Es un secreto a voces que Mauricio Macri fue el defensor más obstinado del aumento de tarifas dentro y fuera del gobierno y perdió la batalla. El director del Enarsa y ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, admitió que «el trámite del aumento se había constituido en un hecho traumático y único en la historia […]
Es un secreto a voces que Mauricio Macri fue el defensor más obstinado del aumento de tarifas dentro y fuera del gobierno y perdió la batalla.
El director del Enarsa y ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, admitió que «el trámite del aumento se había constituido en un hecho traumático y único en la historia energética argentina, ya que un incremento de tarifas dispuesto en febrero o marzo aún no pudo ser aplicado».
Con el fallido plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año que quedó trunco, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Tras el no de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. La mayor parte de lo que logrará ahorrar no será gracias a las tijeras del ex CEO de Shell sino al abaratamiento de los hidrocarburos a nivel global (que redujo abruptamente el costo de importar gas en barcos y combustibles líquidos para las usinas de luz) y a la eliminación de los subsidios directos para los usuarios de Edesur y Edenor, que insumieron casi u$s 2.000 millones en 2015.
En un artículo publicado el 13 de agosto el semanario vocero de la City de Londres, The Economist, expresó su gran preocupación de que el Presidente argentino Mauricio Macri se halle en graves aprietos políticos. La publicación señala que un tribunal federal, respondiendo a la furia popular, emitió un interdicto en contra de las alzas astronómicas en las tarifas públicas, una pieza central del plan de «recuperación» económica de Macri y se informa que la confianza de los inversionistas extranjeros en el sistema judicial está «quebrantada». El flujo de inversiones extranjeras que supuestamente iban a entrar a raudales, una vez que tomara posesión Macri en diciembre, no se ha materializado.
«La luna de miel de Macri está llegando a su fin» se lamenta The Economist, para concluir que su única alternativa era esperar que el voto programado para el 18 de agosto en la Corte Suprema sobre la legalidad de las alzas exorbitantes en las tarifas públicas, le sea favorable y después, «persistir con las alzas en los precios y pagar el costo político».
A contramarcha de las expectativas del vocero de la City londinense el fallo de la Corte Suprema no favoreció al gobierno y, además, abrió la puerta a una nueva oleada de demandas de los que fueron excluidos de la anulación de los aumentos de gas. La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) presentará una demanda que englobará a unas 65 cámaras y 10.000 pymes. La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, que depende de la CAME, hizo lo propio. También se están organizando entidades que agrupan a clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, empresas recuperadas y comercios. Tal es el caso de la emblemática fábrica recuperada Zanón, que entre luz y gas recibió, con los últimos aumentos, facturas que suman los 9 millones de pesos. «Son ocho millones de gas y un millón de luz. No nos dan los números», se quejó Alejandro López por C5N.
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa «con preocupación» que el conflicto es un «problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas». «Celebramos como un triunfo de todo el pueblo este alivio para los hogares de todo el país pero como cooperativas sigue un camino de lucha hacia adelante porque todos venimos soportando la recesión y la caída en ventas, a lo que se suma el tarifazo», apuntó Silvia Díaz de Facta.
Por su parte, desde el sindicato del Cuero señalaron que «hay 400 cooperativas que ya cerraron por los tarifazos» y pidió organizar «un plan de lucha para que (las tarifas) sea para todos por igual». «Si no logramos superar este tarifazo, 9 de cada 10 clubes corren el riesgo de cerrar y cientos de miles de chicos no van a quedar afuera ni tener donde formarse, hay que trabajar para que el tarifazo se termine de una vez y para todos los sectores», reclamó en tanto un representante sectorial de clubes de barrio.
Para José Rigane, secretario Adjunto de CTA (A) y Secretario General de la FeTERA, «este fallo de la Corte, si bien aparece como un «freno al tarifazo de Macri» en el corto plazo, en realidad esconde en el mediano y largo plazo un fuerte aval a la política estatal en materia energética que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que no es otra cosa que beneficiar a los sectores concentrados petroleros».
