Movimientos sociales y fábricas recuperadas consideran insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno

Trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas reclamaron ser incluidos en los anuncios del gobierno de esta semana no como simples monotributistas, cuyas categorías A, B, C y D no pagarán el componente impositivo durante seis meses.

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs (FACTA), Federico Tonarelli, aseguró que el sector representa “grandes colectivos en la inmensa mayoría de los casos y, sin embargo, somos monotributistas”. Entonces, “volvimos a quedar inmersos en el mar de monotributistas y las medidas fueron casi una cargada”, expresó.

Tonarelli planteó que el grupo de empresas recuperadas en todo el país necesita ser considerado “como trabajadores, con la salvedad que gestionamos nuestras propias empresas” por lo que convocó a “trabajar mano a mano con el Estado en una mesa de laburo para llegar a un régimen propio que no nos deje en esta situación”.

El titular de FACTA insistió que los trabajadores y trabajadoras nucleados en la federación “de mono no tenemos nada, somos grandes colectivos de compañeras y compañeros”. Por último, criticó que no haya “una mirada concreta acerca de la importancia de un sector del mundo del trabajo que produce bienes y servicios de calidad en un formato de cooperativas de trabajo”.

El Bloque Social por el Trabajo disconforme con los anuncios del gobierno

ANTE LOS ANUNCIOS QUE NO ALCANZAN Y LAS RESPUESTAS QUE NO LLEGAN

Desde el Bloque Social por el Trabajo, compuesto por la FNT y el Frente Milagro Sala, convocamos Asambleas en cada Barrio para debatir un plan de lucha frente a las urgencias sociales que no encuentran respuesta en los anuncios que efectuó el gobierno.

El gobierno nacional anunció una serie de medidas económicas que pretenden compensar la devaluación que golpeó muy fuerte en el bolsillo de todos y todas.

10.000 pesos en septiembre y 10.000 pesos en octubre para las compañeras y los compañeros beneficiarios del Potenciar Trabajo, y un aumento en la Tarjeta Alimentar que representan poco más de 300 pesos por  día, por  hijo, de cada  beneficiario, son  insuficientes por donde se lo mire y constituyen un insulto a las mayorías populares que esperaban una respuesta que repare una dinámica de injusticia social que se hace insoportable.

Ocho años de deterioro de los ingresos populares se acumulan entre los más humildes de nuestra Patria. En los últimos cuatro años se abonó a la estigmatización de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, se nos inspecciona, se nos denuncia, se nos investiga y somos además la variable de ajuste de la enorme rentabilidad que ostentan un puñado de grupos económicos.

Sorprende que el gobierno, por intermedio de su candidato a presidente y ministro con  mayor poder en todo la gestión, no logren comprender las razones por las que se han perdido seis millones de votos en cuatro años, y menos aún, registren la amenaza con la que se enfrenta el futuro de la Argentina con el avance de los candidatos opositores, ante propuestas que buscan destrozar la economía nacional y profundizar la subordinación del Estado Nacional a la rentabilidad de corporaciones extranjeras.

El sometimiento a los programas de ajuste del FMI hace insoportable la vida cotidiana de millones, organismo al que se le da respuesta con más velocidad y eficacia que a las demandas sociales que se expresan en evidentes tensiones que hacen peligrar la estabilidad política de ésta frágil democracia.

Desde el mes de febrero que el Ministerio de Desarrollo Social no entrega alimentos a nuestros comedores y merenderos, meses en los cuales hemos multiplicado la cantidad de compañeras y compañeros que buscan resolver la comida por el camino de la solidaridad.

Hace largos meses que se encuentra suspendida la incorporación de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo, con el único objetivo de cumplir con el FMI.

Hace años que se precariza el trabajo y los salarios y jubilaciones son agenda del programa de miseria planificada en el extranjero.

Las organizaciones populares reunidas en el Bloque Social por el Trabajo convocamos a Asambleas en cada barrio y a una instancia de articulación con el conjunto de organizaciones sociales del país. El lunes 4 de septiembre, a las10:00, convocamos además a una conferencia de prensa donde habrá de anunciarse un plan de lucha para recomponer ingresos y exigir respuestas al dolor social que viven los más humildes

Los comedores populares, a la espera del envío de alimentos

Por Laura Vales

Junto con el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y los bonos para quienes cobran un Potenciar Trabajo, anunciados por Sergio Massa este domingo, el ministerio de Desarrollo Social se comprometió a regularizar el envío de insumos a los comedores populares. La llegada de alimentos a las organizaciones sociales es el mayor problema irresuelto en la gestión de la ministra Victoria Tolosa Paz, un tema que en los últimos meses se vio afectado tanto por el ajuste en los gastos del Estado como por las graves dificultades del ministerio para concretar las licitaciones públicas. “Algunos de nuestros comedores no reciben alimentos hace cinco meses, a otros no llegan hace dos y a los que sí les mandaron les llegó un 40% de lo acordado”, describió ayer Eduardo Belliboni. La situación no sólo fue denunciada por los dirigentes de la opositora Unidad Piquetera: también el titular de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro, venía haciendo pública la crisis de los comedores comunitarios. A mediados de la semana, mientras Economía definía las medidas para compensar los efectos de la devaluación, Desarrollo Social recibió a dirigentes de la UTEP y el viernes comenzó a mandar a algunos de sus comedores camiones con alimentos secos. Por otra parte, el ministerio les anticipó que reforzará las transferencias a los 4.500 comedores del programa Abordaje Comunitario, que depende de fondos de Naciones Unidas.

La reunión entre el titular de la UTEP y Tolosa Paz -también estuvo presente el secretario de Economía Social Emilio Pérsico– se concretó el día después de que hubo robos en grupo a supermercados en algunos municipios del Conurbano.

También hubo conversaciones entre funcionarios del ministerio y la Unidad Piquetera, que decidió mantener su jornada de protesta -el jueves- tras evaluar que “pese a la buena voluntad expresada, quedaban muchas imprecisiones” sobre cómo y cuándo se normalizará la asistencia con mercadería.

En concreto, Desarrollo Social aseguró que se pondrá al día con el envío de insumos y aumentará los fondos enviados directamente a los comedores.

Las conversaciones incluyeron el paquete de medidas anunciadas este domingo por el ministro de Economía, que se informan en una nota aparte; quienes cobran el salario social complementario (Potenciar Trabajo) recibirán dos bonos de 10.000 pesos mensuales, en septiembre y octubre. Massa anunció también refuerzos en la Tarjeta Alimentar, que perciben las titulares de la AUH, de 10.000 pesos (para familias con un hijo), 17.000 (dos hijos) y 23.000 pesos (tres hijos). Serán dos cuotas mensuales y luego la Tarjeta tendrá un 30% de incremento en su monto.

