Lo dijo Facundo Trotta, fiscal de la megacausa La Perla que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado entre 1975-1978 en Córdoba. Habló la marcha del histórico juicio La Perla que se inició el 4 de diciembre de 2012. Es el segundo, después de la ESMA, por la cantidad de […]
Lo dijo Facundo Trotta, fiscal de la megacausa La Perla que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado entre 1975-1978 en Córdoba. Habló la marcha del histórico juicio La Perla que se inició el 4 de diciembre de 2012. Es el segundo, después de la ESMA, por la cantidad de víctimas que suman 696. Los imputados son 52 y falta que declaren cerca de 350 testigos
El representante del Ministerio Público fiscal recibió a Prensared en una de las oficinas de la fiscalía ubicada a metros del Tribunal Oral Federal N° 2. Habló del funcionamiento del terrorismo de estado en Córdoba, una de las provincias más castigadas por la represión. Destacó que la aplicación del plan sistemático estuvo dirigido a eliminar un opositor político al que definió como amplio. Habló del abuso sexual, del secuestro de niños y del primer juicio por robo de bebés.
Dijo que «Con la incorporación de cinco nuevas causas las víctimas son 696. El número inicial de testigos se redujo y ya prestaron declaración n lo que va del proceso unos 250 y aún faltan 350. Precisamente, se han incorporado cinco nuevos expedientes, entre ellos, Rodríguez II con 107 víctimas desaparecidas en La Perla, y Maffei con 152 sobrevivientes del campo La Ribera. Estimo que el proceso se prolongará, entonces, por lo menos un año y medio más si no se incorpora otra acumulación y se mantiene el ritmo actual de declaraciones», afirmó. Y destacó que la acumulación de causas con idéntico objeto procesal beneficia a los testigos en particular porque cada vez que declaran «reviven el calvario por el que pasaron».
En el banquillo están sentados 52 represores entre ellos el jerarca Luciano Benjamín Menéndez sobre el que pesan hasta ahora siete perpetuas. Policías y militares enfrentan la acusación de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguido de muerte, tentativa de homicidio calificado, homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.
En la causa la ESMA se receptaron denuncias de víctimas que nunca antes lo habían hecho. ¿Ha ocurrido algo similar en este caso?
Sí, claro. Varios testigos han terminado revelando que ellos también habían sido detenidos y llevados a campos de concentración sin que lo hayan denunciado o dado detalles durante la instrucción. Por eso la fiscalía pidió que se remita la declaración a la fiscalía de instrucción para que se investigue. No podemos incorporarla sin ese paso previo.
En Córdoba el terrorismo de estado comenzó en 1975. ¿Cómo funcionaba?
Este proceso presenta como novedoso el accionar del Terrorismo de estado mucho antes de la implantación de la dictadura cívico militar. Quedó en evidencia durante el debate la existencia del campo de concentración La Ribera, el primero en Argentina, pensado como una estructura ilegal para secuestrar, torturar, interrogar y fusilar, y el principal acusado es Vergez. Muchos de los hechos que hoy se juzgan fueron cometidos en 1975 por el Comando Libertadores de América, versión local de la Triple A. Era una organización formada por personal militar y del D2 cuya principal tarea fue eliminar a opositores políticos y al mismo tiempo sembrar el terror. En algunos casos se adjudicaba los hechos y en otros acusaba a las organizaciones guerrilleras de haber protagonizado enfrentamientos. Entonces, nos damos con que hubo víctimas que fueron detenidas ilegalmente y con conocimiento de la Justicia y que eran retiradas de una cárcel y llevadas a un campo. En definitiva, mantenían un orden clandestino y otro legal. Y un ejemplo es la cárcel UP1.
¿Producido el Golpe de Estado se profundiza esta metodología que usted describió?
