Toda la gran burguesía se movilizó en la última semana para «reabrir el diálogo» entre las entidades patronales agrarias y el gobierno («Se rearma el frente patronal» fue el titular de nuestra última edición). Las centrales empresarias y la Bolsa emplazaron al gobierno con el ultimátum de que no habría «acuerdo social» sin «el campo», […]
Toda la gran burguesía se movilizó en la última semana para «reabrir el diálogo» entre las entidades patronales agrarias y el gobierno («Se rearma el frente patronal» fue el titular de nuestra última edición). Las centrales empresarias y la Bolsa emplazaron al gobierno con el ultimátum de que no habría «acuerdo social» sin «el campo», y luego apuntaron a las entidades patronales del agro para que se sentaran de nuevo a negociar. A esta altura, los del «campo» ya sabían que un arreglo pasaría por el mantenimiento de las retenciones móviles aunque con tasas inferiores, como aconsejó el encargado de temas campestres de Clarín hace un tiempo.
Clarín mismo encabezó la ofensiva mediática para forzar las negociaciones, en un operativo indisimulado que, obviamente, no mereció objeciones de los «intelectuales» del kirchnerismo, como Feinmann, Tarcus o Verbitsky, y mucho menos del «mirón de medios» Federico Schuster, decano de Ciencias Sociales de la UBA. De la mano de Clarín se arrimó su custodia espiritual, el Episcopado. En el complot para levantar el «paro agrario» se anotaron la Sociedad Rural y Coninagro, que se reunieron en se-cre-to con la Iglesia para arrimar a las «entidades» al planteo que combinó Cristina Kirchner con las centrales empresarias y la Bolsa.
Chacareros y fideicomisos
La solución que se complota para «el campo» podría ser aceptada por los fideicomisos agrícolas o pools de siembra, que nunca dejaron de operar en los llamados mercados de futuros, aunque no de Rosario y Buenos Aires sino de Chicago. Esos fondos agrofinancieros ganan por la escala de su producción, por su capacidad de negociar precios tanto de los insumos como de lo que venden y por su bajo costo de capital. Un acuerdo por separado sobre la soja, por otra parte, dejaría colgados del pincel a otros sectores que -como la leche, la carne, la apicultura, el algodón, la yerba o el trigo- , tienen como protagonistas a pequeños capitalistas, incluso a chacareros familiares. Se ha denunciado hasta el hartazgo que los precios máximos impuestos por el centinela Moreno en esos rubros han beneficiado descaradamente a los pulpos de la industria de alimentos y a los supermercados.
Pero el pato más grande de la boda será el consumidor, puesto que la patronal sojera en su conjunto se sigue beneficiando con el alza internacional del «yuyo». Ocurre que una reducción de hasta 40 puntos en las retenciones máximas que se habían establecido (de 95 a 50% para una cotización arriba de 600 dólares la tonelada de soja), significará mayores precios para los alimentos. Por el efecto de la mayor sojización y de un precio mayor para la tierra y los insumos, se producirá un alza de todos los rubros fundamentales de la canasta familiar.
Una disminución de retenciones a la exportación es el equivalente a un aumento de los impuestos al consumo. Es quizá porque anticipa una mayor carestía que, en los últimos días, Kirchner dejó de atizar la corrida al dólar como lo había hecho con la declaración, hecha hace un mes, de que buscaría un nuevo canje de la deuda pública. De todos modos, una presión por la valorización del peso debería ocurrir de cualquier modo ya que junio-agosto es un período de ingreso de divisas por la liquidación de exportaciones. El Banco Central recuperará con comodidad los dólares que hoy está vendiendo. El problema que tendrá con esto es que el llamado «modelo productivo» solamente funciona con un peso desvalorizado.
Lo mejor recién llega
Recién ahora, sin embargo, viene «lo más lindo» de la crisis abierta por el campo. Porque lo que distingue a los reclamos agrarios es, por un lado, que sus protagonistas más notorios son los chacareros capitalistas, a quienes la soja les ha abierto posibilidades impensadas de acumulación de capital. Los distingue, asimismo, el haber desarrollado un movimiento popular; es decir, que incluye a diversas clases sociales de los pueblos del interior de todas las provincias, de la región pampeana hacia el norte.
