Oficialismo y oposición sin grietas contra las organizaciones sociales

El anuncio de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “confirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”, opinó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO), sobre la decisión oficial de suspender al 10 % del padrón del Potenciar Trabajo que no completó la validación de datos. 

Según comunicó Tolosa Paz, los suspendidos tendrán un mes para presentar reclamos, durante el que cobrarán la mitad del plan. Si terminado ese plazo continúan sin validar sus datos, serán dados de baja. 

Para Belliboni, ese sistema es «poco viable» para las personas en situación de pobreza que no tienen celular o viven en zonas con mala o nula conectividad ya que requiere una validación de la identidad de forma virtual y con reconocimiento facial. 

“Es un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que había muchos planes sociales”, señaló el dirigente del PO, donde confirmó que las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera se reunieron este martes para definir un “plan de lucha” a nivel nacional, que sería activado la semana próxima. Belliboni también adelantó que pedirá una reunión al ministerio de Desarrollo Social para que dé marcha atrás con la medida. 

COMUNICADO DE LA UNIDAD PIQUETERA 

EL GOBIERNO AJUSTA A LOS QUE MENOS TIENEN, POR PEDIDO DEL FMI. 

En 50 días la Ministra «auditó» más de 1.300.000 planes sociales y bajó 160.000. 

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, está aplicando un ajuste salvaje contra los que menos tienen.
A los graves problemas con la entrega de alimentos a los comedores populares, las interminables demoras en la entrega de herramientas a los emprendimientos productivos y las bajas naturales del programa Potenciar Trabajo, el más importante del Ministerio, que son por fallecimiento, por jubilaciones y otras causas y que no son reemplazadas, se le agrega ahora la baja compulsiva de 160.000 Potenciar Trabajo. 

AJUSTE ACELERADO

Para impulsar el ajuste del gasto fiscal que le reclama el FMI la ministra ideó un sistema que sin dudarlo se puede calificar como de shock contra los planes sociales.
En noviembre remplazó las auditorias presenciales hechas por Universidades, que iba a permitir una evaluación del programa Potenciar, establecido por “Juanchi” Zabaleta, su antecesor y que lógicamente iba a demorarse meses, lo cambió de un plumazo ni bien asumió por otro que está concluyendo ahora, apenas poco más de 50 días de lanzado, y que es un sistema que reemplaza la auditoría presencial, por una validación exclusivamente por Internet. 

UNA MINISTRA APURADA EN HACER UN AJUSTE 

Mientras se sigue con las demoras en la entrega de alimentos y herramientas la ministra aplicó en 50 días, sin demoras, el descuento del 50% de los ingresos a 155.000 trabajadores del Potenciar Trabajo, Paso previo al despido, sumariamente y sin derecho a defensa. 

En un país en el que la pobreza y la falta de los servicios más básicos caracterizan la situación de millones de personas, reclamar la validación de datos por Internet exclusivamente es una canallada de un gobierno ajustador. 

La falta de conectividad, los problemas con el sistema de validación e inclusive el colapso del sistema, le sirven a la ministra para ajustar a los que menos tienen dejando a decenas de miles sin la ayuda social que necesitan y que el gobierno está obligado a brindarle.

No se trata de una forma de transparencia del sistema, sino de una política basada en el ajuste, que especula con que hay trabajadores que están aislados y desorganizados y hasta con la falta de información de beneficiarios reducidos a la pobreza extrema.

Mientras se les reducen las deudas a las empresas energéticas y se aumentan los subsidios a los grandes especuladores y empresarios y se beneficia a los que especulan contra el peso argentino, favoreciéndolos con un dólar preferencial, se les saca el único ingreso a casi 160.000 personas que además pierden su obra social y sus aportes jubilatorios como monotributistas sociales.