Absolutamente. Cuando las Fuerzas Armadas toman el poder comienzan a establecer una serie de reglamentos y sobre sobre cómo se debía obrar frente a lo que denominaban el actuar subversivo. En 1976, había reglamentos y órdenes escritas pero eligieron actuar a través de vías irregulares porque por supuesto ningún bando autoriza la tortura para sacar información. Era una farsa montada para darle un viso de legalidad a un actuar clandestino. Además, durante las reuniones de la Comunidad Informativa presidida por Menéndez y todos los responsables de las fuerzas policiales y militares como Sassiaiñ y Telleldín se analizó la posibilidad de contar con un lugar de detenidos para obtener más información. Y se decidió que los presos políticos a disposición de la Justicia y en condiciones de salir en libertad los pondrían a disposición del PEN para seguir extrayendo información, bajo tortura, y luego asesinarlos mediante operativos que eran presentados como enfrentamientos armados. Así, la sociedad podía ver cómo las FF.AA estaban aniquilando y neutralizando al subversivo y a la vez generaba temor.
¿Qué grupos conformaban al «opositor político»?
Era un concepto bastante amplio. Desde personas que pertenecían a las organizaciones armadas como ERP y Montoneros, pero, también había militantes del Partido Comunista, un partido legal. Estudiantes con y sin militancia, sindicalistas combativos y hasta religiosos. Una de las causas de este juicio investiga la detención y tortura de seis seminaristas de la Salette cuyo pecado era acercar el evangelio a los pobres y enseñarles a pensar. Porque cuando la gente dispone de herramientas para pensar puede oponerse al régimen, a los monopolios, y discutir las políticas de estado. Pensar, era peligroso. Pero también hubo quienes estaban en el momento y lugar equivocados y los llevaban.
Desde que empezaron los juicios se advierte que aumentaron las denuncias por violaciones y abuso sexual. ¿Cómo considera el derecho a este delito?
Es evidente que la violación es un plus distinto a la tortura que tiene un cometido que es infringir daño físico con el propósito en este caso de obtener información. La violación sobrepasa este concepto porque afecta la integridad psíquica de la persona en este caso mujeres y forma parte del plan sistemático de exterminio. Lo dijeron los testigos. Toda mujer que resultara atractiva era víctima de violaciones sobre todo en la D2 y en la OP3. En la causa Barreiro hay dos víctimas de abuso sexual y violaciones sistemáticas y habrá un fallo. También en La Perla hubo una cantidad considerable de denuncias de abuso.
¿Tras varios años de lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo se logró que se investigue el caso del robo del nieto de Sonia Torres?
Este es el primer caso de sustracción de un niño menor de diez años y que estamos juzgando. Se trata del nieto de Sonia, hijo de Silvina Parodi, embarazada de seis meses y medio y de Daniel Orozco, ambos detenidos desaparecidos. Este delito es parte del plan sistemático y puede que haya otros casos más. Testigos afirmaron ver a la madre y al niño. Hace poco un médico (Agrelo) declaró que lo revisó en el Buen Pastor y en la Casa Cuna. Fue muy emotivo escuchar el testimonio de Sonia que cuenta en primera persona su historia y la de los organismos de derechos humanos, las rondas alrededor de la plaza y el nacimiento de Abuelas para unificar los criterios de búsqueda.
Hubo otras embarazadas secuestradas en elevado estado de gravidez pero no tenemos a ciencia cierta las fechas en que hayan sido fusiladas. No descarto que haya otros niños apropiados.
Han aparecido en este juicio casos de niños detenidos y secuestrados con sus madres o familiares. Uno de ellos, Alejandro Rossi. ¿Cómo se evalúa desde el derecho esta situación?
Indudablemente son víctimas del Terrorismo de estado. Es inconcebible que haya habido niños en un lugar donde se torturaba las 24 horas. Donde los detenidos eran arrojados en la cuadra, donde se escuchaban gritos de dolor y desesperación permanentes. Es indudable que en esas condiciones fueron víctimas. Hasta ahora hay por lo menos tres casos denunciados que están siendo investigados.
