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La experiencia de las empresas ocupadas y gestionadas por sus trabajadores

Ocupando, resistiendo, produciendo

Fuentes:

Respondiendo al capital El proceso de recuperación de empresas en Argentina ha sido un fenómeno genuinamente derivado del Argentinazo del 2001. Es cierto que algunas empresas fueron recuperadas y gestionadas antes de la irrupción popular, pero o fueron una excepción o constituyeron el preludio de los eventos sociales y políticos desatados el 19 y 20 […]

Respondiendo al capital

El proceso de recuperación de empresas en Argentina ha sido un fenómeno genuinamente derivado del Argentinazo del 2001. Es cierto que algunas empresas fueron recuperadas y gestionadas antes de la irrupción popular, pero o fueron una excepción o constituyeron el preludio de los eventos sociales y políticos desatados el 19 y 20 de diciembre.

Fue el producto de la convergencia de varios factores: una crisis económica histórica, caracterizada por una recesión extendida por más de tres años, el agotamiento de la paridad cambiaria y la concomitante fuga de capitales, cruzada por un endeudamiento estatal y privado que los había dejado en la insolvencia, una vez que la renegociación de dicha deuda se hizo imposible; y de una crisis de carácter político, caracterizada por la deslegitimación de todas las instituciones del régimen de dominación y de los partidos políticos como la UCR y en menor medida el PJ, pilares del sistema bipartidista inaugurado con la salida de la dictadura en 1983. Se trataba, por lo tanto de una crisis histórica y global, lo que el pensador socialista italiano Antonio Gramsci denominó crisis orgánica, expresando la incapacidad de las clases dominantes de conservar la vieja hegemonía que ejercía sobre los restantes grupos subordinados[2].

Esta crisis estatal e institucional se verificó como proceso continental, abarcando a diversos países de la región, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros, donde las políticas neoliberales llevaron a una profunda deslegitimación de regímenes y gobiernos estrechamente vinculados a los grandes intereses económicos, cuyo resultado fue una creciente resistencia popular.

Mientras las fracciones de la clase capitalista presenciaban una creciente disgregación, las clases populares tendían a la unificación y la solidaridad. La máxima expresión de dicha alianza social se manifestó en la que se había vuelto una popular consigna de masas «piquete y cacerola, la lucha es una sola». Mientras las clases medias empobrecidas y los desocupados ganaban las calles, la deliberación colectiva, la idea de que sólo la acción del pueblo movilizado podía resolver sus propios problemas, se había hecho carne en amplios estratos de la población. Así proliferaron frente a la crisis no sólo la movilización y los reclamos, sino incluso emprendimientos de autogestión como los mercados populares, los clubes del trueque, la auto-producción en los movimientos desocupados, junto a las asambleas populares que ganaban espacios públicos y los hacían suyos.

Aunque las empresas ocupadas y recuperadas no participaron directamente de dichas manifestaciones y deliberaciones, no por lo menos en su gran mayoría, sin embargo es imposible comprender el fenómeno que han protagonizado centenares de empresas sin atender a los factores actuantes, al clima político, del período. Efectivamente el primer impulso a la ocupación y permanencia en las empresas quebradas, en proceso judicial o que eran vaciadas por las patronales, fue la defensa de la fuente de trabajo ante un panorama social y económico que volvía a la ocupación y la resistencia en los lugares de trabajo la única opción realista para conservar un trabajo. Expresó una reacción ante el proceso de crisis y descomposición de las fuerzas obreras.

Pero para que una porción de trabajadores supere la barrera moral que suponía tomar medidas directas visualizadas como ilegales, la traba psicológica y cultural de afectar la propiedad privada, para que todos estos obstáculos pudieran superarse, hacía falta un entorno que las protegiera y las legitimara socialmente. Fue el apoyo popular, de cada vecino, trabajador, de cada uno que pasaba por la puerta de la empresa la que imprimió el ritmo y el dinamismo que tomaría el proceso de recuperación de empresas.

Fueron esas condiciones generales impuestas por la crisis y la legitimación social de la ocupación de empresas la que llevó tiempo después a más de un político, legislador o diputado a promover medidas legislativas o correctivas de leyes previas como la de quiebras, para facilitar la regularización legal, canalizar el proceso por vías institucionales y promover con esas acciones su propia candidatura y aceptación popular. Por eso ha sido tan perniciosa la influencia dentro del movimiento de empresas recuperadas de las políticas que tendían al quietismo y a difundir la idea de que la toma y ocupación, la solidaridad y lucha común con el vecino, el desocupado y el trabajador ocupado, atentaban, por ser medidas politizadas, contra la tenencia definitiva de la fábrica. Fue la superación del miedo, de la parálisis y la profunda insubordinación frente a las leyes y la ideología establecida, la que permitió que las empresas ocupadas y auto-gestionadas llevaran a cabo la lucha, conquistaran algunos, provisorios triunfos, y renovaran las esperanzas por una sociedad donde no se necesite el látigo del patrón para crear la riqueza social.