«Creemos que el fallo de la CSJN resolvió de acuerdo a lo que necesita el gobierno de Macri y las petroleras, porque garantiza el precio del gas en boca de pozo, que es la clave del valor de la factura y del precio final (la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que hoy paga un usuario, 15% es de transporte y 25% distribución, aproximadamente)», añadió el dirigente lucifuercista de Mar del Plata.
También el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano sostuvo que «mi informe mostrará que el aumento de las tarifas es una política de ajuste en beneficio de las empresas petroleras y de distribución y transporte de gas. Mediante el tarifazo pretenden consagrar una re-dolarización de las tarifas y endilgarle a los trabajadores pagar un precio a boca de pozo un 300% más que lo que se paga en Estados Unidos, que ahora compensa el Estado manteniendo de esta manera los subsidios».
Respecto a la audiencia, Solano agregó: «Para que las audiencias públicas cumplan su función es necesario una auditoría independiente sobre los costos de generación de energía, transporte y distribución. A su vez, las empresas encargadas de estas tareas deben de rendir cuentas sobre los subsidios recibidos, que en total alcanzan el medio billón de pesos de los que no han invertido uno solo, como lo prueba el vaciamiento energético al que Argentina ha sido sometida.»
Ambas declaraciones evidencian que los límites al ajuste tarifario continúan dependiendo de la movilización popular. En ese sentido, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse en todo el país el próximo 16 de septiembre, día de la audiencia pública convocada por el gobierno para analizar el aumento de las tarifas residenciales del gas, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, las centrales reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios «sean vinculantes» y que el freno «a los tarifazos» se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.
«No estamos dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía. Por este motivo, desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocamos a movilizar en todo el país para hacer escuchar una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha», dice un comunicado difundido con las firmas de Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).
Dirigentes sabios y prudentes
En el primer acto público después del fallo de la Corte Suprema que frenó al tarifazo de gas en los hogares, el Presidente no hizo ninguna referencia a la resolución judicial, pero en cambio insistió con el discurso sobre el abuso del ausentismo de los trabajadores, tal como lo había hecho en un almuerzo en la sede del gremio gastronómico por el Día del Trabajador.
Hizo referencia a que los juicios impulsados por los empleados «complican» a todos. «Cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos, a todo el resto de la sociedad», afirmó el lunes pasado junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Las declaraciones coincidieron con el día de la reunificación de la CGT, que estrenó un nuevo triunvirato con la conducción de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros). Este triunvirato expresa el frágil equilibrio de fracciones en que se sustenta la reunificación parcial de la CGT.
Faltaron a la cita en Obras Sanitarias, el sector que encabeza el dirigente rural macrista Gerónimo «Momo» Venegas (que impugnó al Congreso ante el Ministerio de Trabajo) y los sindicatos agrupados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) que lidera el taxista Omar Viviani y que cuenta en sus filas, entre otros gremios, con la Unión Ferroviaria y el SMATA (mecánicos).
Por su parte, el bancario Sergio Palazzo, en representación de la Corriente Sindical Federal (CSF), expresó su rechazo a los términos del acuerdo y los cargos que le ofrecieron, planteó la necesidad de una medida de fuerza y se retiró del Congreso junto a los congresales de su espacio. Todo indica que de ahora en más, la CSF se dará una política de presión «por izquierda» al flamante triunvirato, en articulación con las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, como se plasmará en la calle en la próxima Marcha Federal de fines de agosto.
No obstante, el hecho fundamental de la jornada fue la decisión de la nueva conducción de no llamar a ninguna medida de lucha contra el durísimo ajuste que el gobierno macrista lleva adelante contra la clase trabajadora y los sectores populares.
Pese al inocultable tono crítico en su referencia a la administración de Mauricio Macri, la unidad cegetista privilegió el valor de la «prudencia», comprendida como un favor a la gobernabilidad, antes de lanzarse a una estrategia de confrontación abierta contra la gestión que lleva ocho meses en la Casa Rosada.
