Resumen ejecutivo del informe enviado a la ONU por la Comisión de los Derechos Humanos Islámicos sobre las leyes y las políticas antiterroristas de Reino Unido, Francia y Alemania, que violan el derecho a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica y de asociación, y criminalizan a los defensores de derechos humanos. El informe completo se presentó a la ONU en diciembre de 2023.
Desde la escalada de hostilidades entre Palestina e Israel el 7 de octubre de 2023, los gobiernos del Reino Unido, Francia y Alemania han alcanzado un nivel alarmante de represión contra las protestas y la disidencia en apoyo al pueblo palestino mediante el uso de prohibiciones, intimidación, acoso y detenciones contra activistas, artistas, manifestantes, organizaciones políticas y civiles.
Haciendo uso del procedimiento especial de comunicación conjunta de la ONU, la IHRC (la Comisión de Derechos Humanos Islámicos, por sus siglas en inglés) ha presentado una queja denunciando la violación del derecho a la libertad de opinión y expresión, de reunión pacífica y de asociación, y a la protección de los defensores de los derechos humanos.
Esta comunicación está dirigida al Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión; y al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Al analizar la conducta abusiva por parte de los tres Estados, se pueden identificar claramente cinco áreas principales:
1.- Criminalización de simpatizantes y organizaciones pro-Palestinas que incluyen activistas, artistas, políticos, estudiantes y otros.
Esta sigue siendo la forma más utilizada para reprimir reuniones y actos públicos, a menudo incitando a los organismos encargados a hacer cumplir la ley en su contra. La prohibición sin reservas, o sin límites ni definición, coloca esas políticas y leyes fuera de los límites de los requisitos internacionales de lucha contra el terrorismo. La mayoría de las prohibiciones se aplican simplemente a la recaudación de fondos, la exhibición de la bandera palestina, el uso de la kufiya palestina y el canto del lema «Palestina libre, libre».
2.- Censura
Los diversos ministros de Educación u otros actores gubernamentales relevantes han proporcionado directrices estrictas a las escuelas y universidades sobre cómo discutir la situación en Palestina y prohibiendo «usar ropa visiblemente relevante», como la kufiya conocido como el pañuelo palestino, la exhibición de pegatinas, folletos con inscripciones como «Palestina libre» o un mapa de Israel con los colores de Palestina (blanco, rojo, negro, verde), o el lema «Palestina libre, libre».
3.- Nuevos delitos
Han propuesto una nueva legislación que tipifica como delito penal el antisionismo, por ejemplo, en Francia o en el Reino Unido, en virtud de la «glorificación de los actos terroristas» y «la ley contra el extremismo», que tipifica como delito los comportamientos asociados con el terrorismo, como la bandera de la Shahada (texto, no hay más Dios que Alá), que «se parece a la bandera del Estado Islámico, pero no es la bandera del Estado Islámico» (Reino Unido).
4.- Vigilancia
La remisión de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que de manera individual critican a Israel a las autoridades nacionales por parte de los empresarios, compañeros de trabajo, familiares o conocidos podría ser posible en Alemania (Proyecto de ley del Gobierno Federal, reforma de la ley de Inteligencia), y ya es posible en el Reino Unido a través del programa Prevent.
5.- Gestión de la afluencia migratoria y de la restricción de la ciudadanía
Los partidos políticos franceses han exigido la retirada sistemática del permiso de residencia; al igual que Alemania que ha pedido la «deportación a gran escala» o la expulsión de los residentes que no tienen la ciudadanía alemana y protestan abiertamente contra Israel, y han incorporado como condición previa para obtener la ciudadanía el reconocimiento del derecho de Israel a existir.
Con este telón de fondo, la Comisión considera que las persistentes acusaciones a cualquier forma de crítica de la política y las acciones israelíes en los territorios ocupados es esencialmente racista y antisemita, y llevan a una simplificación excesiva de un conflicto que tiene sus raíces mucho antes de la crisis actual. El objetivo de aquellos que desean equiparar el antisionismo con el antisemitismo es simplemente llevar a las organizaciones de la sociedad civil y personas críticas a la autocensura para que los hechos incómodos permanezcan silenciados, y por extensión, no se cuestionen.
Además, estas políticas y la legislación contra el terrorismo y el extremismo fortalecerán las políticas draconianas ya en vigor, con implicaciones directas en la ciudadanía, la gestión de los flujos migratorios, la supervisión de las organizaciones de la sociedad civil y la restricción de los derechos políticos de las personas. Muchas organizaciones musulmanas son sometidas habitualmente a campañas de difamación selectivas por parte de sectores de los medios de comunicación y los políticos en un intento de desacreditarlas y frustrar su trabajo. Pero, paradójicamente, estas políticas también terminan atacando y acusando de antisemitismo a muchos judíos y grupos judíos que a menudo trabajan con organizaciones civiles musulmanas en su activismo propalestino y solidario.
La Comisión por los Derechos Humanos Islámicos también ha expresado reiteradamente su preocupación por el impacto de esas medidas en la ciudadanía, ya que conducirán a un entorno más tóxico de odio, a una mayor polarización de la opinión pública y a un mayor menoscabo de la pertenencia política y los derechos de la ciudadanía.