El trabajo en el centro del debate

En aquellos días tumultuosos, los reporteros internacionales registraban que la población local defendía las ocupaciones de empresas y aceptaba la trasgresión al derecho a la propiedad, porque ‘el derecho al trabajo está primero’. Este elemento de conciencia fue el políticamente más sobresaliente que tanto los piqueteros como las empresas recuperadas pusieron en juego a partir del 2001. Cortar rutas o tomar empresas se volvió legítimo. Abandonar a los trabajadores a su suerte, no pagar los salarios, retirar a escondidas maquinarias, se tradujo como un delito social. De la misma manera, los piqueteros cortan rutas porque necesitan hacerse visibles en una sociedad que los ha desplazado socialmente y los invisibiliza.

Esta situación no cayó del cielo. Durante más de diez años los empresarios fueron recompensados mediante subsidios, recortes a los aportes patronales, beneficios fiscales e impositivos, los que derivarían en una mayor oferta de trabajo. De la misma manera la flexibilización de las leyes laborales, la precarización del empleo, la contratación en negro, la evasión provisional, todo fue permitido en el altar de la libre competencia. Se trató de volver a la fuerza de trabajo una mercancía como cualquier otra, no sometida a más restricción que la impuesta por la oferta de trabajo y la demanda de mano de obra, mientras se debilitaron sustancialmente las organizaciones sindicales. Las consecuencias fueron una mayor concentración de capital y una disminución sensible de la participación de los trabajadores en el producto nacional. Así el desempleo de un lado y el sobretrabajo y la precarización del otro, facilitaron un aumento de la ganancia bajo una modalidad regresiva, con el consiguiente aumento de la desigualdad social, la pobreza y la indigencia. El paraíso prometido por el discurso de la democracia y el mercado había desaparecido como un espejismo en el desierto.

Es este círculo del infierno de la explotación capitalista la que se puso en evidencia en los días más agudos de la crisis. La expropiación de los ahorros de las clases medias y la confiscación de las capacidades productivas de una ingente mano de obra arrojada como población obrera sobrante, dieron como resultado un cuestionamiento generalizado a la confiscación capitalista. En los hechos el pueblo entendió como algo legítimo enfrentar y tomar la propiedad de los expropiadores y defendió el derecho al trabajo por sobre el sagrado derecho de la propiedad privada. Ante el vaciamiento o la quiebra, los trabajadores decidieron no retirarse a sus casas como solía ocurrir, sino que ahora permanecieron en las empresas, aferrados a sus puestos de trabajo, ocupando y resistiendo.

Aunque el proceso de toma de empresas fue completamente distinto al período de la década del ’70 caracterizado por una fuerza laboral poderosa y ofensiva, las ocupaciones actuales, defensivas son un eslabón, pequeño numéricamente, aunque importante ideológicamente, de conciencia, de recomposición embrionaria, que junto a la emergencia del movimiento piquetero fueron las primeras respuestas de una nueva clase trabajadora que emergió del período de reconversión y reestructuración capitalista en Argentina, una expresión local de un proceso de dimensiones mundiales, que había dislocado las capacidades sociales y políticas de resistencia obrera.

Derecho de propiedad y fuerzas sociales en disputa

Mientras en la década de los ’90 la opinión pública había sido arrastrada a creer que los estatales y los ferroviarios se apropiaron de las empresas públicas y tomaron de rehenes a los usuarios, en el período abierto con la resistencia al gobierno de De La Rua y su posterior caída, las masas se sintieron ahora rehenes de las empresas privatizadas, con las tarifas más altas del mundo y el peor de los servicios. La correlación social de fuerzas y la balanza ideológica fueron modificadas sustancialmente.

Fue este nuevo panorama social el que exigió modificaciones o contorsiones al marco legal vigente para asegurar alguna solución, aunque sea provisoria, al movimiento quizá con más legitimidad social. No fue el derecho el que vehiculizó alguna solución para las empresas ocupadas y gestionadas por los trabajadores. Al revés, fueron la lucha y la movilización social en torno a las empresas y sus trabajadores las que impusieron nueva normativa, incluso bajo el ropaje de la utilidad social u otras variantes legislativas.