Marcha Federal
El próximo miércoles 31, desde las provincias de Mendoza, Jujuy, Misiones, Formosa y Chubut, se iniciará la Marcha Federal para reclamar contra los tarifazos, los despidos y el ajuste. La Marcha finalizará el viernes 2 de septiembre con un acto en Plaza de Mayo a las 17:00.
Con el inicio de la Marcha, se realizarán masivos actos en las ciudades de Mendoza, San Salvador de Jujuy, Posadas, Formosa, Comodoro Rivadavia, Esquel, Resistencia y Corrientes. La segunda jornada, las columnas provenientes desde Cuyo, NOA y NEA, confluirán en un acto en la ciudad de Rosario, mientras que las columnas de la Patagonia harán lo mismo en la ciudad de Mar del Plata, para continuar su recorrido a la Ciudad de Buenos Aires. Por último, la jornada del 2 de septiembre, previo a la llegada a Plaza de Mayo, se realizarán actos en las localidades de La Matanza y Avellaneda.
Productores de la Patagonia cargados con más de 10.000 kilos de fruta, llegaron hasta las puertas de la Casa Rosada, para mostrar la realidad crítica del sector, regalando peras y manzanas, en lo que se transformó en una multitudinaria expresión de las carencias de amplios sectores populares que concurrieron masivamente generando colas de hasta 800 metros.
Para esta semana se espera una medida similar de los tamberos ya que el consumo de leche cayó 8%. El presidente de La Serenísima lo atribuyó a la suba en los costos de producción del tambo, a la modificación del tipo de cambio y a la eliminación de las retenciones.
Judicialización y represión
La Justicia de Tierra del Fuego decidió dar lugar al pedido de exclusión de tutela sindical del Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena y del Secretario de Organización de la CTA-A y dirigente del SUTEF Carlos Díaz., lo que significa permitir su exoneración del cargo.
Esta medida, consensuada entre el gobierno kirchnerista de la gobernadora Bertone y la justicia provincial, también podría aplicarse a otros 17 docentes que fueron judicializados durante la gobernación anterior de Fabiana Ríos.
Una nutrida concurrencia obrera cortó por completo la calle Viamonte, frente al Teatro Colón, el jueves a la mañana. Centenares de colectiveros y trabajadores del sindicalismo de base, expresaron así su posición ante la causa abierta contra el delegado de base Héctor Cáceres de la Línea 60 de colectivos, procesado por hostigar a otros trabajadores, aunque los abogados señalaron la falta de pruebas.
El miércoles 24 los trabajadores azucareros decidieron cortar la ruta 50, acceso a San Ramón de la Nueva Orán. Están en conflicto hace dos meses, por aumento de salario y contra el cuarto turno flexibilizador. Luego del mediodía, comenzó una brutal represión por parte de la Infantería bajo órdenes de Juan Manuel Urtubey.
Los obreros de El Tabacal hace 60 días están enfrentando el lock out de la empresa yanky Seabord Corporation. En el marco del conflicto, el Ministro de Trabajo de Salta Eduardo Costello se había reunido con representantes del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio. Luego de esa reunión, cuando retomaron el corte, los trabajadores fueron reprimidos.
También el miércoles, en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata, fueron reprimidos trabajadores organizados en la CTD Aníbal Verón mientras levantaban una medida de protesta que bloqueaba la autopista. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. El reclamo era por puestos de trabajo y el aumento del pago de programas sociales.
Despidos y suspensiones
La semana pasada la automotriz norteamericana Ford suspendió a 300 trabajadores de su planta ubicada en Pacheco en la zona norte del conurbano. La empresa ofreció retiros voluntarios a los trabajadores suspendidos que solo percibirán el 75% de sueldo bruto hasta fin de año.
Los trabajadores de Fate denunciaron que la firma realizó una avanzada para reducir puestos de trabajo, en esta oportunidad bajo la figura de «retiros voluntarios».
Además, como parte del mismo plan de ajuste, en las últimas horas la empresa efectuó alrededor de 50 despidos de personal superior (jerárquico) que estaba bajo la condición de mensualizado.
La cartera que comanda Esteban Bullrich dispuso el viernes una nueva tanda de despidos en la Administración Pública. Anunció 165 nuevas cesantías, de las cuales 50 se dieron en el Instituto de Formación Docente (INFD).
