Una de las opciones más fáciles cuando un indicador económico no deja satisfechos los oídos del Gobierno es criticar la metodología con la que se confeccionó. Ese fue el camino por el que transitó la mayoría de los ministros de Economía de los últimos años. Ya en las últimas elecciones la empresa española INDRA censuró […]
Una de las opciones más fáciles cuando un indicador económico no deja satisfechos los oídos del Gobierno es criticar la metodología con la que se confeccionó. Ese fue el camino por el que transitó la mayoría de los ministros de Economía de los últimos años. Ya en las últimas elecciones la empresa española INDRA censuró por primera vez los datos de los votos en blanco y los porcentajes de abstención. Si a esto se le suma la casi desaparición de críticas serias del periodismo profesional, cooptado y pagado por la publicidad y los «sobres» oficiales, tenemos un panorma más claro de la libertad de opinión con el neopopulismo montonero de K.
La actual jefa del Palacio de Hacienda, Miceli, no fue la excepción. Cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) comunicó hace 10 días que el abismo entre los que más ganan y los que menos ingresos se hizo más notorio, la ministra criticó el indicador que mide el gasto en salud, educación, agua potable y planes de empleo, entre otros rubros. Es que Miceli es como la emperatriz de Rusia, la cual, al viajar al interior del imperio zarista y no poder soportar lo miserables caseríos de sus súbditos, ordenaba cubrirlos a su vista con decorados al estilo Hollywood en colores pastel. Ni más ni menos que Miceli…bueno, salvo que la emperatriz nunca coqueteó con ser «guevarista». ¡Pecado de juventud, Felisa!
Sin embargo, el ministerio que conduce Miceli elabora y publica algunos números que explican el porqué del crecimiento de la brecha. ¿Lo cerrarán por antipopulistas? Uno de ellos, quizás el más importante, sean el monto y el destino del gasto social. Y mal que le pese al neopopulismo en boga, el dinero que la administración de Néstor Kirchner destinó al gasto social está un 10% por debajo del la cifra que el «neoliberal» Menem asignó en 1994, y un 15% por debajo del año 2001 (al aburrido De la Rua¡¡¡), cuando se desató la crisis que hizo tambalear al «Capital-Parlamentarismo».
Según los últimos datos disponibles en la Dirección Nacional de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, dependiente de la Secretaría de Política Económica, en valores constantes -es decir teniendo en cuenta la inflación- en 2004 se destinaron $ 45.569 millones de pesos, frente a los 56.055 millones de 1994 o a los 59.550 millones que se registraron en 2001.
Si bien los datos de 2005 aún no están disponibles en la dirección, las estimaciones privadas concuerdan que el gasto social aumentó pero que aún está lejos de los valores de la década del noventa. De un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) -elaborado en base al aumento del gasto público total y al gasto público social en el presupuesto del año pasado- surge que en 2005 se utilizaron $ 51.038 millones. Es decir, se llegó a valores similares a los de 1993.
De acuerdo con las respuestas que da la población en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el Indec informó que en el tercer trimestre de 2005, el 20% de las personas que perciben ingresos en la Argentina se queda con el 53,6% de la torta, mientras que, en el otro extremo, un 40% de la población debe conformarse con el 11,7% de los recursos.
«La desigualdad aumentó de manera notoria; se situó por encima de Brasil. La Argentina es el país más desigual de toda América latina», dijo Jorge Paz, profesor del CEMA y de la Universidad de Salta.
Otro dato que demuestra el deterioro de la distribución del ingreso es la brecha entre lo que gana, en promedio, el 10% de las personas ubicadas en la franja más elevada y el decil más pobre. La diferencia entre una y otra punta es, al tercer trimestre del año pasado, de 30,8 veces. Y lo que es más ilustrativo es la tendencia, que cada vez los aleja más: en el segundo semestre de 2004, la brecha había sido de 28 veces. Inmediatamente después, Miceli apuntó al organismo estadístico: ¡cómo se atreve a contradecir a la propaganda oficial!.
