Milei y Bullrich vienen a por los trabajadores estatales

Organizaciones del ámbito sanitario convocaron a una conferencia de prensa el jueves 14 de septiembre, a las 9:30, en la Sala Anexo C del segundo piso del Congreso de la Nación, ubicada en Avenida Rivadavia 1841 de la Ciudad de Buenos Aires, ante lo que consideran “una nueva avanzada para eliminar el ministerio de Salud, desmantelar y privatizar el Sistema Público de Salud con vouchers».

En este marco, presentarán una plataforma de acuerdos y compromisos mínimos para mejorar el actual Sistema Público de Salud, consolidando un rumbo en la recuperación de derechos en el plano social y sanitario, y alertarán sobre la mercantilización de la Salud Pública y sus consecuencias sobre derechos conquistados.

Convoca la “Multisectorial 15 puntos por el Derecho a la Salud en Argentina”, que nuclea a organizaciones gremiales, sociales, políticas, académicas y universitarios. El objetivo de la conferencia fue “dar a conocer un pronunciamiento público y distintas líneas de acción que se llevarán a cabo ante una nueva avanzada para eliminar el ministerio de Salud, desmantelar y privatizar el Sistema Público de Salud con vouchers».

“Desde una amplia convergencia multisectorial, que incluye un amplio abanico de representaciones partidarias, sindicales, académicas, sociales y pluriculturales, alertamos sobre esta situación y volvemos a proponer una plataforma de acuerdos y compromisos mínimos para mejorar la actual situación del Sistema de Salud, consolidando un rumbo en la recuperación de derechos en el plano social y sanitario (…). Buscamos evitar la mercantilización del Sistema que sólo aparejará más enfermedad y más gasto por parte de los y las pacientes. La disyuntiva sigue siendo Salud Universal como Derecho versus Salud como Mercancía (…). Además, las narrativas de algunos candidatos presuponen la anulación de muchas conquistas en materia de derechos, como la Ley de Salud Mental, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con cobertura integral y gratuita, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, las actuales coberturas de Obras Sociales solidarias, como el PAMI y otras. A su vez, se propone un panorama de ajuste presupuestario y otras reformas regresivas (laboral, previsional, educativa, etc.) en los marcos del acuerdo con el FMI”, afirman las organizaciones convocantes a través de un comunicado.

Ante las consecuencias de estas posibles medidas, manifestaron: “No sólo influirá en la calidad y el acceso a prestaciones y servicios de los sectores populares y la clase trabajadora, sino que generará más precarización laboral, achicamiento de planteles de salud, más gasto directo por parte de los pacientes, más listas de espera; en definitiva, un brusco deterioro de las condiciones de salud de la población”.

“La experiencia de la Pandemia corroboró en la Argentina la importancia de la acción estatal en el cuidado y la atención de la Salud colectiva. Un ejemplo fue establecer que nuestra aerolínea de bandera se ponga a disposición de las necesidades de insumos sanitarios. Estas decisiones políticas fueron la conjunción de la acción estatal, la actitud heroica de los equipos de salud y de todxs lxs trabajadorxs (docentes, transportistas, gráficos, cooperativistas, trabajadores informales, etc.) que siguieron sus actividades y nos pusieron a salvo de una mega tragedia sanitaria”, finalizan.

Integran la Multisectorial 15 puntos por el Derecho a la Salud en Argentina: ALAMES, ALAPA (PACIENTES), APSS TRABAJADORES SOCIALES CABA, ATE ARGENTINA, ATE CAPITAL, CORRIENTE NUESTRA PATRIA, CTA AUTÓNOMA, CTA DE LOS TRABAJADORES, CICOP, ESPACIO INTERSINDICAL SALUD Y TRABAJO, FESPROSA, FESINTRAS, FRENTE TRANSVERSAL, INSTITUTO PATRIA, IOMA, LIBRES DEL SUR, MOVIMIENTO EVITA, MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SIPRUS, LA CÁMPORA SALUD, OSPLAD, MOSAPRO, FUNDACIÓN SOBERANÍA SANITARIA, FORO SALUD VECINOS ZONA NORTE, PARTIDO COMUNISTA, UNIDAD POPULAR, UNIÓN POR LA PATRIA, UTEP, OBRA SOCIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN, MISIÓN IRMA CARRICA, SITRE, AGRUPACIÓN RENÉ FAVALORO TRABAJADORES SALUD, CORRIENTE POPULAR EVA PERÓN

Recrudece el conflicto de salud en todo el país

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas) realizó un paro el 5 de setiembres y votó una nueva jornada con cese de tareas para el viernes 15 de septiembre. El pliego de reclamos sigue siendo: recomposición salarial, otorgamiento de licencias por estrés, pase a planta permanente y reapertura de paritarias.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) llamó a parar por tiempo indeterminado, ante la firma de un aumento salarial espurio y muy lejos de lo pretendido. Además, exigen que las autoridades sanitarias honren el acuerdo asumido con respecto a la Ley de Carrera Sanitaria.

En Chaco, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública (Aptasch) convocó a un nuevo paro por 72 horas para miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de septiembre. La medida responde a las sucesivas ofertas salariales que no alcanzan a recomponer el salario de los y las trabajadoras de la provincia.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (Siprus) llamó a parar el miércoles 6, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se debe a la falta de respuesta al pedido de pago del bono anunciado por Nación y para que se aplique la cláusula de revisión salarial de manera mensual. Además, repudiaron la no convocatoria a las reuniones técnicas planteadas en la última reunión paritaria.

En Neuquén, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública (Siprosapune) realizó un paro el jueves 7, en reclamo a la Ley de Carrera Sanitaria y por la efectiva aplicación de las recategorizaciones establecidas en el convenio vigente. La medida de fuerza contó con la presencia de María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y el secretario general, Jorge Yabkowski.

En tanto, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) se reunió con otros gremios de trabajadores y trabajadoras estatales de San Luis y decidieron elevar una nota al gobernador, Alberto Rodríguez Sáa, solicitando una audiencia para poder plantear la realidad de los trabajadores estatales y buscar una solución en conjunto.

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) llamó a un Congreso para el viernes 8 de septiembre en la localidad de General Roca. Allí definieron las acciones a seguir.

Trabajadores de Salud porteños marcharon solicitando aumentos de salarios

Nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), empleados de la salud de diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires realizaron un paro el miércoles pasado en reclamo al Gobierno porteño por “un aumento salarial de urgencia” y el pago de una “suma fija” similar a la que otorgo el Gobierno nacional.

Exigieron también el reconocimiento a los Licenciados en Enfermería y el pase a planta de los trabajadores contratados. El referente de la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Ortiz, expresó que el sector “no puede vivir con sueldos de 180.000 pesos”.

”Por eso le vamos a dejar un petitorio al ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires para ver si toma conciencia de lo que está pasando en el distrito. Hace 12 años venimos viendo cómo se están destruyendo nuestros Hospitales. El Presupuesto pasó de 22% a un 15%, no tenemos tecnología”, agregó Ortiz.

En ese sentido, el dirigente gremial recordó que existen falencias en el sistema sanitario porteño desde que “Mauricio Macri era jefe de Gobierno porteño, y continúan ahora con Horacio Rodríguez Larreta”.

”Esto quiere decir que desde el Gobierno porteño lo que quieren es cansarnos y vaciar nuestros hospitales para poder hacer un negocio en cada uno de sus terrenos. A su vez, el también enfermero del Hospital Durand enfatizó que “desde el 2018 venimos exigiendo que integren a la Ley 6.035 a los licenciados de carreras universitarias como son los de Bioimágenes, Instrumentación Quirúrgica y Enfermería para que estén como profesionales”.