Política Alimentaria

La política alimentaria del gobierno nacional tiene dos vías de ejecución: la de transferencias (Tarjeta Alimentar para las personas, pero también hay tarjetas para algunos comedores) y el envío de alimentos. Sin embargo, a la cartera le sigue ocurriendo que las licitaciones para la compra de alimentos se caen sin que haya oferentes, porque los grandes proveedores plantean que entre la inflación y los tiempos del Estado para pagar pierden dinero: no aceptan mantenerse en la franja de precios que el Estado puede ofrecer sin arriesgarse a ser denunciado por el pago de sobreprecios.

Por otra parte, en los primeros seis meses del año las Políticas Alimentarias, en el marco de los ajustes pedidos por el FMI, tuvieron un recorte de casi diez puntos, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto termina de explicar por qué se están quejando tanto en los comedores de movimientos opositores como oficialistas.

“Esto nunca había pasado. En los últimos siete meses, en el mejor de los casos, llegaron alimentos en cuatro oportunidades: nunca había ocurrido que se incumpla así con la asistencia alimentaria. A todas las organizaciones nos pasó, porque por un lado hay problema de ajuste, de que el ministerio de Desarrollo Social recortó gastos, y por el otro tuvieron problemas con las licitaciones. Pero hace mucho que tienen problemas para licitar y no lo resuelven. Nosotros presentamos a través de nuestra diputada Romina del Plá, la semana pasada, un proyecto para que el Estado compre alimentos en forma directa, que Unión por la Patria en su mayoría no apoyó, y (el exministro de Desarrollo Social, Daniel) Arroyo también está presentando un proyecto similar, con lo que es claro que el problema se puede resolver, pero no existe voluntad de hacerlo”, señaló Belliboni.

El Estado tiende a compensar sus dificultades para comprar alimentos fortaleciendo la Tarjeta Alimentar o la asistencia con fondos a los comedores: el mecanismo de transferir fondos es mil veces más sencillo que el de abastecimiento con mercadería.

Sin embargo, desde las organizaciones sociales aseguran que el efecto no es el mismo. “En los comedores hay organización comunitaria y eso da una contención más integral, porque son lugares donde te encontrás con el otro. En medio de la crisis, el comedor abarata el acceso a la comida más que la Tarjeta, porque con la tarjeta la familia puede comprar alimentos, pero no tiene gas. Cuando superás la crisis, los comedores se convierten en centros culturales o espacios para dar respuestas a otras necesidades, que no se terminan con resolver qué comés. Es una lógica que el Estado no entiende, por más que les expliques no comprenden cómo se vive en los barrios”, indica por su parte Castro, el titular de la UTEP.

¿Se desactivan con estos anuncios los reclamos callejeros? En la Utep suspendieron las movilizaciones que habían anunciado algunas de sus organizaciones. En la Unidad Piquetera van a esperar hasta mitad de la semana para, si no ven avances, reclamar una reunión con la ministra Tolosa Paz, como paso previo a otra jornada de protesta.

Una red amplia

Aunque los robos organizados a los supermercados pusieron en alerta a gobierno y movimientos sociales, la impresión que quedó es que no hay un escenario de estallido social. “Hubo una voluntad de la gente de no saquear, pero eso es muy finito. Estuvo difícil, la verdad. No podés garantizar que los saqueos no ocurran si no garantizás la llegada de comida”, dice un referente que la semana pasada recorrió las zonas más críticas.

En el gobierno no ven una situación parangonable al 2001. Hoy el país tiene una red de asistencia alimentaria que entonces no existía: el Estado nacional tiene la Tarjeta Alimentar, el Servicio Alimentario Escolar el programa PNUD, que asiste a 4.500 comedores comunitarios.

Al Conurbano también llegan los programas de la gobernación bonaerense. “Después de la pandemia, por indicación del gobernador Axel Kicillof, como continuidad de la asistencia alimentaria creamos el programa MESA Bonaerense, por el que 2 millones de chicos y chicas, además de recibir el servicio alimentario escolar, se llevan a su domicilio un módulo de almuerzo y colación”, señaló ayer el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, entrevistado por Romina Manguel en A confesión de parte. La provincia entrega además bimestralmente 10 millones de kilos de alimentos a través de municipios y organizaciones sociales.

“La situación es compleja, pero trabajamos para contenerla con un esfuerzo presupuestario inusitado y un nivel de cobertura que no tiene precedente”, aseguró Larroque.

Jornada nacional de lucha piquetera por alimentos para los comedores

El Frente de Lucha Piquetero realizó una jornada de nacional de lucha piquetera contra el ajuste y por los alimentos para los comedores populares que fueron discontinuados por el gobierno nacional desde algunos meses. Los convocantes denuncian el agravamiento de la situación social con la devaluación posterior a las PASO, y un deterioro mayor en el poder adquisitivo de los trabajadores con la escalada inflacionaria.

Se realizaron acciones en las principales ciudades de todo el país, con una movilización central en la Ciudad de Buenos Aires, desde San Juan y 9 de Julio hasta el ministerio de Desarrollo Social y luego a Plaza a Mayo donde se encuentra el ministerio de Economía.

El Frente de Lucha Piquetero viene de una reunión con las autoridades del gobierno donde estas reconocieron los recortes en la entrega de alimentos y herramientas para las cooperativas de trabajo, pero sin realizar anuncios correspondientes a la normalización y el restablecimiento de la ayuda social para los sectores más afectados por la crisis.

Cabe señalar que la devaluación oficial del 20% vino a profundizar una línea de ataque contra los trabajadores, impactando en la suba de todos los precios, con salarios e ingresos populares que van por detrás de la inflación, lanzando nuevos contingentes de trabajadores a la pobreza y la indigencia.

Muchos trabajadores asisten con sus familias a los miles de comedores populares de todo el país, que funcionan gracias al esfuerzo de las organizaciones sociales y piqueteras, y son el último sostén de familias que carecen de los recursos materiales para cubrir sus necesidades más elementales.

En esta línea, la diputada nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de emergencia alimentaria para destrabar de forma urgente la compra y entrega de alimentos a los comedores populares.

La jornada de lucha piquetera se encontraba prevista para viernes 18 de agosto, pero debió ser postergada debido a las consecuencias del temporal y las inundaciones del jueves 17, con barrios totalmente inundados y familias trabajadoras que perdieron parte importante de sus escasos bienes materiales. Otra de las responsabilidades de un gobierno que ha subordinado la obra pública y la urbanización al ajuste del FMI.

Esta acción de lucha insistió en la denuncia del ajuste fondomonetarista que vienen desenvolviendo la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y el gobierno nacional de Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, cuyas consecuencias políticas se expresaron en las pasadas elecciones con un voto bronca por parte de la población trabajadora.

No solo se trata de los recortes en los alimentos sino de la persistente desocupación, ingresos populares de indigencia y un salario mínimo que ha quedado enterrado por la inflación y la devaluación.

Si el gobierno sigue dándole la espalda a los reclamos populares, derechizando su agenda política y profundizando el ajuste, no solo seguirá perdiendo terreno, allanándole el camino a la derecha de Milei y compañía, sino que deberá enfrentar en las calles a los organizaciones piqueteras y combativas de los trabajadores.

