M.H.: Continúa el juicio por el incendio del taller textil clandestino de Luis Viale a uno de los dueños del taller y del inmueble que se incendió el 30 de marzo de 2006 provocando la muerte de 6 personas. Tras once años de idas y venidas de la justicia, se sentará en el banquillo de […]
M.H.: Continúa el juicio por el incendio del taller textil clandestino de Luis Viale a uno de los dueños del taller y del inmueble que se incendió el 30 de marzo de 2006 provocando la muerte de 6 personas. Tras once años de idas y venidas de la justicia, se sentará en el banquillo de los acusados para prestar declaración indagatoria al empresario Daniel Alberto Fischberg. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
J.: Finalmente, después de muy pocos avances, a partir de la condena del año pasado a los talleristas encargados, la justicia le devolvió la causa a un juzgado de instrucción para que se investigara a los dueños de la marca. Así que recién ahora, después de mucho tiempo y a partir de datos que aportó la querella, porque la fiscalía no ha hecho mucho al respecto, se decidió activar el pedido de indagatoria que es lo primero que tendrían que haber hecho.
Ya tienen la causa en el juzgado y lo único que han hecho es llamar a indagatoria después de 8 meses. Había declarado Fischberg el viernes y están buscando a Geiler, pero no pueden dar con su paradero. El juez ordenó a un banco en el cual él tiene una cuenta, a que le dé su dirección para llamarlo a declarar.
M.H.: ¿Cuál es la importancia que tiene esta indagatoria?
J.: El paso siguiente a la indagatoria sería el procesamiento de los dueños de la marca, a partir de la valoración que haga el juez de la declaración indagatoria, conviene seguir investigando por si surge información para procesarlos o declara su inocencia. La indagatoria es un requisito previo al procesamiento. En realidad, es el primer paso.
En el debate del juicio a los encargados del taller surgió información que no estaba en el expediente, que el primer juzgado desestimó, aunque no había encontrado mucha información. Incluso los encargados del taller dieron mucha información acerca de la responsabilidad de los dueños de la marca, lo que pasa es que los mismos acusados no tenían la obligación de decir la verdad, entonces lo que hayan dicho en ese momento es tomado con pinzas por los jueces. Pero lo cierto es que otras declaraciones de testigos, porque recordemos que hubo casi 20, aportaron datos sobre cómo los dueños iban al taller a revisar que estuviese todo bien, con actitud de patrones, de hecho se habla que un vecino se quejó que le molestaba el ruido y entonces fue uno de los dueños de la marca y ordenó reacomodar las máquinas para no molestarlo. Eso muestra que él era el verdadero patrón.
M.H.: El tribunal Nº 5 condenó a los talleristas Luis Sillerico Condorí y Juan Manuel Correa a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre e instruyó continuar el proceso investigando la responsabilidad de Fischberg y Geiler que serían los dos dueños de la marca. En el caso de continuar este juicio, ¿sería la primera vez en la que se sienta en el banquillo de los acusados a dos dueños de marca que desarrollan su actividad vía talleres clandestinos?
J.: Hay muy pocos avances al respecto, pero hubo un par de fallos. En un caso no era una marca, sino que era un mayorista de la calle Avellaneda que fue responsabilizado por un juicio laboral que hubo en un taller, que era de un encargado de taller que trabajaba de forma exclusiva para este mayorista y la justicia condenó también a quien sería técnicamente el dueño de la marca. Se les llama confeccionistas, ellos diseñan, hacen el corte en talleres propios con trabajadores en condiciones terribles y subcontratan la confección y al hacer esto quieren desligarse de lo que pasa en el taller, cuando en realidad por Ley de Contrato de Trabajo no pueden, siguen siendo responsables.
El juez Torres aplicó la Ley de trabajo a domicilio y condenó también al mayorista. La idea es que este juzgado haga lo mismo. También hubo un sobreseimiento de la marca Soho que quebró y ahora está abierta con otro nombre; es una recuperada y sus trabajadores están luchando por la expropiación. El juez Oyarbide argumentó en el sobreseimiento que en realidad la explotación en los talleres era una cuestión cultural de los bolivianos, que se explotan entre ellos porque es una forma de trabajar cooperativamente. Esto es terrible, porque lo que tiene que ver el juez es la legislación argentina, donde no hay lugar a dudas, pero lo que hizo fue aplicar un criterio cultural muy poco creíble y de hecho en este caso se volvió a la investigación y el fallo se declaró sin sentido. La causa está detenida al igual que muchas otras. Por ejemplo, el Juez Ercolini tiene en su juzgado denuncias contra cerca de 86 marcas y desde 2008 no se mueven estos expedientes.
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