El 4 de noviembre de 2007 se desataba un motín en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Santiago del Estero, cárcel con capacidad para 200 reclusos donde convivían, en condiciones extremas de hacinamiento, más de 460 presos, la mayoría de ellos sin condena firme. La protesta tenía como ejes la aceleración de las causas […]
El 4 de noviembre de 2007 se desataba un motín en la Unidad Penitenciaria N° 1 de Santiago del Estero, cárcel con capacidad para 200 reclusos donde convivían, en condiciones extremas de hacinamiento, más de 460 presos, la mayoría de ellos sin condena firme. La protesta tenía como ejes la aceleración de las causas de los detenidos, mejoras en la alimentación y en el trato a las visitas, y derivó en una quema de colchones en el pabellón 2. Como en Magdalena, mientras los agentes del servicio penitenciario provincial reprimían y dejaban encerrados a los presos, 34 de ellos murieron por inhalación de los gases que se desprendían de los colchones. En las inmediaciones del penal, los familiares que se acercaban en busca de información fueron reprimidos con gases, palos y balas de goma por el Grupo Especial para Tareas y Operaciones de Alto Riesgo (GETOAR), de Infantería, de la División Canes y de distintas comisarías apostados allí para que no se altere el sacrosanto «orden».
Desde el gobierno provincial se argumentó que el motín se originó tras un intento de fuga alertado por los penitenciarios y que los presos, enfurecidos, «prendieron fuego todo a su paso, cayendo ellos mismos en una trampa mortal», según las declaraciones del juez Ramón Tarchini. Los familiares de las víctimas denunciaron que fue el propio SPP quién tras una violenta requisa mandó a los presos del pabellón 2 a los baños e iniciaron el fuego que ocasionó las muertes.
Desde entonces, se produjeron en la Unidad Penitenciaria N° 1 distintos motines menores provocados por el incumplimiento de las mejoras en las condiciones de detención. El 5 de diciembre, un recluso prendió fuego su colchón (que no han sido cambiados por ignífugos, pese a la reciente masacre) y diez de sus compañeros de pabellón debieron ser hospitalizados por principio de asfixia. El 12 de diciembre dos reclusos con prisión preventiva amenazaron con arrojarse al vacío desde el techo del penal si sus causas no eran debidamente analizadas por las autoridades judiciales.
El pasado 4 de enero, al cumplirse dos meses de la masacre, los familiares de las 34 víctimas realizaron una marcha exigiendo justicia y fueron provocados por policías que se desplazaban en un móvil. Los entredichos terminaron en represión, con mujeres heridas por golpes de culata en el pecho, palos y balas de goma.
Más recientemente, el 8 de enero, otro motín terminó con doce presos heridos, dos de ellos en muy grave estado por la inhalación (otra vez) de los gases que se desprendieron de los colchones. El subsecretario de Justicia de la provincia, Ramiro Santillán, desfachatadamente, declaró ante los medios de comunicación que «se trató de un hecho aislado».
A dos meses de la masacre de la UP N°1 de Santiago del Estero, la justicia provincial procesó a cuatro directivos del penal y a 12 guardiacárceles por «homicidio culposo», es decir por negligencia, a pesar de que se comprobó que los candados del pabellón 2 no fueron abiertos para evitar las muertes, y por «abandono de persona seguido de muerte». Los imputados, como suele suceder cuando se trata de funcionarios políticos o policiales, se encuentran en libertad.
Por otra parte, el 7 de enero en el penal de la localidad santafecina de Las Flores, Claudio Díaz, de 22 años, confinado en un «buzón», murió como consecuencia de las quemaduras que le afectaron el 90% del cuerpo tras una quema de colchones para protestar por las condiciones de detención que sufren cotidianamente los privados de la libertad. En el mismo penal, también en celdas de castigo, Gustavo Vallejo, de 20 años, sufrió quemaduras y un cuadro de intoxicación por monóxido de carbono, y se encuentra internado en un hospital de la capital provincial. Desde el penal, la versión oficial sostiene que Díaz se envolvió con su colchón, se prendió fuego, que los penitenciarios no pudieron hacer nada para evitar las graves quemaduras y que la investigación -que seguramente determinará que se trató de un suicidio- estará a cargo de la sección Homicidios de la policía provincial.
Once días después de la masacre de Santiago del Estero, Néstor Kirchner dijo, durante el último tramo de la demolición de la cárcel de Caseros -inaugurada en 1979 por Videla-, que «el mejoramiento profundo del sistema penitenciario argentino» es una de las asignaturas pendientes que le legará al gobierno de su esposa Cristina Fernández. Seguramente, al finalizar el mandato de Kristina, la situación en las cárceles de todo el país seguirá siendo una «asignatura pendiente» que deberá resolver, como siempre, el próximo gobierno.