Pablo Benetti, de la Federación Nacional Campesina, cuestiona al Frente de Todos por su falta de políticas para el campesinado y los pequeños productores. Propone medidas concretas para el acceso a la tierra y la agroecología. «El Gobierno tiene presente a la agricultura familiar en el discurso, pero no alcanza, es necesario destinar fondos», afirma.
“En estos días el centro de la lucha es por las emergencias. La necesidad de resolver las cuestiones climáticas, las pérdidas que vienen teniendo y están teniendo los productores por las sequías, las heladas, las pedradas, las olas de calor, los vientos.” Pablo Benetti es representante de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Entre Ríos e integrante de la Mesa Nacional de la organización campesina creada en 2010. El impacto de las inclemencias climáticas que enfrentan los productores es un tema central en la agenda agropecuaria, pero para los pequeños productores de la agricultura familiar, campesina e indígena las medidas de ayuda llegan con más dificultad (o no llegan).
“Estamos con una campaña nacional para resolver las emergencias agropecuarias y poder garantizar la permanencia de los compañeros y compañeras en los lugares de producción y produciendo”, cuenta Benetti a Tierra Viva sobre la realidad que enfrentan en todo el país. El FNC se constituyó hace 13 años con el impulso de organizaciones como la Unión Campesina de Chaco, la Unión Campesina de Corrientes, la Asociación de Productores de Tucumán y la Asociación de Medieros y Afines de La Plata. Actualmente cuenta con representación en 18 provincias y diversas producciones ganaderas, tamberas y de horticultores.
Es por eso que Benetti plantea la emergencia pero también los problemas estructurales para la agricultura familiar campesina e indígena: “El acceso a la tierra nos preocupa mucho. Desde los horticultores en los cinturones de las grandes hasta los productores en Jujuy se pagan precios exorbitantes, que llegan a alquileres anuales de 250 mil pesos por hectárea”.
En el inicio de este año electoral, el representante del FNC realiza un balance de gobierno del Frente de Todos, la amenaza de una vuelta de Juntos por el Cambio y las medidas esenciales para fortalecer al sector productor de alimentos para las mesas argentinas.
—¿Qué evaluación hace del gobierno nacional en materia de políticas agropecuarias?
—En 2019 la Federación planteó su apoyo al Frente de Todos porque entendíamos que la “pandemia amarilla” del macrismo nos castigó de forma muy dura. En el gobierno de Mauricio Macri la agricultura familiar y campesina no solo no fue tenida en cuenta sino que existió una política de desguace de las instituciones que trabajaban con el sector: 700 despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, desfinanciamiento del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF), eliminación de las agencias de extensión del INTA. Fue toda una política de desmembrar y no tomar en cuenta a la agricultura familiar, que debe entenderse como un sector de la economía que genera riqueza y produce los alimentos de cercanía para las mesas argentinas, algo que se reveló como imprescindible durante la pandemia del Covid-19. El gobierno del Frente de Todos recuperó esos espacios de la agricultura familiar y tiene presente al sector en el discurso, pero no alcanza, es necesario destinar fondos y políticas directas para el sector.
—En ese sentido, ¿cómo es la situación con la asistencia frente a la emergencia agropecuaria actual?
—En cuanto a las políticas por emergencias climáticas, durante la mesa nacional que realizamos en enero, los compañeros de Mendoza, por ejemplo, nos explicaban que quedan afuera porque no tienen un certificado que los acredite como productores, ni siquiera cuentan con el monotributo social agropecuario. En Entre Ríos conseguimos que se reconozca a los productores a través del registro del Renaf y una declaración jurada que certifique las pérdidas. Así 500 productores recibieron 200 mil pesos de asistencia. En Corrientes, tras los incendios, la Unión Campesina de Corrientes se mantiene movilizada porque el gobierno provincial ofrecía una asistencia de 80 mil pesos, pero la gran mayoría de los productores habían quedado afuera. Los fondos de emergencia a nivel nacional son escasos y cada provincia lo utiliza a su manera.
—¿Qué medidas podría tomar el gobierno nacional para mejorar la asistencia frente a la emergencia?
—Sería necesaria la creación de un seguro multiriesgo, a precios subsidiados. Una medida similar a la que se tomó cuando se creó el monotributo social agropecuario. Un seguro que, al menos, permita salvar los costos de producción ante un siniestro climático. Están ocurriendo problemas diversos, por ejemplo, los y las productoras del cordón hortícola de La Plata cuentan que por las tardes levantan vientos fuertes, como tornados, que les destrozan el nailon de los invernaderos y un rollo de nailon hoy está 50 mil pesos.
—¿Queda margen político para impulsar medidas para la agenda campesino-indígena en este año electoral?