En el período abierto por el argentinazo hemos presenciado la lucha de dos derechos en oposición directa: el de propiedad y el del trabajo. Marx había sostenido que en torno a la lucha por la determinación del precio de la fuerza de trabajo, el salario, se confrontaban dos derechos iguales y opuestos, y que «derecho contra derecho, decide la fuerza». En los últimos años hemos presenciado una variante de este conflicto. El derecho fue sólo un subproducto del resultado de esa fuerza social en disputa. Dotarlo de una vida propia e independiente de la relación de fuerzas y el conflicto, ha sido el origen de toda una orientación institucionalista que muchas veces desarmó a los trabajadores y ocultó las potencias inherentes a su propia fuerza social en movimiento.

Si bien es completamente legítimo recurrir a cualquier argucia legal, llegar a compromisos provisorios como son la tenencia provisoria por dos años e incluso, si no hay otro remedio, el pago de alquiler, esto no puede embellecerse, sino que debe ser denunciado como un intento de mantener la precariedad de las condiciones legales de las empresas y al mismo tiempo una canalización instrumentada desde el poder, para evitar una generalización y masificación del proceso. Como no fue posible desalojar a los trabajadores de sus fábricas, como se lo intentó mediante la represión como en Lavalán de Avellaneda, Acrometal, Brukman, Zanon o Gatic, como ninguna medida de represión estatal hizo retroceder el proceso de ocupaciones, entonces se recurrió a expropiaciones provisorias, capaces de ser eliminadas en poco tiempo y onerosas, debiendo ser pagadas a su turno debidamente por el colectivo obrero. En muchas empresas se convenció a los trabajadores de que no se podían tocar las máquinas y las materias primas, debiendo esperar durante meses una solución legal mientras no cobraban un peso.

La toma, el control de la empresa y su puesta a producir lleva a efectos políticamente opuestos a esperar una resolución judicial previa, optar por la compra y el primer arreglo en vez de forzar las demandas mediante la lucha. En un caso se crean condiciones para la emergencia de una nueva clase trabajadora militante y combativa. En el otro se reproduce las condiciones de subordinación y apoliticidad con que el mercado y el comando capitalista permean las relaciones sociales de producción. El resultado, sin embargo, no favorece la pasividad y el legalismo. Aunque en las empresas que no sufrieron ocupaciones y se alcanzó un arreglo con la patronal o por vías estrictamente legales, la capacidad de producción es mucho mayor que en aquellas en que hubo necesidad de ocupación y resistencia activa, no sucede lo mismo respecto a la expropiación. En las empresas ocupadas por sus trabajadores las expropiaciones logradas alcanzan al 57% de los casos, mientras que en los casos de no ocupación sólo el 37% consiguió algún tipo de expropiación[3]. Esto demuestra que han sido las empresas que han luchado, que tomaron medidas de fuera y que se hicieron visibles socialmente, las que pudieron presionar mejor a los poderes públicos y arrancarles mayores expropiaciones.

Un estudio de encuesta sobre empresas ocupadas y recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires indica que los grados de igualitarismo, de libertad y de conciencia de pertenencia e identidad de clase son sostenidamente superiores allí donde se desenvolvió el conflicto y la ocupación. Nos muestra también el papel de la experiencia y la consecuente pertenencia clasista en la superación del «asociado» y su identidad como parte de la clase trabajadora[4].

Gestión obrera y parasitismo patronal

«Por la acción y no por las palabras (las cooperativas) demostraron que la producción en gran escala, y con la aplicación de los preceptos de la ciencia moderna, puede ser realizada sin la existencia de una clase de patrones que utilizan el trabajo de la clase asalariada; que para producir, los medios de trabajo no necesitan ser monopolizados, sirviendo como un medio de dominación y de explotación contra el propio obrero». (Marx, Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores).

Uno de los elementos más subversivos de la experiencia autogestionaria es el hecho de que se vuelve visible la capacidad obrera para producir sin necesidad del patrón. La toma de la fábrica y la puesta producir por los trabajadores, cuestiona la naturalización de que las fuerzas productivas creativas de toda la riqueza social son inherentes al propio capital. Al desaparecer éste al interior de la empresa desaparece el objeto donde el capital se personifica como la única potencia capaz de poner en movimiento los recursos productivos, porque estos, desde las máquinas hasta las materias primas y la misma fuerza de trabajo aparecen ya antes de la producción como mercancías. Y ellas sólo pueden ser puestas en acción por quien las paga, el capital. Este fetichismo, esta realidad invertida de la naturaleza social del capital, es quebrada en su lógica por la desaparición física del patrón.