Un ataque brutal que estuvo precedido por una campaña de todo el arco político patronal, desde Cristina, que dijo que había muchos planes, pasando por Larreta y Bullrich que los quieren eliminar de un saque y que tuvo una escena farsesca cuando se anunció hace unos meses que había 250.000 beneficiarios de planes sociales que pagaban bienes personales, tenían yates y compraban dólares!!!??? Todo lo cual quedó desmentido poco después, pero que, sin embargo, sirvió al objetivo de estigmatizar a los que cobran una ayuda social y a crear un clima favorable a las bajas, que reclamó siempre el FMI y las patronales que ven a los bajísimos montos de los planes sociales como competidores de los salarios miserables que pagan los patronos locales. 

Las bajas no son por »compra de dólares o por pagar bienes personales», los casi 160.000 afectados son bajas ¡¡¡por falta de validación!!! 

Es necesario defender a cada compañero que fue injustamente dado de baja, reclamamos el levantamiento de la totalidad de las personas dadas de baja, que el Ministerio cite en el distrito en el que viven, los trabajadores dados de baja del programa, para que se los levante sin pérdida del mes vigente.

• Por un aumento en los montos del Potenciar Trabajo para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza.
• Apertura irrestricta de los programas.
• Por un seguro al desocupado igual a la canasta familiar.
• Ningún ajuste a los trabajadores.
• Por todo esto solicitamos en forma urgente una reunión con la Ministra y declaramos el estado de alerta en todo el país, si no tuviéramos respuesta en los próximos días, lanzaremos medidas de fuerza, movilizaciones y otras acciones en defensa de los compañeros. 

*Unidad Piquetera*MST TERESA VIVELIBRES DEL SURFRENTE DE LUCHA PIQUETERO: POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – M.A.R. ☆ – M☆29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.- REBELION POPULARCOORDINADORA POR EL CAMBIO SOCIAL:FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY – ARRIBA lxs que luchan 

«Política de estigmatización constante» 

El secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, por su parte, consideró que «hay una política de estigmatización constante» de algunos sectores hacia a los beneficiarios de los planes sociales. 

«Hay una política de estigmatización del sector constante. No hay la misma vocación de control para controlar a las empresas de litio, que a los sectores populares. Es histórica la estigmatización», sostuvo el dirigente social y funcionario en declaraciones. 

Y añadió, sobre el proceso para evitar la baja del Potenciar Trabajo: «Ahora se abre un período en el cual los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50% (…). Después si no lo hace, el compañero tiene la posibilidad de presentarse en las unidades productivas para hacerlo personalmente, con lo cual tiene dos instancias más para hacerlo«. 

Mario Ishii: Un ataque despreciable con el aval de Fernández 

El intendente de José C. Paz participó de un acto junto a Alberto Fernández y mostró su desprecio por quienes cobran planes sociales. «Hay que dejar de ser parásito y garronero en este país, hay que ponerse a laburar», aseguró. Mientras el presidente aplaudía sus dichos, Ishii señaló que es «mentira que la gente tiene hambre» y remató: «No quieren laburar y encima cortan y piden más beneficios».  

Pero la importancia no es solo por lo que dijo, sino por dónde lo dijo y junto a quién. Sus dichos fueron durante el acto de inauguración de la ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, en José C. Paz, y en presencia del ministro Katopodis y del presidente, Alberto Fernández. 

Durante su discurso, Ishii defendió la política económica del Gobierno nacional y aseguró: «No está la situación social como la están planteando. Es más, nosotros hemos bajado el 60% de los comedores de José C. Paz, porque ya no necesitan comedores. La gente consigue trabajo». Pero poco a poco se fue entusiasmando y apuntó contra quienes reciben planes sociales como un paliativo por parte del Estado. «Los comerciantes piden trabajo. Yo mismo pido trabajo, oficiales albañiles para la constructora municipal y no los estoy consiguiendo. Y no lo estamos consiguiendo por la gran cantidad de planes sociales que hay», continuó. 

Frente a la mirada de Alberto Fernández y de Gabriel Katopodis, que asentían tímidamente, Ishii redobló la apuesta: «Hay que dejar de ser parásito y garronero en este país. Hay que ponerse a laburar compañeros, porque es la única forma de salir. ¡Basta de garroneros en el país, que vengan a laburar porque mano de obra hay!». Un ataque despreciable que levantó el aplauso de todos los presentes, incluidos Katopodis y Fernández, y que terminó de envalentonar al cacique del conurbano: «¡No quieren laburar y encima piden más beneficios de los que están teniendo! ¡Señor presidente, es mentira que no hay laburo!». 

