El Gobierno nacional anunció una inversión de 400 millones de dólares de capitales franceses y chinos para extraer litio en Salta. Este mineral, codiciado por la economía verde del norte global, consume grandes cantidades de agua y provoca serios impactos socioambientales y socioeconómicos que ya se sufren en las zonas cordilleranas con el aval de las autoridades locales y nacionales.
Este lunes, el presidente Alberto Fernández, desde Casa Rosada, anunció una inversión de 400 millones de dólares por parte del grupo francés Eramet para reanudar la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta.
La empresa construirá, junto con la siderúrgica china Tsingshan, una planta de extracción de litio que comenzará a producir a principios de 2024 en el salar “Centenario-Ratones” y que tendrá una capacidad de 24.000 toneladas anuales. Se supone que, además, dará 2.000 puestos de trabajo.
Eramet controlará el proyecto, con una participación del 50,1%, y asumirá la responsabilidad de la gestión operativa, mientras que su socio Tsingshan financiará la construcción de la planta y entrará en el proyecto con hasta un 49,9%.
Un “ambiente favorable” para el extractivismo: el rol del Estado al servicio de los grupos económicos
Este proyecto se encontraba frenado, pero las autoridades de la filial local de la empresa francesa notaron “una mejora y un ambiente mucho más favorable a las inversiones extranjeras en los últimos meses, gracias a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional”.
“Este es un paso clave en el despliegue de nuestra hoja de ruta estratégica, que tiene como objetivo posicionarnos como un actor de referencia en metales para la transición energética”, dijo desde Francia Christel Bories, presidenta y directora ejecutiva del grupo galo.
“El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero”, había dicho el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias de marzo pasado, a la vez que anunciaba incentivos económicos y beneficios impositivos para las empresas que vengan al país a invertir.
También el anuncio se enmarca en la iniciativa del Gobierno nacional que, en abril pasado, conformó la Mesa Nacional del Litio con los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Salta, Gustavo Sáenz, con el objetivo de generar valor agregado en esta actividad extractiva.
El norte de Argentina junto con Bolivia y Chile forman el triángulo del litio, la segunda reserva mundial (70%). Este mineral hace tiempo se volvió clave en la transición energética impuesta por los países del norte global para descarbonizar sus economías y combatir la crisis climática global.
En este esquema, Argentina se ubica en la cuarta posición en la producción mundial de litio, solo por detrás de Australia, Chile y China. Los trabajos de explotación se concentran en la Puna, distribuidos en salares ubicados en Salta, Jujuy y Catamarca.
Según datos de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo, hoy en la Argentina hay dos minas de litio en operación, una en construcción y 18 proyectos avanzados. De las dos minas en operación en el país, una pertenece a Catamarca, la otra a Jujuy, la planta de Olaroz, en el salar del mismo nombre.
Además de las facilidades otorgadas por el Estado, el Código Minero vigente le permite a las empresas extractivas tomar las áreas de explotación como propiedad privada, abriendo conflictos socioterritoriales con las comunidades locales.
Las consecuencias socioambientales y socioeconómicas
La extracción megaminera del litio genera grandes pasivos socioambientales. Requiere perforar profundamente en el salar para llegar hasta la salmuera (agua saturada de sal) que contiene el mineral clave que alimenta celulares, computadoras y autos eléctricos.
El agua salada se bombea a unas enormes piscinas en la superficie y se deja evaporar durante meses, resultando en una solución rica en litio.
Su producción consume una enorme cantidad de agua en los territorios de las comunidades de los pueblos originarios. Para producir una tonelada de carbonato de litio, se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce.
Entre los impactos socioambientales, esta actividad, en líneas generales, hace uso de químicos tóxicos, provoca la salinización del suelo y la contaminación del agua y el aire, y afecta las producciones locales, lo que se traduce también en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región.
La mayoría de los enclaves megamineros como el litio se encuentran en la parte alta de la cordillera de Los Andes, lo que puede conducir a una potencial contaminación aguas abajo de los ríos que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas.
Las empresas se instalan sin el consentimiento de las comunidades y los proyectos que existen ya se aprobaron sin regulación o estudio de impacto ambiental.
Las comunidades buscan que se aplique el convenio 169 de la OIT, para que haya consulta previa, libre e informada. En el caso de la cuenca de Salinas grandes, por ejemplo, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi que estipula cómo llevar a cabo esta consulta. Pero hasta el momento no se respetó este derecho de los pueblos originarios.
Transición energética para el norte, pasivos socioambientales para el sur
Los procesos actuales de transición energética impuestos por el norte global para sustituir hidrocarburos por energías limpias traen para América Latina la intensificación de los problemas asociados al modelo megaminero.
Se externalizan los costos ambientales en regiones del Tercer Mundo que, a la vez, se convierten en zonas de sacrificio en las cuales los países del norte global aseguran sus transiciones energéticas. De esta manera, se profundizan los intercambios ecológicos desiguales y la asimetría entre el norte y sur.
En el marco de esta economía verde que proponen las élites económicas y políticas del sistema mundo capitalista, a su vez, se produce un aumento drástico de la demanda de litio para la electromovilidad (autos eléctricos con baterías de litio) y también del cobalto, níquel, grafito, etc., minerales claves de la nueva economía verde. Si se cumplieran los Acuerdos de París para mitigar la crisis climática, para 2040, el Litio va a multiplicar su extracción en un 40%.
Estos países ricos, que con sus modelos de consumo y despilfarro capitalista son los principales responsables del colapso socioecológico, son los mismos que ahora traen sus dólares a Latinoamérica para invertir en energía verde y usar los recursos naturales de la región para mitigar los efectos del colapso que ellos mismos provocaron.
En este sentido, ya está sucediendo que los países del primer mundo aseguran su propia supervivencia a costa de los salares y la biodiversidad de regiones del tercer mundo. Es decir, externalizan impactos socioambientales para mantener los elevados niveles de consumo que mantienen en sus sociedades.
Tal es el caso, entre otros, del proyecto minero Tres Quebradas, de la multinacional canadiense Neo Lithium, ubicado en el salar del mismo nombre a más de 4.000 metros de altura en la Cordillera de Los Andes, en la provincia de Catamarca.
Este salar integra el sistema de Lagunas Altoandinas y Puneñas, protegido desde 2009 por el Convenio Ramsar para la conservación internacional de humedales. Sin embargo, con la aprobación del gobierno provincial, el proyecto extractivo avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de los pueblos indígenas y sin contar con un estudio hidrogeomorfológico, que calcule la capacidad de recarga del acuífero, para una actividad que precisa extraer dos millones de litros de aguas subterráneas por cada tonelada final de litio.
Es decir, la empresa opera sin saber cuántas precipitaciones son necesarias para que la laguna no se seque si se mantiene un ritmo de extracción de millones de litros de salmuera de las aguas subterráneas.