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«La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por lo tanto, sólo es posible mostrar su existencia cuando se ha consumado el ciclo histórico, y siempre que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan».[i]
I. Presentación
El propósito de estas líneas consiste en discutir algunas hipótesis relativas a la relación entre Estado y sociedad civil en la Argentina desde 1984 hasta la fecha[ii]. El escrito supone algún conocimiento previo sobre los distintos discursos acerca del pasado articulados en las primeras dos décadas de vida democrática en nuestro país, tras largos años de autoritarismo, inestabilidad política y, last but not least, la destrucción deliberada y sistemática de todos los marcos de organización y acción colectivos. En especial, nuestro recorte se detendrá en aquellos discursos recientes referentes al Terrorismo de Estado y al posterior genocidio acaecidos a partir de 1976 por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
A través de los diversos hitos del trayecto, a través de de los distintos tópicos hegemónicos en la esfera pública en cada contexto concreto, a través de la elaboración de diferentes formas de narraciones alternativas, así como de prácticas políticas novedosas -destacan aquí los llamados «escraches»- intentamos aportar a la construcción de una mirada que, sin dejar de reconocer el inmenso aporte a la conciencia pública realizado por las distintas organizaciones y formas de militancia orientadas hacia la defensa de los derechos humanos, indague, más allá de sus propios (y, muchas veces, autorreferenciales[iii]) relatos, las causas profundas de la persistencia en la sociedad de una problemática constantemente renovada, con indiferencia de las distintas políticas oficiales al respecto. Entendemos que una respuesta, aunque sea parcial, a dicho interrogante, significará un aporte indudable a la comprensión del grado y profundidad del compromiso de la sociedad argentina con el régimen democrático imperante, a sus raíces históricas, etc.
2. El proceso histórico 1984-2005: algunas hipótesis de trabajo.
«Gran parte de la historia de los de abajo es como el trazo del antiguo arado. Puede parecer que desapareció para siempre con los hombres que araron el campo hace muchos siglos. Pero todo fotógrafo aéreo sabe que, bajo cierta luz y desde cierto ángulo, las sombras de los caballones y los surcos olvidados hace mucho tiempo todavía son visibles»[iv]
Existe una fuerte imbricación entre la consolidación institucional del régimen democrático y la capacidad política de la sociedad argentina de demostrar su voluntad de revisar el pasado reciente en lo que refiere a las temáticas mencionadas. Una prueba de ello puede hallarse en las dificultades que tuvo que enfrentar el gobierno radical de Raúl Alfonsín -quien estaba desde un principio absolutamente negado a la posibilidad de una movilización popular- para encontrar una solución «política» satisfactoria al conflicto creado al interior de las FFAA -y, especialmente, entre la suboficialidad, luego beneficiada por la Obediencia Debida- luego del Juicio a las Juntas (es decir, hacia 1987).
Pero, al mismo tiempo, la consolidación de dicho régimen democrático es posible sólo en la medida en que se impone una valoración de dicho pasado en el conjunto de la sociedad. Y esa valoración, en el caso del alfonsinismo, ya superaba largamente, para 1985, la explicación oficial conocida como «Teoría de los Dos Demonios»[v], como se vio con claridad -amén de en su propia victoria electoral, frente a un peronismo que salía de la masacre demasiado raleado, demasiado identificado con los militares y el isabelismo- en el caso de los levantamientos militares de Semana Santa y Villa Martelli, ambos repudiados por espontáneas movilizaciones populares.
Para 1990, la oposición general al indulto menemista demostraba a la legua que la sociedad -aunque incapacitada, debido a la falta de canales, espacios y fuerzas de expresión, coordinación y acción, todos ellos físicamente destruidos por la última dictadura- había hecho su propio balance.
Y, de hecho, la década menemista puede verse como un lento reconocimiento, que culminará hacia 1995-1996 -digamos, entre el discurso público de Balza y la multitudinaria marcha por los veinte años- por parte del oficialismo de la importancia de esa cuestión, aún cuando las Fuerzas Armadas habían ya dejado de ser un actor político desde los años posteriores a 1990[vi].
En la edificación de las narrativas predominantes sobre el Terrorismo de Estado y el Genocidio inciden, indudablemente, factores referidos a la coyuntura política, al activismo cívico, a las políticas oficiales, etc. En ese sentido, el reconocimiento oficial, hacia mediados de los noventa, de la existencia de una cuestión irresuelta por parte de quienes menos interesados podían estar en su resolución habla por sí mismo. Pero la contribución decisiva debe rastrearse en una corriente de discursos y prácticas que, en su perduración, juegan el papel de variables parcialmente independientes, y demuestran un arraigado (aunque a veces silenciado) consenso social contrario a la política del olvido.