«La ministra dijo que la metodología del Indec no es completa porque no incluye el gasto social, pero lo que sucede es que el gasto social está por debajo de los niveles de los noventa», refutó sin querer Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL). «Lo que sí disminuyó es la pobreza y la indigencia, básicamente porque la clase media baja, que había caído a niveles de pobreza, salió. Además, muchos indigentes pasaron a pobres», agregó.
Según el experto, gran parte de la causa del fenómeno es la disparidad entre los salarios formales e informales, que supera el 40 por ciento. «La brecha entre salarios formales e informales ahora es mayor», sostuvo. Pero esta brecha palnificada del mercado laboral… ¿no es acaso el modelo de acumulación que inició Duhalde y continúa Kirchner? ¿No se basa este modelo en salarios congelados de estatales y jubilados, superexplotación del trabajo precario y en negro, y trabajo negado de dos dígitos?
Eduardo Fracchia, director del área de economía del IAE de la Universidad Austral, dijo que la relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre era en la década del 70 de ocho veces. ¿Con la democracia del capital no se comía, se curaba y se educaba?
«Eso se fue ampliando hasta llegar a 15 en los años 90, hacia fines de la década pasada llegó a 25 y ahora está en 30», agregó. Respecto de las posibles causas, además de la diferencia entre salarios formales e informales, Fracchia apuntó al tipo de cambio. ¿Pero el tipo de cambio, para trasvasar ganancias del trabajo al capital, no es el modelo de acumulación de Duhalde y Kirchner, disfrazado de proteccionismo?
«El dólar alto hace que haya una mayor concentración de ingresos, va contra la distribución equitativa del ingreso porque concentra más poder en pocos sectores. América Latina es muy rico, pero muy injusto», finalizó.
Vigoroso crecimiento
Jorge Colina, investigador jefe de Idesa, sostuvo que el vigoroso crecimiento de la economía choca contra los recientes datos del empeoramiento en la distribución del ingreso.
«Algunos datos del Ministerio de Economía dan pie a pensar que la distribución del ingreso empeoró. Uno de ellos es que el gasto social medido a precios constantes que está por debajo del promedio que tuvo en la década pasada», indicó.
Para Colina, la explicación de este fenómeno está en que la actual visión de la política social. «Probablemente motorizado por la emergencia social, el Gobierno ha concentrado su atención en el gasto asistencial, principalmente, el Plan Jefes de Hogar y los programas alimentarios, mientras que los principales componentes del gasto social, que son las jubilaciones, los sueldos docentes y los salarios del sector salud, han perdido mucho poder adquisitivo como consecuencia de la inflación», explicó.
El economista y diputado nacional por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Claudio Lozano, calificó de falso el argumento que utilizó Miceli. «El gasto social habría que medirlo globalmente, es decir, no sólo incluir lo que reciben del Estado los que menos tienen sino también lo que se les da a los más ricos. Aquí entrarían los 4300 millones de pesos de exenciones impositivas que les dan a las empresas y que les generan mayores rentas. Si se hiciera así, la brecha sería más grande», dijo Lozano. Es decir: los trabajadores aportan un 50% de su salario en sostener un estado que año a año aumenta la diferencia entre ricos y pobres. Una contradicción curiosa.
Exportar a costa de la alimentación de los trabajadores
A juzgar por la recuperación del PBI y el notable crecimiento en las exportaciones, el 2005 fue un año excelente. La Bolsa está exultante, Méndez, el capitoste de la UIA, repite que este gobierno es el que mejor los ha tratado en los últimos veinte años. Se cambian precios fijos que nadie cree por suculentos beneficios. Por eso, los escasos progresos en materia social generan sorpresa en un gobierno populista, que lidera la tercera vía, ya no sabemos si bolivariana o indigenista o de la inmigración suiza. Estas tendencias divergentes tienen un mismo origen: los ajustes asociados a la devaluación que intentaron aumentar la tasa de ganancia del capital.
