El 19 de junio la Presidenta volvió súbitamente de la cumbre Río + 20 y se sumó al Comité de Crisis para enfrentar las fuertes medidas que llevaba adelante el gremio de Camioneros. El Comité no funcionó en el Ministerio de Trabajo, ni en la Casa de Gobierno: se instaló en el Edificio Centinela y […]
El 19 de junio la Presidenta volvió súbitamente de la cumbre Río + 20 y se sumó al Comité de Crisis para enfrentar las fuertes medidas que llevaba adelante el gremio de Camioneros. El Comité no funcionó en el Ministerio de Trabajo, ni en la Casa de Gobierno: se instaló en el Edificio Centinela y lo dirigió el Secretario de Seguridad, Teniente Coronel Sergio Berni, quien convocó a los jefes de Gendarmería, Comandante General Héctor Schenone, y de la Prefectura, el Prefecto Nacional Naval Oscar Arce. Aquella noche de huelga camionera, Berni hizo saber que, ante la falta de choferes, la Gendarmería tenía orden de «liberar zonas» y que se pondría a personal del Ejército para garantizar el traslado de combustibles hacia Claromecó y Guaminí en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, la destilería de YPF en La Matanza, que los camioneros mantenían ocupada, fue rodeada por tropas de Gendarmería, lo mismo que había sucedido días atrás, el 8 de junio, con la protesta al pie del Puente Pueyrredón de dos mil trabajadores estatales y desocupados en el marco de otro paro, en ese entonces de la CTA.
La Gendarmería es, según su definición institucional, una «fuerza de naturaleza militar». Su jefe actual, designado por Néstor Kirchner en 2005 y a quien el secretario de seguridad Berni ordena la intervención en cada conflicto, es señalado por propios y extraños como un hombre que responde a las doctrinas de seguridad que Estados Unidos promueve para la región. Horacio Verbitsky lo identifica como «hombre de la DEA en Argentina» y al asumir los diarios nacionales lo presentaron como un hombre de vínculos «muy promocionados con la Embajada de Estados Unidos». La Prefectura también se estructura en función de rangos jerárquicos militares; la Agrupación Albatros es la unidad de operaciones tipo comando que suele actuar en conflictos internos.
Con la conflictividad de junio aún caliente, con más tropas de Gendarmería en Cerro Los Dragones ante otro reclamo sindical y con paros y movilizaciones convocados en la provincia de Buenos Aires, durante los primeros días de julio el gobierno nacional movilizó efectivos del Ejército a barrios humildes del Gran Buenos Aires. Y también en la Capital: según el periodista Daniel Santoro, la Fuerza Aérea desplegó un Hospital Militar de Campaña en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores mientras que la Armada desembarcó por aquellos días en la Villa 31 de Retiro.
Estos despliegues se dan en el marco del Plan AHÍ, anunciado como un proyecto de abordaje territorial bajo la coordinación de la ministra Alicia Kirchner. Resulta curioso que ni el decreto de creación del Programa (621/2008) ni las múltiples gacetillas de prensa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación mencionen la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el ministerio de Defensa sí describe la fuerte impronta de abordaje de las fuerzas a su cargo: «En cada jurisdicción se conformaron mesas interministeriales con la participación de representantes de Defensa (…) e integrantes del Comando Operacional del Estado Mayor Conjunto de las FFAA». Según informó el propio ministerio, «Defensa tiene a su cargo el barrio Hidalgo, en el partido de San Martín, conurbano bonaerense». Allí estuvo el 1 de julio el ministro Arturo Puricelli. Más precisamente, en el jardín maternal «La Colmenita», donde prometió que las FFAA «van a colaborar con el mejoramiento de instalaciones que tiene el centro comunitario, con la remoción de escombros y la transitabilidad de calles». Lo hizo rodeado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Oscar Cuattromo, el jefe del Departamento de Defensa Civil del Comando Operacional Conjunto de las Fuerzas Armadas, Coronel Emilio Renda, y, siempre según el propio comunicado oficial, «personal militar». Un día después de la presencia del Ejército en el jardín maternal «La Colmenita», el Movimiento Popular La Dignidad y la Organización Popular y Rebelde Villa Hidalgo, de trabajo barrial en la zona, denunció el envío de «450 gendarmes a militarizar los barrios de La Cárcova, Villa Hidalgo e Independencia, donde hay gravísimos problemas estructurales como vivienda, educación, trabajo precario y pobreza». La presencia de los militares tampoco pasó desapercibida para estas organizaciones: «El Plan AHÍ es un mero observatorio de control social, una maniobra del gobierno para que la fuerza represiva se meta de a poco y con argumentos mentirosos en nuestros barrios», afirmaron.