El delegado de ATE, explicó que “la ley 6.035 permite a los profesionales de salud ser amparados por el marco de la ley, dándoles a los mismos una serie de derechos y obligaciones, las cuales, entre otras, permiten condiciones dignas y equitativas de labor y la posibilidad de acceder a una remuneración económica más justa”.

”No conseguimos que se haga eso. A pesar del esfuerzo que hicimos en la pandemia, murieron 40 enfermeras y seguimos maltratados, pero ellos insisten en dejarnos fuera del sistema”, concluyó.

CABA: paro y movilización de los trabajadores estatales

Los y las trabajadoras estatales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en ATE-Capital realizaron el miércoles un paro de 24 horas y se movilizaron a la sede del Ministerio de Hacienda porteño. Reclamaron al GCBA que adhiera al pago de la suma fija anunciada por el Gobierno nacional y que adelante la próxima discusión paritaria establecida: «El 75 % de los trabajadores del GCBA tienen salarios por debajo de la canasta básica«, advirtieron y señalaron que en el Estado porteño hay más de 20.000 personas contratadas bajo la figura del monotributo. 

La columna de ATE-Capital llegó en horas del mediodía a Martín García al 400, frente al Parque Lezama y a la sede del Ministerio comandado por Martín Mura, con una larga bandera que exigía «basta de precarización laboral«. «Los principales reclamos tienen que ver con la cuestión salarial y con que el GCBA se niega a dar la suma fija que fue anunciada por el Gobierno nacional y que en el día de ayer se firmó para los trabajadores estatales nacionales», dijo Agustina Panissa, secretaria general adjunta del sindicato. 

Según sostuvo Panissa, el GCBA pone como «excusa» para no pagar la suma una supuesta «falta de presupuestos y recursos»: «Hoy denunciamos que la recaudación propia del Gobierno, sin contar coparticipación y otros ingresos, está por encima de la inflación en 30 puntos porcentuales, es decir, que el presupuesto y los recursos están, pero se está usando a los trabajadores en el marco de una disputa electoral», sostuvo la secretaria adjunta. 

El otro reclamo salarial de ATE-Capital fue el del adelantamiento de la próxima revisión paritaria, fijada para fines de septiembre. Según explicaron desde el gremio, en la última discusión se acordó un aumento del 15 %, pero con respecto a los salarios de diciembre de 2022, lo que constituye «sólo un 9,4 real de lo que se venía percibiendo», según advirtió Panissa, quien agregó que «necesitamos plantear una recomposición real del salario».

Durante el acto tomó la palabra Rodolfo Arrechea, secretario de Salud del sindicato, quien advirtió que en su sector «hemos tenido un 11 % de pérdida de poder adquisitivo» y denunció «la discriminación de Larreta que otorgó un reconocimiento por cada año trabajado durante la pandemia sólo para los médicos». Arrechea se refirió así al denominado «2×1», por el que el GCBA reconoció como doble cada año trabajado en pandemia, aunque dejó afuera del beneficio a otros trabajadores de la salud como enfermeros, administrativos y personal de maestranza. El «2×1» afecta, entre otros puntos, a los años de antigüedad o los ascensos de categorías, lo que a su vez impacta en los salarios de los y las trabajadoras. 

Otro de los pedidos de la jornada fue el del pase a planta permanente de los y las trabajadoras que se encuentran en situaciones irregulares dentro del estado porteño. Según Panissa, hoy en día «hay más de 20.000 trabajadores monotributistas«. El reclamo de ATE es que se otorgue el pase a planta al menos a los que ya superaron los cuatro años de antigüedad. 

Movilización de Brigadistas de Incendios Forestales de todo el país

El miércoles 12/9, más de 100 Brigadistas de Incendios Forestales de distintos lugares del país llegaron a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un paro de 96 horas como nueva medida en plan de lucha que llevan adelante desde hace más de 3 años. Reclaman que sus salarios superen la canasta básica y contemplen todas las tareas que llevan adelante, exigen, además, el pase a planta permanente y estabilidad laboral (ya que la gran mayoría trabajan con contratos precarios que deben ser renovados anualmente) y la aprobación del proyecto de ley para la jubilación anticipada por tareas de riesgo. Fueron parte de esta medida trabajadores de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, en representación de miles de brigadistas que trabajan protegiendo la fauna y la flora de bosques y áreas protegidas en todo el país. Frente a la crisis climática que multiplica los incendios forestales cada año, se hace urgente abordar estos reclamos y exigir mayor presupuesto para la protección de nuestros bosques.

Mantuvieron reuniones con el jefe de gabinete del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Manuel Vallone y el presidente de Parques Nacionales, Federico Granato, en las cuales se solicitó que intervengan para que se firme la liberación de los cargos y así, poder llevar adelante los procesos pertinentes para acceder a la planta permanente. A comienzos del año 2021, el ministro de ambiente, Juan Cabandié, presionado por los terribles incendios que ocurrían en distintas provincias del país, los cuales mostraban las condiciones en la que estos trabajadores combatían las llamas, salió a decir que se les había dado la estabilidad laboral a los brigadistas. Casi tres años después, esto no solo resultó ser una mentira, sino que los funcionarios de los distintos organismos responsables patearon las mesas de negociaciones, en el marco del final de esta gestión de gobierno y el inicio de la temporada de altas temperaturas, dejando en la incertidumbre a miles de trabajadores sobre la posibilidad de su continuidad laboral y que ponen en riesgo sus vidas ante cada incendio.

Con una Radio Abierta en las puertas del Congreso, las y los brigadistas también reclamaron a la Cámara de Diputados, el tratamiento del Proyecto de ley de Retiro Jubilatorio Anticipado, el cual ya cuenta con media sanción en senadores. Actualmente las y los brigadistas se jubilan a los 60 y 65 años, respectivamente, sin que se tenga en cuenta el desgaste físico y mental que implican las tareas que llevan adelante. Acompañaron, además, Jubiladxs Insurgentes, quienes cada miércoles se manifiestan frente al Congreso por jubilaciones y salarios arriba de la canasta básica. La jornada de lucha concluyó con una asamblea en la Plaza de los Dos Congresos, votando mantenerse en estado de alerta y movilización, además de realizar asambleas en todos los sectores de trabajo para continuar con el plan de lucha.

Trabajadores del CONICET paran y movilizaron al Polo Científico-Tecnológico

En el marco de la jornada nacional de lucha, que contará con movilizaciones en todo el país, desde la mañana del viernes 15 concentraron frente al Polo Científico-Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz al 2300, en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, también movilizaron desde la mañana en Posadas (Misiones) y Bariloche. Mientras que a las 15:00 en Mar del Plata, Córdoba y Rosario, y a las 17:00 en Santa Fe. Finalmente, este sábado 16 a las 14:00 también movilizaron en Bahía Blanca.

«La jornada de lucha está motivada no solo por los ataques al organismo sino también por el ajuste que sufre actualmente, reflejado en la precarización de la situación laboral y de los ingresos de trabajadores de los cuatro estamentos (administrativos y de gestión, personal de apoyo, becarixs e investigadoxs). Existen efectivizaciones pendientes en las carreras de investigador y personal de apoyo, lo que deja a cientos de trabajadorxs en una situación de gran incertidumbre frente a los ataques y al ajuste en curso. Además, en el salario de investigadores y personal de apoyo solo entre el 10 y el 15 % es salario básico, con lo cual casi el 90% depende de un decreto de jerarquización que puede ser borrado con la simple firma de un presidente desde diciembre», alertan en un comunicado.