Ahora es el obrero colectivo quien personifica al capital inaugurando una doble lógica, la de la socialización de la propiedad en cuanto trabajo y apropiación directamente colectiva, y la de ser ellos personificación del capital en tanto nuevos propietarios, privados e independientes de la unidad productiva.

La producción sin patrón posee un valor ideológico fundamental, puesto que son la demostración de las capacidades históricas de la clase trabajadora para reorganizar la producción sobre bases sociales nuevas, contradiciendo la naturalización capitalista de la dependencia y la heteronomía en las relaciones sociales humanas.

Eliminación del comando capitalista y desalienación

Marx había analizado la doble función del comando de dirección empresarial. Como función técnica es inevitable, en tanto toda producción social requiere un comando y una centralización, sea esta más o menos democrática. Pero ella adquiere el carácter de un comando despótico en tanto la producción social reviste la forma de producción privada capitalista. Se trata de subordinar el trabajo al comando despótico del capital. Cumple una función económica, social y política aunque está revestida de funciones técnicas. La gestión obrera directa viene a interrumpir la función del comando capitalista.

Esta desempeña el papel primordial de vigilar, reglamentar, imponer, domesticar toda tentativa de libertad, puesto que se trata de volver dócil una fuerza de trabajo que debe ser consumida de forma tal que se obtenga el mayor trabajo excedente posible. En la medida en que el capital sólo puede reproducirse mediante la extracción constante del trabajo excedente, se vulva políticamente fundamental el control social y el despotismo político en el seno de la empresa, asegurando subordinación y disciplina constantes que reproduzcan cotidianamente las condiciones económicas para recrear el ciclo de la expropiación del excedente.

El proceso de extrañamiento, de enajenación del producto del trabajo como mercancía ajena y hostil viene a ser consolidada mediante la enajenación de los saberes obreros y sobre todo de la mutilación de su capacidad de decisión colectiva. Mientras la producción es asociativa y horizontal, el comando de ejecución es vertical e individual. Y este comando en el régimen de producción capitalista se halla «directa e inseparablemente enlazado con las funciones productivas que todo trabajo social combinado impone a determinados individuos como un trabajo especial»[5].

Pero en las fábricas dirigidas por los trabajadores el comando sobre el trabajo posee sin embargo un contenido relativamente distinto. Así mientras se reemplaza el comando técnico que es inevitable en un trabajo cooperativo como el de la gran industria, destruye en ocasiones la supervisión en cuanto relación social de dominación sobre la fuerza de trabajo.

La eliminación del capitalista y el emplazamiento de la gestión obrera ponen al descubierto el carácter político de la legión de capataces, vigilantes, directores y subdirectores:

«Las fabricas cooperativas demuestran que el capitalista como funcionario de la producción es un personaje tan superfluo como él mismo, en su altísima cultura, considera que lo es el terrateniente»[6].

Esto implica un proceso real de reapropiación de la capacidad colectiva de decisión, de comando y ejecución del sistema productivo de la fábrica en su conjunto. Los obreros conquistan la totalidad compleja superando la parcialidad y unilateralidad embrutecedora. Incluso si de ello resultara una disminución temporal de la productividad, contrarrestada por la mejor disposición de los obreros al trabajo de su propia obra. Esta producción ya no es sólo el fruto del trabajo de rutina, implica también, por sus circunstancias, un acto político conciente.

La doble lógica de la producción colectiva: elementos de reinserción capitalista

Pero la supresión del comando despótico del capital sobre el trabajo, se realiza en la fábrica bajo gestión obrera sólo en un aspecto, el de romper la primera de las formas de reproducción del capital, suprimiendo el antagonismo entre el capital y el trabajo en el seno de la empresa.

En el mercado, en la esfera de la circulación, el colectivo obrero debe aparecer necesariamente bajo la misma lógica del capitalista, la de la maximización de la ganancia.

Esto implica que el peldaño de autonomía que obtuvieron los obreros al reapropiarse del comando técnico, debe ser comprendido en sus límites precisos, toda vez que la actuación como capitalistas en el mercado impone, a veces más a veces menos, su reproducción al interior de la empresa.

Así los trabajadores constituidos en capitalistas de sí mismos en el mercado, se ven obligados a racionalizar los procesos de producción para ampliar la explotación del trabajo propio.

