No puede extrañar a nadie que un gobierno de derecha como el argentino este proponiendo una reforma del régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y mucho menos que Sergio Massa le suba la apuesta. El gobierno y sectores políticos de la derecha se aferran al tema de […]
No puede extrañar a nadie que un gobierno de derecha como el argentino este proponiendo una reforma del régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Y mucho menos que Sergio Massa le suba la apuesta.
El gobierno y sectores políticos de la derecha se aferran al tema de la inseguridad y abren las puertas para que se expresen las concepciones más reaccionarias que habitan el llamado «sentido común», en donde se ponen en la misma bolsa a la delincuencia, a la protesta social y se exacerban discursos xenófobos.
Por eso, ante la propuesta del gobierno de crear una Comisión para tratar la reforma del régimen penal juvenil, Massa manifestó:
«No queremos una comisión, ya sabemos que las comisiones terminan en nada. Queremos convocatoria a extraordinarias y discutir este tema en febrero. Y que exigimos que de acá al 30 de enero el ministerio de Economía nos informe cuántos recursos va a invertir en construcción de instituciones preparadas para recibir a los niños, niñas y jóvenes que delincan, la capacitación de Policía y Justicia y psicólogos de recuperación de adicciones en menores, para que tengamos un verdadero régimen de responsabilidad penal juvenil»,
Estas propuestas son parte del vademécum represivo de la derecha junto a la pena de muerte y la justicia por mano propia. Son eslabones de la misma cadena conceptual basada en la intolerancia y la represión que fomentan la criminalización de la juventud, de la protesta social y de los extranjeros.
No es casual que, al inicio del año electoral, mientras la situación económica se sigue deteriorando, mientras continúan los despidos tanto en el sector público como en el privado, aumenta la recesión, el poder adquisitivo de la población cae a la par del aumento cotidiano del costo de vida, e incendios e inundaciones arrecian en distintas zonas del país ante la ausencia de los funcionarios, el gobierno busque instalar estos temas y quienes buscan ser su alternancia se sumen voluntariosos.
En el discurso dominante, la amenaza es clara, viene de jóvenes delincuentes habitantes de barrios marginales, de inmigrantes vinculados al narcotráfico y toda la discusión se centra en qué sistema y qué normas penales se deberían implementar para hacer más efectiva la represión. Una clara definición de clase.
Si el debate sobre el tema se basa en la estigmatización de determinados grupos sociales y etarios para criminalizarlos e implementar políticas de segregación y represión sobre ellos, no será difícil adelantar las conclusiones del mismo.
No es bajando la edad de imputabilidad, «metiendo bala», condenando a muerte o levantando muros que se logrará mayor seguridad, estas actitudes sólo buscan naturalizar una sociedad con miedo, cada vez menos solidaria, más controlada y disciplinada en un orden represivo en el cual policías corruptos viven del delito y se hace sentir la ausencia de políticas estatales que no sólo busquen ser más efectivas en la prevención y represión del delito en términos policiales, sino que aborde las raíces sociales del problema.
Nuevamente, el debate aparece desfasado hacia la derecha que toma la voz cantante y clama su indignación como si ellos y sus políticas no fueran responsables.
Es, para ellos, la mejor manera de evitar discutir sobre las consecuencias de su política económica, sobre la forma en que buscan desmantelar el sistema educativo público, sobre como décadas de capitalismo neoliberal han moldeado a amplios sectores de la sociedad, dejándonos en presencia de familias que están afrontando una tercera generación de desocupados, de precarizados, de excluidos, de jóvenes arrojados al sálvese quien pueda en una sociedad que exacerba el consumismo y se divide en ganadores y perdedores como si esto fuera un problema de esfuerzo o voluntad individual.
Una muestra más del proyecto que buscan imponer.
Marcelo F. Rodríguez. Sociólogo. Director Adjunto del CEFMA
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