La oficina central del saqueo es el FMI, las empresas formadoras de precios y las multinacionales

En medio de la crisis económica que sigue escalando, el fin de semana se vieron episodios de saqueos en distintos puntos del país. Como en otras épocas, empezaron las operaciones desde sectores de poder para responsabilizar a las organizaciones sociales de impulsar estas acciones.

Desde la Coordinadora por el Cambio Social queremos desmentir rotundamente estas acusaciones porque nuestros movimientos sociales no promueven saqueos, sino que por el contrario nuestra perspectiva se centra en fomentar valores de solidaridad, apoyo mutuo y compromiso con la lucha por nuestros derechos y por un cambio social que garantice una vida digna para las grandes mayorías. La extrema pobreza y el hambre generan actos de desesperación entre los sectores más humildes, pero los verdaderos saqueadores están en los despachos de los gobiernos que nos entregan atados de pies y manos a la oficina central del Saqueo que es el FMI. También abundan saqueadores en las empresas formadoras de precio, además de las multinacionales que operan todo el tiempo para desestabilizar la economía y empobrecernos aún más. Tenemos claro que muchas veces estas situaciones son impulsadas por sectores de poder con el objetivo de generar desestabilización y caos para instalar políticas de mayor mano dura y ajuste. Así, los audios que comenzaron a circular durante el fin de semana haciéndose pasar por distintos movimientos sociales y convocando a saquear son una campaña de difamación contra el trabajo territorial que se lleva adelante cada día en diferentes espacios, generando un fortalecimiento del discurso de odio contra los sectores empobrecidos más afectados por la inflación. Dicho y hecho, los saqueos en Neuquén, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires están siendo utilizados por sectores de la Libertad Avanza que trabajan para generar un grado de desestabilización tal que les permita implementar sus políticas de shock. Si hacemos memoria, en los días previos al 19 y 20 de diciembre del 2001, los movimientos piqueteros denunciaban, y quedó comprobado, que quienes eran responsables de dicha situación eran punteros financiados por el duhaldismo y el menemismo que se encontraban ofreciendo dinero en los barrios del conurbano con el fin de dar rienda suelta a la violencia y al saqueo sobre todo en pequeños comercios barriales para profundizar el miedo y dar vía libre a las bandas delictivas. Por el contrario, desde las organizaciones se convocaban a las familias hambrientas a organizarse evitando las intervenciones espontáneas que no necesariamente aportan a un avance progresivo y que terminan siendo una guerra de pobres contra pobres, o de laburantes contra laburantes que no hace más que deteriorar el lazo social y la unidad. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, el debate volvió a ocupar la agenda mediática. En ese contexto, desde el gobierno hacían circular versiones a los medios señalando a las organizaciones sociales como instigadoras de “ataques” a los supermercados. En ese entonces, desde los MTD de “La Verón” emitieron un comunicado ratificando su posición frente a los rumores vertidos desde la Casa Rosada: “Los trabajadores desocupados reclamamos organizadamente y no saqueamos. Nuestra protesta y movilización es una opción política que hemos elegido conscientemente frente a la injusticia social, no es un delito ni pretendemos llevarla adelante para darle más argumentos a quienes pretenden militarizar la sociedad y criminalizar la protesta social (…) Nuestra autoorganización sostiene un alto valor por la vida y va a contrapelo de utilizar al pueblo para fines políticos que son ajenos a sus intereses. Por todas estas razones repudiamos la ola de rumores que lleva adelante el gobierno sobre saqueos generalizados, que lo único que hacen es abonar a una justificación de un escenario represivo” Hoy la historia se vuelve a repetir y nuestro posicionamiento es el mismo que en aquellos tiempos. Nuestro trabajo sigue siendo construir en los barrios, desarrollar cuadrillas a lo largo y ancho del país construyendo polos textiles y gastronómicos, puestos productivos, jardines populares, talleres de herrería, construcción, huertas y recuperación de humedales, promoción de género, comedores y merenderos, bachilleratos populares y escuelas que aún exigen el reconocimiento que merecen por parte del Estado para contar con todos los derechos laborales. Llamamos a resistir esta nueva arremetida criminalizadora contra quienes venimos enfrentando el ajuste y la precarización de la vida; y llamamos a rodear de solidaridad a los comercios de barrio y a cientos de familias que se encuentran expuestas a recibir la violencia policial por quedar en medio de estas disputas.

Coordinadora por el Cambio Social, integrada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social – MULCS, y el Movimiento 8 de Abril), FAR y COPA en Marabunta, la Federación de Organizaciones de Base (FOB), la Organización Libres del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar, el Movimiento Juan Azurduy y Arriba Lxs Que Luchan.

Marcha por más presupuesto y contra el ajuste en CABA

“Nos movilizamos reclamando que Horacio Rodríguez Larreta deje de ajustar a los más pobres en la Ciudad de Buenos Aires.” Así resumió Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie, el objetivo de la manifestación que realizaron diferentes organizaciones sociales en el centro porteño. La marcha fue desde el Obelisco hasta la sede de la Legislatura local e incluyó un amplio espectro de exigencias: un “aumento del presupuesto para la economía popular”, la puesta en marcha de un bono solidario y de emergencia para las familias carenciadas y “una actualización paritaria” para los trabajadores del distrito, entre otros puntos.

En la mañana del viernes 28 de julio, frente al Obelisco se concentraron militantes de la CTA Autónoma, de la FeNaT-Capital, Somos Barrios de Pie, FOB Autónoma, MTD Aníbal Verón, Paritaria Social y Popular, FAR en Marabunta, Frente Popular Darío Santillán, Lucha y Rebelión, FOL, Liberación Popular, entre otras organizaciones. Desde allí iniciaron la marcha. También formaron parte trabajadores y trabajadoras de la salud nucleados en ATE-Capital.

Banderas y pancartas identificaban a las agrupaciones y una enorme figura que parodiaba a Larreta, una suerte de títere gigante encabezaba la marcha cuando las columnas llegaron hasta Perú y Avenida de Mayo.

“Nos hemos movilizado en una nueva jornada de lucha a la Legislatura junto a otras organizaciones hermanas, por un aumento del presupuesto para programas sociales y reclamando al Gobierno de la Ciudad que no avance con el ajuste económico contra los que menos tienen”, dijo Córdoba.

“Las organizaciones sociales somos esenciales para el fortalecimiento de las políticas públicas, desde hace años venimos llevando adelante tareas de cuidado a través de la Consejería de Género, a través de los apoyos escolares y de los comedores y merenderos”, destacó el referente de Somos Barrios de Pie Capital. “Hoy -explicó- hay más de cinco mil promotoras de salud y cuidados, docentes y trabajadores del Estado que no son reconocidos por el Gobierno de la Ciudad, por eso estamos pidiendo un bono y paritarias libres, sin techo. Lo que estamos pidiendo va a beneficiar a la clase media, a los trabajadores y a los sectores populares”.

