Los saqueos de comercios implicaron pérdidas de vidas y libertades, además de costos económicos. La política también salió perdiendo, con análisis simplistas y unilaterales de la oposición conservadora y el gobierno. EMILIO MARÍN ¿Se pueden subestimar los hechos de violencia producidos el jueves y viernes? No se puede. Dos muertos, numerosos heridos y 500 detenidos […]
Los saqueos de comercios implicaron pérdidas de vidas y libertades, además de costos económicos. La política también salió perdiendo, con análisis simplistas y unilaterales de la oposición conservadora y el gobierno. EMILIO MARÍN
¿Se pueden subestimar los hechos de violencia producidos el jueves y viernes? No se puede. Dos muertos, numerosos heridos y 500 detenidos en el país no son cifras menores.
La mecha se prendió en Bariloche, pero ese mismo día y al siguiente el fuego se extendió a Rosario, Gobernador Gálvez, Campana y San Fernando. Llamas de menor intensidad hubo en Resistencia, Tucumán, Cipolletti, Viedma, Comodoro Rivadavia, Trelew, Posadas y Córdoba. La gravedad de los sucesos se puede medir porque en cada una de esas ciudades hubo decenas de asaltos, como en Bariloche, San Fernando y Rosario.
Si la presidenta de la Nación ordenó el envío de 400 gendarmes a la ciudad rionegrina, es porque entrevió el peligro de que los desórdenes treparan a un caos social. El gobernador Alberto Weretilneck había hecho la solicitud, pero aún sin ella el secretario de Seguridad Sergio Berni iba a volar hacia allá con esa tropa que últimamente no custodia fronteras sino zonas calientes de grandes ciudades. Y ahora supermercados.
«Son hechos aislados, muy claramente estructurados y organizados, en los que nadie iba por comida, sino por plasmas, LCD y bebidas», declaró Juan M. Abal Medina.
La primera parte de su afirmación es inexacta, la segunda atinada. No se puede ningunear los hechos diciendo que son «aislados». El número de ciudades y comercios atacados no puede ser subestimado. El problema tuvo masa crítica como para convertirse en muy preocupante para el gobierno y también para la democracia.
Tampoco luce como acertado calificar los saqueos de «estructurados y organizados». Eso supondría la actuación de una organización de carácter nacional, que afortunadamente no existió. Y un funcionamiento tan eficaz de la misma que hubiera desairado a las policías e inteligencia del Estado. Si estas fuerzas estatales fueron burladas se debió a lo intempestivo y espontáneo de los ataques: no fueron obra de una o varias «orgas» blindadas a la lupa oficial y los informantes policiales. En esos barrios populares funcionan programas municipales, provinciales y nacionales, y hay trabajo territorial de movimientos sociales kirchneristas. ¿Ninguno vio nada de ese supuesto plan previo? La falla del gobierno en la prevención tiene otra razón: su visión es tan optimista que no entraba ni como hipótesis lejana un estallido social. Para el jefe de Gabinete aquí se vive en el mejor de los mundos. El más feliz. Supuestamente en ese país ideal no podía haber saqueos.
Producidos los graves delitos, Abal Medina embistió contra el líder camionero, al que le invirtió la carga de la prueba. «Esperamos que Moyano pueda demostrar que no hay camioneros involucrados», dijo. ¿No era que judicialmente a alguien se lo acusa de algo con determinados elementos y luego el acusado debe defenderse? Las supuestas pruebas meneadas por el ministro y Berni fueron pocas y endebles, al punto que Antonio Caló, de la CGT enfrentada con el camionero, le habría expresado su solidaridad.
Desastroso Moyano
El secretario de Azopardo protagonizó una semana para el olvido, una de las peores de su vida, y eso que su carrera gremial empezó hace cuarenta años.
El miércoles 19 convocó a una movilización y acto en Plaza de Mayo, junto a sus aliados de siempre y los de más reciente data, como Luis Barrionuevo, Pablo Micheli y Eduardo Buzzi, para denostar contra el gobierno de Cristina Fernández. Algunos amigos sumados a la convocatoria sólo le agregaron dos o tres grupos de personas, como la Unión Cívica Radical, Aldo Rico y otros del peronismo federal. Sin reconocer ni una sola medida positiva del gobierno, el orador central se dedicó a criticar a la presidenta, acusándola de estar en plena aplicación de «un ajuste» antipopular y de saquear los salarios con el «impuesto perverso» a las ganancias. No contento con tanta mala onda, Moyano pretendió bajarle línea a la jefa de Estado, ordenándole que se ocupara de la inflación y la inseguridad, como si estos dos flagelos fueran de su exclusiva autoría e inspiración.
Por suerte para la democracia, esos exabruptos no tuvieron mucho eco nacional. Hasta los medios amigos y controlantes de Moyano, como Clarín, estimaron que había sólo 30.000 pares de oídos. O sea un tercio del público del 27 de junio en esa misma Plaza.