El ataque de Ishii, mostrando todo su desprecio y recibiendo el aval del presidente, se da en un momento en el que el Gobierno del Frente de Todos acaba de recortar 154.441 planes Potenciar Trabajo por no realizar la «validación obligatoria» que había previsto el ministerio de Desarrollo Social de Victoria Tolosa Paz. Esto equivale al 11,3% del total de beneficiarios del plan. Aquellas personas que no cumplieron con el plazo estipulado verán recortados sus ingresos a la mitad en febrero y, en caso de que no completen los datos en el nuevo plazo que exige el ministerio, dejarán de cobrar el 100% para luego ser dados de baja. Una exigencia que el Gobierno -que prometió «empezar por los últimos»- jamás tuvo con los grandes empresarios, los Bancos, o las patronales del agro que siguen acumulando beneficios, subsidios millonarios y enormes rebajas de impuestos. 

A pesar de los dichos de Ishii, las estadísticas oficiales muestran la magnitud de la crisis social que viven millones de familias en el país. En cambio, las vergonzosas declaraciones del intendente de José C. Paz y el aplauso de Alberto Fernández muestran que la política del Frente de Todos es seguir cortando el hilo por lo más delgado, para cumplir con el ajuste que reclaman el FMI y los grandes empresarios. 

¿De qué estamos hablando?: la suma anual del Potenciar Trabajo alcanza para cubrir apenas 5 meses de comida 

Un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) analizó la evolución del poder adquisitivo de los distintos trabajadores de la Argentina. En el caso del Potenciar Trabajo se destaca que en diciembre de 2019 el monto real de esta prestación había caído un 14,6% por debajo de los niveles de diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri llegó al poder. A partir de diciembre de 2019 hubo unas leves mejoras, que llegaron a su pico en febrero del 2021, pero desde entonces volvió a desplomarse. La cuenta final da que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, este programa sufrió una caída en términos reales de 6,2%. 

Para entender mejor las cifras, el informe de la UNDAV explicó cuántas canastas básicas alimentarias (CBAs) lograron comprar los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Mientras que en durante todo el año 2019 permitió adquirir 6,2 CBAs, esa cifra se redujo a 5,9 CBAs en 2020, a 5,8 CBAs en 2021 y a 5 en todo el 2022. Es decir que los que cobraron este plan social todo el año, apenas les alcanzó para cubrir la comida de cinco meses. Vale recordar que la última cifra oficial, de noviembre, marcó que una familia tipo necesitó $64.012 para comer, pero el Potenciar Trabajo implicó un salario de $27.275. 

El informe destaca, además, que similar situación vivieron los que tuvieron su sueldo en términos similares al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). “Hacia diciembre de 2019 se encontraba que había caído un 21,1% respecto a su valor en diciembre de 2015. En la etapa posterior, comprendida entre diciembre de 2019 y noviembre de 2022 se registró una caída del 5,5%”, aseguró el informe. 

El Gobierno le paga al FMI otros U$S 641 millones 

El lunes pasado el gobierno pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) otro vencimiento del crédito stand by por U$S 641 millones. El monto equivale a 92 meses de pagos de Potenciar Trabajo a las 154.441 personas que fueron desafectadas del plan por no haber podido hacer la validación.  

Con este pago ya suman U$S 2.597 los millones desembolsados al organismo durante enero, ya que el pasado 9 se realizó otro desembolso por U$S 1.282 millones y restan otros U$S 674 millones cuyo pago se prevé para el 30 de enero. 

Mientras el Gobierno sigue ajustando sobre «los últimos», los más vulnerables, en un país con 43,1 % en situación de pobreza (medición de la UCA), mientras siguen escaseando los dólares que frenan la economía, no duda en cumplir con los pagos del acuerdo con el FMI. 

