No fue tragedia, fue asesinato: el ajuste de Vidal mata

 

Un grupo de docentes y auxiliares de Moreno denunció el vaciamiento del Consejo Escolar, tras la explosión en una escuela del distrito en la que murieron dos trabajadores.

Según los maestros, el vaciamiento fue durante la noche del sábado 4 y quedó plasmado en diferentes cámaras de seguridad de la zona.

Tras la explosión de la Escuela N°49 de Moreno en la que murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el portero Rubén Rodríguez, más de 300 directivos de diferentes escuelas del distrito realizaron una asamblea en la que dejaron en evidencia los problemas edilicios y de habilitación que tienen casi todas las instituciones.

Es por eso que tomaron la decisión de suspender las clases hasta que las escuelas no estén debidamente habilitadas por los inspectores.

Además el martes realizaron una marcha en la plaza principal de Moreno hacia la Fiscalía solicitando el cumplimiento de las condiciones y las habilitaciones para cada establecimiento educativo.

También suspendieron las clases «hasta nuevo aviso» en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Así lo establecieron el inspector a cargo de la Jefatura Distrital, el presidente del Consejo Escolar y dirigentes gremiales del distrito a través de un acta firmada luego de una concentración realizada por docentes, auxiliares, estudiantes y padres para exigir a las autoridades del Consejo Escolar que garanticen la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa de la zona.

El pasado 4 de julio explotó la cocina de la escuela N° 22 del Barrio Bicentenario por una pérdida de gas, provocando quemaduras a una auxiliar que se encontraba en el lugar. La escuela ya había denunciado la pérdida a las autoridades, sin obtener respuesta alguna.

Mientras tanto, evacuaron a 400 alumnos de una escuela por un escape de gas y se habrían intoxicado varios alumnos. Se trata de la escuela Nº 8 de Merlo. Un grupo de padres fueron al comando de bomberos y radicaron una denuncia. Se constataron que había cinco pérdidas de gas, dos estufas de sexto grado y el resto de las estufas en varios sectores comunes del lugar.

El 10 de agosto madres, docentes y auxiliares de una escuela en José C. Paz impidieron que se den clases por el estado «calamitoso del establecimiento». Denunciaron que hay fugas eléctricas en las paredes y no hay agua potable, incluso tres alumnos estuvieron intoxicados por la contaminación. Un inspector se presentó con personal policial pretendiendo que las clases se dicten igual.

La semana pasada, las muertes evitables de Sandra y Rubén de la escuela primaria n° 49 de Moreno dejaron al descubierto la situación precaria de centenares de escuelas bonaerenses, sin embargo, en declaraciones radiales el ministro de Educación de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró desconocer la cantidad de escuelas de la provi ncia que tienen problemas de infraestructura.

Asimismo, el Frente de Unidad Docente (FUD) integrado por los sindicatos docentes AMET-FEB-SUTEBA-UDOCBA resolvió: «[…] que las escuelas con graves problema de infraestructura, tales como:

– Instalaciones y/o equipos eléctricos deficientes;

– Desprendimientos de mampostería;

– Pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento;

– Peligro de derrumbes en cualquier lugar de la escuela;

– Falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento;

– Problemas con pozos ciegos que impliquen posible derrumbe;

– Filtraciones graves que pongan en riesgo los cielorrasos y/o electrifiquen las paredes;

– Otras situaciones que conlleven riesgos graves.

Deben proceder a la inmediata suspensión de clases, según lo establecen los Artículos 195 y 196 del Reglamento General de Instituciones Educativas. Esta acción estará a cargo del Equipo Directivo. En caso de ausencia o negativa del mismo, la norma habilita a los docentes delegados a actuar de la misma forma (Ley Nº 23.551 – artículo 40 y 43 entre otros, Asociaciones Sindicales).

En resguardo de la comunidad educativa y en virtud de lo establecido en el Plan de Prevención de Riesgos (Art. 110 a 116 del RGIE), deberán labrar un acta respecto de la suspensión, y de forma inmediata tendrán que elevar la denuncia correspondiente ante las autoridades educativas, Ministerio de Trabajo y Sindicatos.

