«Prisión y aislamiento: la muerte de Raquel». Una interna de la cárcel de Brians (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona), Raquel E.F., de 38 años y con dos hijos, terminó con su vida en abril de 2015 tras pasar por el «régimen de aislamiento» y denunciar supuestos abusos por parte de los funcionarios de prisiones. Un […]
«Prisión y aislamiento: la muerte de Raquel». Una interna de la cárcel de Brians (Sant Esteve de Sesrovires, Barcelona), Raquel E.F., de 38 años y con dos hijos, terminó con su vida en abril de 2015 tras pasar por el «régimen de aislamiento» y denunciar supuestos abusos por parte de los funcionarios de prisiones. Un año después, el Centre Irídia para la defensa de los derechos humanos ha presentado una reclamación patrimonial ante el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en nombre de la hija de la presa fallecida. El Síndic de Greuges ha alertado en varias ocasiones de las condiciones de los «Departamentos Especiales de Régimen Cerrado» (DERT), que implican el encierro en una celda hasta 21 horas al día, una salida diaria al patio, una «intervención» semanal del psicólogo y otra actividad durante la semana. Raquel E.F. denunció los malos tratos sufridos en una celda de dos metros cuadrados, en una carta remitida a los juzgados de Barcelona. El gobierno catalán asegura que ha abierto una investigación interna. El periodista Sergi Franch revela los detalles del caso en el «Anuari Mèdia.Cat dels Silencis Mediàtics»-2016, que este año publica la sexta edición.
Promovido por el Grup de Periodistes Ramon Barnils y editado por Po.len, el «Anuari Mèdia.Cat» publica 12 reportajes en profundidad sobre hechos acaecidos en los Països Catalans que no han sido portada en los medios escritos y audiovisuales. Cerca de 400 personas y entidades han apoyado la iniciativa en una campaña de mecenazgo. Según el presidente del Grup de Periodistes Ramon Barnils, Ferran Casas, «el periodismo de hoy explica con más libertad qué pasa en Idomeni con los refugiados que aquello que ocurre en un despacho de al lado de casa». El anuario se inspira en el proyecto periodístico estadounidense «Censored», de la Universidad de Sonoma (San Francisco), que desde hace cuatro décadas trata de airear informaciones silenciadas. Xisca Oliver, presidenta de la Fundación Catalunya Fons, que presta su apoyo a «Mèdia.Cat», apunta el sentido de la iniciativa: «Se puede partir de una nota de prensa, pero no se trata de copiarla sino de ir más allá». Otro de los objetivos es la colaboración con las facultades de periodismo para que los estudiantes puedan publicar reportajes de investigación con el apoyo de un tutor.
Una estudiante de periodismo y humanidades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Mireia Rom, arroja luz sobre los mecanismos de reproducción de las elites. En un reportaje de investigación titulado «El ‘top ten’ de las escuelas de élite», concluye que los grandes próceres de la política, la economía y la sociedad catalanas optan por no más de una decena de escuelas privadas y concertadas de Barcelona. Personalidades como Jordi Pujol, Miquel Roca, Xavier Rubert de Ventós y Federico Mayor Zaragoza tuvieron en común sus estudios en una de las escuelas más elitistas de la Barcelona posterior a 1939, Virtèlia. Hoy toman el relevo «Aula», Jesuitas de Sarrià, el Liceo Francés, el Colegio Alemán, de Saint Paul’s, San Ignacio, Miranda o Benjamin Franklin. En el Liceo Francés y después en «Aula» estudió el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, al igual que sus tres hijos. En este centro también estudió el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y actualmente lo hacen sus vástagos. Asimismo han optado por «Aula» el presidente del Banc Sabadell, José Oliu, y el expresidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch. En el Liceo Francés están matriculados los hijos del expresidente del Barça, Joan Laporta, y de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón cuando residían en Barcelona.
Una empresa israelí -ICL Iberia- gestiona las minas públicas de la comarca del Bages en régimen de concesión desde 1989, entre polémicas por el impacto ambiental y el cuestionamiento de la Unión Europea por las subvenciones recibidas (cerca de 300.000 euros en cinco años). El periodista Isaac Vilalta profundiza en la actividad de este «gigante de la sal», convertido en «uno de los principales poderes económicos de la comarca». Colectivos ecologistas como Montsalat denuncian, entre otros impactos, las filtraciones subterráneas que producen la salinización de ríos, ramblas, fuentes y acuíferos. Además, el crecimiento notable de la extracción minera en la década de los 80 provocó un «incremento desmesurado» de las montañas donde se acumulaba la sal desprendida de la potasa. El tres de junio de 2015 el Juzgado de Instrucción número cinco de Manresa imputó a dos directivos de la sociedad israelí y tres altos cargos de la Generalitat por presuntos delitos contra los recursos naturales y prevaricación ambiental. «La salinización del agua del río Llobregat puede superar aún hoy fácilmente los límites legales», señala Vilalta.