El Gobierno no solo suspenderá Potenciar Trabajo sino que aún les debe alimentos a los comedores 

El lunes pasado la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, comunicó que 154.441 beneficiarios del Potenciar Trabajo serán suspendidos, por no haber revalidado sus datos a través de la app Mi Argentina. 

Desde Casa Rosada, la ministra hizo hincapié en lo que se «ahorrarían» con esta decisión: «el impacto fiscal de suspender 154.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo representa «algo más de 2.500 millones de pesos«. A su vez aclaró que si para el mes de febrero, estos beneficiarios continúan sin revalidar su identidad, serán dados de baja. 

Recordemos que el programa Potenciar Trabajo se trata de una contraprestación laboral, en condiciones precarias y con un ingreso de apenas $30.000 mensuales, para jornadas que en muchos casos son de 8 horas; y cuyos beneficiarios también suelen realizar otras actividades informales para llegar a subsistir. 

Ni un mes de tregua dio el Gobierno nacional en su ataque a los trabajadores más precarios y pobres del país, muchos de los cuales se organizan en los llamados movimientos sociales. Hacia fin de año, la ministra Tolosa Paz había anunciado que preparaban la baja de alrededor de 400.000 beneficiarios, luego de una campaña de criminalización que desmintieron tanto las organizaciones independientes, como afines al Gobierno. 

La ofensiva se frenó por respuesta de la Unidad Piquetera y de otras organizaciones que salieron a las calles. También protestando contra el pobre bono de fin de año que entregó el Gobierno, mientras la inflación del 2022 cerraba en un 95% anual. 

A su vez, denuncian que hay barrios que se quedaron sin alimentos en merenderos y comedores populares, durante las fiestas de fin de año, y aún les deben las entregas. La pelea por el retaceo de la comida por parte del ministerio de Desarrollo Social se dio a lo largo de todo el 2022. En estos comedores asisten también personas ocupadas y sus familias, porque los sueldos no alcanzan. 

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, organización impulsora de la Unidad Piquetera, twitteó: 

El Gobierno busca aumentar la recaudación y alcanzar las metas que impone el organismo con sede en Estados Unidos, ajustando sobre los más pobres. El 2023 comenzó con fuertes subas de tarifas en los servicios públicos, autorizadas por el ministro Sergio Massa, quien sigue los lineamientos pactados entre el FMI y el ex ministro Martín Guzmán. 

El 87% de las familias de barrios populares ve amenazada su dieta 

El 87 por ciento de las familias que habitan en barrios populares refirió preocupación porque los alimentos se acabarán en su hogar por falta de recursos. El dato se desprende de un estudio realizado en 15 provincias argentinas por la organización Barrios de Pie. La investigación estuvo motivada por «el fuerte incremento de la inseguridad alimentaria en los barrios más humildes, producto del aumento indiscriminado de los precios de los alimentos«. El relevamiento, realizado en el último semestre de 2022, se situó en un contexto de un crecimiento de la economía nacional del 10,4 %, cuando las grandes empresas de la industria agroalimentaria presentaron balances con ganancias millonarias. 

Para la elaboración del estudio, más de 2.300 familias fueron entrevistadas acerca de la dieta que consumen habitualmente. El 58 % respondió que tuvo que servir porciones menores a las personas adultas, mientras que el 33 % tuvo que hacerlo también con las niñas y niños. El 46 % informó que por lo menos un adulto dejó de realizar alguna de las comidas diarias por falta de recursos, mientras que esto se replica para los niños en el 23 % de los hogares. En otras palabras, en una de cada cuatro familias las niñas y niños dejaron de consumir una de las comidas diarias. 

Barrios de Pie observó que solamente el 17 % de las familias come carnes o huevo una vez al día, tal como recomienda el ministerio de Salud de la Nación. Es decir, el 83 % de las familias ven vulnerado su derecho a la alimentación al recibir un aporte proteico con una frecuencia menor a la recomendada. Además, el 30 % ingiere estos alimentos solo una vez por semana o menos. 

