El grupo de «economistas de izquierda» que llamó a «defender el derecho del gobierno a cobrar retenciones» y que propuso «otro camino para superar la crisis» ha sacado un nuevo documento, esta vez de quince mil espacios. Lo que ahora es solamente «borrador» está dirigido a distintas organizaciones del movimiento obrero y popular. Algo falló […]
El grupo de «economistas de izquierda» que llamó a «defender el derecho del gobierno a cobrar retenciones» y que propuso «otro camino para superar la crisis» ha sacado un nuevo documento, esta vez de quince mil espacios. Lo que ahora es solamente «borrador» está dirigido a distintas organizaciones del movimiento obrero y popular. Algo falló para insistir con semejante río de tinta. Les preocupa la «impotencia» del gobierno para enfrentar «la revuelta conservadora». Se los nota nerviosos ante la «licuación del poder» de Cristina Kirchner ante «este proyecto de agro-liberalismo… que impugna el derecho del Estado a apropiarse de la renta extraordinaria y a regular tibiamente el precio de los alimentos que consumimos todos los argentinos».
Han perdido de vista que se trata del Estado capitalista, que utiliza los impuestos (en particular el más importante, el IVA) para repagar la deuda externa o, como lo dijo Néstor en la conferencia de prensa, para gastar 12.000 millones de dólares en el sostenimiento de un tipo de cambio devaluado que sirve de subsidio a los monopolios de la exportación y del mercado interno. Se trata del Estado de las mineras y pesqueras que saquean impunemente las riquezas naturales, del Estado de las automotrices, del mismo que redistribuye más de veinte mil millones entre otros sectores del capital. Estos ‘economistas de izquierda’ no consiguen siquiera visualizar el carácter de clase del Estado, de modo que no divergen, en el método, de la ‘economía ortodoxa’. Han perdido de vista también la ‘argentinización’ de las petroleras, que convierte al Estado en el socio de los monopolios a través de la ‘burguesía nacional’. Esta ‘burguesía’, al igual que los chacareros, está reclamando contra las retenciones a los combustibles y por el aumento de los precios internos.
No aceptan «falsos neutralismos»; para ellos «las retenciones móviles son necesarias no sólo para divorciar los precios locales de los internacionales, sino para implementar un plan agrario que recomponga todos los cultivos desplazados por la soja y la producción ganadera y lechera». Curiosos izquierdistas, éstos, que en lugar de regular la tasa de beneficio del capital en su conjunto hacia abajo, proponen hacerlo hacia arriba.
Proponen aplicar la Ley de Abastecimiento, como si eso ya no se estuviera haciendo por medio del morenismo iracundo, incluido el «control de costos de las empresas formadoras de precios y de toda la cadena de comercialización». De abrir los libros de los monopolios para el control público y el control obrero ni palabra, claro, porque una intervención independiente de la clase obrera en la crisis no apuntaría a extender los superbeneficios sojeros a la ganadería sino a una política anti-capitalista. Desde que se tenga memoria, la Ley de Abastecimiento ha sido siempre el prólogo de la hiperinflación.
Los ‘economistas de izquierda’ no han reparado siquiera en algo que seguramente leyeron en las aulas de las facultades de Economía, a saber, que incluso una política de alimentos baratos, bajo el capitalismo, transfiere beneficios del capital agrario al industrial, no a los trabajadores, porque está al servicio de salarios igualmente baratos. Es un hecho que el desacople de los precios internos de los internacionales ha servido, en la Argentina kirchnerista, para apuntalar salarios promedio que son el 60% del costo de la canasta familiar. No es casual que el salario mínimo que fija el Consejo de Salarios siga el derrotero de la canasta de pobreza, que consiste solamente en alimentos. Hasta los índices que inventa Moreno son justificados por el oficialismo por la necesidad de reflejar exclusivamente el precio de los alimentos y, dentro de ellos, los de menor calidad. Sorprende de todos modos que personas inteligentes aboguen por «el monopolio estatal del comercio exterior, a través de la recreación de una Junta Nacional de Granos y Carnes que garantice un precio sostén a la producción». En la actualidad no hay precio ‘sostén’ que pueda rivalizar con el ‘sostén’ que brindan al capital agrario y agrofinanciero los elevados precios internacionales de todos los alimentos, incluyendo la carne y la leche. Una Junta de Granos operaría, no para ‘sostener’ sino para hundir los precios internos; con excepción de los tres primeros años de existencia del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (Iapi) – cuando efectivamente se remuneró al agro por debajo de los precios internacionales (o sea para hundir y no para sostener), las ‘juntas’ y el ‘precio sostén’ (incluso finalmente el Iapi) sirvieron para garantizar una rentabilidad al capital agrario en un período de depresión de precios internacionales. O sea que los consumidores pagaron las ganancias del capitalismo agrícola.
Para los autores «la única salida realista a la crisis es ir por más», o sea «profundizar el modelo», y en el mejor de los casos acentuar la función de arbitraje del Estado en la economía y, por lo tanto, en la política. Se manifiestan, en esta medida, como el ala ‘consecuente’ del kirchnerismo. ¿Pero qué es el arbitraje estatal en el proceso económico capitalista? Es buscar que la tasa media de beneficio del capital sea usufructuada por un número mayor de ramas capitalistas, a expensas de los que obtienen una tasa extraordinaria o superior a la media. No cambia un ápice la tasa de explotación de la fuerza de trabajo; en todo caso refuerza a la burguesía nacional y a su gobierno contra la clase obrera urbana y rural. Para los ‘economistas’ la quiebra del modelo kirchnerista no es una oportunidad para la intervención independiente de los trabajadores; revelan así el límite político insalvable de cualquier ‘economista’, sobre todo si es de ‘izquierda’.