Cuanto más se busca como único objetivo la capitalización de la empresa, empezando por su compra a la vieja patronal o a los acreedores del concurso (compra del inmueble, a veces saldar la deuda ajena), la prioridad estará puesta en el aumento de la productividad, que implica en ocasiones la no incorporación de nuevos trabajadores y la tercierización del trabajo, la rejerarquización de los saberes y la vuelta al trabajo rutinario (no hay tiempo para aprender otros oficios, rotar en los diversos puestos, conocer y aprender a manejar nuevas máquinas, pasar por los departamentos de diseño, comercialización y mucho menos dedicarse a la solidaridad obrera, el bienestar común, el estrechamiento de lazos con la población local, etc. ), hasta llegar a los premios por productividad, e incluso la contratación de trabajadores asalariados por parte de la cooperativa. En nuestro país muchas cooperativas albergan en su interior las peores formas de explotación capitalista.

«En la práctica esto se manifiesta en la necesidad de hacer el trabajo todo lo intensivo que se pueda, de alargarlo o acortarlo según la situación del mercado y, en razón de las existencias de éste, solicitar más fuerza de trabajo o rechazarla y ponerla en la calle; en una palabra, practicar todos los métodos, ya conocidos, que hacen competitiva a una empresa capitalista. En el caso de la cooperativa productiva se deriva la necesidad contradictoria para los obreros de regirse con todo el absolutismo preciso en una empresa y de cumplir con respecto a sí mismos la función del empresario capitalista. Esta contradicción acaba hundiendo la cooperativa de producción porque o bien se convierte en una empresa capitalista normal o, si los intereses de los obreros son más fuertes, se deshace como cooperativa». (Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución).

Cuanto más los trabajadores de una empresa autogestionada poseen el objetivo de la inserción en el mercado, más se imponen los métodos capitalistas de comando en la empresa. Pero al mismo tiempo la única posibilidad de sobrevivencia en las condiciones de normalización capitalista es su rendimiento económico eficiente. Esta contradicción inevitable exige una dialéctica conciente entre la producción bajo una supervisión democrática y la participación política como parte de la clase trabajadora en su conjunto. No hay otro contrapeso a las tendencias a la restauración de la jerarquía impuestas por las compulsiones del mercado que no sea el capital político acumulado puesto al servicio de su emancipación como clase trabajadora de conjunto. Esta tensión es ahora mayor que en el período del auge de las tomas, puesto que el reflujo de la situación política impuesta desde la asunción del nuevo gobierno y la resolución provisional del marco legal en otro, exige una mayor dedicación a las tareas de producción y comercialización, abarrotando de tareas técnicas y económicas a la mayoría de los trabajadores.

La forma jurídica cooperativa como táctica o como proyecto social

En ocasiones se ha delimitado a distintos actores políticos dentro del proceso de las empresas ocupadas y recuperadas según su adscripción a las formas jurídicas de tenencia. Así se ha hablado de sectores pro cooperativas y sectores pro estatización bajo control obrero. Pero esta manera de encarar el asunto lleva poner el acento en las formas jurídicas de tenencia y a ocultar la esencia, el contenido de la estrategia de cada sector. La modalidad cooperativa no ha sido, desde nuestro punto de vista, una opción ideológica ni siquiera la mejor opción legal. Se trató simplemente de emplear los recursos legales más fáciles, expeditivos y utilizados por la normativa vigente para asegurar lo antes posible un marco legal mínimo para conservar la fuente de trabajo. Este ha debido ser finalmente el recurso de todas las empresas, incluso de aquellas que durante mucho tiempo se negaron a inscribir su propia cooperativa.

Aunque históricamente las cooperativas fueron una respuesta de la clase trabajadora a las bancarrotas y el desempleo, constituyendo pasos positivos en el auto-gobierno económico, también puede verificarse que bajo la cobertura legal cooperativa se pueden descubrir las peores formas de explotación capitalista, desfalcos y corrupción. En otras ocasiones son simples formas jurídicas que recubren empresas capitalistas de mediano y hasta de gran tamaño.

El sistema cooperativo ha encandilado a muchos pensadores que pretendieron ver dichas unidades económicas el embrión del socialismo o incluso una supuesta «acumulación socialista originaria», según la visión de los líderes del socialismo reformista. Entre los pensadores autonomistas las empresas recuperadas y los micro-emprendimientos productivos de los movimientos piqueteros son un modelo de autogestión al margen del mercado y el dinero. Pero ni el socialismo reformista ha podido evitar jamás el predominio de las grandes empresas capitalistas y la mercantilización creciente del mundo social, ni la autogestión ha podido reemplazar el papel del dinero y el mercado en el funcionamiento de la sociedad o crear verdaderamente un circuito auto-productivo sin papel moneda o sin necesidad de recurrir a los grandes proveedores. Sería por otra parte una regresión hacia formas pre-capitalistas más que un avance hacia formas sociales superiores.

