Organizaciones nucleadas en la «Autoconvocatoria contra el pago de la deuda», se manifestaron el jueves pasado en las afueras del Congreso contra la entrega perpetrada. Las calles que rodean al Parlamento estaban esta vez totalmente valladas y había fuerte presencia policial en los alrededores.
Adentro, una parte del oficialismo, los senadores ligados a los gobernadores del PJ y el macrismo, preparaban con sus discursos la votación favorable al proyecto del gobierno.
Nora Cortiñas sostuvo: «Quienes lo votan serán traidores al pueblo.»
El sector más combativo de los movimientos sociales acampó en lunes en el ministerio de Desarrollo Social y el martes al mediodía movilizaron a la cartera de Trabajo. A la par, tras las 70.000 personas que se concentraron en Congreso para rechazar la media sanción para acordar con el FMI, se desató una persecución para amedrentar a los movimientos sociales mientras se buscaba sellar el acuerdo en el Senado.
Mientras, La Nación e Infobae publicaban notas que asemejaban a partes policiales con imágenes de jóvenes que habían lanzado piedras contra “el Congreso”, “los violentos”.
¿Quiénes son los “violentos”?
Los “mtrs” como lo llama la prensa por estos días (MTR Cuba, MTR Votamos Luchar, MTR histórico) han tenido conflictos con las lógicas punteriles en municipios del Conurbano en donde llevan adelante comedores, merenderos, guarderías, emprendimientos productivos. En los últimos reclamos, el choque se produce porque los intendentes retacean el alimento y cortan el suministro en los barrios o no entregan las partidas previamente acordadas. Hay que señalar algunos episodios como la represión en el municipio de Lomas de Zamora en agosto del año pasado con 20 personas heridas cuando el intendente Insaurralde no realizó los trabajos de obras públicas en donde se ocuparían desocupados de los movimientos sociales y en donde también había faltante de alimentos a entregar.
Lo mismo sucedió en octubre durante un acampe en la rotonda de Lavallol. Esa vez, el reclamo era contra el intendente de Esteban Echeverría, una de las localidades más pobres de la periferia de la Ciudad. Fernando Gray había cortado el suministro de alimentos a los comedores de las organizaciones mientras que informaban el aumento de la concurrencia de familias a las ollas populares. Hubo unas 70 personas heridas, 10 detenidos y dos represiones nocturnas en la puerta de la comisaría en Luis Guillón.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia expresó en un documento “BASTA DE PERSEGUIR A LXS QUE LUCHAN.
“A partir de la enorme movilización contra el acuerdo gobierno-FMI, el jueves 10 de marzo en las puertas del Congreso, se ha desatado una persecución y estigmatización, que derivó en una ola de detenciones contra compañerxs de distintas organizaciones populares.”
Y agregaron: “Frente a esta gravísima situación, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia expresa su solidaridad con las organizaciones y lxs compañerxs perseguidxs, y exige la inmediata libertad de los compañerxs detenidxs por luchar.”
“Violencia es someter a media población a vivir en la pobreza, violencia es someter al país a una nueva entrega colonial, violencia es perseguir y criminalizar a lxs que luchan, violencia es la impunidad de la que gozan los que provocan esta dolorosa realidad que sufren las mayorías populares”, concluye el comunicado.
El reciente anuncio del incremento en combustibles -YPF anunció un aumento del 9,5% en sus combustibles básicos y 11,5% en los premium. Por el lado de Axion los nuevos precios permiten ver un aumento que en algunos casos alcanza un 12,98% mientras que Shell registró subas de hasta un 15%-, mientras se disparan los commodities por la guerra en Ucrania, y el gobierno suspende las exportaciones de soja en harina y aceite y sube las retenciones de la soja y derivados de 31% a un 33%, han anunciado que los números en la inflación se dispararán.
El pan ya aumentó por encima de un 50% en lo que va del año y los nuevos aumentos anunciados prevén otra alza en la inflación que agravaría el porcentaje de familias que están en la indigencia y en la pobreza. Hay 927.000 hogares que cobran menos de 20.000 pesos por mes y casi otro millón que no llega a los 40.000 por mes. Y el 40% menos de 50.000.
“Miles de desocupades acampamos en todo el país porque el ajuste no se aguanta más. Luego de 17 horas de iniciada la movilización en las puertas del ministerio de Desarrollo Social, y más de 13 horas de acampe, sigue firme la protesta y movilización,” expresaron las organizaciones de la Unidad Piquetera.
Y comunicaron que: “el anuncio del gobierno de un Bono de $6.000 es totalmente insuficiente, y muestra a la vez la justeza de nuestros reclamos. Es que la situación de millones de trabajadores con un salario mínimo que no supera la canasta de indigencia es insostenible. Vivimos en estos días la gravedad de una inflación disparada que se come los ingresos, y la amenaza de una profundización cierta de un ajuste que va a golpear aún más a los y las trabajadores en la Argentina a partir del pacto humillante con el FMI.”
A su vez, ratificaron: “el reclamo de que el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Trabajo reciban a las organizaciones que agrupamos a cientos de miles de todo el país y que no estamos dispuestas a tolerar que la falta de trabajo, de comida, la falta de un salario mínimo que permita vivir, nos hunda aún más en la miseria.”
Y finalizaron: “Seguiremos impulsando nuestro plan de lucha votado en el último plenario piquetero nacional en Plaza de Mayo por el trabajo genuino, el aumento en el salario mínimo, la asistencia integral a los comedores y la apertura de los programas. Que permita a la vez encontrar una salida para los trabajadores en medio de esta enorme crisis que no hemos provocado, y que sufrimos trabajadores, trabajadoras y jubilados, jubiladas”.
Organizaciones movilizadas: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO– MAR- M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re-AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P. FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR. BARRIOS DE PIE – LIBRES DEL SUR – MST TERESA VIVE.
Entrevista a Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa (CCC)
Por más que se diga, se niegue, se fundamente y se anuncien un montón de cosas, hay ajustes
-Juan Carlos, una jornada nacional de lucha en todo el país, con más de 100 cortes de rutas y distintas actividades para decirle ‘No al FMI. La deuda es con el pueblo. Es urgente resolver las emergencias de los sectores populares y del conjunto de trabajadores.’