El consumo diario de verduras alcanza solo al 14 % de las familias, mientras que el 44 % las consume una vez a la semana o menos. En cuanto a las frutas, solo el 19 % de las familias dijo comerlas a diario y el 37 % lo hace una o menos veces a la semana. Sobre los lácteos, solo el 25 % los consume diariamente; el 32 %, una o menos veces por semana. 

En este contexto se propone sostener la Asignación Universal por Hijo, prorrogar la Ley de Emergencia Alimentaria (sustento de la prestación Alimentar) y reforzar los alimentos en los espacios comunitarios. Además, se menciona la necesidad de aumentar la cobertura a los mayores de 15 años y de diseñar políticas específicas que aborden la situación de la juventud, principal víctima de la pobreza y la indigencia en nuestro país. 

Los cortes más baratos, con más grasas y menos proteínas 

Según este monitoreo, el 55 % de las familias informó que come carne todos los días. Pero los cortes de carne vacuna más comprados en los barrios, por el 73 % de los grupos familiares encuestados, son aquellos altos en grasa y de menor costo: falda, picada, osobuco y espinazo. En cuanto al pollo, el 47 % de los grupos familiares comen alitas, carcasa y menudos, todos cortes de alto contenido graso. Estos cortes son el único aporte de pollo para el 28 % de las familias. 

El 21 % de las familias solamente consume cortes de vaca o pollo de estas características. En otras palabras, una de cada cinco familias solo consume cortes con alto contenido graso y bajo en proteínas. «Si a esto le sumamos la baja frecuencia de consumo de carnes y huevo que describimos en el punto anterior, queda claro que el aporte proteico de las familias es bajo y con grandes proporciones de grasas saturadas», apuntan desde Barrios de Pie. 

Inseguridad alimentaria: tener que dejar de comer 

En 1974 la FAO comenzó a utilizar el concepto de seguridad alimentaria como el “derecho de todas las personas a una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada”, retomando documentos internacionales que 50 años antes ya reconocían a los alimentos como un derecho fundamental. En la década siguiente, la seguridad alimentaria se inscribió en la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en las Conferencias Internacionales de Nutrición (Roma, 1992 y 1996). 

La nutricionista Patricia Aguirre explica -en su ensayo de 2004, “Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis”-, que una variable importante al considerar el caso argentino respecto a la alimentación es que el 90 % de la población vive en ciudades, donde la autoproducción de alimentos está limitada por el espacio. Por lo tanto, el acceso a la comida depende en gran medida del mercado y del Estado. “Del mercado a través de la capacidad de compra (la relación entre los precios de los alimentos y de los ingresos) y del Estado a través de las políticas públicas que inciden sobre precios e ingresos o actúan a través de políticas asistenciales compensando su caída”, dice el artículo. 

A la vez, Aguirre aclara que la pobreza en los hogares no quiere decir que esa misma cantidad de población caiga inmediatamente en la enfermedad y la muerte. “Antes, y dependiendo en gran medida de su vulnerabilidad, de sus saberes y sus poderes: comerán distinto, sustituirán productos caros (frutas, verduras, lácteos, carnes) por otros más baratos (pan, fideos, grasas, azúcares), comerán menor variedad de productos y platos únicos (comida de olla), se ‘llenarán’ con pan y mate y cambiarán la manera de distribuir la comida entre los miembros del hogar”. 

Son estos rasgos los que se ponen de manifiesto en el estudio de Barrios de Pie. El 54 % de las familias encuestadas expresó haber tenido que disminuir el consumo de carnes; el 49 %, de frutas; el 44 %, de lácteos y el 43 %, de verduras. Respecto a los alimentos ricos en hidratos de carbono (papa, batata, arroz y fideos), hubo una reducción del consumo del 24 %, frente a un 35 % que lo aumentó. «Son más baratos y rendidores, aunque nutricionalmente mucho menos convenientes», dice el informe. 

La información presentada describe los patrones de consumo de alimentos, cambios en el consumo de los mismos e indicadores de inseguridad alimentaria en 2.381 familias de 15 provincias (Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego). 