Esta acción se encuentra justificada en el «Deber de Protección» que la DGCyE debe tener sobre sus trabajadores, resguardando a los mismos de cualquier evento, accidente y/o suceso dañoso. El cumplimiento de lo antes mencionado se encuentra plenamente avalado y acompañado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense».

El 10 de agosto una multitud marchó bajo la consigna «el ajuste mata», en reclamo de justicia por la muerte de la vicedirectora y el auxiliar de la escuela 49 de Moreno, ocurrida a causa de una explosión en la cocina ocasionada por un escape de gas que llevaba meses sin reparación por parte de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

La movilización partió desde el Congreso Nacional y concluyó frente a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Capital, y fue encabezada por los gremios docentes.

Los gremios Suteba, UDocBA y FEB de La Matanza acordaron impulsar una movilización el miércoles 15 a La Plata para que se visibilice la bronca y la fuerza que hay. Que se multiplique el ejemplo.

Despidos privados

El sábado 4 de agosto, lxs trabajadores de la confitería Adela’s estuvieron haciendo un desayuno solidario para poder seguir la lucha por sostener las fuentes de trabajo. El desayuno que consistió en la venta de café y medialunas se hizo sobre la vereda de la calle Cuenca 2775 del barrio Villa del Parque (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) lugar donde está ubicada la confitería.

A pesar de que la policía trató de que no puedan desarrollar esta actividad con normalidad, la misma se pudo hacer igual gracias al respaldo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y de la gran cantidad de vecinxs, clientes que se acercaron junto a referentes sociales como Luis Zamora para mostrar su solidaridad.

El conflicto se originó a partir de que el dueño no les pagó a sus empleadxs los dos últimos meses (junio y julio) de salario y el aguinaldo, motivo que lxs llevó a hacer una serie de reclamos hasta que un día se encontraron con el local todo empapelado como si estuviese cerrado, según expuso unx de lxs trabajadorxs.

El Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación de Mendoza denunció que los dueños de La Campagnola buscan vaciar la empresa. «Primero vendieron las máquinas y ahora están echando a los empleados», señalaron.

El delegado Antonio Moyano señaló: «El miércoles tenemos la próxima audiencia y ahí vamos a pedir un informe exacto de los despidos, pero son más de 100 entre planta y temporales a los que no se les renovó el contrato».

La empresa Siam de Avellaneda suspende a sus trabajadores todos los viernes de agosto, al 75% del salario. Luego de echar a todo el personal contratado, la UOM les anunció que se abrían los «retiros voluntarios» y que en el plazo que va desde septiembre a diciembre, se despedirían a 100 operarios. Fueron llamados uno por uno a RR. HH. y de forma humillante los presionaban para que renuncien. Les decían que ya no formaban parte de sus proyectos y que estaban desvinculados, que tenían dos opciones, una era llegar a un arreglo mandando la renuncia y que los indemnizaban (despidos encubiertos), y la otra era esperar a ser despedidos. Un chantaje.

Los dueños de la fábrica de productos plásticos Chemton S.A, que está ubicada en la localidad de La Reja, partido de Moreno, abandonaron el predio y enviaron el telegrama de despido a sus 60 empleados, argumentando que ya no podían pagar los sueldos por la caída de las ventas y el aumento del costo de la materia prima importada.

E n Bolívar, una fábrica de calzados que llegó a contar con 140 operarios, se quedará solo con 33. La empresa de calzados Verlop S. A. ya había echado a 16 trabajadores en diciembre de 2017 y ahora apuró retiros voluntarios.

Esta situación generó que la producción cayera de 1.500 a 350 pares diarios. La empresa produce las zapatillas Pacha para Le Coq Sportif.

Además de Verlop, la situación económica de Bolívar suma a los despidos en Ferrobaires, Plásticos Bolívar, la aceitera, las escuelas rurales y los posibles despidos en la Granja local. Un panorama desolador.

La empresa productora de jugos, cremogenados y gaseosas, emplazada en Concordia (Entre Ríos), Vitacrem, cerró definitivamente sus puertas y cesó toda actividad.