-Exactamente. Muchos más de 135 cortes en el país para seguir repitiendo y diciendo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, no desde ahora. Esa deuda, ese préstamo que se tomó con el gobierno de Mauricio Macri en primer lugar, fue una estafa. Todos sabemos que ni un dólar de ese préstamo se utilizó para promover la industria nacional, construir rutas, hospitales o escuelas. La plata del FMI se usó para la fuga de capitales y un puñado de bancos monopólicos referentes amasaron fortunas. Pero además hay un hecho gravísimo, la intromisión abierta de EE UU en los asuntos internos de nuestro país. En primer lugar, tratando de que Macri logre su reelección, tal vez el hecho más grave de ese préstamo. Es lo que explica por qué el FMI tuvo que violar sus propios estatutos. Fue una decisión que tomó EE UU para entrometerse en nuestra política interna y condicionarnos en un futuro. Entonces por esa razón es que salimos a luchar y por lo que vamos a seguir luchando. Porque entendemos que por más que se diga, se niegue, se fundamente y se anuncien un montón de cosas, hay ajustes. No el mismo ajuste que se hacía antes: reforma laboral, reforma previsional, pero el ajuste está y uno lo siente. La gente lo sufre, lo está viviendo en carne propia.
-Juan Carlos, yo te entrevisté el año pasado porque presentaste una ley, ‘Techo, Tierra y Trabajo’. ¿Qué destino ha tenido ese proyecto?
-Mirá, ha sido con la firma de 39 diputados y diputadas que acompañaron ese proyecto, hubo una cantidad importante del Consejo Deliberante que en su resolución le pedían al Congreso nacional el pronto tratamiento y aprobación de esa ley porque era una ley federal. Se escuchaba cuando iba a las provincias las fundamentaciones de muchos Consejos Deliberantes. Es un proyecto federal, no es un proyecto que solo queda en Buenos Aires o en CABA. Sin embargo, ninguna de las comisiones que tenía que recorrer lo hizo. También hay leyes que presentaron los diputados del Frente de Todos que nunca han sido tratados, leyes para favorecer a la gente en la situación que atraviesan.
-Juan Carlos, recuerdo aquellos encuentros en Don Bosco, allá en la Matanza, esos plenarios donde supe participar y donde no solamente estaba la Corriente Clasista, la Federación Tierra y Vivienda, Polo Obrero, sino también los compañeros del MTR. Tengo una foto por ahí con Martino. ¿Qué pensás de esta situación que se presenta con Roberto Martino, un dirigente de muchos años de las luchas sociales hoy con pedido de captura?
-No se resuelve el problema con represión, o pedido de captura de un dirigente social. Primero que nada hay que reconocer que hay una situación que se ha agravado muchísimo de las condiciones de vida que tienen miles y miles de familias en nuestro país. Cualquiera puede hacer ese análisis. La inflación, el salario alcanza cada vez menos, el poder adquisitivo se pierde, de las jubilaciones, de las changas que uno puede llegar a hacer. Eso expulsa a miles de familias a la pobreza y a la indigencia. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno como dirigente de una organización, si uno no defiende los intereses de sus compañeros? Tiene que salir a pelear. Tiene que salir a luchar. En las organizaciones siempre hubo personas que no son de la organización y se prestan para que cambie el contenido del reclamo que uno va haciendo. Pero son un grupo minoritario, un grupo que está preparado para eso.
-Juan Carlos, ¿querés agregar algo más?
-En esto del salario mínimo, vital y móvil yo esperaba que por lo menos arrancara con $45.000 mínimamente y mes a mes hacer una revisión por la inflación. Es insuficiente. Hay que hacer una transición escalonada, pero de otro modo. No se puede vivir con los ingresos de los trabajadores cuando la canasta de la pobreza ya está arriba de los $80.000 sin contar un alquiler.
Reprimen la protesta social
El vecino de Paraná César Follonier, militante de Rebelión Popular, fue detenido el miércoles 16 por efectivos de la Comisaría Octava, por realizar pintadas con un grupo de jóvenes contra el FMI en paredes de la avenida Antonio Crespo, cerca del túnel subfluvial.
Militantes de distintas agrupaciones comentaron que fueron interceptados por un patrullero y explicaron que estaban realizando grafitis y pintadas en desacuerdo con el FMI y por la libertad del militante Facundo Molares.
Follonier se hizo cargo del grupo y fue detenido. Luego de pasar por la Comisaría Octava fue llevado a la Alcaidía, por orden de la fiscal Farinó.
En las puertas de la Gobernación en la ciudad de Córdoba, las organizaciones piqueteras MTR Votamos Luchar, 17 de Noviembre, MAR y FAR fueron reprimidas por la policía con gases y balas de goma cuando reclamaban por el derecho a la educación pública y la entrega de útiles escolares, que el Gobernador se había comprometido a entregar.
Una de las manifestantes de la agrupación Votamos Luchar comentó: “Venimos dando un plan de lucha entre algunas organizaciones sociales en conjunto por la educación pública, fundamentalmente por útiles escolares ya que muchas compañeras no llegan a comprarlos dada la situación de los salarios de miseria y desocupación”. Y agregó sobre la situación de las instituciones educativas en la provincia: “En el inicio de las clases muchas escuelas no arrancaron por la falta de agua y las condiciones edilicias».
Sobre la protesta, la militante comentó: “en principio se definió ir a Desarrollo Social y ahí no nos atendieron, por eso decidimos ir a la Casa de Gobierno a exigirle al Gobernador Schiaretti que nos dé una respuesta. Ahí nos estaba esperando la Infantería y cuando comenzamos a armar la olla popular comenzaron a forcejear y a querer llevarse las cosas. Nos sacaron un gacebo, tiraron las ollas, garrafas. Hay compañeras heridas y asfixiadas con el gas pimienta.»
Ante los hechos, organizaciones de la Unidad Piquetera emitieron un comunicado: “Desde la Unidad Piquetera repudiamos el accionar represivo de la policía de Schiaretti, que en la mañana de hoy reprimió a familias trabajadoras y a organizaciones (MTR votamos luchar, MAR, 17 de Noviembre y FAR), que se movilizaban a casa de gobierno reclamando por kits escolares para los y las pibas de las barriadas populares.»
El 25 de febrero, poco antes de iniciarse las clases, el gobernador tuiteó: “Cuidar la educación en Córdoba significa volver a la presencialidad, cuidar a nuestros docentes y alumnos y darles las herramientas para que haya una verdadera mejora en la tecnología al momento de aprender. Cuidar la educación es fortalecer el futuro de nuestra provincia.” Fue en el marco del anuncio del programa Inclusión Digital Educativa, donde además expresó: “Cuando faltan pocos días para la vuelta a clases de manera presencial, quiero ratificar la decisión del Gobierno provincial de que las escuelas no se cierran y que van a funcionar todo el año con las características y cuidados que impone la pandemia.»
Sin embargo, en el documento las organizaciones denunciaron: “Este es el mismo Schiaretti que prometió miles de computadoras para que los y las pibas de escasos recursos pudieran estudiar en la virtualidad, de las cuales no garantizó ninguna. El que impuso una vuelta a una normalidad forzada en donde los colegios devastados por la falta de mantenimiento e inversión, se caen a pedazos, donde los salarios docentes están muy por debajo de la inflación. El mismo Schiaretti que sigue dando la espalda a miles de pibes que se ven obligados a abandonar sus estudios. Ahora, ante el reclamo por el derecho a estudiar, donde se solicitan kits escolares su respuesta es la represión y mano dura.»
