El aumento de las jubilaciones y pensiones anunciado el jueves por el titular de la ANSeS no cubre las necesidades básicas de un adulto mayor. Significa un incremento de apenas 22 pesos diarios. La situación no es mejor para los trabajadores del sector privado y público, incluidos los docentes, que durante los últimos 9 años […]
El aumento de las jubilaciones y pensiones anunciado el jueves por el titular de la ANSeS no cubre las necesidades básicas de un adulto mayor. Significa un incremento de apenas 22 pesos diarios. La situación no es mejor para los trabajadores del sector privado y público, incluidos los docentes, que durante los últimos 9 años sufrieron un deterioro salarial de un 18 y un 33% respetivamente.
El jueves el director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, anunció el aumento que la ley establece cada semestre para jubilados y pensionados. El haber mínimo que cobra el 53% de los jubilados pasará de 4.299 a 4.959 pesos mensuales a partir de marzo. El incremento significa tan solo 22 pesos diarios.
Tal como viene sucediendo desde el gobierno anterior, cada incremento de los haberes no alcanza a cubrir la Canasta Básica para el Adulto Mayor que calcula la Defensoría de la Tercera Edad. En esta situación se encuentran más del 85 % de los jubilados y pensionados.
Sin considerar los aumentos de energía eléctrica ya anunciados, que redundarán seguramente en los precios, esta canasta supera los 9.000 pesos. Esto quiere decir que aún con el aumento anunciado se cubre poco más de la mitad de los gastos necesarios para que un jubilado o pensionado pueda hacer frente a sus necesidades mínimas.
«Estamos contentos de anunciar que el índice que se va a aplicar a partir de marzo será de 15,35% y que se completará con el tramo de septiembre», dijo el funcionario luego de que hablara el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno. Pero además afirmó que con este aumento a partir de marzo el haber mínimo «pasa a representar prácticamente el 82%, ya que queda en 81,83% del Salario Mínimo, Vital y Móvil».
Es claro que ese 82% no es lo que reclama la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados a quien acompañan diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales. El 82 no es sobre el magro Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que hoy es de 6.060 pesos, sino sobre el salario de un trabajador en actividad para la misma categoría.
A todas luces este SMVM no representa la cobertura de las mínimas necesidades de una familia tipo (matrimonio con dos hijos menores), calculada por los trabajadores de la Junta Interna ATE – INDEC en alrededor de 15.677 pesos mensuales, sin los aumentos de luz ya anunciados (1).
No solamente los trabajadores pasivos están lejos de poder cubrir con sus ingresos lo que cuesta vivir en Argentina. Los trabajadores activos del sector privado y del sector público también vienen perdiendo en la relación de los aumentos conseguidos y la inflación real.
Así se desprende de las cifras comparativas publicadas por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma que se han elaborado en base a informaciones de ATE-INDEC, fuentes de investigaciones de organizaciones vinculadas a esta central sindical, indicadores sugeridos por las autoridades del INDEC e informaciones del sector privado difundidas en los medios.
Según estas cifras, el índice de precios al consumidor entre el 2010 y el 2015 acumuló un incremento del 170%, promediando cada año un porcentaje superior al 20%, con picos de 38,4% 2014. Estiman que en 2015 la inflación cerrará finalmente con un índice superior al 30% y cercano al 34%, en especial por el aumento durante los dos últimos meses del año de los precios de los alimentos, que crecieron por encima de la inflación.
Los incrementos salariales en el sector privado, durante 2015, promediaron el 30% con un piso en gremios como Empleados de Comercio, UOM, UOCRA, SUTERH y UPCN de un 27% y un techo en camioneros , bancarios y aceiteros que lograron acuerdos cercanos al 36% (con sumas fijas no remunerativas y bonos de fin de año, todo esto por única vez).
Según el estudio del IEF, cruzando la inflación con el aumento de sueldos desde el 2013 a la fecha, se verifica que los salarios fueron detrás de la inflación, perdiendo un 13,3% de su poder adquisitivo en ese período.
La situación es aún peor para los trabajadores del sector público. El estudio compara los aumentos de los salarios docentes, según la Paritaria Nacional Docente, y los de los trabajadores de la Administración Pública Nacional con la inflación. Tomando el período de 2007 a 2015, la inflación acumuló casi un 230% mientras que los aumentos por paritarias docentes rondaron un 212% y los salarios de los empleados públicos un 197%. Ambos sectores sufrieron un deterioro salarial de un 18 y un 33 % respectivamente.
Estas cifras adquieren relevancia en el contexto actual. El gobierno intenta ser el anfitrión de un Pacto Social con los trabajadores y las cámaras patronales, con un salario que ha perdido poder adquisitivo y con medidas que han beneficiado al capital: devaluación, quita de retenciones, apertura de importaciones, liberalización del dólar y aumento de precios.
Además aspira a poner techo -vía chantaje de salarios versus empleos- a las negociaciones paritarias que, además de comenzar con salarios deteriorados por la inflación, pretende que se referencien con una pauta de aumento de precios que el gobierno estima en un irreal 25% para este 2016.
Por su lado, el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, dijo que las discusiones paritarias deberían realizarse en base a la «productividad» y manifestó la necesidad de que haya un esfuerzo conjunto entre los trabajadores y los empresarios. Al hablar de la productividad no se refieren a lo que los trabajadores aportan sino a lo que los empresarios obtienen como utilidad.
«Establecer la productividad como parámetro para otorgar aumentos salariales deja en evidencia que el Estado asume su rol de defensor de los intereses empresarios», dice el IEF. «Lo que busca el gobierno es ´competitividad´ para los empresarios y los trabajadores sabemos que esto significa bajar salarios y cambiar el régimen laboral. Es decir, significa gran pérdida del poder adquisitivo de los asalariados», afirma José Rigane, titular de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina y secretario adjunto de la CTA Autónoma.
El Estado PRO claramente tiene ambos pies puestos en los intereses empresariales. Basta con contrastar los casi 130.000 millones de pesos que recibieron los exportadores de granos (vía devaluación y eliminación de retenciones) con los poco mas de 3.200 millones de pesos que destinaron para pagar por única vez un refuerzo de la Asignación Universal por Hijo y de los haberes jubilatorios en diciembre pasado. «Los vulnerables reciben, por única vez, el 2,5% delo que percibieron los exportadores. Medido en otros términos, mientras de un plumazo los exportadores reciben una transferencia del 2,8 % del PBI, para los más vulnerables hay, por única vez, el 0,1% del PBI», afirmó entonces el diputado y economista Claudio Lozano.
La lucha por el 82% móvil sobre los haberes de los trabajadores en actividad y por las paritarias libres sin topes no solamente significa jubilaciones y salarios que logren recuperar su poder adquisitivo y le ganen a la real inflación acumulada y proyectada. Ambas batallas apuntan a desconcentrar la riqueza de manos del capital y orientarla a favor de los trabajadores.
No será simple esta puja. No pudo lograrse durante los últimos 12 años y más difícil aún será bajo el modelo de este gobierno que claramente prioriza la defensa de los intereses de los capitales. Ni el modelo de la gestión kirchnerista ni el actual pueden dar solución a estas demandas porque para ambos un país básicamente asentado en una estructura productiva agro-minera-exportadora, concentrada y extranjerizada, es el modelo a seguir. Y en ese modelo los trabajadores siempre son la variable de ajuste.
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