajuste serán los únicos recursos.
Por supuesto a partir de enero se multiplicarán las demandas de aumento salarial y, al cabo de poco tiempo, la CGT deberá hacerse eco de ese clamor, lo que introducirá una poderosa cuña en el heterogéneo gabinete. Ya se ha dicho que la señora Cristina Fernández debió ceder su lugar de candidata presidencial por decisión inapelable de los gobernadores. Estos volverán a la carga a corto plazo para recuperar los espacios que un pequeño núcleo arrebató circunstancialmente en el Ejecutivo. Como complemento, un enviado del FMI, de origen venezolano, ya está en Buenos Aires para celebrar navidades con su familia argentina. Difícilmente Fernández tenga un verano apacible, pese a la bendición impartida por Francisco a su enviada como primera dama.
Sin Partidos
Es por demás evidente que no hay un Partido de gobierno. Tampoco el oficialismo anterior conforma en la oposición algo semejante a una estructura partidaria. Por su parte el gran capital, como queda dicho, carece de un proyecto común y está librado a la competencia interburguesa. No hace falta insistir acerca de la situación de las izquierdas.
Un esfuerzo de inteligencia y voluntad, impulsado por movilizaciones de masas contra los efectos devastadores de la crisis capitalista, podría cambiar el estado y la dinámica de cientos de miles de militantes socialistas. Eso está por verse y, vale repetirlo, subordinado a la conducta espontánea de las masas y al combate para que su voluntad no sea desviada una vez más por estructuras del sistema ocultas bajo diferentes disfraces.
Construir una fuerza antisistema es misión difícil. Recomponer una estructura peronista es redondamente imposible. El llamado Justicialismo sufre un proceso de creciente y sistemática fragmentación desde la Resistencia de fines de los 1950. Sólo ha podido converger para ganar una elección. No para gobernar: después de 1989 Carlos Menem puso como jefe a Álvaro Alsogaray, un discípulo de Von Hayek que rechazaría con displicencia el calificativo de neoliberal y cuya conducción estratégica produjo el más grave daño jamás sufrido por el país, en directa continuidad con la última dictadura militar. Luego vino, por imperio de la crisis y el azar, Néstor Kirchner, quien definiéndose como keynesiano y sosteniéndose como pelota de ping-pong, gracias a golpes de derecha e izquierda, completó el desbarajuste estructural legado por el Frepaso, una suerte de padre no reconocido de Cambiemos. Discípulo zigzagueante de Domingo Cavallo, Fernández no torcerá esta lógica histórica, en primer lugar porque afronta una coyuntura nacional e internacional que impide cualquier medida no apuntada directamente al salvataje capitalista, a expensas de trabajadores y sectores medios.
A eso apuesta Cambiemos, en la esperanza de que no haya recomposición genuina del movimiento obrero y las filas revolucionarias. Con la UCR como estructura todavía superviviente -se rompe y se dobla, pero aun así sus hombres lograron la votación de la ley de minería en Mendoza. Sumada esa arquitectura tambaleante al supuesto fortalecimiento de Macri, quien obtuvo el 41% de los votos en las presidenciales, aspiran a recrear un liderazgo conservador, recomponer una estructura para rescatar el capitalismo, sanearlo y modernizarlo. Confían en que ese saneamiento lo completará Fernández y les pasará el testigo. Apuntan ahora a las legislativas de 2021 y confían en engañar otra vez a las masas en 2023. Cuando no hay pensamiento teórico sólido ni acción política con base material y sentido estratégico, cualquier dislate es defendible.
No habrá, por tanto, salvataje capitalista. Al menos si por esto se entiende un sistema productivo en funcionamiento consistente, sostenido y estable. Lo contrario se verá a partir de 2020. Atracadores de diferente signo tendrán su oportunidad, con leyes o sin ellas.
Resta la ingente tarea de apelar a las vertientes sanas de la sociedad, a los trabajadores y las juventudes, para crear la fuerza política de masas capaz de señalar un rumbo en medio de la tormenta.
Para «Poner a Argentina de pie», según su consigna, Fernández exige que levantemos las manos en señal de rendición. Eso no ocurrirá.
@BilbaoL
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