Y finalizaron: “Ante esta situación exigimos que se retire el aparato represivo y que se provea de los kits escolares a las organizaciones en lucha y a todos los pibes y pibas que lo necesitan. Basta de represión.» El documento es firmado por MST Teresa vive, MAR, FAR, MTR-VL, Polo Obrero, 17 de noviembre y Cuba-MTR.
Sigue la «caza de brujas» por incidentes frente al Congreso
Según el ministerio de Seguridad porteño, ya son siete los detenidos por los incidentes. Uno de ellos es Jaru Alexander Rodríguez Carrero del Movimiento Teresa Rodríguez.
Otro de los detenidos es Oscar Santillán de la misma organización. Fuentes judiciales aseguran que se trata de localizar al máximo referente del MTR Histórico, Roberto Martino.
Por su parte el ministro macrista de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, confirmó que la Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso de arrojar una bomba molotov a un efectivo del grupo antidisturbios frente al Congreso Nacional y el ataque a pedradas de varios despachos de senadores, entre ellos el de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de Julián Claudio Lazarte, quien según la policía que allanó su vivienda en la localidad de Quilmes, fue identificado por un tatuaje en su mano izquierda. Según la misma información, también pertenecería al MTR Histórico.
Estas detenciones han provocado serias protestas de organizaciones populares, denunciando que está en marcha un plan de criminalización a la protesta social.
COMUNICADO DEL MTR HISTÓRICO
¡¡BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN!!
¡¡LIBERTAD A OSCAR SANTILLAN!!
¡¡ANULACIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN A ROBERTO MARTINO!!
En
el marco de los acontecimientos producidos el día jueves 10 de marzo,
frente al
Parlamento, donde se aprobara con media sanción, la entrega de nuestra
soberanía al nefasto FMI, exigimos la libertad del compañero, OSCAR
SANTILLAN y que se detenga esta verdadera, caza de brujas que se desató
por pedido de fiscales y jueces contra militantes
y luchadores políticos y sociales.
Agradecemos el apoyo de todas las organizaciones que se han solidarizado
y pedimos que nos acompañen este jueves 17 de marzo a la estación
Avellaneda dónde realizaremos una multitudinaria marcha.
¡¡NO A LA CAZA DE BRUJAS CONTRA EL M.T.R HISTÓRICO Y DEMAS ORGANIZACIONES EN LUCHA!!
¡¡LIBERTAD A OSCAR SANTILLAN Y ANULACIÓN DE LA ORDEN DE DETENCIÓN A ROBERTO MARTINO!!
!!BASTA DE PERSEGUIR A LOS QUE LUCHAN!!
M.T.R HISTÓRICO
Al
respecto, también se pronunció el sindicato porteño de docentes Ademys:
queremos
repudiar la gravísima persecución política, policial y jurídica que
lleva adelante el gobierno contra compañeres y organizaciones que
participaron de la movilización del jueves pasado frente al Congreso.
Fuimos parte de esa enorme concentración convocada para rechazar el
acuerdo con el FMI. Sostenemos que la violencia la ejercen quienes
endeudan a nuestro pueblo, llevando la precarización de la vida a
niveles inéditos e hipotecando el futuro de nuestres hijes
para las próximas décadas.
Entendemos que toda esta avanzada represiva busca por un lado ocultar el
terrible pacto que están consumando; pero también es una muestra de que
esta gestión ya comenzó a cumplir con los requerimientos del FMI.
Intentan crear las condiciones para profundizar
el ajuste y arrasar con derechos históricos de nuestra clase. Saben que
el pueblo va a resistir y procuran evitarlo, estigmatizando y
criminalizando a les que luchan.
Desde nuestro sindicato queremos expresar toda nuestra solidaridad con les compañeres y organizaciones que están sufriendo allanamientos y detenciones en medio de la brutal campaña mediática.
Basta de perseguir a lxs que Luchan
No a la criminalización de la protesta
Abajo el acuerdo con el FMI
NO al pago de la deuda
FMI #represionpolicial
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocaron a una conferencia de prensa para reclamar la libertad de lxs compañerxs detenidos en las movilizaciones del jueves 10 de marzo. La misma se realizó este lunes 21, en la sede del SerPaJ (Piedras 730, CABA). Allí estuvieron presentes las defensas de los acusados y referentes políticxs y de DD HH.
En el comunicado sostienen:
«Esta persecución tiene como objetivo desviar el eje del verdadero
problema: las consecuencias nefastas para el pueblo trabajador de este
nuevo acuerdo con el Fondo, a la par de amedrentar a quienes luchamos
contra ellas».
Y agregan: «La quita de la ayuda social a los detenidos habla de un
escarmiento sin precedentes. A su vez, la acusación de «asociación
ilícita» abre una puerta muy peligrosa en términos de persecución
política, ya que ataca el derecho a organizarse». Los y
las abogadas cuestionaron también la idea de ilegalizar a las
organizaciones sociales, sobre varias de las cuales se aplica la fórmula
de ser una «asociación ilícita para delinquir», cuando dichos
agrupamientos funcionan en la más absoluta legalidad y representan
a cientos de miles de personas humildes.
En la conferencia de prensa hablaron por la Gremial de Abogadxs, Rosario Fernández y Gustavo Franquet (defensores de Oscar Santillán), por la CORREPI, María del Carmen Verdú (defensora de Julián Lazarte) y por CADEP, Martín Alderete (defensor de Jaru Rodríguez). Todos ellos explicaron la situación de sus defendidos, señalando que sufren un «montaje político» acompañado de la presión mediática, y que las pruebas son ínfimas o en algunos casos inexistentes.
Paritarias
El sindicato de los metalúrgicos cerró el martes pasado un acuerdo paritario que prevé un aumento del 45% en tres tramos y con cláusula de revisión en noviembre. Se trata del primero en el sector privado que se prevé marcará la pauta para el resto de los gremios.
El acuerdo entre las seis Cámaras del sector y los representantes de la UOM se produjo el mismo día que se conoció la inflación de febrero que alcanzó el 4,7%, la cifra más alta en los últimos 11 meses, y en la previa de la reunión del Consejo del Salario en la que se definió la suba del salario mínimo en el mismo porcentaje.
La primera cuota que percibirán los más de 200.000 trabajadores metalúrgicos será del 18% en abril; la segunda será del 15% en julio y la tercera del 12% en octubre. De acuerdo a los datos de la Cámara Adimra, el salario base de los empleados del sector alcanzará los $ 77.984 desde abril, en julio llegará a $ 87.897 y en octubre será de $ 95.828.
