La construcción político-jurídico-filosófica del accionar de las fuerzas de seguridad en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, y sus resabios, continúa operando en nuestro presente, a través de diferentes aristas que son analizadas en este artículo donde sintetizo un estudio más profundo sobre la problemática. El modelo de la última dictadura cívico-militar, heredado […]
La construcción político-jurídico-filosófica del accionar de las fuerzas de seguridad en nuestro país durante la última dictadura cívico militar, y sus resabios, continúa operando en nuestro presente, a través de diferentes aristas que son analizadas en este artículo donde sintetizo un estudio más profundo sobre la problemática.
El modelo de la última dictadura cívico-militar, heredado de la Escuela Militar Francesa, desarrolla la concepción de enemigo interno, esto es, que el enemigo no es un soldado de un ejército extranjero sino que se encuentra «entre nosotros» o sea dentro de la población, mezclado con ésta.
En esta concepción de guerra el enemigo no es un soldado del otro lado de la frontera, con bandera y uniforme identificable, sino que puede ser cualquiera dentro de la propia población. Entonces, el enemigo interno llamado subversivo en aquellas épocas se ha desplazado en la actualidad hacia los jóvenes de los sectores populares, debido a que cualquiera de ellos puede ser un delincuente. De esta manera, una cuestión social, de desempleo y/o de pobreza, se desplaza hacia una cuestión de seguridad: la delincuencia juvenil, y el delincuente está fuera de la ley por el hecho de ser tal. Por lo tanto, las fuerzas de seguridad actúan en consecuencia con las características que describo a continuación.
La división del territorio en cuadrantes
Otra concepción heredada de la dictadura es la división del territorio en cuadrantes. Los militares franceses enseñaron a los argentinos a la cuadriculación territorial ya que para poder preparar la guerra interna hay que cuadricular el territorio. Así, cada militar en una zona y subzona, bajo estas directivas, se organizó el esquema represivo donde se dividió al país en comandos de zona. Cada comando era la cabecera de un cuerpo de Ejército. En Córdoba, por ejemplo, era la zona tres con jurisdicción en varias subzonas, a cargo el Tercer Cuerpo de Ejército. (1)
En la actualidad, la ciudad de Córdoba está dividida en cuadrantes según sus características sociales, delictuales, urbanas, demográficas y geográficas, pero principalmente son clasificados según un criterio de vulnerabilidad, consistente en el resultado del cruce de variables educativas y laborales, y en razón de ello se establecen cuadrantes rojos, de alta vulnerabilidad; amarillos, de mediana; y verdes, de baja.
Y el Estado mediante su poder punitivo apunta esencialmente hacia las áreas de alta vulnerabilidad que son las más segregadas y carenciadas de la sociedad (2). También, hay un criterio, de menor importancia, que tiene que ver con la cantidad de viviendas por metro cuadrado, así los cuadrantes se clasifican en grandes, medianos y chicos.
Remarcar las zonas bajo el criterio de alta vulnerabilidad teniendo como una de las principales razones al delito colabora a la producción o continuidad de la fragmentación identitaria, a la desestructuración de los colectivos y a la reorganización de los espacios territoriales/sociales, en consecuencia, los sectores sociales donde ha crecido la pobreza se encuentran sumergidos en la inseguridad social por la desafiliación a los colectivos que funcionaban como soportes de subjetividad.
Así, el Estado mediante su poder de policía punitivo apunta esencialmente hacia las áreas de alta vulnerabilidad que son las más segregadas y carenciadas de la sociedad. Estos barrios desde un principio han sido abandonados por el Estado y sus políticas, y en consecuencia se pone en marcha una estrategia represiva con el riesgo de segregar.
Segregación y retórica
La segregación socio-espacial es un concepto que hace referencia a la existencia de diferencias o desigualdades sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento de los sujetos según atributos específicos en aglomerados con tendencia a la homogeneización en su interior y a la reducción de interacciones con el resto de los grupos. Estas sectorizaciones llevan a que la función de la policía sea la de mantener seguras a las zonas de baja vulnerabilidad.