Ante esta situación general, reclaman el «pase a planta de trabajadores/as contratados/as y apertura urgente de los concursos ya aprobados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público»; la «efectivización de los cargos de personal de apoyo e investigadores ya concursados»; «recomposición salarial»; «derechos laborales para becarios/as»; y el «pase de los aumentos por jerarquización al básico de investigadores y personal de apoyo».

En este marco, Gonzalo Sanz Cerbino, delegado de ATE-Capital, expresó: «es inadmisible que el gobierno haya llegado hasta acá manteniéndonos en una situación de precarización tal que el próximo presidente pueda con una simple firma desmantelar el CONICET, no cerrándolo sino ajustando al punto de obligarnos a buscar otro trabajo», remarcó.

Acuerdo con estatales

Un día después de bajarse del palco en el que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la suba del mínimo no imponible a los impuestos a las Ganancias, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, cerró en el ministerio de Trabajo un acuerdo de incremento salarial para los empleados públicos nacionales del 23,2% en dos cuotas de 11% para septiembre y octubre, lo que supera la devaluación post PASO. En la negociación también estuvo el secretario general de ATE, Hugo Godoy, quien valoró: «El conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la calidad de vida de los trabajadores».  

El acuerdo para los estatales nacionales alcanzado en el Ministerio de Trabajo define, además, que el bono de 60.000 pesos no será absorbido por el acuerdo paritario. Y el Gobierno nacional también aceptó que la paritaria sea revisada en octubre.  Según informó UPCN,el acuerdo implica un incremento salarial, entre junio y octubre, de 63,89 %, ya que el aumento se aplicará sobre el premio por presentismo, el jardín maternal, viáticos y otros conceptos salariales.

Por su parte, ATE indicó que la primera cuota del bono de 60.000 pesos se cobrará alrededor del 15 de este mes y la segunda con los salarios de septiembre y precisó que será percibido por el personal que cobre haberes netos de hasta 400.000 pesos a agosto último. Mientras que quienes ganen más de 370.000 pesos netos recibirán la diferencia para llegar a los 400.000. 

A pesar de la buena negociación alcanzada este miércoles, el gremio encabezado por Godoy marcó otros pendientes que se continuarán negociando. Entre ellos, será el de incorporar la suma fija de 60.000 pesos como parte integrante y permanente del salario; la necesidad de eliminar la exigencia del período de prueba de 12 meses o la modificación del régimen de licencias, justificaciones y franquicias que rige desde la dictadura cívico-militar. 

De esta manera, el Estado nacional cierra el anuncio hecho por Massa de aplicar una suma fija de 60.000 pesos en los salarios, que en las últimas dos semanas también se trasladó a las provincias. Las posiciones para las negociaciones con los estatales provinciales fueron diversas sin mediar entre oficiales y opositores. Unas 14 provincias -entre ellas Chaco, Salta y la Ciudad de Buenos Aires- informaron que la suma fija era parte de las negociaciones paritarias y que no acatarían la cifra propuesta por el gobierno. 

En tanto, La Rioja, Mendoza, Chubut y Santiago del Estero anticiparon que darían una suma fija, que en el caso santiagueño fue incluso más alta que la propuesta por el ministro de Economía. También se sumó al bono la provincia de Buenos Aires, que acordó un aumento salarial para los trabajadores públicos de la Provincia de Buenos Aires, con una suma fija para aquellos agentes que cobren salarios por debajo de los 400.000 pesos y otra para las jubilaciones menores a los 120.000. Además, generó un fondo especial para asistir a los municipios en sus negociaciones locales.

«¡Afuera!»: los trabajadores del Estado, expuestos a despidos masivos por las promesas de Milei y Bullrich

Por Gabriel Tuñez

Javier Milei, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, toma un fibrón negro y frente al organigrama del Estado comienza a tachar los ministerios que eliminará si llegara a ganar las elecciones nacionales del 22 de octubre. Lo hace en vivo en un programa televisivo. «¡Afuera!», vocifera. Le lleva poco menos de 15 minutos, lapso que le basta para hacer desaparecer diez de las 18 carteras de la actualidad. «El Estado es el pedófilo en el jardín de infantes”, compara días después en otra entrevista.

“En esta Argentina no hay medicamentos, no hay insumos, los médicos y enfermeros cobran miserias, se burlan de los jubilados con bonos que la inflación se devora, pero sobra el dinero para convertir el Estado en un aguantadero del kirchnerismo”, escribe en X, ex Twitter, Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC).

Los dos aspirantes de las fuerzas políticas que más votos obtuvieron en las PASO del 13 de agosto último tienen entre sus principales propuestas de campaña llevar a cabo una importante reducción del Estado, abriendo la puerta a la posibilidad de despidos en las reparticiones de la Administración Pública Nacional (APN). Una estructura en la que, según el último informe de “Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades”, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se desempeñaban hasta julio pasado 343.103 trabajadores, unos 1.422 más que en el mismo mes de 2022. Según estimaciones oficiales, el 35% de ellos ocupan cargos técnicos profesionales: científicos, docentes universitarios, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, entre otros.

La propuesta de reforma del Estado expresada por Milei tiene diferencias con relación a la de Bullrich. El candidato libertario apunta a una estructura estatal mínima en sus funciones al prescindir, según anuncia en cada aparición mediática, de más de la mitad de la APN. Algunos organismos, además, pasarían a manos privadas como advirtió que hará con el Conicet, la principal institución dedicada a la promoción de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Allí se desempeñan, según información oficial, unos 11.800 investigadores e investigadoras, 2.900 técnicos, técnicas y profesionales de apoyo a la investigación, más de 11.800 becarios y becarias de doctorado y postdoctorado y, aproximadamente, 1.500 administrativos y administrativas distribuidos a lo largo del país.

La postulante presidencial de JxC, en cambio, proyecta una reducción del 25% de la dotación de trabajadores públicos, una medida que, en caso de implementarse, dejaría en condiciones de fragilidad a algunos ministerios y organismos. La intención de Bullrich podría asemejarse a la medida que llevó adelante Mauricio Macri durante su gobierno, cuando quedaron desvinculadas del Estado alrededor de 35.000 personas, según comentó la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani.

En aquella ocasión, dijo la funcionaria, la desvinculación de trabajadores y trabajadoras de la APN se llevó adelante en el primer año de gestión de Macri y estuvo localizada en algunos organismos como Agricultura Familiar, Medios Públicos y Cultura. “También se dieron despidos más ideológicos, como dijo en su momento el entonces ministro de Economía Alfonso Prat Gay: ‘No vamos a dejar la grasa militante, vamos a contratar gente idónea y eliminar ñoquis’».

“No hay ninguna forma de llevar a cabo estas reformas que proponen Milei sin despidos de trabajadores y trabajadoras o, peor aún, la refuncionalización del Estado, porque pone en duda la continuidad de servicios básicos”, expresó Castellani.