El entendimiento se extiende desde abril de este año hasta el 31 de marzo de 2023. En 2021, el acuerdo cerrado por la UOM totalizó el 50,2%.
Se espera que otros gremios negocien pautas similares. El primero en iniciar negociaciones fue el bancario, que adelantó dos pagos a cuenta por enero y febrero, con sumas fijas de entre $10.000 y $ 14.500 para las categorías más bajas y $ 20.000 y $ 29.000 para las más altas.
Para marzo utilizó la misma modalidad de un anticipo a cuenta del acuerdo salarial 2022, del mismo importe establecido para febrero pasado.
Representará $ 14.500 para sueldos menores a $ 155.433; $ 18.960,40 entre $ 155.434 y $ 201.334; $ 24.559,70 entre $ 201.335 y $ 241.602; y $ 29.471,40 para mayores de $ 241.602.
Un gremio central que se prevé negociará aumentos por encima del 50% es Camioneros, que a fines de febrero pasado, con la inclusión de un bono de $ 48.000, terminó acordando una paritaria global de 2021 en torno al 54%.
Sanidad, el sindicato que tiene como referente principal a Héctor Daer, firmó en enero un acuerdo de actualización para el sector de droguerías que llevó el acumulado anual a 52,9%.
La UOCRA, que nuclea a 325.000 trabajadores, también había superado el piso del 50%. En enero selló un global para 2021 de 54% interanual.
Al respecto, Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, sostuvo que “a partir del 1° de enero, los aceiteros cobran $ 153.000 de básico para un peón. Hay tres categorías más, con una diferencia del 25% entre la más baja y la más alta. Desmotadores cerró en $ 110.000 de básico. La escala es más baja porque arrancamos en 2009 con ellos, cuando ese salario no alcanzaba a cubrir siquiera el Salario Mínimo Vital y Móvil de la mesa de negociación de la CGT, la UIA y el Estado. O sea, estaban por debajo de la indigencia y hoy tienen un básico de $ 110.000”.
Y agregó: “Hay muchas organizaciones que piden la canasta familiar, como si eso fuese lo suficiente para que los trabajadores vivan dignamente. En primer lugar, es una cuestión conceptual. Hay empresas en nuestro sector que son pymes con pocos empleados y pagan de todas formas el salario que acordamos nosotros.
Nuestra fórmula de Salario Mínimo la empezamos a plantear en 2004, en Dreyfus. Yo llevaba 15 años trabajando ahí, con un sueldo de pobreza. Teníamos que vivir adentro haciendo horas extra y no podíamos tener una vida digna. Empezamos a utilizar la herramienta de la huelga, a ganar y a generar conciencia. Tuvimos éxito con el salario y con otras reivindicaciones. A partir de 2010, llegamos al salario que buscábamos. Lo construimos con datos oficiales del Indec. La Ley de Contrato de Trabajo establece una serie de necesidades que el salario debe satisfacer a todos los trabajadores. En base a eso, recogimos de distintos informes del Indec cuáles son los valores de esas necesidades. Ese número no es de Aceiteros, no es un capricho de los dirigentes, es lo que establece la ley, en el artículo 116 de la LCT y en el artículo 14 bis de la Constitución. A partir de ahí, comenzaron las presiones de los gobiernos. Por parte de las patronales, siempre hay un “no” como respuesta. Cuando avanzás, te das cuenta que debés enfrentarte también al gobierno de turno y al silencio estigmatizante de un sector de las organizaciones de trabajadores.
El Salario Mínimo de la CGT, la UIA y el gobierno no sé de dónde sale. Nosotros podemos justificar el nuestro. El oficial no sé de dónde sale porque no lo explican. Ellos plantean un piso de Salario Mínimo por debajo de la línea de indigencia. Se pelea por una base que n i siquiera es de pobre, sino de indigente.
A partir del 1° de febrero, cualquier trabajador o trabajadora debería cobrar como mínimo $ 153.000”, concluye.
Luego del contundente paro provincial de estatales y docentes de UnTER en Río Negro en rechazo a la propuesta paritaria inicial del gobierno, que ofrecía un 21% de aumento semestral en cuotas y que miles de maestras, profesores y empleados de los edificios públicos ganaran las calles, la gobernadora Carreras sólo mejoró la propuesta en un 1%. En ese marco, a instancias de la Directiva de UnTER y su Secretaria General, Sandra Scheroni, el Congreso realizado el viernes 18 definió como “insuficiente” la nueva propuesta llamando a un diálogo paritario con el gobierno sin medidas de fuerza. A su vez, sin definir fechas precisas, se plantea un hipotético llamado a paro de 48 horas si no hay una nueva negociación.
En lo que va de enero y febrero el acumulado inflacionario es de 8,7% y se prevé que marzo cerrará con mayor aumento. En ese contexto, la nueva propuesta del gobierno rionegrino que contempla un aumento del 7% en la primera cuota a cobrar en marzo es de recorte del salario real de los docentes.
El gobierno provincial aduce no tener más recursos para dar respuestas al reclamo, cuando en realidad los ingresos corrientes que tuvo la provincia durante 2021 fueron 15% superior a la inflación y el superávit en los primeros meses del año se siguió desarrollando por los niveles récord de la campaña turística.
Docentes universitarios
Del 30 de marzo al 6 de abril las y los docentes universitarios votarán representantes sindicales para la Conadu Histórica. Ante la firma a la baja de la paritaria por CONADU, Fedun, Ctera, UDA y FADUN, convalidando el ajuste que pide el FMI, la lista Multicolor convoca a redoblar la organización para que se exprese una alternativa independiente y de pelea por los salarios y la aplicación del CCT.
Antonio Roselló, docente en la Universidad de Buenos Aires, candidato a Secretario General en Conadu Histórica por Naranja Docentes Universitarios en la Multicolor también resalta que “hay una bronca creciente en toda la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país referente al salario concreto que cobramos. La garantía salarial que se cobró el último mes de 40.000 pesos es un salario de indigencia”.
Se refirió a que “en Asociaciones de base, sindicatos de base, Universidades, que son conducidas por el actual oficialismo (en la Federación Conaduh) hubo un rechazo de más del 80 % de los docentes a la propuesta del Gobierno”. En un plano más general, explicó que “se está preparando el terreno para el arancelamiento. A eso apuntan las políticas del FMI, del BM, de la OMC. No por nada se mantiene hace 30 años la Ley de Educación Superior”, y que “el 75% de los ingresantes no egresa de la Universidad. Es un fracaso esta Universidad que gestionan los rectores y los gobiernos nacionales”.
Por último, Roselló sentenció que “por eso es que se necesita una dirección sindical que sea totalmente autónoma de todos los gobiernos, de todos los rectores, de todas las gestiones universitarias, para poder llevar adelante un programa de deliberación conjunta, hasta poder construir con esta manera un plan de lucha nacional que imponga nuestras reivindicaciones, como se hizo en 2005 o como en las grandes movilizaciones de 2018”.