Como respuesta, los trabajadores realizaron una asamblea de más de 200 trabajadores que discutieron medidas a seguir para buscar las reincorporaciones de todos los empleados del área.
La segunda fase de la política del macrismo para Educación es continuar, vía los despidos, con el vaciamiento de áreas y programas. En el INFD, donde aproximadamente son 50 los trabajadores despedidos, es donde se elabora el grueso de las capacitaciones.
Todo indica que la situación en Educación, es parte de una nueva oleada de despidos, que comenzó a rumorearse en varias dependencias estatales.
Además se espera, como corolario de la nueva etapa de reducción del Estado, que a fin de año se ponga en práctica un ambicioso plan de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios para volver a reducir la planta estatal.
Entre amenazas de cierre y denuncias de vaciamiento, achicamiento y precarización, el Plan FINES continúa vigente y permite a muchos argentinos completar sus estudios secundarios.
Sin embargo, en un hecho que confirma las advertencias que muchos trabajadores del Plan y otros integrantes de la comunidad educativa vienen lanzando en los últimos meses, se pudo ver en la tarde del viernes materiales educativos arrojados como basura en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la esquina de Viamonte y Riobamba. A media cuadra de allí está la Escuela de Comercio Nº 2, una de las sedes del Plan FINES en la Ciudad.
Diez trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez del Municipio de Lanús fueron informados que serán despedidos a partir del 30 de setiembre y que los programas «Acompañarte», que funciona desde hace 8 años y al que concurren actualmente 105 niños y adolescentes de entre 4 y 18 años y 10 mamás y el Espacio Cultural Callejero, dejarán de funcionar.
Este ataque a los derechos de niños, niñas y adolescentes es parte de la destrucción de programas y proyectos para su protección y promoción, que comenzó desde el inicio de la gestión del Intendente Grindetti con el vaciamiento de recursos y la precarización de las condiciones laborales y de contratación de los integrantes de sus equipos técnicos.
Massalin Particulares informó que a partir del 3 de octubre y durante una semana frenará completamente su producción en las plantas de Merlo (provincia de Buenos Aires) y Goya (Corrientes) debido a la caída de las ventas en un 25% en la comparación anual.
Los trabajadores de las líneas de colectivos pertenecientes a la ex Ecotrans recibieron esta semana 100 telegramas de despido. Por ello mantienen los paros en las líneas 136 y 163.
El delegado de la ex empresa de colectivos Ecotrans, cuyos servicios son ofrecidos desde el 1° de julio último por cuatro compañías, Carlos Pacheco, advirtió que continúa «la situación de conflicto y de tensión» ante «el envío de cien telegramas de despido y el dictado de la conciliación obligatoria» por parte del Ministerio de Trabajo y, el personal, ratificó el paro iniciado el jueves por varios reclamos.
La Metropolitana y las compañías ERSA y La Cabaña fueron beneficiadas con la entrega de la ex Ecotrans, en «un acuerdo poco trasparente y que es violado sin que las autoridades nacionales, provinciales y las de las comunas de Merlo y Morón, que lo firmaron, y tampoco la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ejerzan los controles para que se cumplan las normativas de derechos laborales y de servicios públicos», dijo.
Primero fue en San Luis, después en Catamarca, Tucumán y La Pampa. Ahora, los despidos, suspensiones y retiros voluntarios en Alpargatas, llegaron a la planta de Florencio Varela.
Según señalaron los propios trabajadores, desde la semana pasada la fábrica ubicada en Florencio Varela suspendió a 150 obreros. Sectores completos de la producción serán suspendidos 2 días por semana y la semana completa a fines de agosto.
Alpargatas facturó el año pasado la friolera de 21.477 millones y en los últimos días anunció a sus trabajadores de las suspensiones escalonadas durante el mes de agosto y septiembre, lo que provoca un fuerte impacto en el bolsillo de los empleados ya que ven reducido su salario que ronda los 8 mil pesos mensuales.