Los movimientos que participaron de la protesta anunciaron que mantendrán su plan de lucha por más presupuesto, por un bono solidario y por una paritaria para todos los trabajadores hasta que haya una respuesta por parte de las autoridades de CABA.

Héctor Ortiz, dirigente gremial de ATE-Salud en los hospitales Durand y Pedro de Elizalde, ex Casa Cuna, apuntó que continuarán con los reclamos porque “no se puede vivir con sueldos miserables. Seguimos exigiendo el reconocimiento a la carrera profesional para la Enfermería, bioimágenes e instrumentadores. Y seguimos diciendo a Rodríguez Larreta basta de maltrato a los trabajadores de la ciudad”.

La Litoraleña resiste contra la amenaza de remate y desalojo

En el barrio de Chacarita, la emblemática fábrica de tapas de empanadas bajo gestión de sus trabajadores enfrenta un pedido de remate por parte de la justicia. Cuentan con el apoyo de otras fábricas recuperadas, referentes polìticos, sociales y la comunidad para sumarse a su lucha y resistencia.

Vienen peleándola desde 2015, cuando a mediados de ese año ante el vaciamiento, la falta de pago en los salarios y otras irregularidades, casi un centenar de trabajadores de la empresa Deconti SA (dueña de la marca La Litoraleña) decidieron en asamblea tomar la planta hasta que el dueño de la empresa, Rodolfo Deconti, pagara los salarios adeudados y cumpliera con estos reclamos.

En mayo de este año, la Cámara de Apelaciones dejó firme un fallo judicial en el que ordena el desalojo de la planta de La Litoraleña. La resolución fue firmada por los jueces Miguel Bargalló, Angel Sala y Hernán Monclá, e intima a que las propiedades y maquinarias pasan a remate. Los 50 trabajadores que hoy conforman la cooperativa tienen en riesgo su continuidad laboral.

Hoy en día siguen resistiendo a los embates de la patronal y la «justicia», mientras impulsan un proyecto de expropiación y declaración de utilidad pública en la Legislatura porteña. Este proyecto cuenta con el amplio apoyo de distintos sectores políticos.

La lucha de las cooperativas y fábricas recuperadas hizo aparición luego del 2001 con cientos de establecimientos que ante el vaciamiento de las patronales los propios trabajadores decidieron tomar en sus manos la continuidad de su fuente de trabajo, con la asamblea como órgano central para la toma de decisiones. Un ejemplo histórico es la fábrica de cerámicos neuquina Zanón (actualmente FaSinPat), quienes con su lucha y solidaridad se ganaron el apoyo de la comunidad y ofrecieron una experiencia de organización colectiva y política.

El sábado 15 de julio en las puertas de “La Lito”, como le dicen sus trabajadores, desde bien temprano se llevó a cabo una actividad contra el remate y por la expropiación. Diversos sectores afines a las experiencias de gestiones obreras, cooperativas, organizaciones y agrupamientos estudiantiles se hicieron presentes. La exitosa jornada contó con mesas de debates, proyecciones y otras actividades para dar a conocer la situación del establecimiento. Entre abrazos, charlas, mates y empanadas con las que convidaron a los presentes, los obreros en lucha culminaron una jornada en la que quedó en claro que no están solos en la defensa de los puestos de trabajo y la gestión obrera.

Trabajadores de La Litoraleña presentaron un proyecto de ley para expropiar el edificio

Trabajadores de la cooperativa «La Litoraleña«, recuperada en 2016, presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para la expropiación del edificio situado en el barrio de Chacarita, sobre el cual pesa una orden de desalojo judicial.

La propuesta parlamentaria fue difundida en una conferencia de prensa en el salón Jauretche del Parlamento porteño, de la que participaron los legisladores del Frente de Todos Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Berenice Iáñez y Laura Velasco.

La iniciativa contempla la declaración de «utilidad pública y sujetos a expropiación de los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles sitos en calle Giradot 331 y 345″, del barrio de Chacarita.

Dispone que lo expropiado «sea destinado al funcionamiento a la Cooperativa de Trabajo La Litoraleña mientras mantenga la actividad productiva y las fuentes de trabajo».

La Litoraleña lleva adelante su trabajo desde hace siete años con más de 50 asociados produciendo tapas de tartas, empanadas y pastas envasadas, después de la quiebra de Deconti SA.

Luis Baini, presidente de la cooperativa, sostuvo que «no pedimos que nos regalen nada, sino trabajar. Traemos soluciones y no problemas».

Fabián Pierucci, uno de los trabajadores de la cooperativa, explicó que el proyecto presentado «es trascendental para el destino de La Litoraleña y lo traemos a este ámbito democrático para poner en el tapete el trabajo autogestionado que genera tanta resistencia desde la política».

Polémica orden de desalojo

El proyecto surgió en medio del litigio judicial que atraviesa la cooperativa que tiene un pedido de desalojo dictaminado por la justicia en lo Comercial que, según contaron en la conferencia de prensa, salió en «tiempo exprés», lo que generó dudas respecto de los motivos que determinaron la decisión de los magistrados.

Al respecto, Barroetaveña señaló que «lo que acá estamos definiendo es si en el predio de Chacarita va a seguir estando un espacio de trabajo o si termina siendo, justicia mediante, un negocio inmobiliario», en relación a la situación que vive el barrio de Chacarita donde proliferó la construcción de nuevos edificios.

Morresi, por su parte, anticipó que el bloque del FDT «hizo propio el proyecto porque hay decisiones que toma la justicia que no compartimos y ponen en grave peligro la fuente de trabajo de 50 personas y de 50 familias».

Entrevista a Fabián Pierucci, síndico y Responsable de Planificación de la fábrica

La Litoraleña: resistiremos hasta el último aliento

MH: Contanos qué está pasando con La Litoraleña, empresa recuperada por sus trabajadores del barrio de Chacarita.

FP: Yo formo parte de la cooperativa. Se trata de una empresa recuperada hace 8 años. Viene de una experiencia patronal fallida, de un proceso de vaciamiento que significó que queden 115 familias en la calle.

La cooperativa se creó como una actividad defensiva. Teníamos la decisión y la organización para mantener los puestos de trabajo y conformando la cooperativa podíamos lograr la continuidad laboral.

Esto fue después de una cantidad de avatares que significaron, primero, una denuncia por usurpación porque tuvimos que ocupar la fábrica para impedir su cierre definitivo.

Ante la decisión de la asamblea del 27/11/2015 donde se decidió ocupar y hacer una retención de actividades porque había, por ejemplo, 800 cheques sin fondo, se había dejado de pagar los impuestos, los aportes patronales, las retenciones que se hacían de la nómina laboral. Se había dejado de pagar servicios, insumos y salarios.

Esto desencadenó la iniciación de un paro y un inicio de negociación con la patronal que se había comprometido a pagar parte de la deuda salarial y tras cartón manda 29 telegramas de despido con causa. Eso hizo que el vínculo con la patronal prácticamente se cortara e iniciar un proceso de producción autogestionada.