Luis Verdugo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo y candidato de La Marrón a la Comisión revisora de cuentas de ConaduH, expresó que: «Las y los docentes universitarios acumulamos una pérdida del 32% en el poder de compra del salario desde el 2015 y con la paritaria actual un cargo simple, que somos la mayoría en todas las universidades, no llega a un cuarto de la canasta básica calculada por ATE-INDEC. Por eso desde la Multicolor proponemos un plan de lucha nacional para terminar con el ajuste con asambleas de base en los lugares de trabajo y en unidad con todas las luchas de estudiantes, ocupados, desocupados y jubilados”.
Reproducimos el comunicado de la Multicolor ante el cierre de la paritaria:
El Congreso de Conadu Histórica rechazó la oferta del gobierno
Organicemos con la Multicolor la defensa del salario ante una nueva escalada inflacionaria.
El Congreso Extraordinario de la CONADUH, que contó con la presencia de 92 delegados/as de 27 asociaciones de base, votó por 53 a 39 rechazar la oferta salarial del Gobierno Nacional y el CIN. Así, y como resultado directo de las asambleas generales y por lugar de trabajo, el Congreso mostró la voluntad soberana mayoritaria de la docencia pre y universitaria nucleada en nuestra Federación de rechazar un nuevo ajuste salarial.
Este contundente rechazo constituye un paso fundamental para toda la docencia universitaria nacional, mostrando que es posible desarrollar la organización desde abajo para enfrentar las políticas de ajuste fondomonetaristas. Algo diametralmente opuesto a la entrega servil de las direcciones burocráticas de CONADU, FEDUN, FAGDUT, CTERA y UDA.
Desde la Multicolor convocamos a toda la docencia pre y universitaria a profundizar las deliberaciones en los colegios y facultades y en cada lugar de trabajo para construir un plan de lucha nacional que defienda nuestras condiciones de vida y termine con la miseria salarial, en un cuadro general signado por una aceleración de la inflación del 4.7% en febrero, 7.5% en alimentos y totalizando una inflación que en los últimos 12 trepó al 52.3%.
- Ningún docente por debajo de la línea de pobreza. Inmediata recomposición salarial.
- No a los topes salariales del gobierno y el FMI
- Por un salario básico para el cargo testigo de $82.000 para marzo
- Indexación periódica de los salarios.
- Pago del salario a los ad honorem y adscriptos.
- Pago de toda la deuda del FONID.
- No al impuesto al salario, hasta su definitiva abolición que las UUNN se hagan cargo del valor correspondiente al impuesto. El salario no es ganancia
- Establecimiento de un programa que lleve nuestros salarios hacia la media canasta familiar para el cargo testigo
- Incremento inmediato del presupuesto universitario
- Abajo el pacto con el FMI
Lista 6 Multicolor
CONADU, Fedun, Ctera, UDA y FADUN cerraron la paritaria de docentes Universitarios 2022, de un 41,8% en cuatro cuotas. Solo rechazó CONADU H.
De esta manera en el mes de octubre un ayudante simple, que son la mayoría en todas las universidades, llegará a cobrar $ 35.526,79, teniendo en cuenta diez años de antigüedad, y sin antigüedad apenas la suma de $ 30.451,54. No llega a un cuarto de la canasta básica calculada por ATE-INDEC para una familia trabajadora, que en febrero se ubicó en $ 128.832. Es decir, ni con cinco cargos se alcanza a una canasta de consumos básicos.
Las conducciones sindicales afirman que es el mejor ofrecimiento que ha conseguido en años, pero queda demostrado que es un acuerdo de pobreza.
Además, esta paritaria elimina el bono de conectividad y no dice nada de la bimodalidad, que ya se está viendo como un proceso de flexibilidad laboral.
Las y los docentes universitarios acumulan una pérdida de 32% en el poder de compra del salario desde el 2015, cuestión que tampoco se plantea por parte de las conducciones sindicales afines al gobierno.
La oferta salarial del ministro de Educación, Jaime Perczyk , consistió en un incremento del 41 % escalonado en 4 tramos no acumulativos: 13% en marzo, 12% en junio, 6% en agosto y 10% en septiembre, con revisión en el mismo mes de septiembre a la que eufemísticamente denominan “cláusula de monitoreo permanente” (no implica ajuste automático por inflación ni reapertura paritaria). Por todo ello, este acuerdo no es recuperación salarial. Es claramente un ajuste la baja y en cuotas no acumulativas, lo que hace que al prorratearlas se licúe aún más con la inflación.
En el caso de la Conadu, el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realizado el martes aceptó la propuesta del gobierno por mayoría, a pesar de que algunos congresales desoyeron el mandato de las bases de rechazar el ajuste del gobierno y el FMI, mientras que ocho asociaciones de base la rechazaron, entre ellas Rosario.
“Los compañeros y las compañeras entendieron que esta oferta, en el contexto de grave crisis que atraviesa el país, es razonable y aceptable y permite mantener el poder adquisitivo de los salarios avanzando por encima de la inflación”, fue lo que afirmó el Secretario General de CONADU, Carlos De Feo, en la página oficial del sindicato, mientras por abajo crece el malestar de la docencia ante el deterioro de las condiciones de vida.
A fin de mes, la garantía salarial va a ser de $ 50.000, por debajo incluso de la canasta de pobreza que calcula el Indec en torno a $ 80.000.
Esta nueva firma de la paritaria a la baja por parte de la mayoría de las Federaciones se suma a un derrotero de deterioro salarial en los últimos años. Durante 2021 la paritaria en cómodas 8 cuotas, sumando la revisión de 3% de marzo de 2022 (a cobrar en abril, sobre los salarios de marzo 2021), acumuló un 53%, apenas igualando con la inflación en el mismo período, pero muy lejos de compensar la pérdida arrastrada desde 2015 que fue del 32% entre diciembre de 2015 y enero de 2022.
Pongamos a la salud de pie
El martes 22 de marzo habrá paro de 24 horas en los hospitales porteños.
La Federación de Profesionales del GCBA y Asociación de Médicos Municipales llamaron al “inicio de un plan de lucha” convocando para el día jueves 17/03, un “cese de actividades” de 10:00 a 12:00, frente al rechazo de la propuesta salarial ofrecida por el GCBA. Comunican así el inicio de la negociación paritaria sin dar detalles sobre las ofertas a las que se refiere, ni organizar el debate en los hospitales y centros de salud con las y los trabajadores a los que representan.