Cabe recordar que el conflicto comenzó en el mes de mayo cuando la empresa suspendió las actividades a sus empleados. Los argumentos esgrimidos por la firma fueron «la caída de las ventas» del sector.

El Secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Juan José Simonetti, remarcó que «una parte de los trabajadores llegaron a un arreglo indemnizatorio individual y otra parte no aceptó porque la cifra era mucho menor a la que les correspondía ya que había personal de 25 o 30 años de antigüedad»; estos últimos trabajadores «siguen con el juicio».

Los integrantes de la Multisectorial de sindicatos de la ciudad entrerriana de Concordia integrada por docentes, estatales, camioneros, trabajadores de universidades, de la educación, la energía y el transporte exigen en un comunicado: paritarias libres, reapertura de discusiones salariales, homologación de los acuerdos pendientes, el cese de la persecución a los dirigentes sindicales y sus organizaciones, entre otros reclamos.

Luego de que fracasara el intento de destruir empleos vía retiros voluntarios, la firma Alimentos Modernos de la localidad de Vicente López resolvió cesantear más de 30 trabajadores.

Los trabajadores de la planta Pompeya de Coca Cola Argentina salieron a denunciar un plan de la firma para despedir y disciplinar al personal. Señalan que hubo despidos, retiros voluntarios direccionados a «descartar» a quienes tienen más años de antigüedad y enfermedades laborales y que castigan a quienes se organizan sindicalmente.

La automotriz Renault anunció un régimen de suspensiones en su planta cordobesa, amparada en la caída de las ventas de los modelos que se ensamblan allí y que ya generan acumulación de stock. Los 1.800 operarios cobrarán solamente 75 % del salario correspondiente a ese día de suspensión.

Tras haber despedido a 150 trabajadores, Motomel recurre nuevamente al lock out patronal con la suspensión del total del personal de 430 trabajadores, durante dos semanas, una sin goce de sueldo.

Esta sangría que viene dejando en la calle a cientos de trabajadores en toda la zona se suma a los 60 despidos en Bunge Ramallo, la planta de biodiésel que los trabajadores pararon el pasado jueves por el despido injustificado de un trabajador y ante la amenaza de más despidos en los próximos días.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó una denuncia penal en la Justicia santafesina contra los directivos y accionistas de la fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat (Santa Fe). Los acusa del vaciamiento de la empresa y del retraso en el pago de haberes a los trabajadores.

El pasado lunes fracasó una audiencia convocada en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial luego de diez días de paro y con los 14 operarios tomando Metalúrgica Dasa de la localidad de Firmat en reclamo del pago de sus haberes atrasados. Los trabajadores continúan asistiendo a sus puestos laborales «para que la fábrica no cierre».

Desde que se inició la huelga, los obreros recibieron 2.000 pesos de una deuda que, en promedio, supera los 40.000 pesos por empleado.

La UOM ya había anunciado que presentaría otra denuncia ante el fuero federal por retenciones de aportes de obra social, cuota sindical, seguro de vida y servicio de sepelio. La deuda por tales conceptos asciende a una suma superior a los 20 millones de pesos.

Trabajadores de la cadena de perfumerías rosarina Gerlero -empresa que cuenta con cinco locales, con alrededor de 70 empleados- reclamaron el jueves la reincorporación de los despedidos.

Con el acompañamiento del Sindicato Empleados de Comercio, los empleados denunciaron que los dueños «están vaciando la cadena de perfumerías» y «están derivando las ganancias hacia la actividad de la construcción».

Entre el último trimestre de 2015 y el primer trimestre de 2018, en la provincia de Santa Fe se perdieron 3.215 empleos industriales y cerraron 261 industrias». Los datos son oficiales y surgen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Despidos estatales

Trabajadores de Fábrica Militar y representantes de ATE sostuvieron una asamblea en las instalaciones de la unidad productiva de Fray Luis Beltrán. «Los jefes están haciendo correr rumores de una nueva tanda de despidos y existe mucha incertidumbre. El jueves tendremos una reunión en la sede central con uno de los directores de Fabricaciones Militares, el doctor (Fernando) Speranza», señaló Alberto Labudia, histórico delegado de FM.