En particular, gracias a la nueva política cambiaria se produjo un importante aumento en las exportaciones y una brusca caída en las importaciones. Comparado con la situación previa a la crisis del 2002, la mejora en la balanza comercial no se sustenta en mayores niveles de producción, sino en la contracción del consumo interno y, en menor medida, en disminución de la inversión. Este sacrificio de las familias no se distribuye de manera proporcional, sino que es mucho más intenso entre las familias pobres.
Una forma muy gráfica de ilustrar el fenómeno es analizar el caso de un producto de consumo popular y alta necesidad, como la leche. Según datos oficiales:
· En 1999, un trabajador contratado «en blanco» podía comprar con su salario mensual 1.035 litros de leche; un trabajador «en negro» podía comprar 543 litros.
· En el 2005, el trabajador «en blanco» puede comprar sólo 800 litros mientras que el trabajador «en negro» puede comprar apenas 283 litros de leche.
· El nivel de producción de productos lácteos en el 2005 es similar al de 1999, pero las exportaciones son un 30% superior.
Los aumentos en la producción observados entre 2002-2005 apenas fueron suficientes para recuperar los niveles previos a la crisis. A igual nivel de producción que en 1999, las mayores exportaciones son equivalentes a un menor consumo interno. Estimando el crecimiento de la población en esos 6 años, se llega -según datos del Ministerio de Economía- a una caída del consumo interno per capita de lácteos del orden del 20%.
El agravante es que el impacto fue muy heterogéneo entre diferentes tipos de hogares. Prueba de ello es que la caída en la cantidad de litros de leche que puede comprar un asalariado «en blanco» es de 23%; mientras que para los asalariados «en negro», típica fuente de ingresos de los hogares pobres, fue del 48%. El mismo panorama, sólo con diferencias de matices, se puede plantear para mucho de los productos que juegan un papel clave en el nivel de bienestar de los hogares más humildes. Esto permite generalizar la idea de que buena parte del auge exportador de los últimos años está siendo financiando con la contracción del consumo popular.
Dos hechos son decisivos para explicar este impacto distributivo regresivo de un tipo de cambio muy alto. Por un lado, los alimentos tienen una alta ponderación en la composición de las exportaciones y en la canasta de consumo de los pobres. Por el otro, el principal demandante de mano de obra no calificada son los sectores no transables, que son precisamente los que no se benefician con la devaluación. En la nueva estructura de precios relativos, los pobres sufren con mayor intensidad el ajuste, tanto por los aumentos de precios de los alimentos (dado que son demandantes intensivos de estos bienes) como por la caída de sus ingresos (dado que son oferentes intensivos de mano de obra no calificada).
Acuerdos de precios, retenciones crecientes y oscilantes, aumentos centralizados de salarios y el rechazo a reformas estructurales, más que aportar soluciones, consolidan el problema. Esta combinación de políticas difícilmente revierta la regresividad que subyace en los ajustes que produce la devaluación, pero seguramente agrega nuevos factores que desalientan la inversión.
Por el contrario, transformando la organización y la administración del sistema impositivo, los criterios de asignación del gasto público, y sosteniendo reglas claras y racionales es posible inducir inversiones. Esta es la vía para un crecimiento genuino de las exportaciones, es decir, fundado en que el país produce más y no en que la gente consume menos. Si además es acompañado por un mejor funcionamiento del mercado laboral, todos los argentinos -no un grupo minoritario, como hasta ahora- podrán disfrutar de los beneficios del crecimiento económico. Instrumentos de impacto más inmediatos como la devolución del IVA sobre los alimentos y un mínimo no imponible para el cálculo de las cargas sociales, podrían aportar paliativos importantes sin colisionar -como ocurre con los acuerdos de precios o las retenciones- con una estrategia consistente de largo plazo. Si los trabajadores no llegan a 2700 calorias por día, y es probable que la mayoría ronde en las 2000, reflexionen que lo estamos haciendo para reconstruir al digno capitalismo argentino. De eso trata el «Pais en Serio»…