Con 50 casos, Cataluña ocupa el primer lugar en la ratio de autonomías con más de delitos de odio vinculados a la identidad u orientación sexual. La estudiante de periodismo en la Universitat de València, Isabel Villar, aborda el crimen de Lyssa Silva, la tercera mujer en perder la vida en los Països Catalans por la violencia transfóbica. Murió en Alicante en julio de 2015 a causa de una brutal golpiza. La policía procedió a la detención como supuestos autores de dos jóvenes franceses, que en el momento de publicarse el artículo permanecían en prisión. Según fuentes policiales, las personas detenidas y a la espera de juicio podrían haber sido «clientes» de esta mujer transexual, quien habría ejercido la prostitución. El marido de la víctima niega este extremo, y sostiene que visitaba en Alicante a una amiga. Un estudio de la Universidad de Málaga (2010), resalta que más del 80% de las mujeres transexuales malviven en la exclusión laboral; de hecho, un 70% no han logrado su primer empleo.
Otro exhaustivo reportaje del «Anuari Mèdia.Cat» tiene como centro a seis de las compañías hoteleras más potentes del mundo (RIU, Melià, Barceló, Iberostar, Fiesta y el Grupo Piñero), cuyo negocio se fraguó en las Islas Baleares. «Ahora presionan al gobierno de izquierdas de las Islas, que ha aprobado una ecotasa», sentencia la periodista y documentalista Mercè Pinya. Se trata de empresas que mayoritariamente emergieron durante el franquismo y que, todavía hoy, mantienen el control familiar. El texto explica el proceder de estas sociedades hoteleras: «Han perseguido el beneficio rápido, y por esa razón han ido desinvirtiendo en las Baleares». Las empresas se consideraban perjudicadas por unas exigencias ambientales cada vez mayores y los crecientes costes de explotación. Por ello, explica el artículo, se han dedicado a construir grandes «resorts» en países del Sur con la alianza de los gobiernos locales, y sin respetar en muchos casos la legislación laboral y ambiental. Pero con la llegada de la crisis han vuelto a los inicios, a las Islas Baleares, donde presionan «con más virulencia que nunca» contra los intentos de aplicar la Ecotasa. La autora cita a gente como Till Wilhelm Kohler, gerente del hotel Riu Guanacaste de Costa Rica, prófugo de la justicia desde marzo de 2016.
Sobre las multinacionales y los grupos de presión escribe la estudiante de cuarto de periodismo en la Facultat Blanquerna, Laura Ballestero. Las empresas con sede en los Països Catalans invirtieron entre 1,2 y 1,8 millones de euros en 2015 en acciones de lobby en Bruselas. La información consta en el Registro de Transparencia de la Unión Europea, de carácter voluntario y constituido en 2011. La última actualización consultada por la periodista cifra en 115 las organizaciones inscritas con sede en los Països Catalans, de las que sólo 41 figuran como grupo de presión. Las restantes aparecen como ONG, consultoras profesionales, entidades que representan a entidades locales y regionales, o «think tanks». Además, de la veintena de empresas inscritas con sede en los Països Catalans, cuatro están presentes en el IBEX-35: Caixabanc, Banco de Sabadell, Abertis Infraestructuras y Gas Natural. Laura Ballestero detalla que la sociedad Abertis dedica cerca de 100.000 euros anuales al mantenimiento de un gabinete jurídico, que le asesora respecto a la normativa emitida por la Comisión Europea. En el informe de transparencia del Observatorio de los Think Tanks de 2015, estos obtuvieron en el estado español una calificación de 1,2 (el promedio internacional se situó en 2,2).
Cierra el anuario un «Retrato crítico de El Corte Inglés», firmado por Jordi Pasqual, estudiante de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. El artículo detalla que en el último trienio el grupo El Corte Inglés ha facturado con la Generalitat de Cataluña más de 17 millones de euros por la compra de material, viajes o informática. También apunta los usos de la publicidad realizados por este grupo empresarial: «A menudo se le ha acusado de emplearla como una herramienta para edulcorar su imagen en los medios» (según una filtración al periódico El Confidencial, la inversión en 2015 rondó los 500.000 euros). Acompañan a El Corte Inglés las polémicas urbanísticas por la apertura de nuevos centros comerciales, las críticas al rol de los sindicatos mayoritarios -FASGA y FETICO- que Comisiones Obreras y UGT tachan de «amarillos», la congelación de salarios y la caída del poder adquisitivo en un 10% durante la crisis. Jordi Pasqual recuerda el currículo de Dimas Gimeno, quien aterrizó a la cúpula del grupo en 2013: candidato a las listas de Falange en los comicios generales de 1996 y 2000, y en las elecciones catalanas de 1999.
Completan el anuario los reportajes sobre supuestas ilegalidades en la contratación de asesores en las diputaciones de Lleida y Barcelona (Arturo Puente); el cobro de dietas por parte de los responsables políticos que asisten a los Consells Comarcals (Gemma Fontané); el resultado -absolución o una condena pendiente de revisión- de los tres de los procesos judiciales más destacados en Cataluña contra el yihadismo (Josep Comajoan); las subvenciones de los gobiernos catalán y valenciano a los clubes de fútbol, a pesar de su elevado endeudamiento (Oriol Robiró); la controversia entre algunos de los promotores del dominio de internet «.cat» y el patronato actual de la Fundació PuntCat, por la gestión del proyecto y su orientación política (Meritxell Verdaguer). La difusión de contenidos silenciados por los grandes medios se refuerza con la infografía y la sección «almanaque» (Joan Canela). El proyecto parte de una premisa, afirma la coordinadora del Anuari, Elisenda Rovira, en el epílogo: «Cada vez hay más gente que piensa que lo noticiable no es sinónimo de la vorágine informativa de los titulares de última hora».
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