Los abogados de Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, pidieron la libertad y desprocesamiento del dirigente en una audiencia pública realizada en la Cámara Federal. Martino está detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de los delitos de prepotencia ideológica, violación de la ley antidiscriminación, tenencia de armas de guerra y de material incendiario. […]
Los abogados de Roberto Martino, del Movimiento Teresa Rodríguez, pidieron la libertad y desprocesamiento del dirigente en una audiencia pública realizada en la Cámara Federal. Martino está detenido en el penal de Marcos Paz, acusado de los delitos de prepotencia ideológica, violación de la ley antidiscriminación, tenencia de armas de guerra y de material incendiario. La causa fue abierta a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo de 2009, cuando el gobierno porteño y la Embajada de Israel organizaron un acto, «Buenos Aires celebra a Israel», por el aniversario de la creación del Estado de Israel. Ese día organizaciones políticas y sociales de izquierda hicieron una contramarcha para denunciar la política israelí contra los palestinos y hubo incidentes.
La audiencia estuvo a cargo de la Sala I, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Martino estuvo presente e hizo uso de la palabra. Su defensor, Martín Alderete, cuestionó el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadío, «especialmente que se lo haya procesado por prepotencia ideológica, una figura que castiga a quien integra una organización que intente imponer sus ideas por la fuerza», señaló el abogado.
«En el acto hubo incidentes, y en todo caso es lo que se tiene que investigar, en lugar de ilegalizar a la organización. El juez, en cambio, argumentó que Martino dirige una organización militarizada, de carácter político-militar, cosa que es un absurdo total. No tiene pruebas que lo respalden. Tampoco hay antecedentes de que se trate de una organización con fines ilegales. Bonadío planteó, por ejemplo, que como hay volantes del Movimiento que reivindican al Partido Revolucionario de los Trabajadores, eso es un indicio de que se trata de una organización violenta.»
La historia del caso tiene varias partes. El 17 de mayo de 2009, al terminar la marcha, en el lugar donde se produjeron los incidentes (Avenida de Mayo y Perú) la policía detuvo a cinco personas, integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez. Días más tarde, Bonadío ordenó el allanamiento del local del MTR en Florencio Varela, donde en un cuarto, que se supone era el dormitorio de Martino, encontraron armas y botellas con nafta. Martino no estaba, pero detuvieron a diez personas que se encontraban en el lugar. Bonadío procesó a los 15 integrantes del MTR por prepotencia ideológica, violación a la ley antidiscriminación, lesiones y resistencia a la autoridad. Tras pasar dos meses en prisión, la Cámara revocó los procesamientos y dejó sólo a cinco procesados por violación a la ley antidiscrinatoria, lesiones y resistencia la autoridad. Martino, sobre quien quedó un pedido de captura, fue detenido este año.
Ayer, al hacer uso de la palabra, el dirigente planteó que cuestionar la política del gobierno de Israel no puede ser entendido como un acto antisemita. Recordó que Naciones Unidas «definió al sionismo como una política expansionista y racista similar al apartheid sudafricano» y planteó que «lo que aquí se está juzgando es el derecho a denunciar los crímenes contra la humanidad».
Mientras se realizaba la audiencia, organizaciones sociales y partidos de izquierda se movilizaron frente a los tribunales de Comodoro Py. Por la mañana, estudiantes de la FUBA cortaron además la avenida Corrientes a la altura de Callao.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-149009-2010-07-07.html
Por su interés, reproducimos la declaración completa de Roberto Martino
«Señores del Tribunal, ya mis abogados expusieron sobre la cuestión jurídica. Yo me referiré al marco político que rodea a la misma. Un juicio eminentemente político, que enfrenta dos concepciones de la vida.
Una, la que sostienen el Estado de Israel y los EE.UU. principalmente, y otra, la que defendemos los pueblos del mundo, entre los cuales se cuenta el Gobierno argentino. Es cierto, y lo reafirmo, que denunciamos al Estado israelí como terrorista, racista y expansionista. Lo asumo plenamente.
Pero, ¿Roberto Martino es el único que lo dice? No, son (somos) millones en el mundo entero (diría que las 4/5 partes) los que sostenemos ello. Es Naciones Unidas en su Resolución 3379 de 1975 la que define al sionismo como una política expansionista y racista similar al apartheid sudafricano.
Desde su propia constitución como Estado, Israel ha venido violando y desoyendo todas y cada una de las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto con Palestina y sus vecinos árabes.
Resoluciones que lo conminan a cesar la ocupación territorial, la instalación de colonias, el ataque a la población civil, la aplicación de torturas a prisioneros palestinos, el secuestro de los mismos, etc., etc., etcétera.
Entre algunas de esas resoluciones violadas figuran: la propia 181/11 del año 1947, que habilitó su creación, ya que la misma otorgaba el 55% y no el 78% del territorio para el Estado israelí; la 242 del CS del 22/11/67; la 2672 del 8/12/70; la 2725 del 15/2/70; la 298 del CS del 25/9/71; la 478 del CS del 20/8/88 que exige a Israel no convertir a Jerusalén en su capital y ordena a los Estados miembros de la ONU no reconocer esto y mantener sus misiones en Tel Aviv; la 1397 del CS del 12/3/02; la 1515 del 19/11/03; la 1580 del 26/11/08 y la 1860 del 9/01/09. Todas, como ya dije, apoyadas por los gobiernos argentinos.