El uso de retórica bélica: Es notable el uso de una retórica bélica en el discurso de los gobiernos para referirse al problema de la delincuencia, juicios tales como: «guerra contra la delincuencia», «guerra sin piedad contra la criminalidad», «guerra al narcotráfico», etc., recordamos que en un pasado reciente se usaba la frase: «guerra contra la subversión».
Recurrir a este léxico se legitima las representaciones que tiene la policía sobre la situación a la que se enfrenta y las modalidades con las que interviene para mantener el orden. La retórica bélica conduce a excesos que no sólo afecta a los delincuentes sino alcanza a la población en general, lo que se denomina daños colaterales, así discrimina y segrega no solo a individuos sino a poblaciones enteras.
Violencia y habitus
Las noticias diarias nos muestran numerosos operativos en donde las fuerzas de seguridad entran a un barrio y se introducen de forma violenta a las viviendas, derribando y rompiendo puertas frente a la mirada aterrorizada de niños, exhibiendo armamento y haciendo un despliegue espectacular de la fuerza pública, justificando prácticas de excepción. Tal como operaban las fuerzas de seguridad en épocas de la dictadura, contamos con numerosos testimonios en los juicios de lesa humanidad de quienes en esa época eran niños y presenciaron el violento secuestro de sus padres, y el terror que despertaba todo ese despliegue en los vecinos.
En definitiva, son operaciones de ocupación presentadas como conquistas republicanas en territorio amenazado utilizando la retórica de la guerra para justificar el despliegue de fuerzas en los barrios desfavorecidos, como lo hacían en un pasado cercano. (Fassin, 2016)
El control de identidad se ejerce de modo discrecional e implica un mero control de fuerzas que funciona como un llamamiento al orden; no al orden público, que no está amenazado, sino al orden social. Este orden social es tan desigual (entre el policía y el joven) e injusto (respecto de la ley o de la simple dignidad) que hay que asimilarlo en el cuerpo (Fassin, 2016).
De esta manera los jóvenes asimilan su condición y mediante un disciplinamiento mortificante adquieren, el «habitus del humillado» (3). Este habitus supone que los actores no actuarían racionalmente, sino a través de un sentido práctico innato y principios que se sitúan más allá de la consciencia; y el habitus propio de la posición social de cada agente configuraría comunidades de mutuo reconocimiento (Bourdieu, 1989).
Alta discriminación
Los policías tienen una hostilidad manifiesta contra los jóvenes de los barrios populares, y una hostilidad latente respecto de quienes ellos consideran que los protegen por razones profesionales, ideológicas o comunitarias (asistentes sociales, militantes barriales, maestros de escuelas, abogados). Entonces el trato desfavorable no es por lo que hacen sino por lo que representan: jóvenes de barrios populares, no solo son sospechosos sino también maltratables.
Ahora bien, la interpretación de la discriminación racial debe exceder la cuestión de la intención racista. Son la institución policial y la sociedad la que producen las categorías racializadas que aplican los policías de la calle, transformando en sospechosos a los jóvenes de los sectores populares, sumado al discurso político cuando asocia barrio marginal y delincuencia. El racismo esta institucionalizado de esta manera es más sutil y menos identificable que cuando lo comete un individuo particular.
Vale remarcar, que la discriminación por prejuicio es inmoral, ilegal y fácil de identificar porque es un individuo el que la realiza; en cambio la discriminación estadística por probabilidades es neutra, aceptable y emana de la «Institución».
El uso de la violencia
La violencia policial constituye una interacción que afecta la integridad y la dignidad de los individuos – y no sólo su cuerpo y su carne – que puede ser profunda y no dejarse ver, lo que implica un componente ético y no estrictamente normativo. La impotencia ante el uso excesivo de la fuerza conlleva de por sí una dimensión moral de sumisión, por ejemplo, la colocación injustificada de las esposas. Las dimensiones sociales y culturales de la violencia le dan su poder y su significación.
Los jueces y fiscales de instrucción toman sólo en consideración la violencia física. La violencia moral es ignorada debido a que no deja marcas corporales. Al no ser nombrada esta violencia no es vista por la sociedad y al no ser reconocida no permite que se haga justicia. Esta violencia sin nombre y sin justicia es la que sufren cotidianamente los jóvenes de las periferias de nuestras ciudades o de los barrios populares. Es excepcional que alcance a mujeres, personas mayores, hombres y mujeres de clase media, que viven en zonas residenciales o visten de una determinada manera.