El relevamiento que difunde el Indec acerca de la dotación del personal de la APN se lleva a cabo desde hace poco más de un año con datos suministrados por la Secretaría de Gestión y Empleo Público, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Para confeccionarlo, toma en cuenta la información que le envían los organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado: anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresarias en las cuales el Estado nacional tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

La puesta en vigencia de este relevamiento fue una decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, a mediados del año pasado. Un año después, Massa también ostenta la responsabilidad de ser el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y competir con Milei y Bullrich en las próximas elecciones. Lo hace con un discurso en el que defiende el rol del Estado, entre otras funciones, “invirtiendo en políticas públicas» que favorezcan a la sociedad.

“Como me comprometí cuando asumimos en Economía, en la página del Indec podrán ver la información del Empleo Público de la Administración Central y de las empresas descentralizadas”, anunció Massa el 30 de septiembre del año pasado. El objetivo del informe era, según Massa, “controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la Administración Pública Nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas”, tal como había establecido por medio de un decreto su antecesora al frente del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, que solo estuvo 24 días en el cargo. 

El 22 de julio del año pasado comenzó a regir la prohibición de designar y contratar personal en el sector público. El decreto 426/2022, con las firmas del presidente Alberto Fernández, de la propia Batakis y del entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, ordenó que las entidades y jurisdicciones del sector público «no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza», una prohibición que comprende a las distintas modalidades de designación y contratación. El fin de la decisión oficial fue “garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal».

La medida, sin embargo, estableció una serie de excepciones focalizadas, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad, entre otras. Además, prevé la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado en la paritaria 2020 con los sindicatos Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El Plan procura regularizar más de 10.000 cargos ocupados bajo modalidad transitoria desde hacía 10 años o más. La iniciativa, se explicó en su momento, no implica un costo fiscal adicional ni tampoco significa un aumento en la dotación, sino que se trata de un cambio en la modalidad de contratación para cumplir con los requisitos de Ley 25.164 de Empleo Público, en vigencia desde 2021.

La Asociación Empresaria Argentina se suma a las recetas ajustadoras

La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a los dueños de las principales empresas, publicó un documento titulado “El sector privado es clave para el desarrollo”. El texto incluye un diagnóstico duro sobre la economía y las recetas de siempre anti obreras de las patronales.

El documento señala que “desde hace largos años convivimos con el flagelo de la alta inflación, con déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda respetada, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con varios tipos de cambio, con injerencias indebidas en el ámbito propio de las empresas como son los controles de precios, o las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior; por solo nombrar algunas anomalías”.

Las patronales cuestionan la inflación, el déficit público, e incluyen el reclamo de siempre de pagar menos impuestos.

El documento de la AEA incluye las clásicas recetas patronales entre las que se encuentran: mayor ajuste fiscal, menor emisión monetaria, profundizar el extractivismo, tarifazos, y reforma laboral.

Ajuste fiscal

El texto dice “la regla de oro en el fortalecimiento de las instituciones económicas consiste en consolidar una macroeconomía estable y previsible, cuyo centro vital es la legitimidad de la moneda. Ello significa implementar políticas fiscales y monetarias consistentes. En el terreno fiscal, es imprescindible equilibrar las cuentas públicas tradicionalmente deficitarias”. Los empresarios recomiendan reducir el déficit, pero también exigen la disminución de impuestos lo que implica menores ingresos y no se reduciría el déficit, o sea, apuntan a ajustar jubilaciones, salarios y programas sociales.

Extractivismo

AEA destaca que “el potencial de nuestro país en materia energética es enorme. Basta solo mencionar lo que significa Vaca Muerta para comprender que Argentina puede aumentar considerablemente sus producciones de gas y petróleo y generar exportaciones muy significativas en pocos años. Lo mismo puede afirmarse respecto de la minería, del sector forestal, la pesca o la generación de energías renovables. Con condiciones climáticas y económicas favorables el sector agropecuario argentino también puede aumentar fuertemente su producción y sus exportaciones”. Existe un consenso extractivista alrededor del agronegocio, fracking y minería contaminante como actividades “necesarias” para el “desarrollo”. Tanto Massa, como Milei y Bullrich coinciden en la agenda extractivista para aumentar las exportaciones en base al saqueo de los bienes comunes naturales para pagar la deuda.

Remarcación de precios

Los empresarios también piden “asegurar la libertad de precios”. El documento señala que “los precios son asimismo un fuerte determinante de la rentabilidad de las empresas. Su manipulación arbitraria genera incertidumbre para la actividad empresaria, e inhibe el planeamiento de nuevas inversiones productivas”. Las grandes empresas concentradas que abastecen el mercado doméstico aprovechan el contexto de inflación para remarcar precios a gusto. Las patronales tienen bastante “libertad de precios”, según un informe de Cifra de la CTA, las ramas altamente concentradas aumentaron sus precios mayoristas 15,1% por encima de la inflación entre 2016 y el primer semestre de 2023, en tanto que las ramas en las que predominan los grupos económicos lo hicieron 25,6% por encima de los precios minoristas.

Reforma laboral

El documento de AEA recomienda “un diálogo con los diferentes actores sociales sobre la necesaria actualización de las normas laborales, teniendo en cuenta las muy variadas condiciones socio-económicas de la población y las disimiles realidades regionales y sectoriales”. Las patronales (como siempre) recomiendan una reforma laboral, que implicará un mayor deterioro de las condiciones de vida la clase trabajadora. El rol que juega la precarización laboral es dividir las fuerzas de la clase trabajadora y dificultar la posibilidad de obtener mejoras en la disputa con el capital por el reparto del ingreso.

La estabilización económica que piden los empresarios solo podrá concretarse a costa de los trabajadores y el pueblo pobre. Los grandes empresarios describen la situación económica como si los rasgos decadentes del capitalismo argentino fueran completamente ajenos a su accionar. Los grandes capitalistas son responsables del vaciamiento sistemático de la riqueza producida en el país, como la fuga de capitales de la burguesía nacional a paraísos fiscales y la consiguiente escasa inversión productiva.

Las patronales omiten que su riqueza se debe en una medida considerable a su acceso privilegiado a los resortes del apoyo estatal como Globant (que integra la AEA), que fue beneficiado por beneficios fiscales.

“Si algo definió a la cúpula económica durante este tiempo, es su capacidad para disociar el desenvolvimiento de sus negocios de la trayectoria declinante del capitalismo argentino. Esta clase supo prosperar, tanto en tiempos de crecimiento como de crisis, aprovechando cada oportunidad que hubo para flexibilizar y abaratar a la fuerza de trabajo, apelando a todos los resortes del apoyo estatal a su disposición (subsidios, protección, financiamiento público, seguros de cambio explícitos o encubiertos), aprovechando masivamente el recurso del endeudamiento externo cuando este fue barato para financiar actividades y girar capitales al exterior (que hoy suman más de un PBI fugado), y reclamando medidas para socializar sus pérdidas cada vez que se produjo un descalabro”, señala el economista Esteban Mercatante.

Las propuestas de AEA apuntan a mejorar sus ganancias con la promesa de un derrame para las mayorías populares. Eso no ocurrió. Como reveló un informe de Cifra de la CTA entre 2017 y el primer trimestre de 2023 durante el macrismo y el gobierno del Frente de Todos, la transferencia de ingresos del trabajo al capital alcanzó los 101.400 millones de dólares.

Jornada de lucha contra el ajuste y el avance de las derechas

La Unidad Piquetera (UP)  marchó a Plaza de Mayo por el hambre y el aumento de los planes sociales. La manifestación comenzó a las 16:30 en Avenida de Mayo y cerró con un acto frente a la Casa Rosada, en la que se montó un escenario para la lectura de un documento.