La agresión militar contra civiles, que la potencia ocupante denominó Plomo Fundido, contradice los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país, además de violar los más elementales derechos humanos, tal cual lo confirma el Informe de la Misión Goldstone de Naciones Unidas del año pasado.
Según dicho informe, Israel cometió crímenes de lesa humanidad; destruyó 280 escuelas y jardines de infantes; destruyó edificios públicos -como hospitales- y atacó ambulancias bajo el pretexto de que era infraestructura militar de Hamas, cuestión que el Informe desmiente categóricamente.
Obligó a niños y adultos a presenciar la ejecución de sus seres queridos, con sus consiguientes traumas; destruyó pozos y tanques de agua, tierras agrícolas e invernaderos con el claro propósito de privar a la población civil de medios de subsistencia, etc., etc., etcétera.
Ante las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional, el Abogado Militar (israelí) ordenó algunas investigaciones penales que se cerraron dos semanas más tarde con la conclusión de que «las denuncias estaban basadas en rumores».
Cabe resaltar que a pesar de que la Misión Goldstone también acusa a Hamas, reeditando la «Teoría de los dos demonios», quien se opuso a este informe no fue el Hamas, sino el Estado de Israel.
Por el contrario, el informe de la Misión Goldstone destaca la colaboración de las autoridades de Gaza para que se pudiera llevar adelante la investigación.
Ahora, frente a tan flagrantes crímenes llevados adelante con total y absoluto desprecio por la vida humana, con la utilización de bombas de fósforo blanco y bombas tipo racimo, y ante la inacción de los Estados miembros de la Comunidad de Naciones, ¿no era acaso un deber humano elemental ganar las calles para denunciar el genocidio? ¿No era un deber pararse delante de un acto que reivindica un Estado cuya política está guiada por el racismo y el expansionismo? ¿No fue acaso justa la acción de Severino Di Giovanni cuando en plena velada del Colón se paró para, delante del Canciller de Italia, denunciar al fascismo e intentar que se tome conciencia de lo que después la humanidad sufriría?
Allí radica la explicación de nuestro reclamo y mi conducta. Si se considera que por denunciar el genocidio soy merecedor de una condena, adelante pues.
Pero antes, permítanme avanzar sobre otras cuestiones de especial relevancia: ¿quiénes son y qué representan los querellantes? ¿Es cierta -y sincera- su preocupación por la suerte y seguridad de los habitantes de origen judío que habitan nuestro país?
Pinjas Avivis reconoce haber pedido a Jacobo Timmerman «que no denunciara al gobierno militar, porque no quería que se dañen las relaciones entre Israel y la Dictadura» (Página 12 del 8/9/01).
Los dirigentes de la DAIA y la AMIA que quieren que se nos condene por antisemitismo son los mismos que desistieron de llevar a juicio a Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA, que además de banquero vaciador está acusado de haber obstaculizado la investigación del atentado a la AMIA.
Parte de los «testigos» acusadores, como el señor Broitman Carbone, es a su vez defensor de los militares violadores de derechos humanos, a sabiendas de que entre las víctimas hay cientos de hermanos judíos.
Quienes nos acusan son los mismos que sostienen -como es el caso del vicepresidente de la AMIA, Ángel Barman- que «visto el accionar rápido y preciso del Gobierno (argentino), no dudo que erradicarán a toda esta gente…». Una instigación lisa y llana a la eliminación física de aquellos que se manifiesten contrarios a la política del Estado de Israel, ya que entre las acepciones del vocablo erradicar está: arrancar de raíz, eliminar completamente algo que se considere perjudicial o peligroso, etc. A pesar de que esas expresiones tienen más de un año, y de que los correspondientes pedidos de intervención de jueces y fiscales para que se investiguen, también, aún no hubo ningún avance.
Mientras, las víctimas somos los que estamos encarcelados.
Para terminar, el relato de las presuntas víctimas del 17 de mayo guarda enorme similitud con el relato israelí oficial sobre el asesinato de pacifistas el 31 de mayo pasado.
Para el gobierno israelí, sus tropas de élite -que asaltaron planificadamente un convoy humanitario en aguas internacionales- fueron «sorprendidas» y «emboscadas» por una turba de pacifistas.
Para los denunciantes del 17 de mayo del año pasado, una decena de personas, que portando en sus manos pancartas, pasacalles, banderas y volantes, agredió a unas 500 personas entre las que se encontraban la Seguridad del Embajador Gazit, la Seguridad del Gobierno de la Ciudad, la Policía Federal y miembros de la OSA (Organización Sionista Argentina), una formación paramilitar.
Por lo visto, estábamos tan entrenados como los pacifistas humanitarios del 31 de mayo.
Señores jueces, lo que aquí se está juzgando es el derecho a denunciar los crímenes contra la humanidad, provengan de donde provengan.
Tenemos derecho a levantar la voz porque soy parte de la clase social que ha puesto los muertos, los torturados, los prisioneros para acabar con el nazi-fascismo. Por ello, levantamos la voz contra el sionismo hoy.
Porque lo que el nazi-fascismo no pudo obtener, el sionismo busca alcanzarlo hoy: que nadie señale sus crímenes.
¿A alguien se le hubiera ocurrido sostener que denunciar al nazismo era ser anti-ario o anti-alemán?
Espero que en este Tribunal prime la suficiente memoria y claridad para evitar que avancen los promotores del racismo, la guerra y el expansionismo.
Mi compromiso es continuar del lado de los pueblos, aun a costa de que alguna oscura decisión política ordene condenarme.»