Entendemos que sólo mediante la acción colectiva del conjunto de la clase trabajadora, eliminando y superando la propiedad privada y el dominio mercantil sobre la vida social, puede alumbrarse una nueva sociedad, sin explotados ni explotadores. Una superación tal de la sociedad de clases sólo puede alcanzarse por medios políticos, es decir, cuestionando el conjunto del sistema social y político dominante. Ninguna acumulación económica, por otra parte incapaz de competir con la acumulación capitalista, puede ser más que un factor político, es decir, una reserva económica al servicio de la lucha de clases, a la manera en que un sindicato recurre al fondo permanente de huelga para previsionar las luchas futuras.

De tal manera que las formas jurídicas que adoptan los movimientos de la clase trabajadora dependen de factores de coyuntura que son enteramente secundarios. Asimilar cualquier ocupación de fábrica a las vías reformistas y legalistas por adoptar la forma cooperativa, equivale a denunciar como parlamentarista a cualquier movimiento socialista que se presente en las elecciones parlamentarias. De la misma manera las empresas que han exigido la estatización bajo control obrero, como Zanon, han sido de las empresas más combativas del movimiento. Su proyecto de estatización bajo control obrero parte del objetivo de la planificación económica de conjunto mediante el control obrero de la producción extendida hacia distintas ramas de la producción, por ejemplo, las empresas de construcción de viviendas, impidiendo la recuperación del comando estatal sobre la misma.

Esto no debería significar hacer de la estatización otro fetiche. Lo fundamental como herramienta estratégica de los trabajadores es su independencia política, su perspectiva de clase, más allá de las formas jurídicas que adopta. Si el cooperativismo como paso progresivo ha tenido su contrapartida en las deformaciones mercantilistas y explotadoras, el estatismo como vehículo de planificación social ha tenido su contraparte como recuperación capitalista de las empresas en crisis o de control social y político represivo hacia los trabajadores por parte del estado.

Por último, mientras el proceso real y concreto de recuperación de empresas se dio sobre todo en fábricas pequeñas y medianas, y en el período histórico actual la estatización no es parte del programa de gobierno como lo fue en la posguerra, la estatización como táctica legal generalizada adoleció de irrealismo, y aunque se mantenga como programa de lucha loable, ha debido ser descartada como instrumento de coyuntura.

Pese a todo, es real que en el movimiento de las empresas ocupadas y recuperadas, existen sectores con políticas y métodos distintos. Algunos han depositado expectativas en el carácter progresista del gobierno de Kirchner para la resolución de sus problemas. Otros sectores como el del Dr. Caro insisten en su alineamiento con los gobiernos de turno y las componendas de trastienda, aunque su discurso aparenta ser a-político y haya impuesto en las empresas de su movimiento la ruptura total y completa con las asambleas barriales, llegando al extremo de cerrar centros culturales como el que los vecinos construyeron en Grissinópolis.

Las formas de gestión y participación de los trabajadores al interior de las empresas también caracterizan a los distintos sectores del movimiento. Mientras unos se apoyan en las bases y hacen grandes esfuerzos por acompañar las experiencias y el desarrollo de la conciencia política de los trabajadores, facilitando su participación activa tanto en la producción como en la lucha social y política, otros sectores tienden a descolgarse de sus bases y a imponer métodos verticalistas a la función productiva, manteniendo apartados a los trabajadores de los debates políticos dentro del movimiento.

En definitiva, aunque las divergencias internas dentro del movimiento son muchas, pueden sintetizarse en una que es la más relevante: o la conquista de las reivindicaciones obreras mediante la lucha independiente, dentro de la cual la «lucha judicial» y los compromisos con el poder de turno es auxiliar, o la subordinación a las leyes y a los políticos que las dictan como precepto rector, colocando al movimiento de la clase trabajadora como clientela política y masa de maniobra, tal como lo practican la mayoría de los dirigentes sindicales.

El trabajo y su «dignidad»

El concepto de «recuperación» estuvo asociado a mantener los puestos de trabajo. Pero la defensa de las fuentes de trabajo se ha confundido con la idea de que el «trabajo dignifica». La «cultura del trabajo» hunde sus raíces en viejas tradiciones sindicales y políticas, fomentando la división social entre los que «trabajan» de un lado y los que «piensan» y «hacen política» del otro. Sin embargo en la sociedad capitalista el trabajo sólo lo es en cuento trabajo asalariado, es decir explotado. De esta manera la disponibilidad de tiempo libre de unos pocos es el producto del trabajo extenuante y embrutecedor de la mayoría. El trabajo que hoy conocemos en Argentina, un trabajo precarizado y con un promedio de más de nueve horas diarias promedio, significa menos tiempo disponible para el disfrute, la educación, el arte y la cultura.