—Creemos que sí. Hace meses atrás impulsamos cinco proyectos de ley en conjunto con la Mesa Agroalimentaria. Iniciativas que entendemos que son las que pueden ayudar a sostener y evitar que sigan desapareciendo los pequeños y medianos productores en la Argentina. Se trata de la Ley de acceso a la tierra, Ley de arrendamientos rurales, Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos, Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias y la Ley de financiamiento del cooperativismo y la transición agroecológica. Para esto también necesitamos que la Ley de Agricultura Familiar se reglamente y se efectivice, desde 2014 está aprobada la norma y aún sigue sin ser reglamentada ni tiene presupuesto para desarrollarla.
—La transición agroecológica es un eje central en las políticas reclamadas por las organizaciones campesinas…
—Fomentamos e incentivamos a los compañeros y compañeras que hagan la transición al modelo agroecológico. No solamente por la baja de los costos en dólares en la producción sino por la salud. Se envenenan en vida aplicando agrotóxicos ellos y sus hijos. La transición a la agroecología baja los costos de herbicidas y semillas, que lo atan al productor y lo endeudan pero también mejorara la salud de los compañeros y compañeras. Celebramos que se haya creado la Dirección Nacional de Agroecología, con Eduardo Cerdá a la cabeza, quien desarrolló el tema en teoría y en la práctica, pero tampoco figura el fomento de este modelo de producción a través de una ley nacional o políticas concretas que permitan iniciar la transición, que garantice los medios y los espacios de comercialización.
—Respecto a la demorada puesta en marcha de la Ley de Agricultura Familiar, una de las últimas medidas del Gobierno para el sector fue la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. ¿Qué expectativas les genera?
—Es un paso importante porque le da institucionalidad al sector, aunque quizá no haya sido el momento político para su creación. Es bueno porque se plantea tener un presupuesto propio, garantiza la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, permite coordinar desde el Instituto con organismos de financiamiento internacional. Todo eso puede permitir agilizar las políticas para el sector. Por otro lado, quizá no fue el mejor momento para crearlo: a fin de año y en las puertas de un año electoral. Es necesario armar una estructura edilicia, administrativa y contable para ponerlo en marcha, es una estructura que va a llevar su tiempo y, en el medio, van a estar las elecciones. El cambio de escenario que puede haber a partir de diciembre nos preocupa. Un cambio drástico, una victoria de Juntos por el Cambio y la vuelta de las políticas neoliberales puede dejar planchada la creación del Instituto. No lo vamos a permitir, pero quedaría en una situación de debilidad.
—¿Qué le diría a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria?
—Les propongo que vean en las góndolas de sus casas los productos que tienen y de dónde vienen. Muchos vienen del sector cooperativo: arroceras, molineras, yerbateras, producción de alimentos. Que vean los productos que surgen de la agricultura familiar, ni hablar si se acercan a comprar a los mercados populares, que se han multiplicado en este último tiempo. Este sector es el que genera gran parte del alimento que se consume en las mesas argentinas, con una producción sin agrotóxicos y directa al consumidor para que sepa quién y cómo la produce. Que esas personas piensen, a la hora de votar, qué políticas se han generado hacia esos sectores y quiénes son los que han impulsado políticas que lo garantizan.
—¿Se siguen sintiendo contenidos dentro del Frente de Todos?
—En el 2019 respaldamos la creación del Frente porque era necesario que no vuelva Mauricio Macri, quien sostiene que de volver haría lo mismo pero más rápido. Nosotros creemos necesario seguir sosteniendo el Frente de Todos para mantener la continuidad de políticas. Por supuesto que cuestionamos, que hemos salido a la calle y volveremos a salir a las calles planteando las necesidades del campesinado. Sabemos que falta, pero un gobierno de Macri o Javier Milei o de los sectores de derecha sería la ruina y la desaparición total de los pequeños y medianos productores del país.
—Si tuviera que escribir el eje de política territorial, productiva y alimentaria para un programa electoral, ¿cuáles leyes o programas no podrían faltar en un próximo Gobierno?
—Lo primero sería el acceso a la tierra para producir y para vivir en todo el territorio, ya que muchos compañeros aún viven hacinados en casillas en las mismas tierras en las que producen. Una política seria de distribución de tierras fiscales y malhabidas. Luego el acceso al crédito para la producción, para la puesta en producción, para insumos, herramientas y maquinarias. Y la soberanía alimentaria: garantizar la decisión sobre qué se produce, cómo se produce y que esa producción llegue a las mesas de los argentinos a través del fomento de mercados populares. Para esto es necesario también la sanción de una Ley de Agroecología, que garantice el fomento y el incentivo para este tipo de producciones en todo el país, ya sean hortícolas, frutícolas o ganaderas, para tener alimentos sanos, libres de agrotóxicos y de acceso a toda la población.