Se ha desarrollado en el interior del país algo parecido a lo que ocurre en el plano internacional: movimientos populares masivos de características nacionalistas, que defienden una mayor participación de sus países en el reparto del ingreso mundial. Pero mientras que en el ejemplo internacional la cuenta que favorece al país emergente la paga el consumidor del país que retrocede en el reparto (los automovilistas, por caso, pagan la cuenta del petróleo), la factura de los reclamos capitalistas del campo la pagarán los consumidores argentinos. El movimiento agrario no es un movimiento nacional sino, en gran medida, un movimiento popular no nacional o anti-nacional, debido a su dirección y a sus reclamos capitalistas. Sin embargo, hay otra analogía internacional, que es aún más pertinente: así como el mayor ingreso que reciben los países que pelean por su mayor participación en la torta mundial queda en manos de las clases capitalistas de esos países (por ejemplo, la «burguesía nacional» de Kirchner o la «boliburguesía» de Chávez), el mayor ingreso que recibe la patronal capitalista del campo tampoco se «redistribuye» entre todos por igual: se «desparrama», sí, en los pueblos, pero de una manera peculiar, típicamente capitalista, con un crecimiento de la especulación inmobiliaria, la hotelería, el juego y el turismo; o sea, con un empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de las capas obreras y más pobres de los pueblos. En Pergamino, para dar un ejemplo, el «paro del campo» provocó el parate de la construcción inmobiliaria vinculada a los fondos financieros. Una gran parte de la renta agraria ni siquiera queda en el país, porque la recaudan los fondos de inversiones que reportan al exterior.
El rescate del gobierno «sin resto» (Prensa Obrera, 16/5) que han armado las centrales empresariales y la Bolsa, implica entonces un perjuicio para los reclamos de la patronal chacarera, lo que abre la posibilidad de una ruptura del frente agrario. Pero, en este caso, esos chacareros pierden algo más que un «aliado»: pierden un programa, la eliminación de los aumentos a las retenciones, que era el único punto de la pelea y la base del frente agrario. Si los chacareros pretenden seguir el movimiento, o sea seguir acaparando la cosecha de soja hasta recibir el precio que pretenden, deberán chocar abiertamente con los exportadores, los ‘pools’ agrarios y los grandes propietarios de tierra.
Lo que es más grave todavía es que deberán bancar el costo económico que les ha representado la postergación de la venta del grano por el «paro». No es casual que recién ahora los autoconvocados insistan con que no son pools de siembra o que insistan con un olvidado proyecto de ley, que prolonga a cinco años la duración mínima de los arrendamientos (pero no figura entre los reclamos).
La concentración popular convocada para el 25 de mayo en Rosario no dejará de reflejar estos conflictos, aunque todo está diseñado para disimularlos. Miguens, de la Rural, ya ha dicho que no se baja del reclamo de suspender el aumento de las retenciones, lo que probablemente mantenga hasta que termine el acto. La dirección capitalista y la alianza con el capital financiero llevan al movimiento agrario a un impasse.
En oposición al planteo de retirar las retenciones y castigar a los consumidores con precios mayores, planteamos: nacionalización del comercio exterior y de los puertos privados y privatizados; nacionalización de la gran propiedad agraria y poblamiento del campo mediante arrendamientos a cargo del Estado en función de un plan económico de conjunto; salario igual a la canasta familiar para los trabajadores de la ciudad y del campo; control popular de precios y tarifas, reapertura de las paritarias; abajo el rescate de los privatizadores; abajo los tarifazos; nacionalización del petróleo y de los monopolios de la energía; abajo las operaciones fraudulentas con Repsol, Metrogras, Aerolíneas y el sistema de transporte; cárcel a los chorros de Skanska; reorganización de la economía nacional bajo la dirección y gestión de los trabajadores.
Los Kirchner empezaron a pagar
Pero el gobierno es el que deberá pagar más por su rescate: será la factura del «bicentenario». Con su llamado a la «concordia», la gran patronal puso fin al «golpe de mercado» que ella misma había desatado con el propósito de apretar al gobierno.
Los motivos de los capitalistas que han impuesto el «diálogo» los explica Crítica el martes 20 de mayo. El «paquete» de medidas que ellos ya colgaron en la agenda del «acuerdo social», o del «bicentenario», incluye un blanqueo impositivo para los capitales que fugaron del país, nuevos subsidios para la «inversión» y cambios en el «mundo del trabajo». En este caso, se trata de la modificación a la ley de las ART para limitar resarcimientos en los juuicios civiles a los trabajadores que sufren accidentes.