La movilización tuvo como consigna principal “jornada contra el ajuste y la derecha”. Los reclamos se centraron en la regularización de la entrega de alimentos a comedores y merenderos, así también como en el aumento del monto recibido a través de los planes sociales otorgados por el ministerio de Desarrollo Social.

Otras de las consignas que se escuchó en las calles de la Ciudad de Buenos Aires en el armado de la columna de manifestantes fue “abajo el ajuste del gobierno y el FMI, paremos la ofensiva de Milei y la derecha”.

La manifestación no solo tuvo lugar en la CABA, sino que se replicó en distintos puntos de todo el país ante un contexto de elevada inflación e incremento de precios.

Más de 50 organizaciones se congregaron en el marco de jornada nacional de lucha convocada por Unidad Piquetera, entre ellas el Polo Obrero, Frente de Izquierda Unidad, Partido Social de los Trabajadores, Movimiento Social de los Trabajadores (MST), Centros de estudiantes universitarios, sectores del sindicalismo, fábricas de gestión obrera, organismos de Derechos Humanos e integrantes del Tercer Malón de las comunidades indígenas.

Desde las organizaciones convocantes enfatizaron: “Los que estamos en esta plaza convocamos a unir fuerzas para enfrentar a los ajustadores del gobierno, del Fondo y la derecha que amenaza con derribar todos los derechos de los trabajadores. Tenemos la fuerza de la clase trabajadora en unidad junto al pueblo, somos la mayoría de la población y la que producimos todas las riquezas y garantizamos todos los servicios”.

DOCUMENTO LEÍDO EN PLAZA DE MAYO

14 de septiembre Jornada Nacional de Lucha

¡Abajo el ajuste de Massa y el FMI, contra la ofensiva de Milei y la derecha!

¡Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares!

¡Defendamos la salud y la educación pública de calidad! ¡Aumento del presupuesto para educación y salud!

Frente a las medidas de ajuste que golpean a les trabajadores, jubilades y mucho más a los precarizades y desocupades, que ya sufrimos salarios de hambre y fuimos nuevamente sacudidos por una devaluación de más del 20 % en las últimas semanas, el consiguiente estallido inflacionario que aumentó los precios de los productos de primera necesidad. Y ante la amenaza de candidatos que anuncian la eliminación de derechos, la destrucción lisa y llana de la salud y educación pública apoyados en parte en la demolición de los presupuestos públicos de parte de los gobiernos de las últimas décadas, llamamos a luchar hoy contra el ajuste que destruye los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación y que convierte en papel mojado la defensa de esas conquistas para millones de trabajadores precarizades y desocupades.

Los que estamos en esta plaza convocamos a unir fuerzas para enfrentar a los ajustadores del gobierno, del Fondo y la derecha que amenaza con derribar todos los derechos de los trabajadores. Tenemos la fuerza, la clase trabajadora en unidad junto al pueblo, somos la mayoría de la población y la que producimos todas las riquezas y garantizamos todos los servicios.

Esta acción de lucha convocada por organizaciones obreras y populares será el primer paso para impulsar todos nuestros reclamos, con la unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada, que desafíe de modo abierto la parálisis de la burocracia sindical y su complicidad con la devaluación de Massa y hasta con los planteos de Milei.

En esa misma línea sería una gran bocada de aire fresco que el próximo 16 de setiembre, al cumplirse un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices el movimiento estudiantil secundario salga a la calle contra los represores de ayer y de hoy.

No es posible enfrentar a las amenazas de una derecha reaccionaria y hasta fascista con la clase obrera maniatada y golpeada por el ajuste brutal que hunde en la pobreza y en la miseria a la mayoría de los trabajadores.

Los liberfachos mostraron los dientes con un acto negacionista la semana pasada, la abogada de genocidas y amiga de Etchecolatz, Victoria Villarruel, realizó una provocación con un acto de reivindicación de la dictadura cívico militar genocida de Videla.

Pero no se trata solo de una reivindicación del pasado parte clave del programa de Milei y su vice consiste en la utilización de las FF AA para la seguridad interna, un planteo que comparte tanto con Patricia Bullrich como con Sergio Massa.

Los militares no rechazarían la propuesta, solo piden que se les asegure que no serían juzgados por sus acciones. Una señal inequívoca de que un compromiso así se cumpliera, es avanzar en la libertad de los genocidas detenidos. Ante eso, lo volvemos a reafirmar:

¡Que fue un genocidio!

Que deben seguir en la cárcel todos los genocidas y continuar con los juicios pendientes.

Los trabajadores no podemos bajar la guardia ni frente a las amenazas de los genocidas ni frente al ajuste del Gobierno y el FMI.

Crece cada día más la pobreza en su conjunto, los trabajadores sufren las subas de precios con salarios de miseria.

Mientras el Fondo Monetario sigue exigiendo más ajuste y más padecimiento, nosotros

consideramos que es más que necesario responderles en unidad y en la calle a los ajustadores del gobierno y la derecha.

Es el camino del pueblo de Jujuy, que salió masivamente a enfrentar la reforma reaccionaria del gobierno de Morales y el PJ, y a reclamar contra el ajuste y en defensa de los salarios, en unidad entre los trabajadores desocupados, los trabajadores ocupados, sindicatos docentes y los pueblos originarios.

Una rebelión que se alzó contra la entrega del litio a las grandes multinacionales, como también lo hacen los pueblos que se levantan contra las empresas que contaminan y destruyen la cordillera con la megaminería, contra el avance de la soja y el intento de instalar petroleras en el Mar Argentino, todas políticas extractivistas al servicio del pago de una deuda ilegal e ilegítima con el FMI.

Decimos con los compañeros de los pueblos Originarios ¡Abajo la reforma constitucional reaccionaria del dictador Morales!

¡Basta de extractivismo saqueo y contaminación!

¡Basta de criminalizar la protesta, desprocesamiento ya de quienes luchan! ¡Defender el agua y los territorios no es delito!

Libertad a la Lamien Yessica Bonnefoi, presa por ser Mapuche y el racismo estructural.

Denunciamos al Poder Judicial, las corporaciones y los gobiernos de turno, que junto al aparato represor llevan adelante las políticas de ajuste y de entrega de los bienes comunes. Decimos,

¡No tienen licencia social!

También denunciamos la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación, que a través de la manipulación de la información profundizan los negacionismos, el miedo y el odio en la sociedad, en favor de los poderes concentrados.

Fuera la burocracia sindical por un paro y plan de lucha por un salario igual a la canasta familiar:

Vemos un claro sometimiento de las direcciones sindicales burocráticas a los planes de ajuste del Gobierno y el FMI, ya que deberían haber convocado a un plan de lucha y la huelga general en defensa del salario y las jubilaciones. Reclamamos y luchamos por un paro nacional y un plan de lucha a la CGT y a las CTA por el salario y en defensa de nuestros compañeres jubilades que vienen sufriendo un ajuste insoportable, alejándose cada día más de la canasta de jubilados.

Por eso es necesario unir fuerza por abajo y construir grandes acciones de lucha con todos los que estén dispuestos a luchar.

En este marco de lucha por las reivindicaciones básicas para nuestro Pueblo denunciamos la criminalización y persecución de los gobiernos contra los pueblos originarios, los luchadores antiburocráticos y el movimiento piquetero, el encarcelamiento de luchadores populares, la condena a Arakaki y Ruiz por la lucha contra el robo a los jubilados, las decenas de procesados por luchar que enfrentan la posibilidad de altas condenas como los docentes de Santa Cruz acusados de intento de homicidio por realizar un escrache, así como los hermanos y hermanas del Tercer Malón de las comunidades indígenas, a lo que hay que sumar la estigmatización de las organizaciones piqueteras por parte de un arco político que va de Cristina a Milei y que ha llegado al extremo de pedir ”cárcel o bala” por parte del Fascista Espert integrante de Juntos por el Cambio, para los que luchamos.