Dentro de las complicidades cívicas, además de la Iglesia y la Justicia, cobró trascendencia la denuncia de un testigo acerca de la complicidad empresarial en la entrega de listas de obreros. ¿Cómo analiza este hecho?
En La Perla se encontraron libros donde consta que desde el Tercer Cuerpo se les solicitaba a las direcciones de fábricas que remitan listas de trabajadores con actividad gremial como activistas, delegados y miembros de comisiones internas y directivas. Además, un testigo denunció que hubo personas infiltradas en las fábricas y empresas privadas. Estamos esperando un oficio donde consta un requerimiento que las propias fuerzas armadas les solicitan a los empleadores.
Año tras año las marchas en conmemoración del 24 de marzo crecen en cantidad de participantes en un claro respaldo a las políticas de estado respecto al juzgamiento. ¿Se debe continuar con los juicios?
En primer lugar estamos obligados por convenios internacionales y porque así lo decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un estado que no cumpla con las condiciones como lo estamos haciendo, respetando el debido proceso, y con todas las garantías, será condenado internacionalmente por incumplimiento de los tratados. Hoy por hoy somos un ejemplo a nivel mundial.
¿Por qué es importante que se juzgue y condene a los culpables?
A mí me parece que juzgar la parte más oscura de nuestra historia y dar respuestas judiciales nos permite crecer como sociedad. Además de determinar responsabilidades la justicia tiene una función pedagógica y esto es notable. Jóvenes que ni siquiera habían nacido se suman, se interesan, investigan cómo fue que la resolución de conflictos se hizo a través del terrorismo de estado.
Ahora, en 2003 hubo un cambio en la política del estado no solamente desde el ejecutivo sino que el poder legislativo ha determinado que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sean declaradas nulas. Y desde el Poder Judicial los fallos Arancibia Clavel y Simón expresan que no es posible sustraer el juzgamiento de los delitos de violación sistemática de los derechos humanos. Y además, no hay que olvidar que los Organismos de Derechos Humanos han mantenido a lo largo del tiempo una lucha por el juzgamiento de los responsables y a mi modo de ver lo que hace Néstor Kirchner es abrazar esa lucha y generar políticas de estado. Somos hoy por hoy un ejemplo para el mundo.
Hasta ahora los imputados mantienen el pacto de sangre y repiten un mismo libreto. Y pese a ser interpelados por los sobrevivientes nada dicen sobre el destino final de los desaparecidos. ¿Usted tiene alguna esperanza?
Yo no pierdo las esperanzas. En una de las últimas declaraciones de (Héctor Pedro) Vergez admitió que durante la dictadura de Lanusse tres personas habían sido quemadas y arrojadas a las salinas. Está bien, sindicó a un militar ya fallecido y a otro que tampoco está. Y esto lo digo porque en 1985 y 1986 jamás pensamos que aquellas leyes del perdón pudieran ser derogadas y que después estemos juzgando y condenando a los responsables.
No pierdo las esperanzas que alguno de los acusados pueda proporcionar datos sobre los cuerpos de los desaparecidos. Y lo digo no solo por una cuestión de Justicia sino porque para las familias es muy importante, tiene un efecto reparador al igual que los testimonios. Los familiares esperan que el estado los contenga, agradecen poder brindar testimonio y les piden a los acusados que tengan un acto de sinceridad y digan dónde están los cuerpos.
Nota
1- Fue convocado por Carlos Gonella para que colaborara en el segundo juicio (Albareda y Morales). Después fue designado secretario de Derechos Humanos en causas complejas (Explosión y voladura de la Fábrica Río III y causa UP1 y Gontero). En 2012, trabajó en Villa María como fiscal subrogante y participó en los momentos previos en la causa que investigó los crímenes del Comando Radioeléctrico. Cuando Gonella fue designado como titular de la Procelac quedó como fiscal subrogante de la mega causa La Perla. Actualmente cuenta con la colaboración de la doctora Virginia Miguel Carmona.
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