Ni una familia, ni una persona más en la calle

Cada año un promedio de 5000 familias son desalojadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de ellas son expulsadas de la Ciudad que eligieron, no por capricho sino por necesidad. Como consecuencia de este proceso, todas ven deterioradas sus condiciones de hábitat y muchas quedan en situación de calle.

El desalojo es una trágica forma de desarraigo. Una medida violenta e invisibilizada, que tiene gran impacto sobre los sectores más humildes de la población en esta ciudad. Ese impacto se manifiesta en una ruptura del entramado social, económico y familiar con el entorno al que pertenecían, los habitantes afectados a desalojos y/o desplazamientos. De ese modo estos procesos, además de dejarlos sin vivienda, generan la desarticulación del núcleo familiar (el reparto de sus integrantes entre amigos, parientes y allí donde se consiga algún lugar); la pérdida y/o alejamiento de su fuente de trabajo; la afectación al derecho a la educación (debido a los graves problemas que surgen para que los niños, niñas y adolescentes permanezcan escolarizados); y problemas de acceso al derecho a la salud (al desvincularse de los hospitales y centros de salud de sus barrios, donde se atendían habitualmente).

Si contabilizamos unas 20.000 personas lanzadas de sus viviendas anualmente, en el último lustro 100.000 seres humanos han vivido la dolorosa experiencia del desalojo en esta ciudad. Una buena parte de los mismos, han sido expulsados hacia otras localidades. Lo que constituye un fenómeno de desplazamiento masivo de población humilde hacia provincias y de degradación de las condiciones en que viven, los que logran resistir la expulsión. Así año a año crecen las villas y los asentamientos en forma exponencial.

Sin embargo la ciudad está lejos de colapsar bajo una amenazante ola de migrantes de lejanas provincias y sobre todo de países limítrofes, como argumenta el macrismo. Por el contrario tiene hoy una población ligeramente inferior a la de hace 40 años. En este contexto, en las últimas décadas desde el sector privado ha aumentado considerablemente la construcción, pero sus destinatarios son casi exclusivamente los sectores medios altos y altos.

Simultáneamente en la metrópoli, según el último censo, 340.000 unidades están vacías y cerradas. En Puerto Madero la cantidad de viviendas desocupadas es cercana al 70 % del total.

Como consecuencia de la falta de regulación estatal en el mercado inmobiliario y en medio de una burbuja especulativa, los precios de los inmuebles se han incrementado en forma notable en los últimos años. Incluso superando largamente el incremento de precios de cualquier otro bien o servicio. Así la «inversión en ladrillo» se ha transformado, probablemente en el más rentable de los negocios del mercado, atrayendo una importante cantidad de capitales para ese tipo de inversión..

Este fenómeno se traduce en un verdadero Boom inmobiliario, no sólo en la ciudad sino en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, que lentamente van copiando esta lógica. El suelo urbano se transforma así, en un instrumento de especulación al que muy pocos tienen acceso. Las mejores parcelas, las que están cerca del centro, las que están en zonas con todos los servicios e infraestructura, en el conurbano las que se encuentran a la vera de las autopistas o medios de trasporte y desplazamiento adecuados, son ganadas indefectiblemente para el llamado real estate ((desarrollos financieros inmobliarios que buscan la máxima rentabilidad) y a los trabajadores y sectores más postergados, nos quedan los márgenes de las urbes, las zonas más alejadas, o inundables.

En este contexto en la ciudad se acaba de votar la Agencia de Bienes del Estado, que básicamente estará destinada a poner el patrimonio estatal en suelo o inmuebles, al servicio del negociado inmobiliario, vendiendo numerosas propiedades del estado. Esta agencia viene a completar un conjunto de agencias estatales o mixtas como la Corporación Puerto Madero, Corporación Sur y las leyes de los distritos especiales, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Este conjunto de normas que el Macrismo ha logrado imponer en la CABA a lo largo de los últimos años, acompañan desde el estado y las leyes, la lógica especulativa y expulsiva que ha ido desarrollando el mercado.

Este proceso tiene momentos de auge y luego se detiene, al calor de las idas y vueltas de la situación económica y la crisis internacional. Pero en general, se va consolidando como un proceso de transformación estructural de las ciudades que las torna más elitistas y expulsivas.

A raíz de la ejecución, tanto desde el ámbito privado como desde el público, de los lineamientos de modelo de desarrollo urbano descripto, en la Ciudad de Buenos Aires se genera una verdadera guerra por los espacios físicos disponibles, una de cuyas consecuencias es la ola de desalojos y expulsiones de los pobres de la urbe. Así como la construcción de una «legitimación» cultural para llevar adelante estas políticas, a través de la estigmatización y criminalización de las personas y familias humildes, pobladores de los inmuebles afectados a un proceso de desalojo judicial o administrativo, como así también hacia los habitantes de las villas y asentamientos, que provocan el agravamiento de la violencia en el territorio.(institucional, policial y hasta para- estatal. (Ej. Hechos del Parque Indoamericano, desalojo de B° Papa Francisco, represión a integrantes de murga 1-11-14, atentados contra militantes político-sociales en los barrios).( hechos violentos producidos en Comuna 4 -La Boca, en VillaCelina- Iki).).

Otra demostración de este tipo de política de estado, se da a través del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Macri y la Bullrich, con la intervención en los barrios del Cuerpo de Prevención Barrial de la P.F.A y de la Gendarmeriía Nacional, como lo demuestran el allanamiento y procedimientos en Villa 31. No hacen más que criminalizar a las poblaciones previamente vulneradas en sus derechos económicos y sociales, entre ellos el de la vivienda, el acceso a servicios públicos y a una real integración urbana.