La inflación de agosto fue de 12,4%

En agosto la inflación volvió a tener una disparada y alcanzó el 12,4 %, así acumula un 80,2 % en los primeros ocho meses del año y una suba interanual del 124,4 %. El número llega después de la devaluación del dólar oficial que realizó el gobierno nacional tras las elecciones primarias, medida a la que Sergio Massa se refirió como “obligatoria” para que el FMI realice desembolsos hasta fin de año. La cifra de agosto es la más alta desde 1991.

Según el organismo que conduce Marco Lavagna, la categoría donde se registraron mayores aumentos fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, en donde pegó de lleno la devaluación que resolvió Economía. Esta categoría -que es la que mayor implicancia tienen en la canasta básica- creció un 15,6 %, seguida muy de cerca por Salud, que aumentó 15,3 %. 

A su vez, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país. Por encima -o igual- de la inflación general también estuvieron rubros tales como Equipamiento y mantenimiento del hogar (14,1%) y Restaurantes y hoteles (12,4%). 

Si en algún momento el Gobierno se esperanzó con que la inflación de agosto no supere el 10%, lo logró en algunos rubros que se ubicaron por debajo del nivel general de precios.  En particular en algunos rubros que impactan en la canasta básica total como Prendas de vestir y calzado (9,1%), Vivienda, agua, electricidad, gas (9,1%), Educación (8,7%) y Comunicación (4,5%).

El impacto de la devaluación se sintió en todo el país y el nivel de precios se mantuvo en similares características en las regiones de Cuyo (12,3) GBA (12,3), Pampeana (12,2) y Patagonia (12,1). Con un marcado aumento en el norte del país: Noreste (14,2) y Noroeste (13,7). 

Con las cifras de agosto, en comparación con diciembre de 2022, la suba de precios en Alimentos y bebidas no alcohólicas llega al 90,2%. En Salud y Educación los incrementos también estuvieron por encima de la media con 85,3% y 82,2%. Mientras que los gastos de los servicios básicos se incrementaron un 74,8% por ciento, por debajo de la inflación general, a pesar de los ajustes tarifarios; con un máximo a nivel país del 78,7% registrado en el GBA. 

Las medidas para amortiguar la suba de precios 

Luego de las elecciones PASO, el ministro de Economía, Sergio Massa, devaluó en un 20 % el dólar oficial como parte de la negociación con el FMI para lograr un nuevo acuerdo y el desembolso de 7.500 millones de dólares a las reservas del Banco Central. La devaluación, que se tradujo inmediatamente en una suba de precios, significó un impacto en los bolsillos que Massa buscó comenzar a suavizar (sic). En primer lugar, con el anuncio de que el dólar oficial quedaría fijo en 350 dólares hasta fines octubre y luego con medidas para varios sectores de la sociedad.

El domingo 27 de agosto, y a través de sus redes sociales, el ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria anunció un bono para jubilados, una suma fija para trabajadores, refuerzas en la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo, incrementos para las trabajadoras de casas particulares, descuentos impositivos para monotributistas y créditos a tasas muy por debajo de los que ofrecen los bancos.

Además, se dieron anuncios para monotributistas, trabajadores y jubilados relacionados al Impuesto al Valor Agregado (IVA), que impactaría en alrededor de 8 millones de personas. La medida alcanzó a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas, y jubilados y trabajadores con ingresos de hasta 700.000 pesos.

Estos anuncios ocurren luego de otra medida lanzada el lunes pasado respecto de la suba del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, que favoreció a los trabajadores asalariados que perciben más de 700.000 pesos mensuales, piso que el Gobierno subió hasta 1,7 millones de pesos. Además, envió una ley al Congreso para eliminar la cuarta categoría del pago del impuesto.

·         Suma fija para trabajadores bajo relación de dependencia. El anuncio hecho a fines de agosto y que comenzó a concretarse mediante las negociaciones paritarias fue el de una suma fija de 60.000 pesos, a pagar en dos cuotas mensuales para empleados públicos y privados que ganen menos de 400.000 pesos netos mensuales. El gobierno dejó en el debate de cada sector si el pago se incorpora o no a cuenta de futuros aumentos. El gobierno nacional aseguró el pago para los empleados públicos nacionales, mientras que en los gobiernos provinciales no todos adhirieron a la medida. En el caso del sector privado, el Estado Nacional se comprometió a asumir el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro (100 %) y pequeñas empresas (50 %o).

·         Bono y beneficios para jubilados. Massa anunció un incremento en los refuerzos para jubilados y pensionados que alcanzó los 37.000 pesos para los meses de septiembre, octubre y noviembre, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual. Además, informó que los jubilados y pensionados que hagan sus compras con tarjeta tendrán reintegros de hasta 18.000 pesos del IVA. Por otra parte, ratificó la continuidad de un programa de crédito por más de 400.000 millones de pesos que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses.

·         Refuerzo Tarjeta Alimentar. El ministro implementó un refuerzo por dos meses de 10.000 pesos para madres con un hijo, de 17.000 pesos con dos hijos y de 23.000 pesos con tres o más hijos. En agosto, las madres con un hijo cobraron 17.000 pesos, con dos hijos 26.000 pesos y con tres hijos o más percibieron 34.000 pesos. Además, Massa aseguró que una vez terminado el refuerzo la tarjeta aumentará un 30 % para todos los grupos de madres. El universo alcanzado por la Tarjeta Alimentar de la Anses es de 4 millones de familias y está destinado a ser una ayuda económica para acceder a la canasta básica. Reciben el beneficio personas que cobran la Asignación Universal por Hija/o con hijas/os de hasta 14 años inclusive; personas embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; Personas con hijas/os con discapacidad que cobren la AUH, sin límite de edad; y madres con más de 7 hijos que perciban una Pensión No Contributiva.

·         Refuerzo Potenciar Trabajo. Se otorgará un refuerzo de 20.000 pesos para los beneficiarios del programa que se pagarán en dos cuotas de 10.000 pesos durante septiembre y octubre. La medida beneficia a 1,3 millones de personas.

·         Monotributistas. Los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario. La medida beneficia a quienes facturan hasta 3.656.604 pesos por año. Además, se anunció un plan de créditos para monotributistas de hasta 4 millones de pesos, con una tasa anual del 61%, plazo a 24 meses y la posibilidad de ampliarlos en un 50% para contribuyentes que cumplan ciertos requisitos. El monto máximo de los préstamos varía de acuerdo a la categoría del Monotributo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Hay tiempo para anotarse hasta el 30 de noviembre o hasta que se agote el cupo previsto.

·         Suspensión aumentos de Prepagas. El acuerdo se extenderá por 90 días desde septiembre. Pese a algunos roces entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, que aprovecharon los días sin que se oficializara la medida para enviar aumentos del 7%, el acuerdo se alcanzó en los términos anunciados y correrá para los grupos familiares con ingresos no superiores a 2 millones brutos mensuales, en la medida que declaren no poseer capacidad económica que les permita hacer frente a la cuota con el esquema de ajuste actual del índice de costos de salud.