Según Labudia, «están importando productos del exterior para reducir la fabricación nacional y en Fray Luis Beltrán tenemos un plantel de 350 trabajadores, de los cuales 40 somos de planta permanente y el resto renueva contratos anualmente. Esos contratos tienen una cláusula de rescisión cada fin de mes», advirtió.

En el marco del proceso de vaciamiento que viene siendo denunciado por los trabajadores, 140 empleados de Vialidad Nacional se acogieron al sistema de retiros voluntarios dispuestos por el Estado nacional en abril pasado.

Estos 140 trabajadores que no se desempeñarán más en el organismo encargado de la construcción y mantenimiento de caminos y autopistas se suman a otros 800 que fueron dispuestos en 2016 exclusivamente para esa dependencia. Además este año se cerraron las 5 escuelas técnicas de Vialidad, medida que le costó el cargo a unos 300 docentes. A estas bajas se le suman los 52 despidos producidos en junio de este año y otros 50 en 2017. Como contrapartida, la gestión Cambiemos, primero con el hoy Ministro de Energía, Javier Iguacel, y ahora con su reemplazo, Patricia Gutiérrez, poblaron la Dirección de cargos jerárquicos, con contratos bastante más altos que los de los trabajadores de planta.

El Ministerio de Educación echó investigadores y académicos residentes en la Casa Argentina en París que se habían manifestado a favor del proyecto de Interrupción voluntaria del embarazo. La medida está íntimamente ligada al pañuelazo en respaldo al proyecto realizado el 13 de junio por un grupo de estudiantes y académicos.

El salón central de la Casa Argentina fue tomado por los residentes, mientras el director, Juan Manuel Corvalán Espina, llegaba al lugar con más de 20 policías para desalojarlos.  

En el marco del conflicto por despidos en Nucleoeléctrica Argentina S.A. (Atucha) el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria de carácter ilegal, ya que en vez de retrotraer el conflicto a la instancia previa que lo genera, es decir los despidos (270), lo retrotrae a antes de la huelga lanzada por los sindicatos de la Intersindical de Zárate.

Vale recordar que esta acción se da en el marco de una fuerte embestida contra el sector sindical a nivel nacional, con la ya pública multa millonaria al Sindicato de Camioneros y al Suteba de la Prov. de Buenos Aires por ejercer el derecho de huelga y la publicación del decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a tener injerencia en seguridad interior y particularmente en sitios considerados «estratégicos» como ATUCHA.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados sesionó en el taller de la Mecánica de Astillero Río Santiago.

De la sesión participaron el presidente del Bloque de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos Fluviales Portuarios y Pesqueros, Julio Solanas, y los diputados Nicolás del Caño (FIT), Marcela Paso (FR), Walter Correa (FPV), Ricardo Salvarezza (FPV), Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria), entre otros. En representación del bloque de diputados provinciales, estuvieron Miguel Funes y Susana González (UC) y Guillermo Kane del FIT. También se hizo presente el Intendente de Ensenada Mario Secco acompañado de legisladores.

Los legisladores expusieron su apoyo a los trabajadores que vienen impulsando una campaña en defensa del Astillero y sus 3.300 puestos de trabajo luego de ser atacados hace unas semanas en el programa de Jorge Lanata y de que el presidente Macri dijera que «había que dinamitar» el Astillero.

Los temas tratados giraron alrededor de la situación que vive el Astillero: se pronunciaron por el pedido de financiamiento para terminar los trabajos pendientes y la necesidad de producir para la Defensa Nacional, la marina mercante y la flota pesquera.

Mientras tanto, más de 1.500 trabajadores del Astillero, junto a familiares y vecinos, se movilizaron a la fábrica ante la amenaza de la justicia y el gobierno de militarizarlo.

Seis semanas despu és de que el directorio de la agencia nacional de noticias Télam decidió el despido de más de 350 de sus trabajadores, el conflicto gremial continúa y el servicio de la empresa se mantiene completamente detenido.