La sorpresa y las críticas por lo “tibio” de la medida anunciada para el pasado jueves no se hicieron esperar entre quienes sostienen a diario el sistema de salud. “¿Cómo hacemos para reprogramar de un día para otro todas las consultas?”; ¿Quiénes se enteran que no atendemos estas dos horas si no sale en ningún lado?, solo se perjudica al paciente”; “No podemos suspender la actividad por dos horas y luego volver, es sobrecargarnos de trabajo para irnos más tarde”; son algunas de las frases que se escuchaban entre las salas de estar de los hospitales donde se organiza el trabajo día a día.
Esta disconformidad con la medida bajada desde las conducciones gremiales se expresó en la baja adherencia que tuvo la misma, destacándose algún aplausazo en hospitales como el Penna o el Piñero.
Ahora llaman a un paro dominguero, para quedarse en casa, sin aprovechar la fuerza del conjunto de las y los trabajadores de la salud y su relación con la comunidad para ponerla en movimiento y visibilizar así, en las calles, la delicada situación en la que continúa el sistema de salud pública y quienes la sostienen a diario.
Quienes trabajan en el sistema de salud saben que muchas veces hacen malabares para garantizar una atención de calidad frente a la falta de recursos permanente, el agravamiento de la situación socioeconómica del país y la pérdida del poder adquisitivo que dejaron los años del macrismo y que el actual Gobierno consolidó con la excusa de la pandemia. A pesar de los datos oficiales que muestran una mejora salarial en el sector registrado, las y los trabajadores perdieron en promedio el equivalente a 10 salarios en los últimos cuatro años producto de la inflación.
Además, en estos meses, Larreta y Quirós despidieron a enfermeras que habían sido contratadas de forma precaria para cubrir puestos durante la emergencia sanitaria por el covid-19 y que de un día para el otro, se quedaron sin ingresos, siendo muchas sostenes de hogar. Una muestra más de la idea de “descartables” que se tiene de quienes pusieron el cuerpo en pandemia y que es personal que podría reubicarse en otras funciones.
Mientras tanto, las y los concurrentes continúan trabajando gratis, sin salario ni ART y residentes sostienen los hospitales con jornadas interminables y sumamente precarizados. En resumen, la precarización del sistema de salud no se modificó y empeoró con la pandemia.
Es por ello que se vuelve absolutamente necesario que se convoquen asambleas unitarias en cada hospital, centro de salud, de todo el equipo de salud, entre afiliados y no afiliados, sin distinguir modalidad de contratación para sumar fuerzas y debatir un plan de conjunto que permita recomponer el poder adquisitivo perdido, enfrentar los despidos y la precarización a la que se ven sometidos, y reclamar contra el ajuste que impone el FMI, porque necesitamos que esa plata vaya a salud, vivienda, trabajo y a combatir el hambre de las y los pibes. Esto es lo que debemos exigir a la Federación de Profesionales de CABA, Asociación de Médicos Municipales y todos los gremios de salud para que estén a la altura de las circunstancias.
El personal de Enfermería en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Asociación de Licenciados en Enfermería, también anunció una medida de fuerza junto a la Federación de Profesionales para el martes 22 de marzo. A las 11:00, harán una concentración en el Obelisco. Reclaman un aumento salarial acorde a la inflación real y a la canasta familiar, el pase a planta permanente de la Enfermería contratada en pandemia; e inclusión de la Ley Nº 6035.
Al respecto, Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y
referente de ALE, expresó:
“Se supo que con el nuevo índice de inflación la canasta de pobreza
llega a los 84.000 pesos y la canasta familiar supera los 140.000. El
equipo de salud en los hospitales de la ciudad más rica del país, cobra
salarios de miseria. Y en la Enfermería en particular,
es aberrante la situación: 70.000 pesos de promedio, sumas en negro y
aguinaldos de 20.000, y encima discriminadas de la Carrera Profesional:
intolerable”.
El miércoles 16 de marzo, trabajadores y
trabajadoras de Niñez de la Provincia de Buenos Aires se movilizaron
frente a las puertas del Organismo Provincial de Niñez
de La Plata en rechazo al “acuerdo” que “las cúpulas sindicales
provinciales, UPCN, ATE, entre otros, y el gobierno bonaerense han
cerrado en perjuicio y a espaldas de los y las trabajadoras de niñez”.
Los trabajadores y las trabajadoras consideran que este acuerdo representa un recorte en las bonificaciones y el avance contra la jubilación especial. En este marco, reclaman además el pase a planta de los becarios y del resto de lxs trabajadorxs precarizados, mejores condiciones laborales y un aumento salarial.
Este jueves 17 de marzo la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) realizó una Jornada Nacional de Lucha. Fue para exigir la convocatoria a una paritaria nacional de salud, 140.000 pesos de ingreso, basta de precarización y libertad sindical.
El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén finalizó el jueves una medida de fuerza de 72 horas, en reclamo de la carrera sanitaria y por la libertad sindical. Durante estos tres días se llevaron adelante movilizaciones y actividades de visibilización, apelando a los legisladores que tienen a su cargo el debate y aprobación de esta normativa.
En tanto, en La Rioja, APROSLAR Fesprosa cerró un paro de 48 horas por aumentos salariales y el fin de la precarización laboral.
En Chaco, APTASCH Fesprosa hizo lo propio con paros y movilizaciones. El resto de las provincias que adhirieron a la Jornada Nacional de Lucha realizaron acciones este jueves 17 en simultáneo. Hubo asambleas y actos en Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan y La Pampa.
En Tucumán hubo movilización del SITAS Fesprosa a Plaza Independencia. En Catamarca, APROSCA Fesprosa realizó una manifestación frente al Hospital de Niños. Mientras, que en Salta, la APSADES encabezó actos en los lugares de trabajo, centros de salud, hospitales y demás dependencias públicas.
En Viedma, con la participación de la Secretaria General de ASSPUR, Cesira Mulally, y la referente del sector salud de Chubut, Noelia Fernández, quien es parte de la conducción nacional de Fresprosa, se realizó una conferencia donde explicaron los reclamos que elevan una vez más al gobierno de Arabela Carreras, quien desde el inicio de la lucha en plena pandemia al día de hoy no oye ni atiende satisfactoriamente sus reclamos.
Para un trabajador con un salario inicial se está abonando alrededor de 62.000 pesos, y que para poder cobrar un sueldo que alcance muchas veces se toman hasta 50 horas extra y de guardia, a sabiendas que alrededor del 60% del salario no va al básico, sino que son formas de pago en negro.
Luego de la conferencia se realizó una asamblea en la entrada del Hospital Zatti, donde más de 50 trabajadores y trabajadoras hospitalarias de los Centros de Atención Primaria organizados debatieron cómo seguir fortaleciendo la lucha. Una vez finalizado el debate realizaron una movilización en las inmediaciones del hospital.
En Bariloche se realizó una convocatoria en el Hospital Carrillo, donde se debatió en asamblea qué tipo de continuidad darle al reclamo frente a las nulas respuestas del gobierno de Arabela Carreras. Se resolvió tomar unificadamente la propuesta de paro para la semana que viene que haría el sector sindicalizado en ATE.