Tanto Alpargatas como TN Platex, concentran el 44 % de las ventas del sector textil, ya que poseen campos de hilado en donde se produce la materia prima para toda la rama. En lo que va del año estas empresas, según comunicados oficiales, recuperaron 15 puntos por sobre la inflación y para el 2016 esperan un aumento del 20 % en la facturación.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el segundo semestre arrancó con una ola de despidos y suspensiones en el sector privado. Sólo en julio, hubo 14.149 ceses de contrato, 4.324 de los cuales, se produjeron en la industria.
Según la consultora, «desde diciembre pasado se destruyeron 194.244 puestos de trabajo».
A una primera ola de despidos y suspensiones en el sector público y la construcción (diciembre-enero), le sigue una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria, y que en estos dos últimos meses impacta en el sector de servicios, particularmente comercio y gastronómico.
El relevamiento presentado para el mes de julio arroja un sustancial aumento en la cantidad de despidos y suspensiones con 15.137 nuevos casos (entre el sector público y privado) -siendo que en junio se contabilizaron 11.721 casos-. Resalta en este aspecto, la incidencia del sector privado, que motorizó más del 93% de los despidos y suspensiones, siendo además central el peso de estas últimas sobre el total.
El informe presenta además un significativo incremento en los despidos de la industria (con 4.324 nuevos casos) y un marcado aumento de la cantidad de suspensiones también en el sector manufacturero, que ascendieron a 7.067 casos. Respecto del sector servicios, las cifras se han mantenido en los niveles del mes anterior, en valores elevados respecto de los relevamientos anteriores.
En el mes de julio los despidos se concentraron particularmente en 6 actividades, que explicaron el 74% de despidos y suspensiones. Se trata del sector textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodoméstico y sector servicios -comercial-.
En el primer sector -textil- y como resultado de la apertura de importaciones hubo 2.520 suspensiones y 111 despidos sólo en el mes de julio. En esta línea, resultan sugestivos algunos casos de llano incumplimiento del acuerdo firmado entre grupos empresarios y el gobierno nacional por 6 meses, para evitar despidos. El caso Alpargatas es uno de ellos.
El empleo privado registrado disminuyó en julio un 0,5% respecto a igual mes de 2016, según los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, mientras a nivel nacional, la tasa de desocupación llegó a 9,3%.
Rosario, Mar del Plata, Gran Córdoba y Gran Buenos Aires encabezan el ranking de las ciudades con mayor desempleo, superando el 11%, según el último informe del Indec. Además, los jóvenes duplican la media nacional, alcanzando un 18,9%.
La Encuesta Permanente de Hogares arrojó que 1.165.000 personas buscan trabajo y no lo consiguen.
Reclamos salariales
Docentes y Judiciales bonaerenses realizaron el miércoles un paro total de actividades. Paralelamente, médicos de Cicop y estatales de ATE llevaron adelante una jornada de lucha, en demanda de una recomposición salarial, entre otros reclamos.
«Vamos por la reapertura de las paritarias para lograr un nuevo aumento salarial, por los reclamos en la infraestructura de las escuelas, cargos faltantes, comedores, para derrotar el tarifazo», sostuvo Suteba La Plata en un comunicado de prensa en el que confirmó la convocatoria, en el marco del paro nacional convocado por la Ctera y otros siete gremios docentes.
Por su parte, los judiciales agrupados en la AJB también llamaron a un paro de actividades en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires para reclamar una mejora salarial. Según la AJB, el Ejecutivo propuso reabrir la negociación salarial «recién en octubre» de este año, con lo cual el gremio resolvió avanzar con un plan de lucha.
En tanto, ATE provincia de Buenos Aires resolvió llevar adelante una Jornada Provincial de Lucha con acciones regionales «por un aumento salarial acorde que permita recuperar el poder adquisitivo, por la derogación de las leyes y decretos de ajuste, que posibilitan el desguace del Estado y la precarización laboral extrema».
El gremio de Sanidad, que conduce el flamante integrante del triunvirato cegetista, Héctor Daer, movilizó en defensa de las fuentes laborales de más de 400 empleados del laboratorio Roux Ocefa y en rechazo de «los desmanejos empresarios».