Pedimos al juzgado de la quiebra que acelerara los tiempos judiciales correspondientes al pedido de convocatoria de acreedores, del concurso y a quién iba a dar la continuidad, entonces la jueza nos dice que teníamos un delito preexistente que era la usurpación. Nos niega el pedido, apelamos a la Cámara, esperamos dos años, en el medio seguimos produciendo en forma clandestina porque teníamos una consigna policial que nos impedía entrar y sacar cosas, era una pelea todos los días.

Alquilamos un local en Boedo para tener sede fiscal. Ya estábamos constituidos en cooperativa, habíamos logrado el CUIT para poder facturar. Éramos legales como cooperativa, pero clandestinos en la producción de mercaderías.

Ganamos la apelación y entonces nos exigen una cantidad de cosas como, por ejemplo, que la fábrica esté habilitada a nombre de la cooperativa. Era una tarea ciclópea que nos demandó una cantidad de tiempo, dolores de cabeza y dinero. Cuando logramos cumplimentar los requisitos solicitados por el juzgado, nos dan un año de explotación. Que ni siquiera era útil para amortizar los gastos de la habilitación.

Pedimos una prórroga, también nos habían impuesto un canon, como una especie de alquiler que cumplimentamos y después de dos años nos niegan una nueva prórroga.

Entramos en una disputa por razones técnicas, por ejemplo, cómo habían liquidado las indemnizaciones que constituyen el monto principal de las acreencias laborales, la actualización, porque el dólar en 2015 estaba a $ 14, entonces ya había una cantidad considerable de tiempo y se habían devaluado nominalmente los montos.

Y por segunda vez nos falla en contra y en el 2020 nos niega la compensación, los pedidos que habíamos realizado por las liquidaciones y actualizaciones y nos manda una orden de desalojo en plena pandemia.

Volvemos a apelar y por todo este tiempo hasta hace un mes atrás que la Cámara de Apelaciones dicta un fallo en contra, sin mayor argumentación y nos queda como última instancia la Corte Suprema. Hacemos una presentación muy detallada y adherimos a la misma la apelación que había hecho la fiscal Boquín que prácticamente funcionó sin conocerla, como si hubiera sido nuestra abogada defensora y era la fiscal de la causa y nos niegan la posibilidad de llegar a la Corte Suprema así que hoy estamos con una orden de desalojo vigente y ya empiezan a correr los tiempos. 

MH: ¿Cuál es la perspectiva que se presenta a los trabajadores de La Litoraleña?

FP: Hoy por hoy estamos buscando una solución política, vías judiciales ya no tenemos y sabemos que contamos con la fuerza de la clase trabajadora, el movimiento cooperativo, de otras empresas recuperadas. Estamos tratando de presentar un Proyecto de ley de expropiación a favor de la cooperativa y la decisión de la asamblea de resistir hasta el último aliento el desalojo y conservar la fuente laboral con la fábrica en funcionamiento.

MH: Supongo que allí nos veremos defendiendo esta fábrica recuperada por sus trabajadores. Recuerdo frente a la casa de una de mis hijas, en Boedo, que tienen un local de venta al público de sus productos y de otros productos cooperativos.

FP: Ese fue nuestro primer sitio autónomo después de la quiebra.

MH: Los micrófonos quedan abiertos y el cuerpo dispuesto para defender La Litoraleña.

FP: Muchísimas gracias.

Trabajadores de Cerámica Neuquén movilizan contra tarifazos y el remate

A continuación, reproducimos el comunicado completo:

Las obreras y obreros de Cerámica Neuquén tenemos una propuesta para comenzar a saldar la deuda con Calf y restituir el servicio

Aunque las obreras y obreros de Cerámica Neuquén ofrecimos pagar parte de la deuda con Calf con nuestros propios sueldos, el presidente de Calf Marcelo Severini decidió desconocer un preacuerdo alcanzado con el directorio de la cooperativa eléctrica. Con esta decisión impide la reconexión de la energía y pone en peligro la producción de la fábrica.

El lunes 28 las y los obreros de Cerámica Neuquén ingresamos a la fábrica por la mañana y nos enteramos de que Calf había cortado la energía eléctrica, sin ningún preaviso. Inmediatamente nos dirigimos hacia las oficinas de la Cooperativa Eléctrica y en una reunión con el directorio llegamos a un preacuerdo para reconectar inmediatamente el suministro a cambio de iniciar un plan de pagos de la deuda de la fábrica. Pero antes del mediodía nos hacen llegar una nota donde nos dicen que si no cancelábamos inmediatamente toda la deuda no iban a restituir el servicio.

El martes nos movilizamos nuevamente a Calf, acompañados por distintas organizaciones sindicales, sociales y políticas, y el directorio ratificó esta decisión intransigente, aun cuando los obreros votamos en asamblea resignar el cobro de nuestra quincena para utilizar esa plata para saldar parte de la deuda, así como la entrega de parte de nuestro stock, a cambio de la restitución de la energía y poder retomar la producción. Ahí nos enteramos de que la decisión de desconocer el preacuerdo y tomar esta posición intransigente fue tomada por el presidente de Calf, Marcelo Severini, quien se encuentra de vacaciones. Mientras aplican tarifazos impagables para el pueblo y deciden dejar una fábrica sin energía, lo que implica su cierre y dejar en la calle 80 familias, este señor se encuentra de vacaciones.

Las y los obreros de Cerámica Neuquén no vamos a permitir que se cierre la fábrica. Al pedido de remate dictado por el juez Cosentino hace dos semanas ahora se suma el corte de energía. No creemos que sean casualidades sino una provocación de algunos sectores que quieren terminar con el ejemplo de las fábricas recuperadas, seguramente para hacer sus negociados. Por eso votamos el inicio de un plan de lucha que iremos intensificando, y este jueves volveremos a movilizarnos a las puertas de Calf. Exigimos la restitución inmediata de la energía y, como ya dijimos, tenemos una propuesta de pago, incluso a costa de nuestros propios salarios.

Desde Cerámica Neuquén también nos solidarizamos con las miles de familias que sufren el tarifazo en sus hogares, y nos sumamos al reclamo para que se retroceda con el mismo.

Convocamos el jueves 31 a las 10:00 en el Monumento para movilizar hasta las oficinas de Calf.

Obreros y obreras de Cerámica Neuquén

Sindicato Ceramista

También realizaron una jornada de difusión en la Ruta Provincial 7, frente a las instalaciones de la fábrica. La medida fue votada en asamblea luego de que el Juzgado Laboral N°1 pusiera fecha al remate de la fábrica para el próximo 27 de octubre.

A días de jubilarse el juez Sergio Cosentino dio un paso más contra los trabajadores, en un conflicto que lleva más de 5 años. El remate implicaría el desalojo violento, y dejaría sin sustento a 80 familias. Desde la gestión obrera reclaman la intervención del gobierno nacional, del gobernador provincial actual, Omar Gutiérrez, y del gobernador electo, Rolando Figueroa.