·         Trabajadoras de casas particulares. Se otorgará un refuerzo por única vez de 25.000 pesos en dos cuotas mensuales para el personal doméstico, proporcional a las horas trabajadas. Beneficia a 424.000 personas. Para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50 % de ese refuerzo.

El bono de Massa equivale al 1,2% de lo perdido por la clase trabajadora

A una semana de anunciado y cuando ya se empieza a cobrar en algunos sectores, está claro que la suma fija que anunció Sergio Massa no alegró a casi nadie. Ni sus sindicalistas amigos se animaron a festejarlo. Primero que nada, porque fue después de una devaluación que aceleró una inflación ya bastante dura. Es como cuando te sacan 1.000 pesos y te devuelven 200. Pero además porque cualquiera se da cuenta que tampoco alcanza a recuperar lo que se viene perdiendo hace años. Y encima es a cuenta de futuros aumentos.

Hay un dato revelador sobre el valor real de esa suma. En estos días se conoció un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, un grupo de economistas ligados a la CTA de los Trabajadores. Con datos oficiales, aseguran que la transferencia de ingresos de manos de la clase trabajadora a la clase empresaria creció durante estos años. O sea que aumentó la porción de la torta que se quedan, cuánto se apropian de la riqueza generada en el país. Con los gobiernos de Cambiemos y del Frente de Todos, alrededor de USD 101.000 millones pasaron desde los bolsillos de la clase trabajadora a los de las grandes patronales. De ese total, USD 70.000 millones se transfirieron bajo la gestión de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El “gasto” que implica el bono alcanza los 218.000 millones de pesos. Un saqueo escandaloso. A pesar de las ganancias que tuvieron, muchos sectores empresarios como la UIA, la Cámara de la Construcción o la de Comercio, criticaron el bono. La Sociedad Rural también, a pesar de que es a cuenta de futuros aumentos y de que un parte importante la pago el propio Estado, “perdonándoles” las contribuciones patronales a las PyMes.

El mismo estudio de CIFRA arroja otro dato interesante: “las empresas mediano-grandes que deben pagar sin ayuda estatal la “suma fija” de 60.000 pesos deberían desembolsar alrededor de 218.000 millones de pesos, que equivalen al 1,2% de las transferencias de ingresos del trabajo al capital que tuvieron lugar durante los últimos años”. O sea, que de todo eso que se robaron del trabajo obrero, “devuelven” (o adelantan) un 1,2%.

Prensa

El SiPreBA consiguió, ante el ministerio de Trabajo de la Nación, que se elimine la cláusula firmada por la Utpba en su último pacto ilegítimo con las empresas de prensa escrita que absorbía la suma $60.000 decretada por el gobierno a pagar en dos meses. Además, logró que esa suma no remunerativa también se pague a les compañeres que trabajan como colaboradores permanentes. Mientras, siguen reclamando por una recomposición salarial paritaria, que recupere el poder adquisitivo que perdieron en las redacciones de diarios, portales, agencias y revistas tras casi una década de acuerdos firmados a la baja.

En lo que refiere a prensa televisada, tanto en Telefe como en América, se acordó un incremento del 30%. Este fue aprobado en asambleas y abarca los meses agosto, septiembre y octubre con cláusula de absorción. En Artear (El Trece y TN) después de una asamblea la empresa incorporó un 20% acumulativo sobre el 35% de agosto.

Por otra parte, en prensa radial, a comienzos de septiembre la asamblea del SiPreBA aprobó un acuerdo que implica una recomposición del 80,6% de mayo a noviembre de 2023. Además, exigieron que se genere una instancia de discusión para abordar el grave problema de incumplimiento de los Convenios colectivos que tiene el sector y la correspondiente regularización de les compañeres que trabajan en emisoras.

Plenario de Foetra vota paro y movilización por salario

A partir del martes 5 de septiembre, Foetra convocó a realizar asambleas en los lugares de trabajo, para discutir paritarias. A pesar del teletrabajo, se realizaron más de 150 asambleas, donde participaron más de 3.200 trabajadores. Luego de 6 meses sin plenario de delegados, y producto del malestar y el descontento por el retraso salarial que se expresó en las propias asambleas en los edificios, la conducción de la Azul y Blanca llamó a un plenario de delegados, el miércoles 13, para discutir salario y medidas a tomar. Por unanimidad se votó ir a paro y movilización para la próxima semana, una medida de lucha muy necesaria luego de años de desmovilización.

A propuesta de la mesa, se votó por mayoría, exigir una recomposición salarial del 34%. La Agrupación Violeta, y las demás agrupaciones de la oposición, plantearon la necesidad de pelear por un salario mínimo inicial igual a la canasta familiar, que hoy ronda por encima de los $ 400.000, cuando el ingreso de un trabajador telefónico con 20 años de antigüedad y en las categorías superiores, está alrededor de $ 300.000 mensuales. Esta realidad se da en un contexto de altísima inflación, y cada vez mayor ajuste, como lo mostró la devaluación del 22% de Massa, anunciado el día después de las PASO, aunque negociado de antemano con el FMI. Mientras tanto, las empresas ganan fortunas, a costa de los bajos salarios, la tercerización laboral y los aumentos de tarifas, entre ellas de las propias empresas de telecomunicaciones. Desde hace años, el salario del trabajador telefónico se fue devaluando, con paritarias a la baja, en cuotas, por fuera del básico, y en negociaciones sin ninguna lucha.

Por unanimidad, el plenario votó el paro y movilización, para la semana que comienza el 18 de septiembre, con fecha a definir. Y el miércoles habrá una reunión tripartita entre gremio, empresas y el ministerio de Trabajo.

Otro aspecto fue el convenio reciente que firmaron Foetra y Telecom para incorporar a los contratistas. Desde ya, que es progresivo que los tercerizados formen parte de nuestro mismo gremio -y no de la UOCRA cuando su actividad nada tiene que ver con la construcción-, pero no puede ser bajo un convenio flexibilizador similar al modelo UOCRA, mientras los compañeros contratados por Telecom que se encuentran dentro del marco del convenio de Satsaid están en lucha en defensa de su convenio. La pelea tiene que ser la de avanzar en un mismo convenio para toda la actividad, con igualdad en las condiciones de trabajo y por el pase a planta permanente. La unidad entre efectivos y tercerizados es lo que dará mayor fuerza para pelear contra las empresas.

Nuevamente paran docentes en Jujuy

Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) informaron que resolvieron en asamblea llevar adelante un paro de 24 horas el martes 19 de septiembre, y que previamente, el lunes 18, harán una jornada de concientización en las escuelas, bajo las consignas: “Arriba los salarios, Abajo los descuentos, Plata hay (paritarias y cláusula gatillo ya), Basta de persecución, Unidad de los Trabajadorxs, Abajo la Reforma”. Los docentes nucleados en ADEP confirmaron, en tanto, que pararán 48 horas el lunes y martes. Desde la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) también anunciaron un cese de actividades y movilización para el martes.

Desde el Cedems aseguran que el gobierno provincial cuenta con el dinero de la coparticipación federal para garantizar aumentos salariales, cláusula gatillo y paritarias dignas. En el marco de la jornada de concientización del lunes, los directivos del gremio realizarán una conferencia de prensa a las 10:00 para brindar más detalles del reclamo. El martes, en tanto, el paro incluirá una movilización por el centro de San Salvador de Jujuy, que iniciará en la sede del sindicato, ubicado en Balcarce 162, a partir de las 9:30.