El personal de los hospitales junto a su sindicato ASSPUR rechaza abiertamente la propuesta salarial para este semestre.
En tanto, hubo una movilización en la puerta del Hospital Néstor Kirchner de la Cuenca Alta de Cañuelas exigiendo la reincorporación de 15 trabajadores despedidos.
Al respecto, María Fernanda Boriotti, presidenta de FESPROSA, expresó: “La reforma laboral que pide el FMI ya está entre nosotros y el ejemplo más vivo es el del Hospital de Cañuelas. Más de mil trabajadores sin estabilidad, con contratos de locación de obra que pueden ser despedidos en cualquier momento sin cobrar un solo peso de indemnización. Tal fue el caso de los quince trabajadores que se sacrificaron en la lucha contra la pandemia y hoy están en la calle (…). La reforma laboral que afecta a los mil trabajadores del hospital público de Cañuelas se completa con una prohibición expresa de sindicalizarse. Esa es la condición para conservar su fuente de trabajo (…). Es hora de que el Estado argentino comience a saldar la deuda que tiene con el medio millón de trabajadores sanitarios públicos y convoque de inmediato a la paritaria nacional de salud”.
Extracto de la convocatoria del grave conflicto laboral en Salud Pública de la Municipalidad de Rosario:
«…Mañana
Jueves 17 de marzo, los trabajadores de los móviles del Departamento de
Bioquímica, dependiente de la Secretaría Salud Pública de la
Municipalidad de Rosario, no estaremos retirando las muestras de los
centros de salud y hospitales, en el marco de una medida
de fuerza del sector, hasta tanto nos reciba el Secretario de Salud, el
Dr. Caruana.
Los trabajadores de los móviles, organizados en ATE Rosario, tenemos una
antigüedad entre 5 y 25 años de contratos de trabajo con la Secretaría
de Salud en forma ininterrumpida. Somos los que transportamos las
muestras de todo tipo desde los centros de salud
y hospitales de la ciudad para poder ser estudiados en el Cemar.
Cumplimos además un rol fundamental en la primera línea durante la
pandemia, trasladando las muestras de hisopados para ser diagnosticados,
como así también somos los que llevamos las vacunas
a los centro de salud y hospitales.
Luego de más de un año de negociaciones, presentaciones de nota para
mejor nuestras condiciones laborales y nuestro pase a planta, no hemos
encontrado respuesta ni en el responsable del Departamento de
Bioquímica, ni de Servicios de Salud, ni del mismo Secretario
de Salud Pública, Dr. Caruana.
Con la responsabilidad que siempre hemos desempeñado nuestro trabajo,
que tiene vital importancia para el sistema de salud del municipio,
hemos intentando no llegar a esta instancia pero nos vemos obligados a
hacer pública nuestra situación mediante una medida
de fuerza por tiempo indeterminado y una conferencia de prensa a la
espera de una reunión con las autoridades.
Convocamos a las 9:00 en el Cemar (Dorrego y San Luis).
¡¡¡Arriba los que luchan!!!
Asociación Trabajadores del Estado – Seccional Rosario…»
Más conflictos
En asamblea, los trabajadores y las trabajadoras de Editorial Perfil votaron la realización de una retención de tareas de dos horas por turno los días 21, 22 y 23 de marzo. Además de exigir una recomposición salarial urgente, reclaman que la empresa deje de desdoblar el pago de los sueldos, adelante la cuota paritaria y cumpla los convenios colectivos en radio y TV.
Desde la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria piden el fin de los cupos para al salario «inter-cosecha». Se trata de un aporte económico establecido mediante una resolución del ministerio de Trabajo que favorece a los trabajadores y trabajadoras con modalidad de contratación cíclica, orientado a otorgarles el derecho a un ingreso salarial fijo en los meses mayo, junio, julio y agosto cuando es tiempo de receso laboral estacional.
En Salta, este reconocimiento se vio afectado para más de 14.000
trabajadores y trabajadoras
de la actividad primaria por la imposición de cupos que sólo admiten a
unos 8.000 beneficiarios, lo que deja al resto sin ingreso salarial en
la temporada de receso.
Se impuso, además, la quita de un mes de acceso a este derecho, por lo
que sólo se comenzó a pagar 3 meses de salario, en vez de 4 como era
inicialmente.
A su vez, disposiciones burocráticas como la imposición del plazo para presentación de documentación, con fecha límite del 11 de marzo, hizo imposible su cumplimiento ya que el trabajo temporario todavía no ha concluido y, en consecuencia, no se cuenta con los recibos de sueldo que validen la contratación.
“Este requisito absurdo impide que un gran número de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a este derecho aun cuando reúnen todos los requisitos”, expresan desde la Federación.
“Claramente las autoridades la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, órgano del ministerio de Trabajo que entiende en el tema, desconocen la realidad de los miles de trabajadores que perciben un ingreso salarial en tanto derecho por su trabajo en una actividad productiva con modalidad cíclica de demanda de fuerza laboral”, agregan.
En este marco, la Federación de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FETAAP-CTAA) demandó que se ponga “fin a estas decisiones arbitrarias porque vulneran derechos laborales fundamentales y principios constitucionales, que imponen igualdad salarial sin discriminación alguna”: “Del mismo modo, creemos que es necesario terminar con este tipo de prácticas ya que son más propias del ajuste neoliberal que de un gobierno democrático que vela por los intereses de los trabajadores y trabajadoras”, finalizan.
Jubilados
Escribió Ismael Bermúdez en Clarín: […] A mediados de febrero, al conocerse el porcentaje de la primera movilidad del año para el período marzo-abril-mayo, el presidente Alberto Fernández aseguró: “Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es de un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones y alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación”.
La realidad es que fue un pronóstico apresurado porque en tan solo dos meses la canasta de alimentos básicos de CABA y GBA aumentó el 13,5% y podría rondar el 18/20% en el trimestre si se le agrega lo que se espera para marzo. Son entre 6 y 8 puntos por encima de la suba trimestral de las jubilaciones y demás beneficios.
El valor de esa canasta básica alimentaria es relevante para los que ganan la jubilación mínima de $ 32.630 o menos (PUAM de $ 26.104 o Pensiones no contributivas de $ 22.841) y para los que cobran la AUH quienes destinan una proporción mayor de sus bajos ingresos a la compra de los alimentos.
Para los porteños, la suba de los alimentos básicos fue superior: 17,3% entre enero y febrero, de acuerdo a la Dirección de Estadística y Censos de CABA. Con el dato de marzo superará holgadamente el 20%: 8 puntos o más por encima del aumento previsional del trimestre.