Para el abogado de las gestiones obreras, Mariano Pedrero, el remate “es un despropósito” ya que implicaría “el desguace de la fábrica y la pérdida de los puestos de trabajo cuando en el expediente hay presentada otra alternativa que pasa por la subdivisión del terreno donde está la fábrica y que la planta con la maquinaria quede en cabeza de la gestión obrera. Con los terrenos remanentes la vieja patronal afrontaría sus deudas, incluidas las de los ex trabajadores y trabajadoras que reclaman sus indemnizaciones».

Los trabajadores y trabajadoras se declararon en estado de alerta y movilización y piden a la comunidad que los acompañe: “estamos decididos a defender nuestras fuentes de trabajo”, explican en el volante que repartieron a los automovilistas.

La Fábrika: núcleo cooperativo, social y solidario en Rosario

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, funciona desde 2017 el polo productivo de cooperativas de la Economía popular La Fábrika. Nucleado alrededor de un espacio común de trabajo y actividades, siete cooperativas ocupan a más de 50 personas que producen y trabajan bajo lógicas solidarias y asociativas.

La Fábrika se encuentra en la calle Paso 2067, en el Barrio Industrial, una de las zonas más populosas de la ciudad. Allí desarrollan sus actividades Casa Pueblo, espacio de acompañamiento comunitario para el abordaje integral de consumos problemáticos; Flor de Ceibo, cooperativa de construcción; Encubiertos, un emprendimiento gastronómico; Imaginar, cooperativa de comunicación; Jamandreu, cooperativa de producción textil; Sublitep, emprendimiento cooperativo de sublimación; y Fierro, cooperativa de marroquinería.

Además, el espacio cuenta con un club deportivo, comedor popular y merendero que atiende las necesidades de la zona. La Fábrika es parte del Movimiento Evita, dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Pablo Basso, referente de la entidad, explica que todo comenzó a ponerse en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2017. «Empezamos a enfrentar una realidad muy complicada, porque nuestro espacio empezó a ser también un lugar muy recurrido para la asistencia, para la ayuda, para ver si el que se quedaba sin laburo o el que no tenía laburo podía dentro de nuestro espacio generarse de un rebusque». El contexto empujó a que los integrantes de las cooperativas comenzaran a buscar maneras de capacitar más personas en talleres de oficios.

La situación, menciona Basso, se reorientó a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia Social, que conformó la figura del salario social complementario con el cual la mayoría de los trabajadores nucleados en La Fábrika pudo recomponer ingresos y despegar su capacidad productiva.

Por otra parte, señala que la pandemia de Covid-19 fue, hasta el momento, el período más difícil que enfrentaron. «A nosotros la pandemia nos hizo pelota, como a todo el mundo. Además, como nosotros también cumplimos un rol social dentro del barrio con el comedor, la copa de leche, el espacio escolar educativo y demás, eso nos llevó a una crisis fulera en la cual dejamos de lado un poco el proyecto productivo. Básicamente nos pusimos a laburar todo en el comedor y a repartir la mercadería que podía ayudar a conseguir Desarrollo Social. Nos pusimos en función de la ayuda social que se podía hacer en los barrios y así fortalecimos ese rol social y comunitario que también tiene la Economía popular», cuenta el referente de La Fábrika.

Frente a la coyuntura económica y política que podría derivar de un triunfo electoral del libertario Javier Milei, Basso señala que «el primer objetivo es tratar de evitar que gane la elección, pero eso por un sentido más patriótico que cooperativo». Es que el cooperativismo parece enfrentarse a dificultades futuras ante las promesas de campaña del referente de ultraderecha.

La Nirva reconocida por el Concejo Deliberante de La Matanza

El Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, reconoció a las y los trabajadores de la cooperativa formada a partir del cierre de empresa alimenticia La Nirva. La medida resalta por la posibilidad de proteger al colectivo ante las amenazas de desalojo que enfrentan por parte de los responsables de la etapa comercial del establecimiento.

Con la decisión unánime de las y los concejales, la medida apunta a garantizar la continuidad de la producción que robustece los puestos de trabajo. Tanto ediles del Frente de Todos, Juntos y el Frente de Izquierda-Unidad votaron a favor de la declaración legislativa.

En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la recuperación de la empresa Pettinari también fue apoyada en diagonal a las diferencias entre oficialismo y oposición, a pesar de que luego la entonces gobernadora María Eugenia Vidal vetó la ley que reconocía ese proceso.

A su vez, en el sector de las empresas recuperadas hay preocupación porque existe una ley provincial que prohíbe los desalojos en casos como el de La Nirva y, sin embargo, la justicia ordinaria del partido de La Matanza no hizo lugar aún a ese factor, dado que sigue atendiendo las presentaciones del ex dueño de la fábrica, que reclama aún después de la quiebra de la empresa la restitución del lugar.

La situación de las empresas recuperadas

Luis Coronado, abogado de los trabajadores, señaló que la situación de las empresas recuperadas en Argentina precisa una solución mejor estructurada por parte de todos los actores que intervienen en las diversas situaciones. «Casos como el del Hotel Bauen, que tras quince años de gestión de sus trabajadores no pudo continuar, no puede seguir sucediendo», opinó.

Según el abogado especialista en el sector, se trata de un fenómeno multifactorial. En primer lugar, señala que la mayoría de las veces falta formación entre abogados laboralistas al momento de encarar el asesoramiento de trabajadores que se organizan para sostener sus puestos de trabajo ante una situación de concurso preventivo en una empresa.

En el caso de La Nirva, identifica que el proceso muy probablemente avance hacia un intento de las y los trabajadores en cooperativa de utilizar sus créditos laborales para adquirir el paquete accionario de la empresa antes controlante de la fábrica. El marco legal permite que integrantes de empresas en quiebra utilicen lo adeudado a ellos en forma de crédito para, de forma colectiva, dirigirlo a la compra de los bienes que de otro modo enfrentarían el remate. Además, bajo esta modalidad en ninguna instancia el Estado debería aportar fondos.

El problema surge, según Coronado, cuando existe una diferencia entre el crédito laboral colectivo y el valor tasado de los bienes. «Ninguna institución bancaria te va a prestar la plata, aunque te falten 50.000 pesos», alertó. En ese sentido, puntualiza en que desde INAES se hace un notable esfuerzo en financiar maquinaria y capacitación para empresas recuperadas, pero no para cubrir esas ventanas de montos para la compra de paquetes accionarios.

«Sin dudas hay buena voluntad, pero falta mayor conocimiento sobre cómo funciona la operatoria en estos casos. Al juez que lleva la quiebra tenés que llevarle una solución definitiva, porque esa es su función», concluyó el letrado.

Villa Allende: Cooperativa de mujeres consiguió predio para producir árboles nativos

La cooperativa Mujeres Emprendedoras de la localidad cordobesa de Villa Allende consiguió un terreno para seguir con su producción de árboles nativos.