La medida de fuerza que llevan a cabo los tres sindicatos que operan en los dos edificios de la empresa se mantiene firme e incluye, además del paro por tiempo indeterminado, medidas como conciertos, choriceadas, murgas, así como la ocupación de las redacciones.

El Observatorio del Estado difundió el jueves que desde la llegada de Macri a la Casa Rosada 24.824 empleados públicos se quedaron sin empleo.

La cuenta toma lo ocurrido desde diciembre de 2015 hasta junio de este año, por lo que la cifra podría ser todavía mayor.

El relevamiento da cuenta de la cantidad de cesantías por organismo público y no toma en cuenta a los estados provinciales ni nacional.

Cientos de bomberos voluntarios de todo el país se concentraron frente al Congreso de la Nación y realizaron un «sirenazo» para rechazar el recorte del 40% dispuesto por el gobierno nacional en lo destinado a 900 cuarteles de todo el país. La protesta contra ese ajuste previsto en el Proyecto de ley de Presupuesto 2018 se replicó en varias ciudades y pueblos, en los que la ciudadanía acompañó la demanda.

Lo que denuncian es que el Proyecto de Ley de presupuesto para gastos y erogaciones del año que viene prevé un recorte de 614 millones de pesos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, correspondientes al aporte de las aseguradoras, previstos por la ley 2504. «No le quiten el financiamiento a los que mañana te pueden salvar la vida«, indicó la convocatoria.

Paritarias

El Ministerio de Trabajo dispuso un aumento del 25% para el salario mínimo , luego que autoridades de la CGT y de las dos CTA no llegaran a un acuerdo con referentes del sector empresario en el marco de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La suba que llevará el salario mínimo de los actuales 10.000 a 12.500 pesos se abonará de la siguiente forma: 7% en septiembre; 6% en diciembre; 6% en marzo del próximo año y 6% en junio, informó la cartera laboral en un comunicado.

Los sindicalistas reclamaban llevar el salario mínimo a 19.600 pesos (valor de la canasta básica que mide el INDEC), mientras los empresarios ofrecieron una suba del 20% (12.000 pesos).

Las clases en las 57 universidades públicas nacionales de todo el país están paralizadas ante el recorte del presupuesto y un aumento de solo el 5% para los más de 150.000 docentes. Conadu está de paro por 120 horas y la Conadu Histórica definió un paro por tiempo indeterminado.

El Ministerio de Educación recibirá el próximo lunes a representantes de los seis sindicatos docentes universitarios en la mesa de negociación salarial.

La última oferta oficial, planteada hace meses, consistió en un 15 % de aumento salarial en cuatro cuotas: 4% para mayo, 5% en agosto, 3% en noviembre y 3% en diciembre.

Un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV da cuenta que en estos dos años y medio, los docentes universitarios acumulan la pérdida de tres salarios y medio que, para un cargo testigo de un profesor titular sin antigüedad, equivalen a una suma de $ 65.058.

Conductores de cinco líneas de colectivos de transporte de larga distancia pararon en reclamo del pago del salario de julio. Se trata de trabajadores de las empresas La Nueva Chevallier, Sierras de Córdoba, Urquiza, Flechabus y Pull General Belgrano.

El Consejo Directivo Nacional de la UTA resolvió declarar un estado de «alerta general» ante la situación que afecta a 5.000 trabajadores de larga distancia por falta de pago de salarios. Finalmente, la situación se normalizó el sábado a últimas horas de la noche.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), repudió las «presiones» que están recibiendo los trabajadores, que en «alto acatamiento» han adherido al cese de actividades dispuesto por el gremio para los buques congeladores de altura Merluceros y Langostineros.

El cese de actividades fue impulsado por el SOMU tras el vencimiento de la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin haber podido llegar a un acuerdo con la parte empresari a. No obstante, el Gobierno dictó una nueva conciliación.

«Sentimos vergüenza del Sueldo Básico que tenemos ($ 4.730), que no llega a cubrir la Obra Social indispensable para nuestras familias. No podemos continuar con esta situación», señaló Raúl Durdos del SOMU.