Si se observa la evolución del mercado laboral en las últimas décadas en nuestro país, se puede constatar que los aumentos de productividad resultante de la inversión de capital y del adelanto tecnológico, no desembocan en una disminución del tiempo de trabajo de cada obrero o empleado y en el aumento del salario real en la participación total, sino en el despido de trabajadores y en la superexplotación de los que quedan. El resultado es un aumento estructural del desempleo de un lado y el sobretrabajo del otro, donde casi la mitad de los trabajadores no están registrados.

Hablar en esas condiciones de la ‘cultura del trabajo’ equivale a reforzar la ideología de la subordinación al capital. Aunque parezca irrelevante para el futuro de los trabajadores de las empresas recuperadas, de hecho se presenta como una realidad palpable cada día, puesto que el trabajo precarizado es llevado a la competencia mediante los precios de mercado, con los cuales debe competir. La exigencia al estado de subsidios a las empresas recuperadas, condiciones favorables de compra de la producción, seguro social, sindicalización y otros beneficios, constituyen factores políticos insertos en el mercado, para asegurar condiciones favorables de reproducción de la mano de obra y crear nuevos puestos de trabajo, facilitando la reducción de la jornada laboral y la capacidad de conseguir más tiempo libre.

Por otra parte se ha insistido con la idea de que hay que defender el «trabajo nacional». Esto ha sido enarbolado por la dirigencia de la CGT y el empresariado nacional. De acuerdo a estas posturas, los empresarios nacionales y los trabajadores compartiríamos un proyecto común frente al capital extranjero. En su máxima expresión se considera que esa bandera es hoy enarbolada por el mismo gobierno nacional de Kirchner, cuyo eslogan es «la producción y el trabajo» y «un país en serio».

Sin embargo los empresarios nativos han sostenido un bloque común asociadas a las empresas extranjeras para impulsar las leyes laborales de flexibilización, los despidos y el retroceso de los trabajadores. En muchos casos se han asociado y presionado conjuntamente al poder político para obtener nuevas ventajas, como la reducción de aportes patronales o las ART. Las pequeñas y medianas empresas lograron más facilidades para la explotación obrera en condiciones precarias y facilidades para el despido sin indemnización. Por otra parte no existe ninguna fracción capitalista que hoy esté dispuesta a promover un programa de obras públicas, fortalecimiento del mercado interno y redistribución del ingreso, que exigirían en primer lugar dejar de pagar la deuda externa y confrontar con las potencias imperialistas y los poderes económicos extranjeros que hoy dominan la economía nacional.

La posibilidad de salir del estancamiento y la decadencia nacional no está hoy en manos de una clase empresaria nacional a la que haya que apoyar, sino de las fuerzas creativas de los trabajadores. Esta delimitación estratégica lleva al movimiento a orientaciones políticas muy distintas, en primer lugar a una clara diferenciación con el gobierno actual.

Nueva etapa, nuevos desafíos

La asunción del presidente Kirchner ha significado un corte con el período abierto en diciembre del 2001. No es su resultado legítimo, sino la forma que adquirió la recomposición del régimen político. Pero esta recuperación del sistema político agotado no podía hacerse insistiendo con las viejas fórmulas y discursos neoliberales. La gobernabilidad sólo podía recuperarse sobre la base de atender a ciertas exigencias populares. Ahí está la razón de que el discurso de Kirchner sea muy distinto al de De La Rua o Menem, haya avanzado en algunos reclamos de los organismos de derechos humanos, la renovación de la Corte Suprema y cotidianamente verbalice sus peleas con el FMI o con algunas empresas privatizadas. Sin embargo, aunque Kirchner no sea la continuidad lineal de los presidentes anteriores, en su esencia su papel fundamental fue el de salvar al régimen y sus partidos, maltrechos por la irrupción popular. Aunque los discursos sean muy diferentes de las viejas «relaciones carnales», la política exterior argentina se caracteriza por su alineamiento con la administración norteamericana.

En el plano interno ha conservado los fundamentos esenciales de las políticas neoliberales, manteniendo el mismo esquema que en los ’90 tanto en lo que se refiere a las privatizaciones, el mercado laboral, las AFJP y el rescate a los bancos. Aunque hoy recibe el apoyo de porciones importantes de la población no encarna ningún proyecto de independencia política ni soberanía económica. A pesar de que el ciclo económico se revirtió y hay índices de crecimiento de más del 8% del PBI por casi tres años, el desempleo sigue siendo del 16% y las condiciones de precarización se han agravado. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres.