Si bien las trabajadoras se dedican a la producción de árboles nativos, hasta el momento no contaban con una sede y llevaban adelante sus tareas en casas particulares.

Sin embargo, luego de una gestión con el municipio de Villa Allende y una fuerte campaña en la comunidad, la cooperativa logró un predio en comodato para producir dichos árboles.

“Son 1000 metros que nos han dado y ya esperamos tener el lugar porque es complicado trabajar así”, manifestó Melisa, integrante de la organización.

Se trata de unas 15 mujeres provenientes de sectores populares y que trabajan desde hace un año y medio produciendo árboles nativos, principalmente algarrobo blanco y negro. Con el logro de este nuevo predio, esperan sumar entre 50 y 60 mujeres más a la organización.

El logro de la cooperativa de mujeres emprendedoras de Polinesia de Villa Allende es parte del esfuerzo y acompañamiento de toda la comunidad. La cooperativa funciona como modo de afrontar una realidad compleja y precarizada.

“Me siento orgullosa porque Polinesia es un barrio marginado y nosotros queremos cambiar eso. Más que todo, mujeres, ya que las mujeres siempre por ahí quedamos atrás y últimamente están tan presentes. Necesitamos un buen cambio en nuestro barrio y queremos ser parte de eso”, agregó Romina.

Toman terrenos abandonados en Villa Garrote (Tigre)

Más de 140 familias, ante el déficit habitacional y el hacinamiento, tomaron terrenos abandonados donde se iban a hacer edificios hace más de 10 años. Hace dos años los vecinos firmaron un acuerdo donde el Gobierno de Kicillof se comprometía a construir las viviendas faltantes, pero nada de eso ocurrió.

Este lunes 21 de agosto por la mañana, vecinos del barrio tomaron y lotearon de forma pacífica terrenos abandonados, esos terrenos iban a ser edificios de Sueños Compartidos que nunca se terminaron, los que quedaron abandonados fueron tomados el año pasado.

El propio municipio y gente cercana a Malena Massa venía prometiendo la terminación de esos edificios para quienes ya los ocupan y los nuevos que nunca se hicieron; fueron máquinas, hicieron algunos movimientos y solo rompieron las plateas ya construidas. El acta-acuerdo firmada por los vecinos establecía que el Gobierno provincial daría una solución habitacional adecuada a las necesidades de las familias.

Lo cierto es que las promesas se las llevó el viento y en el barrio hay cada vez más hacinamiento, en un país con una gran crisis de inflación, pobreza y bajos salarios.

Lo que se necesita son medidas de fondo contra el hambre y la falta de vivienda que se sufre día a día.

Es urgente que se le den esas tierras a los vecinos, que le den los servicios correspondientes y un plan de vivienda acorde a la situación, sin dejar a ningún vecino por fuera.

La Policía de Larreta desalojó a familias que ocuparon viviendas abandonadas

Un descomunal operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se montó este viernes18 al mediodía en la Comuna 8 de Villa Lugano, más precisamente en los barrios Padre Múgica e INTA, para cumplir una eventual orden de desalojo contra unas 120 familias sin vivienda que decidieron ocupar un complejo habitacional que, según testimonios de vecinas y vecinos del barrio, llevan una década en desuso.

Finalmente, el operativo represivo se llevó a cabo poco antes de las 16:00. Los efectivos policiales actuaron brutalmente, arrastrando gente por las escaleras. Atacaron a mujeres embarazadas, inclusive.

Las familias dijeron que esas viviendas nunca fueron terminadas y, ante la difícil situación que viven, con ingresos que les impiden poder pagar un mínimo alquiler, decidieron ingresar a los edificios.

Muchas de las familias aseguraron ser “adjudicatarias de esos inmuebles y tener problemas para acceder a viviendas dignas.

El complejo de departamentos se ubica en las plateas 12 y 13, de la calle Zelarrayán al 6800. Sus unidades no tienen los servicios básicos de luz, gas y agua. Vecinos dijeron que las viviendas “son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda y (éstas) son personas que necesitan una vivienda”.

Además, le reclamaron a Horacio Rodríguez Larreta que decida finalizar esas construcciones como parte de un plan de vivienda. Sin embargo, la respuesta fue la represión.

En la Argentina hay más de 3.500.000 de familias con problemas de vivienda. Esto se agudiza por la inflación y las subas de alquileres. En los últimos 8 años, tanto bajo el gobierno de Cambiemos como bajo el del Frente de Todos, no han dado ninguna respuesta a esta problemática. O, para ser más precisos, su respuesta ha sido la represión. En el caso del Frente de Todos, esto se vio de manera patente en Guernica, en 2020, con la represión comandada por Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

Virrey del Pino: desalojan 800 familias

Unas 800 familias ocuparon un predio frente al barrio Nicol al oeste del Conurbano bonaerense, en Virrey del Pino. El hecho pasaba desapercibido en todos los medios como había sucedido en Guernica: familias cada vez más pobres, hacinadas en precarias casitas o imposibilitadas de seguir pagando el alquiler de una habitación con baño compartido, se lanzan sobre tierras abandonadas que parecen no tener dueño.

El puntapié inicial de esta toma de tierras comienza el pasado 24 de mayo cuando un grupo de familias que venían pagando cuotas para acceder al supuesto loteo de aquel baldío fueron estafadas. Aquel día, ante la ausencia de los vendedores decidieron instalarse en el predio en el kilómetro 35 de la ruta 3. Luego lo inevitable: la noticia empezó a correr por los barrios linderos y cientos de familias comenzaron a poblar el descampado. Como había sucedido en Guernica, la ola fue difícil de contener y en poco tiempo unas 800 familias trazaban lo que luego denominaran el barrio “Unión y Fuerza”.

“En estos terrenos hace añares que no hay nadie, no tienen ni cerco. Nosotros necesitamos dónde vivir. Si pudiésemos compraríamos, pero nadie nos ayuda”, es lo primero que nos dice una vecina. La vergüenza de no poder comprar, de no poder construir tu casa. “A nadie le gusta estar con una casilla en un baldío con miedo que venga la policía y te golpee o te lleve preso. Por qué acá venimos con nuestros niños. Alguien se imagina que si pudiésemos comprar no estaríamos acá”.

Apenas instalado el asentamiento, comenzaron a padecer las continuas agresiones. Las delegadas relatan que los 15 días posteriores a la ocupación fueron de constantes ataques: “pasaban con un auto de civil sin patente y nos disparaban. Nos insultaban mientras estábamos armando nuestras casillas. Mientras pasaba esto nadie desde el municipio o autoridad vino a conversar con nosotros”.

En esos días, ante la necesidad de parar los ataques, las familias decidieron realizar una asamblea, elegir delegadas y hacer una colecta para pagar pasajes y poder acercarse para pedir que intervengan autoridades y detener el hostigamiento policial.  Pero nada de esto detuvo que continúe llegando personal policial para correr a quienes armaban nuevas casillas. Dicen que hubo ataques todos los días, pero cuentan que fueron cinco los desalojos porque en esa oportunidad rompieron casillas. Pero ninguna se compara con las intervenciones de los dos últimos sábados.