Horas después de que más de 300 millones de pesos fueran embargados de cuentas pertenecientes al gremio de Camioneros, en el Banco Nación y el Provincia, en virtud de una medida impulsada por el Ministerio de Trabajo y avalada por la Justicia, en otra oficina del mismo organismo se procedía a homologar el acuerdo de partes entre la Federación de Camioneros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que desatara buena parte del conflicto.

Movimientos sociales

La CTEP, la CCC y Barrios de Pie realizaron la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto en r epudio al acuerdo con el FMI y por Pan y Trabajo. Esta movilización se lleva a cabo por tercer año consecutivo y cuenta con el apoyo de las centrales sindicales.

Los Movimientos Populares rechazan el acuerdo con el FMI y vienen exigiendo el tratamiento de cinco leyes urgentes para los sectores más vulnerables: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.

Adelantaron que se movilizarán contra la presencia del G20 a fines de noviembre.

Por orden del juez Pullen Llermanos, Milagro Sala fue trasladada la noche del 7 de agosto a una cárcel federal en la provincia de Salta. Esta situación, consideraron desde Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) » constituye un palmario incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación». Amnistía Internacional, Andhes y el CELS denunciaron el incumplimiento a la CIDH.

«La quieren muerta», denunciaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala. «El gobernador Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre», aseguraron.

La líder de la Tupac Amaru está desde enero de 2016 en prisión preventiva, acusada de fraude en un juicio que comenzó recién el 25 de julio, cuando ya había n pasado dos años y medio tras las rejas. Sala comenzó «una huelga de hambre seca tras ser trasladada arbitrariamente» a la cárcel de Salta.

Los niños primero

El Decreto 702/18 representa el primer ajuste en el gasto social desde el acuerdo con el FMI. El Decreto firmado por la Vicepresidenta, Marcos Peña y Jorge Triaca equipara el valor de las asignaciones familiares en todo el país y de este modo las personas que recibían un plus por zona desfavorable (La Pampa, R. Negro, Neuquén, Chubut, S. Cruz, Tierra del Fuego y departamentos de Jujuy, Salta, Formosa y Mendoza), pasarán a cobrar menos de la mitad. Puede representar hasta $ 1.892 mensuales menos por hijo.

También se elimina la ayuda escolar anual diferencial. Es un antecedente para jubilaciones y pensiones que cuentan con haberes diferenciales, más elevados, en provincias y regiones del sur. Representa un ajuste de 5.000 millones anuales (5% del presupuesto total) para los padres de unos 400.000 chicos.

El sistema de asignaciones familiares se financia con contribuciones patronales que se están reduciendo desde comienzos de este año. Medida votada a fin de año con el acuerdo de los gobernadores que ahora se quejan como Urtubey (Salta) y Arcioni (Chubut).

Los trabajadores salieron a la calle para rechazar la resolución en Puerto Madryn (Chubut) y pedir que quede sin efecto por sus consecuencias económicas y sociales.

Una delegación de la CGT viajó a Capital Federal para acompañar a los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación que buscarán derogar el decreto, publicado en el Boletín Oficial.

La dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Marcela Fanego, remarcó que «no vamos a dejar una sola ruta habilitada en toda la Patagonia y vamos a ver cómo se la van a arreglar; no se van a meter con nuestras familias ni con nuestros hijos».

Esta reacción popular que mete presión a los gobernadores con quienes el Gobierno nacional está discutiendo el futuro presupuesto reclamado por el FMI, tal vez explique que el Decreto haya sido suspendido por el momento.

Últimos datos sobre la economía

La inflación de julio llegó al 3 %, en los primeros siete meses del año suma 19,4 % y en la comparación interanual acumula un 30,8 %, según el informe difundido por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). Los mayores aumentos se registraron en los rubros esparcimiento (6,3 %), equipamiento del hogar (4,1), alimentos y bebidas (4,1) y transporte y comunicaciones (4 %).