No sorprende, por ello, que entre los «componedores» se encuentre el presidente de la UIA o Luis Pagani, de Arcor, jefe del lobby más concentrado de la patronal exportadora. A ese tropel se incorporó un empresario impensado: Héctor Magnetto, del grupo Clarín, que venía soportando todas las formas del escarnio oficial. El hombre del multimedios también pasó su factura (La Nación, 19/5). Magnetto logró retirar de la agenda del «bicentenario» las discusiones en curso sobre la Ley de Radiodifusión. ¿Denunciarán los ideólogos del Observatorio de Medios de la Facultad de Ciencias Sociales este nuevo contubernio?
Detrás de la «flexibilización» a las retenciones al campo, la patronal petrolera también cargó lo suyo: un continuo aumento del precio de las naftas, el cese de la importación de gasoil a cargo de ellas; un aumento del precio del gas y un régimen de devolución de retenciones. Los empresarios «privados» ampliarán sus refinerías con la plata del Estado.
Como prueba de buena fe, el gobierno ya está pagando anticipos jugosos por la factura que le pasa el frente patronal. Acaba de aumentar un 10% el precio interno del crudo que reconoce a las petroleras. Las compañías aéreas tuvieron su segundo aumento del 18% de sus tarifas en pocos días y un reforzamiento de los subsidios al combustible. En este caso, para que el vaciamiento de Aerolíneas a manos del grupo Marsans termine solventado por los usuarios.
A la luz de este panorama, es casi gracioso escuchar a quienes dicen que, después del «acuerdo con el campo», viene la «lucha contra la inflación». Las concesiones al campo, por un lado, y las liberaciones de tarifas, por el otro, echan más leña al fuego de la carestía. «Para terminar con la inflación, vamos a tener que pasar primero por una mayor inflación», se sinceró un economista «neoliberal». La «estabilización de los precios», con medidas brutales contra el consumo, requiere primero rebanar los ingresos de los consumidores por medio de la inflación.
El frente patronal parece muy unido a la hora de arrancar sus prebendas, pero no ocurre lo mismo a la hora de afrontar lo que se viene. Un sector quiere acompañar la «liberación de precios» con una mayor devaluación de la moneda en beneficio de la patronal exportadora, pero esto obligaría a canjear (o dolarizar) la deuda pública que se ajusta por inflación. Otros quieren salir del paso con una revaluación de la moneda y un «enfriamiento» de la economía, que serviría para pelear contra los trabajadores con el arma de los despidos masivos y la desocupación.
Transición
La factura principal que deberá pagar el gobierno es política, pues ha perdido capacidad de arbitraje frente a los capitalistas. Ha tenido que entregar una enorme parte de la caja fiscal, como las retenciones para la soja, el petróleo y, probablemente, la minería. Fue electo hace cinco meses, pero la pueblada del campo lo ha obligado a resignar poder y a echar lastre; las encuestas lo muestran braceando para no hundirse. El gabinete está fracturado y hasta se pelean los viejos amigos de las inmobiliarias y consorcios porteños: Alberto Fernández y el «portero» Santa María en el pejotismo porteño.
El conflicto agrario estalló como resultado de una crisis general del «modelo productivo»; o sea, una crisis de régimen. Se ha iniciado una transición que afecta a todas las clases y movimientos sociales y a todas las fuerzas políticas. Todas las clases sociales, todas las centrales sindicales y todos los partidos, incluida la izquierda, se fracturaron en torno a cuestiones estratégicas. Dentro de los sindicatos asistimos a nuevos reagrupamientos de fuerzas y al desarrollo de una nueva generación de activistas; lo mismo ocurre en el movimiento estudiantil y en todos los movimientos populares. Con todas sus limitaciones y su contenido capitalista, el movimiento agrario ha servido, contra sus intenciones, para estimular la diferenciación social y política en el campo y en los pueblos agrarios. ¿Un partido del campo? Si nos guiamos por lo que ocurre en Brasil, quizá tenga! mos mayores bancadas de latifundistas y agentes de los fideicomisos, en concierto con los partidos y coaliciones existentes. Es necesario luchar en esta transición por una alternativa obrera y socialista, y aprovechar la transición en la clase obrera, el movimiento obrero y la izquierda, para desarrollar un partido obrero independiente, un partido revolucionario.