El primer desalojo brutal ocurrió el sábado 22 de julio cuando un operativo policial se presentó por la mañana y sin mediar diálogo ni presentar orden comenzó a reprimir a las familias. Mientras avanzaban, los efectivos iban quemando casillas de las familias que vivían con sus niños y ancianos en el lugar.

En la brutal represión que sólo fue publicada en redes sociales y medios alternativos hubo decenas de personas heridas. Un joven recibió un disparo de arma de fuego que le atravesó el tobillo.

Pero como sucede en esos casos los heridos no van al hospital cercano ni hacen la denuncia porque tienen miedo a las represalias policiales. Incluso es difícil que los jóvenes que fueron marcados y amenazados brinden testimonios. Un grupo de vecinos afirmaba que un hombre mayor que estaba aquel día recibió una golpiza por escapar y tuvo que ser asistido y que tras permanecer en estado grave, habría fallecido. “Estamos buscando pruebas para afirmar que esta persona murió, pero muchos no quieren hablar o huyeron por el miedo”, explicaba una mujer que como el resto de las personas de la toma no quieren dar su nombre.

Aquella tarde el operativo policial barrió con un sector del predio ocupado por las familias. Otro grupo permaneció en el terreno. Luego, las delegadas barriales denunciaron que habían recibido amenazas y que ellas también estaban señaladas por efectivos policiales de civil. “A muchos jóvenes los fueron parando en la calle para insultarlos y amenazarlos que les iban a pegar. Autos de civil con personas de civil”, explicaba una vecina.

El segundo desalojo fue el sábado 29. “Los fines de semana son los peores, la policía siempre viene a agredir”. Aquella mañana, otro contingente de efectivos se presentó también sin mostrar orden. “Llegaron y sabíamos que iban a comenzar a pegar. Les pedimos la orden y nos dijeron que venían de parte de la fiscalía 5”.

El accionar policial venía a destruir las casillas que habían quedado sin derribar en la represión del sábado anterior. Cuando comenzó el operativo los más jóvenes se enfrentaron con piedras contra la policía.  Pero nada pudo detener el avance continuo y la destrucción total de las casillas mientras algunos trataban de huir con lo poco que tenían. Tras “limpiar el terreno”, los uniformados tenían la orden de evitar que las familias en situación de calle pudieran sacar sus chapas y maderas.

Pero la “fuerza” no se detuvo allí y el operativo se tornó en una cacería humana. Las formaciones policiales persiguieron a los jóvenes hasta el barrio Nicol. Los disparos y las balas de goma empezaron a retumbar por las calles. Hay testimonios que cuentan cómo los policías ingresaron ilegalmente a las viviendas del barrio. En las redes sociales, los testimonios cuentan de las golpizas contra ancianos y jóvenes discapacitados. Y al igual que el sábado se registró en videos que un joven recibió un disparo de arma de fuego que atravesó su ingle y que salvó su vida de milagro. A pesar de las imágenes, el temor a represalias evitó la denuncia y el testimonio del herido.

También hubo cuatro detenidos, tres de ellos menores y uno mayor de edad, pero con discapacidad. Los cuatro contaron que fueron golpeados y torturados.

Como suele suceder, nada de esto salió en los medios de comunicación hegemónicos. La violencia contra las familias en situación de calle que toman terrenos es sistemáticamente ignorada por la agencia mediática y política (salvo algunas excepciones) pero las ocupaciones nunca se detienen y es porque en la Argentina hay 4 millones de personas con problemas de vivienda. Según el último censo solo un 65, 5% de los hogares son dueños de su vivienda. En las periferias de las grandes ciudades es donde se agudiza la problemática. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en la lucha de las más de 1,500 familias que fueron desalojadas en Guernica que a pesar de las promesas del gobierno provincial a más de dos años todavía no recibieron ninguna casa ni “lote con servicios”.

Las familias del barrio «Unión y Fuerza” se acercaron frente a la municipalidad de La Matanza en San Justo para pedir al intendente Fernando Espinoza que intervenga y detenga la violencia policial. “Necesitamos que nos atienda. No queremos lamentar más heridos o algún muerto. Solo queremos que nos dé la oportunidad para construir nuestra casa, algunos estamos viviendo en la calle”.

El ingreso del municipio estaba fuertemente custodiado por Infantería y personal de civil en los alrededores. Mientras sonaba la protesta, algunas madres levantaban sus pancartas con las imágenes de los heridos o de los casquillos de calibre 9mm que habían juntado en el terreno luego de la represión. Algunas personas que habían sido heridas en la represión del sábado reconocieron a sus agresores entre los policías de civil que rodeaban la plaza frente al municipio. Estos sonreían al ver que habían sido reconocidos.

Luego de horas de espera y ante las reiteradas promesas que iban a ser recibidos. Se dieron cuenta que tampoco iban a tener respuesta. Nadie del gobierno en La Matanza se presentó.

Red de Pueblos Afectados por los Agrotóxicos

El pasado mes de junio en la Ciudad de Rosario, Argentina, se lanzó la plataforma regional Red de Pueblos de Nuestramérica Afectados por los Agrotóxicos.

La presentación de la red se dio en el marco del «VII Congreso Internacional de Salud Socioambiental, actividad organizada por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Rosario (UNR) y con la presencia de organizaciones de los pueblos hermanos de Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina, se dio inicio a la conformación de una Red de pueblos afectados por los agrotóxicos biocidas, con el horizonte del Buen Vivir, la Soberanía Alimentaria y la Agroecología» señala el documento fundacional de la plataforma.

Las organizaciones agregan que la región se ve afectada por los impactos en la salud y el ambiente por los agrotóxicos que son utilizados por el Agronegocio en la agricultura en forma indiscriminada afectando a todos nuestros pueblos. «Por lo tanto, ante la agresión que sufrimos, los pueblos se unen se organizan para transformar esta realidad en el bien de todos los que habitamos Nuestramérica», señalan.

La red busca «acompañar, apoyar y fortalecer los procesos locales de resistencia en los diferentes territorios regionales con estos horizontes comunes», además de consolidar un espacio de intercambio de saberes y experiencias entre los diferentes procesos regionales de Nuestramérica.

Así también las organizaciones integrantes realizarán acciones de denuncia, difusión e incidencia como articulación regional de pueblos afectados por agrotóxicos.

Uno de los puntos más preocupantes respecto al uso de plaguicidas a nivel país, es la fumigación en los alrededores de escuelas y colegios en la Región Oriental, el Libro Agronegocios y Escuelas Rurales, muestra que un 32% de las instituciones educativas de la Región Oriental están expuestas a fumigaciones con agrotóxicos poniendo en riesgo la salud y la vida de estudiantes y docentes.

Fuentes: Agencia FARCO, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Ansol, Página/12, Anred, Prensa Obrera

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