Esas incursiones fueron reivindicadas por la presidenta en la Cena de Camaradería de las Fuerzas Armadas que se realiza cada 9 de julio en el Edificio Libertador, sede del Ejército y del Estado Mayor Conjunto. Cristina compartió mesa con el ministro de Defensa y con los máximos jefes militares: el Brigadier General Jorge Chevalier, Jefe del Estado Mayor Conjunto; el Teniente General Luis Pozzi, del Ejército; el Almirante Carlos Paz, de la Armada; y el brigadier General Normando Costantino, de la Fuerza Aérea. Ante los uniformados presentes, agradeció a las Fuerzas Armadas por «intervenir en nuestras villas para participar en tareas que todo argentino, vista uniforme o no, está obligado a hacer si tiene buen corazón». Y en su expresión menos clara, y tal vez por eso, más preocupante, alertó ante los altos mandos militares sobre «escenarios tal vez impensables» que obligarán a «poner lo mejor para sortear severísimas restricciones que nos está imponiendo el mundo exterior».
Gendarmería, Prefectura y ahora el Ejército en barrios populares: control social en tiempos de Ley Antiterrorista
Si bien la descripción de hechos que antecede es contundente, las señales por parte del Gobierno son por momentos contradictorias (como en casi todo). Durante la cadena nacional del 26 de junio pasado, la Presidenta homenajeó a los gendarmes muertos en un accidente tras haber garantizado su presencia represiva en un conflicto sindical en Chubut. Y anunció que el Gobierno nacional no mandaría más gendarmes a las provincias para tareas internas y que en cambio iba a dejar a las policías provinciales «custodiar en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad». Sería deseable que ese anuncio implicara un retorno por parte del Gobierno nacional a su prédica de no represión del conflicto social. Y sería mejor si esa prédica se cumpliera, deuda siempre pendiente. En principio, las novedades no son alentadoras: el retiro de efectivos federales anunciado hace tan poco, ya no se cumple. Ante la huelga policial en Santa Cruz, son gendarmes de civil, según medios periodísticos locales, quienes custodian puntos neurálgicos de la provincia, incluso el Mausoleo del ex presidente Kirchner. Pero más explícita aún es la presencia de los 9200 gendarmes en el marco del «Operativo Centinela» destinados al refuerzo del control territorial en el Gran Buenos Aires y otra cantidad creciente de Prefectos en las villas de Capital, protagonizando situaciones que cada vez se encuentran más cerca de un mal desenlace. El viernes pasado, en la villa 21-24 de Barracas, vecinos que se manifestaban cortando la calle por la falta permanente de luz fueron golpeados por miembros de Prefectura que custodian la zona, mientras intentaban detener a un referente barrial. Y durante el fin de semana fueron gendarmes los que agredieron a cartoneros y les quemaron su mercadería junto a un carro de trabajo y una camioneta, en la Villa 20 de Lugano. Más allá de las palabras de la Presidenta, la realidad es que los barrios humildes y las poblaciones donde se prevén conflictos sociales o laborales en el interior del país reciben cada vez más presencia de prefectos y gendarmes, efectivos de una fuerza «de naturaleza militar» que se vuelven habituales entre vecinos pobres y trabajadores. En ese contexto se da el desembarco del Ejército en los barrios a partir del Plan AHÍ. En el contexto de una crisis que reactualiza nuevos motivos de protestas sociales. Pero sobre todo, en el contexto de una Ley Antiterrorista impulsada por el Gobierno nacional que ya entró en vigencia.
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