Traducido para Rebelión por S. Seguí
Cada vez está más meridianamente claro que la escandalosa detención de David Miranda, compañero brasileño del periodista estadounidense Glenn Greenwald por la policía británica durante una escala en el aeropuerto londinense de Heathrow fue, entre bastidores, un trabajo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
La policía y el Ministerio del Interior británicos (éste, equivalente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) afirman que la acción fue tomada por ellos basándose en una disposición antiterrorista aprobada en 2000 que ostenta el orwelliano nombre de «Cláusula 7» (Schedule 7). No obstante, la prueba de que esta operación no fue ideada por los británicos por su cuenta es el reconocimiento de éstos de que habían «notificado a Washington» su intención de detener a Miranda, ciudadano brasileño, antes de que la detención tuviera lugar.
Fíjense que no lo notificaron a las autoridades brasileñas: la llamada fue a los estadounidenses.
¿Y por qué eso? Porque es evidente que Miranda estaba en una de las «listas de sospechosos» de Estados Unidos y la policía británica necesitaba recibir instrucciones de sus superiores en EE.UU. sobre qué hacer con él.
Miranda fue pues detenido e internado, sin acceso a un abogado, durante nueve horas -el tiempo máximo permitido por las draconianas condiciones de la «Cláusula 7″- y durante ese espacio de tiempo fue interrogado por lo menos por seis agentes de seguridad, que, según afirma Miranda, le preguntaron acerca de su «vida entera.» Nunca hubo ninguna sugerencia de que fuera un terrorista o de que tuviera algún vínculo con el terrorismo. Más bien, su interés se centró en los planes del periodista Greenwald en relación a si iba a escribir más artículos acerca de los datos que había obtenido de Edward Snowden, analista de la Agencia de Seguridad Nacional que ahora vive en Rusia donde se le ha concedido asilo político y humanitario.
La policía británica confiscó la computadora de Miranda, sus juegos de ordenador y los dispositivos de almacenamiento de memoria que llevaba. (En una acción paralela, la policía también visitó las oficinas del periódico británico The Guardian, donde trabaja Greenwald, aunque desde su residencia en Brasil y, en un acto de destrucción sin sentido que recuerda a las tropas de asalto nazis o a los matones de la seguridad china, destruyó los discos duros de los ordenadores del periódico que contenían documentos filtrados por Snowden. La redacción del periódico afirmó que esta acción de la policía, especialmente amenazante, contra los medios de comunicación no tenía sentido ya que el diario dispone de copias de los documentos en otros lugares. Ahora bien, el quid de la cuestión fue el acto de destrucción, no la eliminación de la información filtrada en sí misma.
No tiene sentido que las autoridades británicas hayan tomado por su propia cuenta estas escandalosas medidas dignas de un estado policial contra Miranda, contra Greenwald y contra uno de los periódicos más prestigiosos del Reino Unido. Todo el asunto de la filtración de Snowden afecta en primer lugar a EE.UU. y la NSA, fuente de los documentos.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos mantienen en la actualidad enormes archivos de ciudadanos estadounidenses y extranjeros, y realizan el seguimiento de sus viajes aéreos. Muchas personas son sometidas regularmente a registros especiales en los aeropuertos de Estados Unidos, y en algunos casos se les han registrado y confiscado sus equipos informáticos por las autoridades de inmigración. Algunos son también detenidos durante horas y se les niega el derecho a subir a un avión, a pesar de que nunca se les acusa de ningún delito. Cuando investigué las listas de vigilancia de la TSA [1] y su lista de personas no autorizadas a volar («no-fly list»), me enteré de que no hay manera de saber si usted está en esa lista o de conseguir que su nombre sea borrado de la misma, si usted está en ella. Nadie tiene derecho siquiera a saber cómo se compilan esas listas o qué organismo puede ser la fuente de información que le coloca a usted en una lista de vigilancia.
No hay duda de que Miranda había sido colocado en la lista por las autoridades de EE.UU. debido a su relación con Greenwald. Sin ser él mismo periodista, Miranda venía de reunirse en Alemania con la periodista y cineasta Laura Poitras, que ha estado trabajando en colaboración con Greenwald en la divulgación de los documentos de Snowden. Según The Guardian, que pagaba su pasaje aéreo, Miranda regresaba a a Río de Janeiro en posesión de algunos materiales que iba a utilizar Greenwald para escribir otros artículos. (Sabedores de que la NSA vigila cada una de sus comunicaciones electrónicas, Poitras y Greenwald, comprensiblemente, prefirieron usar un mensajero de confianza, en lugar de enviar los documentos por vía electrónica.)
Hemos entrado en un período muy oscuro en lo que respecta a la libertad de prensa, por no hablar de las libertades fundamentales de viajar y de asociación y el derecho a la intimidad, cuando personas como Miranda son detenidas de esta manera. Nadie ha sugerido que Miranda, Poitras o Greenwald hayan infringido ninguna ley. Estaban haciendo lo que los buenos periodistas en una sociedad libre se supone que deben hacer. Pero el Estado de Seguridad de EE.UU. ya tiene sus tentáculos extendidos por casi todo el mundo, con servicios secretos de estados vasallos, tales como la policía en Gran Bretaña, que les hacen su trabajo.
Las leyes «contra el terrorismo» están siendo utilizadas abiertamente para reprimir las libertades fundamentales, sin que el Estado ni siquiera se moleste en fingir que las acciones de la policía tienen algo que ver con la lucha contra el «terrorismo». El único terrorismo en este momento son las actividades del Estado. Los únicos terroristas son las autoridades gubernamentales.
Lo que comenzó como el monitoreo universal por parte de la NSA de todas las comunicaciones electrónicas se ha multiplicado ya hasta las detenciones de periodistas y sus asistentes en los aeropuertos. Y esto, sin duda, no va a tardar en convertirse en incursiones nocturnas de fuerzas especiales en hogares y oficinas de los periodistas. Ya hemos visto que este tipo de cosas les suceden a los activistas políticos, por lo que las nuevas medidas no deberían tomarnos por sorpresa.
Esta última escalada del asalto del gobierno de EE.UU. a la verdad y el periodismo deja al descubierto la farsa pueril de la afirmación del presidente Obama de querer «reformar» el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional y limitar las intrusiones del Departamento de «Justicia» contra los periodistas. La detención de Miranda ha sido un acto de guerra contra el concepto de libertad de prensa en su totalidad.
A falta de una airada protesta pública -que no veo por ninguna parte- la situación sólo va a empeorar.
Nota:
[1] Transportation Security Administration, organismo dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (US Homeland Security) encargado de la seguridad en puertos y aeropuertos.
Dave Lindorff es miembro fundador de ThisCantBeHappening , una publicación colectiva en línea, y ha colaborado en Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion (AK Press).
Fuente: http://www.counterpunch.org/2013/08/20/obamas-sinister-crackdown-on-the-press/