En un mercado con condiciones cada vez más exigentes, la población de bajos recursos se ve condenada a un circuito informal que nadie controla. El Estado está ausente., en los supuestos hoteles, inquilinatos, alquileres de cuartos en villas y asentamientos generándose situaciones conflictivas, donde muchas veces esa población es súper explotada y sus derechos más elementales son desconocidos. Así, se configuran en esos territorios «lugares de excepción», donde el derecho parecería no regir plenamente, salvo en su expresión violenta, cuando un Juez ordena la ejecución de un desalojo o cuando se aplica el derecho penal para criminalizar a parte de sus pobladores, acusándolos falazmente como usurpadores. Esto se expresa también en la persecución a los jóvenes.

Esta es la contracara de aquel desarrollo de grandes emprendimientos lujosos, como ejemplo paradigmático: a pocas cuadras del barrio más caro de la ciudad donde el metro cuadrado asciende a 7000 dólares, los vecinos de la villa 31 se hacinan sin remedio en barrios que no dejan de crecer y de recibir desplazados del resto de la ciudad.

Como consecuencia del desarrollo de este modelo urbano de ciudad, se produce una movilidad social descendente que se expresa en un retroceso permanente de amplios sectores de la población, que pasan del departamento que ya no pueden sostener su alquiler, al hotel o inquilinato y de este a la villa o asentamiento, mientras los emprendimientos de lujo, vacíos de habitantes, quedan sacralizados como fantasmales testigos de una ciudad fracturada.

Ante todo esto es necesario poner en discusión y hacer visible estos problemas vinculados al Derecho al Acceso a la Vivienda digna y a un Hábitat adecuado , y contra los desalojos y expulsiones. Resulta necesario, tener presente que la vivienda no debe ser considerada como valor de cambio o mercancía, sino, que desde este espacio de organizaciones sociales y políticas reafirmamos que es un derecho fundamental para que toda persona pueda concretar una vida digna. El Estado tiene el deber ineludible de respetarlo y garantizarlo ya que, se encuentra reconocido por nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito local, nacional e internacional. Se encuentra establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, art. 31; en la Constitución Nacional art. 14 bis, art 75 inc. 22 que incorpora los Tratados Internacionales, de Derechos Humanos, entre ellos. la Declaración Universal de Derechos Humanos, art 25; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artí. 5 inc. iii); la Convención sobre los Derechos del Niño ,art. 27 inc. 3, entre otros instrumentos normativos.

Por ello, para efectivizar este derecho, resulta imprescindible que tanto el Estado Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas de fondo. Éstas deben implicar la ejecución de políticas públicas de regulación del mercado de tierras e inmuebles. También se deben considerar otras medidas destinadas a dar respuestas dignas y suficientes, para la emergencia y en articulación con políticas que impliquen dar respuestas de soluciones progresivas, sustentables pero de carácter definitivo al déficit habitacional.

Medidas para la Emergencia Habitacional no significa dádivas ni limosnas, ni iniciativas de tan corto plazo que son imposibles de articular con otras con un sentido más estratégico. Decimos esto porque así entiende la emergencia la Administración actual de la ciudad, a cargo de Horacio Larreta. En materia de políticas sociales no solo se privilegia lo inmediato por sobre las soluciones de fondo, además se tiene una concepción de lo urgente absolutamente elemental y fracturada de cualquier perspectiva a más largo plazo, que no sea simplemente la expulsión de los pobres de la ciudad vía mercado inmobiliario.

«Este es un modelo de Ciudad, excluyente y expulsivo, donde cosmopolita se vuelve sinónimo de elitista. Una ciudad pensada desde la lógica de Puerto Madero, desde la especulación inmobiliaria, Pensada y construida como un espacio para los negocios, para el turismo, para que se asienten las cabeceras de las multinacionales y no para integrar a los distintos sectores de la población armoniosamente en su territorio.

Frente a esto los sectores populares hasta ahora nos hemos demostrado desarticulados y sin capacidad de proponer una alternativa a este modelo de Ciudad. Sin embargo esa alternativa es absolutamente factible y desde las Asambleas Populares por el Derecho a la Vivienda estamos decididos a impulsarla.

La idea de una ciudad moderna, con un movimiento cultural que la pone en los primeros sitios del mundo, abierta, que recibe miles y miles de turistas al año, no debe estar reñida con la construcción de una ciudad más igualitaria, solidaria y con capacidad de contener a su población más humilde».

Es posible una Ciudad para todas y todos y en su construcción, desde la lucha y la participación organizada, estamos empeñados.

Declaración de la Emergencia Habitacional ya. Suspensión de los desalojos

Por un subsidio para sostener la vivienda única y familiar (no se debe esperar a la situación de calle). Profunda reforma del Decreto N°690 y ccs.

Cumplimiento efectivo de la Ley N° 3706 (Situación de calle)

Vivienda transitoria a cargo del Estado.

Por la plena vigencia de la Ley N° 341. (Apertura y funcionamiento real de esta norma. Cumplimiento de sus 3 etapas. Que se vuelvan a comprar terrenos.)

Que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) abra una mesa para personas y familias afectadas a desalojos, garantizando la participación de éstos y las organizaciones sociales, en los procesos de construcción de soluciones definitivas.

Por la reurbanización de villas y asentamientos.

Aumento del presupuesto para vivienda en la Ciudad y la Nación

Mayor carga impositiva a los inmuebles y viviendas ociosos.

Plan de construcción de viviendas del gobierno de la C.A.B.A. para sectores de escasos recursos y medios bajos.

Basta de demonización!! Cese de la represión a las personas con problemas de vivienda

Tierra para vivir no para especular

Por el derecho a vivir en la ciudad!!!