Daer, también diputado nacional por el Frente Renovador, explicó que los directivos adeudan casi tres meses de salarios, lo que implica «un límite para la capacidad de subsistencia familiar, además de arriesgar las fuentes de empleo».
Cientos de trabajadores del Ministerio de Cultura organizaron el jueves 18 una olla popular y una intervención gráfica en la puerta de la sede de Alsina 465 del organismo. Los trabajadores exigieron un aumento de emergencia hasta que se reabran las paritarias, a la vez que se manifestaron contra el tarifazo, por la reincorporación de los despedidos -mientras vemos aumentar el número de «asesores» con sueldos altísimos-, y por un paro nacional convocado por todas las centrales sindicales para poner freno a un gobierno que día a día avanza contra los trabajadores.
La Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que el Ministerio de Trabajo y Empleo oficializó el aumento salarial de 35% para los trabajadores rurales permanentes, mediante resolución N°68/16.
El pago de las remuneraciones acordadas por el gremio que lidera Gerónimo Venegas se hará efectivo de la siguiente manera: 20% a modo de adelanto y con carácter excepcional y no remunerativo, con vigencia a partir del 1º de julio hasta el 31 de agosto, la cual será de carácter remunerativo a partir del 1º de septiembre.
Además se abonará el 15% restante a partir del 1º de octubre de 2016, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2017. Con los aumentos, un peón general pasará a cobrar de sueldo mínimo, sin comida, de 10.368 pesos mensuales, mientras que el jornal será de 456,12 pesos.
Fondo solidario en defensa de la gestión obrera de Zanón
Publicamos la carta de los obreros y obreras de Zanón llamando a aportar a un Fondo Solidario en defensa de la gestión obrera:
«Compañeros y compañeras, estamos próximos a cumplir 15 años de control obrero. Allá por el 2001 en un marco de crisis muy profunda que atravesaba Argentina, los ceramistas luchábamos por defender el trabajo y pararle la mano a la patronal de Zanón que pretendía despedir a todo su personal y fugarse dejando un tendal de desocupados y un galpón vacío en el Parque Industrial de Neuquén.
A partir de contener esta situación tomamos en nuestras manos el destino de la fábrica y de las familias que nos quedamos resistiendo y nos pusimos a producir dando vida a Zanón Bajo Control Obrero.
Hoy después de 15 años no lograron derrotarnos, pero apuestan a ahogarnos. Desde hace muchos años entendimos que renovar la tecnología es lo que debemos conquistar, con una fábrica que hace más de 30 años de existencia y con maquinarias que datan de la misma época es muy difícil sostener la producción en un mercado capitalista que genera permanente desigualdad. El control obrero tiene esta prioridad por delante. Sistemáticamente los gobiernos nos negaron la posibilidad de acceder a créditos para este objetivo, pero aun así seguimos produciendo, atravesando crisis tras crisis.
En la actualidad, a pesar de estar todavía en pie, estamos atravesando uno de los peores momentos de la gestión obrera, con un gobierno que ajustó brutalmente a los trabajadores y que solo privilegia a los sectores empresariales, las condiciones se han vuelto muy complicadas para el control obrero.
Por esto hemos retomado las tareas fundamentales de nuestra lucha, y desplegar todas las acciones que nos llevaron a defender el trabajo. Hoy recurrimos nuevamente a la solidaridad de todos y cada uno de los que han referenciado la gestión obrera de Zanón y para los que entienden que es una alternativa para enfrentar los cierres de fábricas, la desocupación como única variable de ajuste de los gobiernos y los empresarios y resolvimos en nuestras asambleas impulsar una gran campaña en defensa de Zanón bajo control obrero y un fondo de huelga que nos permita mantener viva esta experiencia y a las familias que dependemos de ella.
Desde ya muchas gracias».
Cuenta corriente para colaborar: Banco Credicoop, Sucursal 093 Cta. Cte. Nº 230449
CBU 1910093355109302304499.
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, Clarín, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Página 12, www.diariobae.com, izquierda-revolucionaria.org, www.cronista.com, APU.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.