El flujo y el ritmo de la recuperación de empresas han mermado, ya que el crecimiento económico debilita las quiebras y abre posibilidades para que los trabajadores de empresas fallidas busquen alternativas de empleo en otros sectores. Sin embargo las condiciones actuales de las empresas recuperadas se caracterizan por su alta inestabilidad y precariedad legal y económica. Mientras el gobierno subvencionó a bancos y deudores, dejó librada a su suerte a las empresas recuperadas, lo cual no le impidió en más de una oportunidad posar para la foto de ocasión. Queda pendiente una lucha todavía ardua, para imponer una ley nacional de expropiación que facilite la ocupación y tenencia definitiva de las empresas no sólo ante las quiebras sino frente al vaciamiento o el boicot.

El movimiento de ocupación y gestión obrera sigue conservando una amplia simpatía entre la población. A pesar de todas las diferencias que puedan subsistir en el movimiento, existen bases comunes para unificar a todas las empresas a favor de estas ley de expropiación, realizando una amplia campaña y plan de lucha con ese fin, además del apoyo a aquellas empresas que aún no tienen tenencia legal o que no pueden arrancar con la producción por falta de capital o materias primas. Para asegurar el éxito de esta campaña se requiere centralizarla en común entre todos los sectores del movimiento, planificando las medidas de lucha a realizar. Todas las otras demandas, desde las expropiaciones todavía pendientes hasta la exigencia de subsidios y otras necesidades, deberían enfocarse desde esta perspectiva general y unificada.

Al mismo tiempo necesitamos ser más que nunca parte de la lucha de la clase trabajadora en su conjunto, no replegarnos ni aislarnos. Participar activamente en el movimiento obrero, apoyando las luchas salariales en curso, así como todo intento de reagrupamiento clasista para recuperar las organizaciones sindicales. Nuestro mejor capital está en la participación activa y militante en la lucha de clases junto al conjunto de los trabajadores.

De la experiencia autogestionada al objetivo del cambio social

Marx advertía que «por más útil que sea en la práctica, el trabajo cooperativo, si es mantenido dentro del estrecho círculo de los esfuerzos casuales de obreros aislados, jamás conseguirá detener el desarrollo en progresión geométrica del monopolio, liberar a las masas, o al menos aliviar de forma perceptible el peso de su miseria» (Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores).

Esto hoy es mil veces más evidente que en el siglo XIX. El proceso de privatización y concentración capitalista deja márgenes ridículos a la producción cooperativa en gran escala, sobre todo en las grandes empresas estratégicas. Aunque la gestión obrera cumple un papel pedagógico fundamental es, sin embargo, infinitamente más incapaz de representar algún papel económico en la emancipación de los trabajadores que en el pasado. Y es que producto del desarrollo de las fuerzas productivas, de la extensión de las empresas transnacionales, de la penetración de la gran propiedad capitalista hasta los poros más minúsculos de la sociedad, es el gran capital, allí donde ninguna cooperativa podrá llegar, el que concentra en sus manos los resortes fundamentales de la producción y la reproducción de la vida social.

La «extensión del cooperativismo a dimensiones nacionales» sólo podría alcanzarse reorganizando la producción sobre nuevas bases sociales, cuyo punto de partida es la recuperación por parte de toda la sociedad de los medios de producción fundamentales. Un nuevo horizonte social requiere la unidad de clase, articulada mediante un proyecto político emancipador, la superación de todo particularismo, todo corporativismo, para abrazar la causa común de nuestros intereses de conjunto.

19 de octubre de 2005 * El Bauen es un hotel de Buenos Aires tomado y gestionado por sus trabajadores. Jorge Sanmartino es integrante del EDI (Economistas de Izquierda)[1].


Notas

[1] Este artículo nace del intercambio y el debate colectivo y de la reelaboración de textos anteriores a la luz de la experiencia de más de 4 años de existencia de las ocupaciones de empresas.

[2] Gramsci, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y el estado moderno. Editorial Nueva Visión, 2003, Pág. 56.

[3] Las empresas recuperadas en Argentina, Informe del segundo relevamiento del Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junio 2005, Pág. 58.

[4] Julián Rebón, Desobedeciendo al desempleo, Ediciones PICASO- La Rosa Blindada, 2004, Pág. 107.

[5] Karl Marx, El Capital, Tomo III, Cap. XXIII, Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF, 1987.

[6] Kart Marx, Ídem.