Por su lado, en 2 meses la canasta de pobreza subió el 10,1% y la inflación promedio el 8,8%. Con lo que se espera para marzo, la canasta de pobreza superaría el 15% y la inflación promedio podría ubicarse en torno del 14%, en ambos casos por encima del 12,28% de aumento jubilatorio.
[…] A la pérdida del poder de compra de estos meses, se agrega que jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales deberán esperar hasta junio para empezar a cobrar el siguiente aumento, “absorbiendo” o “cargando”, sin ninguna compensación, con la suba de los precios de abril y mayo.
[…] Luego de la caída del poder adquisitivo previsional entre setiembre de 2017 y diciembre 2019 del 19,5%, con los aumentos diferenciados por decreto de 2020 (de entre el 24,3 y 35,3%) hubo una caída adicional para los haberes medios y más altos que llegaron hasta 8,9%.”
$ 83.807 en febrero para no ser pobre
De acuerdo con los datos publicados por el Indec, una familia compuesta dos adultos y dos menores necesitó casi $ 84.000 para no ser pobre. El salario debería ser como mínimo de $ 136.100 para alcanzar las necesidades de una familia, según la estimación de la Junta Interna de ATE-Indec.
La publicación del Indec de este jueves arrojó un valor de la Canasta Básica Alimentaria -aquella que marca el nivel mínimo de ingresos para no caer en la indigencia- en un valor de $ 37.414 para el caso de una familia de cuatro integrantes. Por otro lado, la Canasta Básica Total arrojó un valor de $ 83.807 para el caso de cuatro integrantes y de $ 88.147 para el caso de cinco integrantes.
La medición de las canastas de consumos del Indec está muy lejos de representar la totalidad de los gastos necesarios que afrontan las familias mes a mes. La Junta Interna de Ate Indec estima una canasta de consumos mínimos que superó los $ 136.100 en febrero, incluyendo una alimentación saludable y poder acceder a una vivienda digna, entre otros. Según los trabajadores del organismo, ningún trabajador debería ganar menos de esa suma.
Esta semana también se acordó el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil en tan solo un 45 % efectivo en cuatro cuotas cuya última será recién en diciembre de 2022. De acuerdo con datos publicados por Luis Campos del Observatorio del Derecho Social de la CTA, el salario mínimo aún no recupera en términos reales el valor del 2019, recién en diciembre de este año con el ajuste completo aún quedaría un 11,6% por debajo.
Para los trabajadores del Indec: “Esto preocupa en especial, teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que indicó que las paritarias para el 2022 deberían cerrarse en torno al 40 % y el aumento acordado con las centrales sindicales del salario mínimo vital y móvil de sólo 45 %. En el marco de la política general del Gobierno que está dispuesto a profundizar el ajuste del gasto público para llegar a un acuerdo con el FMI”.
El informe también alerta sobre la pérdida salarial de los trabajadores públicos, en febrero de 2022 la caída del poder adquisitivo para una categoría D0 es del 36,7 % con respecto a diciembre de 2015. Las direcciones sindicales UPCN y ATE avalaron esta pérdida.
Es urgente la recomposición salarial de todo lo perdido en estos años, un salario mínimo igual a la canasta de consumos mínimos, y la actualización automática de salarios en función de la inflación. Los dirigentes sindicales tienen que romper la tregua y ponerse al frente de las medidas de lucha en defensa del salario y del empleo.
Empleo
Por Elizabeth Pontoriero
De acuerdo con un informe del ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cantidad de personas con trabajo registrado en el país, para diciembre de 2021, llegó a 12,4 millones, superando a los valores de la pre-pandemia. Esto representó una variación positiva de 0,5% con relación al mes anterior y un crecimiento del 4,3% con respecto al mismo período de 2020, que equivale aproximadamente a 516.000 trabajadores más. Esta expansión se dio, principalmente, en empresas y organizaciones del sector privado.
Según el informe “Situación y evolución del Trabajo Registrado”, publicado en marzo de este año por el ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a diciembre de 2021 formaban parte del trabajo formal 12,4 millones de personas. De esa cantidad, 9,7 millones pertenecen al sector privado, al público y al trabajo en casas particulares, mientras que 2,5 millones son trabajadores independientes, lo que incluye a los monotributistas y autónomos.
Con respecto al trabajo asalariado, en el sector privado para diciembre de 2021 ya se contaban 6 millones de personas. Si bien hubo retrocesos en los niveles de empleo a partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que se dio en el país a raíz de la pandemia de COVID-19, ya en mayo de 2021, se había logrado superar los niveles del 2020, al incrementarse en 309.000 las personas con trabajo registrado.
Incluso, durante 2021, las tasas de variaciones en el empleo asalariado registrado para el sector privado fueron positivas de manera sostenida, con un crecimiento acumulado del 3,2%, lo que llevó a alcanzar los valores de febrero de 2020 (mes previo a la pandemia) en el que la cantidad de asalariados registrados fue de 5.984.000, recuperándose, así, a diciembre de 2021, la totalidad del empleo asalariado registrado que se perdió durante la pandemia.
Según el informe, en diciembre de 2021 el empleo asalariado registró una variación positiva de 0,5 % con respecto al mes anterior, con el incremento de 50.000 trabajadores. Esto se dio, en primer lugar, en el sector privado, con un incremento de 28.100 trabajadores, seguido por el sector público en 21.200 y en casas particulares con 600, que fue uno de los sectores más perjudicados por la pandemia.
Si se compara con el mismo período de 2020, se señaló que “el total de personas asalariadas se expandió un 3,3% (+314,300 trabajadores)”. La razón de esto recae en las variaciones positivas que se evidenciaron en el sector privado con la incorporación de 187,700 trabajadores y en el público con el ingreso de 128,300, lo que representó variaciones del 3,2% y 3,9%, respectivamente.
A su vez, el trabajo independiente tuvo un crecimiento de 0,6% en diciembre de 2021 con relación al mes anterior de ese año, lo que representa a 15,200 trabajadores más y un 8,5% en la comparación interanual, sumando aproximadamente a 200.000 trabajadores, que es lo que llevó a superar los niveles de 2019, cuando había 12,100.000 de trabajadores registrados.
De acuerdo con el informe del Ministerio, estos incrementos se explican por el aumento en la cantidad de aportantes por el monotributo social. Cabe recordar que el monotributo social es un régimen tributario que busca la inserción de emprendedoras y emprendedores en situación de vulnerabilidad, que realizan una única actividad económica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia, con ingresos brutos inferiores al haber previsional mínimo.
Igualmente, los aumentos en los valores del empleo registrado se vieron compensados ya que, a pesar del incremento de los aportantes manifestados por el monotributo social en un 24,6% y en el monotributo en 7,1%, en el régimen de autónomos se registró una caída del -0,3%.
Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Anred, Clarín, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Crónica.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.