Dicho consenso no se ha expresado, sin embargo, como estamos acostumbrados a pensarlo, de manera abierta, en una suerte de contienda franca por el sentido asignado al pasado, y, en consecuencia, por las medidas necesarias a tomar en el presente. Es decir, la lucha contra hegemónica ha adoptado un perfil de orden más bien privado, que sólo poco a poco fue adquiriendo una fisonomía pública, cuando su propia trayectoria de maduración coincidió -de modo nada casual- con la progresiva asunción de responsabilidades del Estado argentino como tal[vii].
De nuevo, resalta aquí la vinculación entre activismo y opinión pública que se abrió en los mencionados «escraches». Los vecinos participaron activamente en las protestas, mostraron claramente su malestar y tomaron conciencia de la barbarie que significaba tener en el barrio a torturadores, violadores y asesinos que se creían impunes o diferentes de cualquier delincuente simplemente por haber llevado el uniforme militar al mismo tiempo que realizaban sus crímenes.
Pero muy pronto, fueron esos mismos ciudadanos corrientes los que tomaron la posta: primero, al acercar ellos mismos la información necesaria para los escraches; luego, al organizarlos por sí mismos, sin necesidad de las organizaciones.
En tiempos recientes, la consolidación del poder democrático, la coyuntura política favorable derivada del alto grado de movilización social posterior al 20 de diciembre, etc., han permitido la emergencia a superficie, tanto del mencionado consenso respecto de un discurso acerca del Terrorismo de Estado, como de las contradicciones prácticas y oposiciones diversas que dicha emergencia desata[viii].
Es de resaltar que este consenso trasciende tanto las políticas estatales (que, a lo sumo, intentan montarse a caballo del mismo), como el discurso de las propias organizaciones de derechos humanos[ix]. Este discurso, en su emergencia, permite avizorar un fenómeno relativamente novedoso respecto de los años noventa: el retorno a la disputa política -por el presente, desde el discurso sobre el pasado- de diversos sectores de la sociedad, y especialmente, de sectores subalternos largamente marginados de la vida cívica.
[i] En Gramsci, A.: Antología, México, Siglo XXI, 1999, p. 493.
[ii] Este texto corresponde al intento de abrir un debate serio y diferente sobre el tema señalado, entre quienes creemos en la importancia decisiva que tiene la cuestión de los derechos humaos como herramienta para la construcción de una nueva sociedad.
[iii] En dichos relatos, muchas veces la imagen del militante aparece como la de un iluminado que lucha con denuedo en el marco de una sociedad entregada por entero al fascismo. No me parece aceptable esta explicación, pues siendo las organizaciones de derechos humanos -y la cantidad de militantes políticos en general- no demasiado significativos en términos numéricos, su incidencia social es proporcionalmente altísima. En otras palabras, no es la acción militante solamente la que explica la persistencia del tópico aludido.
[iv] Hobsbawm, Eric: Sobre la historia, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 212-213.
[v] Para esta explicación, la sociedad había sido víctima de la violencia desatada por dos bandos que pugnaban por obtener el control del Estado. Guerrilleros y militares eran igualmente culpables de haber generado un conflicto artificial frente a una sociedad mayoritariamente absorta ante la contienda. Esto, desde luego, simplifica enormemente la historia argentina posterior a 1955, en donde podemos encontrar las raíces de dicha conflictividad, así como su hondo calado en todos los grupos sociales.
[vi] El levantamiento del 3 de diciembre de aquel año, que culminó en la represión de los sublevados -y no en oscuras negociaciones de antecámaras, como era el caso del gobierno de Alfonsín- fue el último acto político de las FFAA. Desaparecía así uno de los actores protagónicos de la vida política argentina, al menos, desde la Semana Trágica de 1919.
[vii] Referente central de procesos de este tipo ha sido Scott, James: Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, México, Era, 2000.
[viii] Un caso paradigmático ha sido la derogación, y luego la más ambigua anulación, de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida por parte del Parlamento, en una medida -nos referimos a la anulación- que tal vez ni siquiera tenía la atribución de tomar, y que no tuvo consecuencias prácticas reales, pero que fue profundamente sentida de modo positivo por la sociedad. Sin embargo, esa misma sociedad no ha reclamado el verdadero gesto: el fallo sobre la constitucionalidad de dichas leyes por parte de la recompuesta Corte Suprema de Justicia. La ausencia de dicho fallo es en realidad lo único que separa a los condenados en el Juicio iniciado en 1985 de cumplir su sentencia.
[ix] Menos cívico en su estilo y reivindicaciones, menos monolítico en su comprensión de lo que los derechos humanos representan en el presente, este discurso ha evidenciado fisuras significativas producto de la polarización social que resultó del proceso socioeconómico argentino hacia 2001.