Por su parte, los docentes de Nivel Inicial y Primario, afiliados a la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), ratificaron el paro para el lunes 18 y el martes 19 tras constatar que se realizaron descuentos a los docentes.

En el caso de APUAP, su secretario general, Nicolás Fernández denunció la falta de cumplimiento de compromisos asumidos por parte del ministerio de Hacienda provincial sobre los descuentos de los días de huelga: “La salida del conflicto del mes de junio fue con el compromiso del Ejecutivo de no descontar los días de huelga cosa que no se ha cumplido (…). Hubo incumplimientos por parte del ministro de Hacienda y gobernador Carlos Sadir de no descontar los días de paro. Pero han llegado descuentos en todos los niveles, no solo en los profesionales sino también a los docentes y, por lo tanto, hay una preocupación muy grande en el sector y un malestar generalizado porque no se cumplió. Queremos que se devuelva todo lo descontado”, expresó.

La última propuesta salarial del gobierno fue rechazada por unanimidad en la asamblea del APUAP, ya que no llega a ser 4% de sus salarios.

A su vez, también realizarán medidas de fuerza esta semana los trabajadores y las trabajadoras nucleadas en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom Jujuy), en rechazo a la oferta salarial propuesta por funcionarios provinciales.

Habrá retención de tareas durante las dos primeras horas de trabajo el lunes 18, mientras que el martes 19 pararán por 24 horas y se movilizarán en la Plaza Belgrano de la capital jujeña.

Mientras tanto, el viernes por la mañana fueron convocados en el ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy y atendidos por Carlos Coronel -director provincial de Trabajo- los trabajadores despedidos de la Cooperativa Telefónica de Palpalá. Junto con ellos participaron Alberto Tell, secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos y el presidente de la cooperativa, Tito Veizaga Mancilla.  También intervino Rubén González (FITU) -concejal de Palpalá- como asesor legal de los trabajadores.

Luego de las medidas de fuerza tomadas en defensa de sus salarios, muchos de ellos impagos y algunos adeudados o abonados con irregularidades y sin actualización paritaria, recibieron cartas documento con notificación de despido, tomándolas como causa justa de los mismos. La Cooperativa Telefónica de Palpalá cuenta con 24 trabajadores, de los cuales 16 han sido recientemente notificados de su desvinculación. Ellos denuncian desinversión e irregularidades en la prestación del servicio, pero fundamentalmente los salarios atrasados respecto de la inflación y las paritarias 2022 y 2023, algo que sumado al contexto devaluatorio golpea de frente con las condiciones de vida, imposibilitando llegar a fin de mes.

La audiencia acercó a las partes, la empresa sostuvo lo hasta entonces acontecido, que respetaría la conciliación obligatoria e instancias de diálogo. Por su parte, los trabajadores pretenden se les abonen los salarios adeudados, se los actualice conforme paritarias y costo de vida, se respete su fuente laboral, tal como han sostenido desde un principio, es decir, lo mínimo que corresponde.

El SEOM también considera “insuficiente” el aumento

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) de Jujuy confirmó para el próximo lunes una medida de fuerza en la modalidad “retención de tareas”, y para el martes una jornada de paro y movilización, en rechazo al último ofrecimiento de aumento salarial propuesto en paritarias por el Poder Ejecutivo provincial, que la dirigencia considera “insuficiente”.

“La inflación acumulada durante los años anteriores impacta actualmente en los bolsillos de nuestros compañeros”, reconoce la entidad para argumentar su disconformidad señalando que “si bien el Gobierno se sustenta en los índices interanuales, el aumento no toma en cuenta la pérdida de los últimos siete años”, según se lee en sus redes sociales.

Además de exigir una mejora respecto del aumento salarial, el SEOM estará reclamando que se concrete el pase a planta permanente de trabajadores jornalizados, según se acordó con las municipalidades de Libertador General San Martín, La Quiaca y La Mendieta, entre otras demandas de mejoras laborales.

Respecto a lo propuesto por el Gobierno provincial, el sindicato que tiene a Sebastián López como secretario general planteó que el aumento “no frena la pérdida de poder adquisitivo” ya que “si bien el Gobierno se sustenta en los índices interanuales, no toma en cuenta la pérdida de los últimos siete años”, en referencia al período de gestión del gobernador Gerardo Morales.

De la oferta, que califican de “insuficiente”, apuntaron finalmente que abarca “dos pagos, de $10.000 en septiembre y $10.000 en octubre para trabajadores que cobren hasta $145.000, y de $.7000 y $8.000 para otras categorías”.

Trabajadores protestaron con un “ruidazo” en hospitales y oficinas públicas

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP) rechazó la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno provincial en la última reunión paritaria y el viernes sus afiliados protestaron con un “ruidazo” desde las 10:30 en los hospitales y demás reparticiones de la Provincia.

Argumentando que el anuncio oficial se trata de un ofrecimiento que “plantea extender el congelamiento” de los haberes “hasta fin de año”, el plan de lucha frente a “la falta de respuestas” a sus demandas también incluye una jornada de paro y movilización el martes próximo, junto a otros sindicatos estatales.

“Analizamos en asamblea general ayer (por el martes) el ofrecimiento que hizo el Ejecutivo en la última reunión paritaria y lo rechazamos por unanimidad por considerarlo miserable”, dijo en declaraciones periodísticas el secretario general de la APUAP, Nicolás Fernández.

En opinión del dirigente, la propuesta oficial “plantea el congelamiento del salario de los profesionales que cobran por arriba del valor de la canasta básica alimentaria, es decir aquellos que cobrarían más de 300.000 pesos de salario bruto”, como también se quejó de que tal “congelamiento” salarial “lleva dos meses y pretenden extenderlo hasta el mes de diciembre”.

En tanto, en las redes sociales de la organización se plantea que el ofrecimiento “es una provocación a los y las trabajadoras profesionales en un contexto de devaluación permanente de la moneda nacional y una inflación descontrolada que golpea todos los días el magro salario de los trabajadores y la deteriorada economía de las familias jujeñas”.

El Gobierno prevé pagar además a aquellos empleados que cobran menos de 300.000 pesos, “dos sumas fijas de 8.500 pesos cada una”.

Según entiende la dirigencia, la mejora salarial ofrecida “no se condice con los abultados ingresos que recibe el Gobierno Provincial a través de la Coparticipación (creció un 130% en lo que va del año) y la recaudación provincial (creció un 126% en lo que va del año) que han superado con creces la inflación en curso y se transforma en un nuevo ajuste sobre los salarios descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores/as estatales en general y profesionales en particular”.

Disconforme entonces con la oferta salarial, el sindicato de los profesionales decidió sostener la continuidad de las medidas de fuerza programadas para esta semana con asambleas en los lugares de trabajo desde este miércoles hasta el viernes “para dar a conocer a los compañeros cuál ha sido el ofrecimiento del Ejecutivo provincial”.

Fernández también se refirió a lo que calificó como “descuentos indebidos” en los haberes de trabajadores de algunas reparticiones de la Administración pública.

“La salida del conflicto -apuntó el sindicalista- fue con el compromiso del Ejecutivo de no descontar los días de huelga, cosa que no se ha cumplido, lo que la asamblea también ha rechazado, por lo que exigimos que se cumpla el compromiso asumido y se devuelva de inmediato los descuentos efectuados sobre nuestros haberes”, sentenció finalmente.

Fuentes: elDiarioAR, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Anred, argentina.indymedia, Página 12, Télam, Telesur, Prensa Fesprosa

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