Sobre el poder de compra de los asalariados, en la comparación interanual, julio de 2018 mostró una caída del 4,5 % contra el mismo período de 2017. «El sueldo de los trabajadores fue 8,6% inferior al de noviembre de 2015, deteriorándose continuamente desde enero. El bimestre junio-julio de 2018, según revelan las cifras, fue el peor en materia de poder adquisitivo desde junio-julio de 2016», aseguró el secretario de estadísticas de la CGT, Víctor Santa María, quien además agregó que «las subas de precios deberían promediar el 1,7 % mensual en lo que falta del año para que la inflación de 2018 sea menor a 30 %».

El titular de la CECHA, Carlos Gold, prevé que las naftas aumentarán el 45% en todo 2018, más de diez puntos por encima de la perspectiva de inflación.

«Todavía falta aumentar un 15% las naftas antes de fin de año», adelantó Carlos Gold, el presidente de la CECHA, la entidad de lobby que defiende los intereses de las estaciones de servicio.

La declaración del empresario tuvo lugar el lunes pasado, después de que YPF anunció el domingo un aumento del 5% promedio en todo el país al que se sumó Shell con un incremento de hasta el 5,6%.

El aumento de YPF, que sirve como referencia para el resto del mercado, fue el segundo en menos de un mes, lo que más allá del precio del combustible es un indicador preocupante para la formación de precios, dado que estos incrementos aumentan los costos de los fletes que trasladan al mercado, por ejemplo, los alimentos.

La Justicia porteña dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado el último aumento del subte, y la tarifa pasará de los $7,50 actuales a 12,50 pesos. La medida se suma a los aumentos de las tarifas de colectivos y trenes del transporte público del Área Metropolitana que anunció el Gobierno la semana pasada, que se incrementarán en agosto, septiembre y octubre.

El ajuste del boleto en el transporte público metropolitano que empezará a regir a partir del miércoles 15 será el cuarto en lo que va de 2018 y no estaba previsto en el cronograma de recomposición de tarifas difundido a comienzos de año. Su repentino anuncio y la presión para endosar Edenor y Edesur a las administraciones porteña y bonaerense, muestran el apuro del Gobierno nacional para reducir los montos a abonar por subsidios para cumplir la promesa formulada al FMI de reducir el déficit primario a 1,3% del PBI.

El pago de los servicios públicos se lleva cada vez más del salario y podría comerse hasta un 25% a fin de año, cuando tres años atrás esa porción era de sólo el 6 %. En ello pesa que mientras los servicios públicos avanzan a saltos de tarifazos cuyos mínimos están en el 30% por vez, el salario lo hace en cuotas de paritarias del 10 %.

Según Fraschina, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), existen dos razones para que esto sea así: «De un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario exige una mayor quita de subsidios que todavía se destinan a los servicios públicos; del otro lado, la dolarización de los servicios públicos lleva a que con cada devaluación se incremente el valor de la tarifa y, por lo tanto, ocupe una porción mayor del salario», explicó.

El estudio de la UNDAV muestra cómo este derrotero fue específico de la Argentina. En ninguno de los otros siete países analizados se verificó un salto semejante y en cinco de ellos, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, los servicios públicos absorben entre el 14 y el 19% de sus respectivos salarios mínimos. Por encima del caso argentino se encuentran sólo Chile, con el 23%, y Venezuela, con el 33 %.

A principios de agosto también se incrementaron al pre-pagas en un 7,5%. En los últimos 12 meses los precios de los planes de salud acumulan un 34 % de incremento. No obstante en las prepagas dicen que estos aumentos resultan insuficientes y que solicitarán a la Superintendencia de Servicios de Salud la autorización para nuevas remarcaciones.

L a semana terminó con el fin de la tregua cambiaria y el inicio de lo que podría ser una nueva corrida hacia el dólar, que este viernes trepó casi 4 % alcanzando una cotización de $ 29,80.

En el alza del dólar influyen una serie de factores. Por un lado, la inestabilidad de las monedas a nivel mundial. Por el otro, la incertidumbre local por las consecuencias económicas de la causa de las coimas empresariales.

Luego de un mes de paz cambiaria se activaron las alertas: no sólo subió el dólar, también se derrumbó el Merval y las cotizaciones de empresas argentinas en Wall Street.

Fuentes: www.infogremiales.com.ar, La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12, Anred, APU, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, marcha.org.ar

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