Es muy común observar en el centro de la ciudad de Córdoba escenas de humillación más que de brutalidad por parte de la policía hacia jóvenes de barrios populares, escenas que se producen cotidianamente durante controles de identidad y cacheos ante la presencia de cientos de ciudadanos que tienen naturalizado este modo de actuación policial que lamentablemente me traen a la memoria el «algo habrán hecho» de las épocas de dictaduras.
Otro componente de la violencia es la crueldad, y para ello es necesario poner al otro como alguien totalmente distinto de nosotros (los policías) que sirve para hacer aceptable la crueldad y la justifica porque se le aplica a quien es culpable. Entonces para comprender la violencia también hace falta considerar sus condiciones de posibilidad y la relación con el poder y la justificación de la crueldad. Las violencias invisibles se producen de manera cotidiana y resulta trivial para ciertos sectores de la población.
La militarización de la policía
La idea de paramilitarización permite comprender la tendencia de agregar o reemplazar las fuerzas del orden reguladas por brigadas cuya misión, vestimenta, armamento, estilo de intervención y relación con las autoridades las sitúan al margen del dispositivo oficial. Esta lógica lleva con facilidad a reclutamientos que obedecen a reglas particulares favorecedoras de una politización radical de estas unidades especiales.
Entre los caracteres que nos dan indicios de militarización de la policía, según Lea y Yung (4) podemos mencionar: el incremento de las detenciones para requisas en las calles, la aplicación de la «ley de vagancia» (en Córdoba sería el Código de convivencia), la actuación de la policía como ejército de ocupación y la creación de segmentos policiales «especializados» en el mantenimiento del orden público. Y ésta es una tendencia que va en aumento en todo el territorio del país cotidianamente los noticieros nos muestran imágenes de las Gendarmería entrando a «poner orden» en las villas o en barrios populares.
Así, al estar autorizados a ejercer violencia, las fuerzas de seguridad saben que no tendrán consecuencias ya que la palabra de ellos vale más que la de los delincuentes. Por tal razón raras veces tienen conflictos morales, más bien se sienten víctimas de la incomprensión de la sociedad. En la medida en que los policías consideran que los jueces no hacen justicia ellos se ven en la obligación de hacerlo y se consideran habilitados para eso.
Entre los atenuantes de responsabilidad que utilizan para justificar su accionar, que en definitiva son construcciones discursivas, podemos mencionar: la negación de responsabilidad, la negación de la víctima, la negación del daño, la condena a quienes los condena (persecución a los defensores de DDHH, por ejemplo).
En síntesis, dentro de este contexto el Estado de derecho es desplazado cotidianamente por la excepción, y la violencia pública queda libre de toda atadura legal, es ese momento del derecho en que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad (Agamben, 2014).
Es la forma legal de lo que no puede tener forma legal, porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión. La policía es el aparato legal para ejercer la fuerza, ahora bien, en las prácticas muchas veces se suprime el actuar a derecho con el justificativo de actuar ilegal «en nombre de la ley» o para «reestablecer la ley».
Adriana Gentile. Abogada de la Fundación de Derechos Humanos María Elba Martínez.
** Este artículo se refiere a un estudio más extenso sobre violencias institucionales y estado de excepción.
Notas
1 – (1972) Plan del Ejército para el marco interno.
2 – (2016) RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE GOBIERNO N ° 674: Programa de policía barrial para la gestión de la seguridad ciudadana por cuadrantes.
3 – Según Bourdieu el habitus está referido a «un sistema de esquemas de percepción y apreciación de prácticas, estructuras cognitivas y evaluativas que son adquiridas a través de las últimas experiencias de una posición social» (Bourdie)
4 – Lea, J. y Young, J. (1993). ¿Qué hacer con la ley y el orden? Editores del Puerto. Cap. 5 «El cambio a la policía militar».
Bibliografía
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Fuente: http://prensared.org.ar/modelo-policial-y-resabios-de-la-dictadura/