El panorama que pintó el cegetista fue a grandes rasgos muy similar al que vivió la Argentina once años atrás, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Gobierno del ajuste, hambre, miseria, pobreza, corrupción y medidas que afectaban a las clases medias, todo en sintonía con el Fondo Monetario Internacional. Esto regurgitó de la garganta de Moyano, hablando de una realidad que hoy no existe.
Aún los politólogos de la derecha, como Rosendo Fraga, admitieron ayer en «La Nación» que «hoy la economía está mucho mejor en crecimiento y empleo, aunque peor en inflación. El país está sin duda mejor que entonces».
Cuando al día siguiente de su acto comenzaron los saqueos en Bariloche, el secretario de la CGT reprochó al gobierno ser el causante indirecto pues no habría atendido «las necesidades de la gente». Luego su interpretación tornó aún peor, pues lo acusó directamente de ser el organizador de los delitos cometidos, «para victimizarse».
Si al comienzo se dijo que la acusación de Abal Medina y Berni contra Moyano se basaba en pruebas débiles, lo de éste fue directamente una provocación política y un delirio argumental. ¿Después de la gran fiesta de la democracia del domingo 9 y del buen fallo del juez Horacio Alfonso a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, Cristina ordenaba esos saqueos para que muera gente y haya más material incendiario para usufructo de Clarín?
La sola hipótesis supone una ofensa a la presidenta, que podrá tener sus límites políticos y de hecho los tiene, mal que les pese a los kirchneristas fanáticos, pero es una personalidad democrática. Cristina no es una gobernante delincuente, como calumnia Moyano. Viene a cuento el refrán de que el ladrón cree que todos son de su misma condición…
Separar la paja del trigo
Sumándose a los argumentos moyanistas, Joaquín Morales Solá aseguró ayer en «Gaceta Ganadera» que los saqueos son responsabilidad K porque fomentó la violencia y convirtió el país en un Viva la Pepa. Escribió este amigo del general Bussi: «el discurso del resentimiento y la política de la confrontación, tan propios del gobierno nacional y popular, borraron cualquier frontera entre el bien y el mal».
Con un buen criterio garantista y democrático, a nadie se lo debería acusar de violentar el orden público por una declaración o artículo mal intencionados, sino cuando tales ideas se plasmen en hechos ciertos que la justicia pueda investigar y sancionar.
Pero si de discursos se trata, el cronista difiere de punta a punta con Morales Solá. Los mensajes de la presidenta han sido amplios y democráticos, no exentos de algunas críticas bien merecidas a las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales. Pero en ningún momento alentó la violencia sino, en todo caso, apelaciones judiciales y el «per saltum» a la Corte Suprema, como se hizo otra vez esta semana en el expediente Clarín.
En cambio, de los discursos en el acto de Plaza de Mayo sí puede suponerse que se auspició los saqueos. Si el país fuera el que se imaginó allí, de pobreza e injusticias a la enésima potencia, sería casi entendible entrar con palos y capuchas a un Carrefour y un Chango Más sino también incluso a Balcarce 50 a deponer a la máxima responsable de esa supuesta decadencia nacional que no es tal.
Las cifras son elocuentes: 292 saqueos en 40 ciudades, con un daño directo de casi 30 millones de pesos, según la CAME del empresario filo kirchnerista Osvaldo Cornide. Descontando las avivadas de algunos comerciantes que pueden no haber sufrido robos y los inventen para cobrar seguros, es evidente la magnitud del desastre.
El gobierno nacional y los provinciales deberían tomar nota de esa realidad y adoptar las medidas del caso, que no pasan esencialmente por lo policíaco ni por las leyes Blumberg. Descontando la cuota de lumpenismo y delito expresado en estos saqueos donde los vándalos apuntaron a los LCD y no a las góndolas de alimentos como en 2001, hay otra parte del asunto constituida por gente excluida y pobre. ¿O no hay pobreza en Argentina?
Según el INDEC hay sólo 6,5 por ciento de pobres, que en la realidad debe ser tres veces mayor. Se ha hecho bastante en estos años pero no lo suficiente. La AUH y los planes de las cooperativas Argentina Trabaja tienen montos bajos y el índice de precios del supermercado sube porque los monopolios formadores no tienen firmes controles del Estado.
Elaborar políticas y aplicarlas firmemente contra los monopolios y atacando la inflación sería la forma de impedir que en el futuro se coaligue otra vez esta rara mezcla de lúmpenes, barras bravas, delincuentes, ladrones, mafias políticas y un sector de argentinos pobres, todo ello con un resultado objetivamente destituyente. Carrefour y otros súper sufrieron robos, pero los argentinos sufren sus altos precios todos los días.
Fuente original: http://www.laarena.com.ar/