El estudio se realizó entre agosto y septiembre de 2022. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el primer semestre de 2022 el 36,5 % de la población argentina era pobre. Hubo una mínima reducción del 0,8 % respecto a igual período del año anterior, en un contexto de crecimiento económico a nivel nacional. En cambio, la indigencia se ubicó en el 8,8 %, aumentando un 0,6 % respecto a 2021. 

En las personas de entre 0 y 17 años la pobreza alcanzó al 51,5 % global. Desagregada la cifra por rango etario, se evidencia que la pobreza afecta al 47,5 % de las niñas y niños entre los 0 y los 5 años, al 52,7 % de quienes tienen entre 6 y 11 años y al 53,4 % a la franja comprendida entre los 12 y los 17 años. 

La Prestación Alimentar -recuerda Barrios de Pie- se deposita automáticamente en las cuentas de las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, que alcanza al universo de niñas y niños hasta los 14 años. «Esta política no cubre al sector de jóvenes donde más alta es la incidencia de pobreza e indigencia», concluyen desde la organización. 

Pobreza en un contexto de crecimiento y el lucro de las empresas 

En el período analizado la economía argentina se recuperó un 10,4 %. Sin embargo, se lee en el estudio, hubo «una fuerte transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía, principalmente mediante el proceso inflacionario». 

Según el INDEC, entre el segundo semestre 2021 y el primero del 2022, hubo un 29,1 % de aumento en los ingresos de las familias. Pero al analizar la Canasta Básica Total (CBT) se observa un incremento del 29,0 % y del 33,8 % para la Canasta Básica Alimentaria (CBA). 

Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, los alimentos aumentaron un 60,8 %; y se incrementaron en un 81,4 % respecto a agosto de 2021. El precio de la canasta básica creció un 57,3 % desde diciembre de 2021 y un 75,2 % desde agosto de ese año. Para Barrios de Pie, estos números explican la baja disminución en la pobreza y el aumento de la indigencia. 

«Para hallar las causas de este fenómeno, es necesario analizar la cadena de la industria de los alimentos, principales formadores de precios en nuestro país», asevera la organización. 

El informe recuerda que, en 2022, la Relatoría sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU elevó a la Asamblea General un informe denunciando la responsabilidad del modelo agroindustrial sobre los índices de hambre en el mundo, al exponer que las empresas utilizaron la pandemia para lucrar y presionar a los gobiernos para que paralicen las medidas tendientes a garantizar el derecho a la alimentación. Como ejemplo, cita el lobby empresarial en nuestro país en relación a la Ley de Etiquetado Frontal. 

Un estudio presentado por el CEPA (2022) toma los balances de las principales empresas del país incluyendo las de alimentos: Ledesma, Molinos Río de la Plata, Arcor y Aluar. Y muestra que las mismas tuvieron en 2021 una ganancia promedio de 426 millones de dólares. En 2022 ese promedio ascendió a 519 millones de dólares. 

Los objetivos del relevamiento fueron conocer los patrones de consumo familiares de grupos de alimentos priorizados, indagar acerca de cambios en los patrones de consumo en el último año, informarse sobre el tipo de carnes de consumo cotidiano en las familias, relevar situaciones de inseguridad alimentaria grave en los hogares y conocer el impacto de la Prestación Alimentar en los consumos de alimentos y la inseguridad alimentaria en las familias en el contexto de crecimiento de la pobreza. 

Campaña sucia contra Farmacoop 

En paralelo a la polémica generada en torno al programa de distribución de geles íntimos por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, comenzó la operación de prensa contra el primer laboratorio recuperado del mundo. La campaña sucia se inició con la falsa denuncia de que el proveedor de dichos geles era la cooperativa Farmacoop, queriendo con esto dar cuenta de un supuesto favoritismo por parte del gobierno provincial y con ello generar las suspicacias propias del tema.  

El mismo presidente de Farmacoop, Bruno Di Mauro, se encargó de desmentir la operación, “no participamos de ninguna licitación, ni vendimos ese producto. Sólo enviamos una cotización ante una consulta puntual, a partir de un vínculo con la Facultad de Exactas de la UNLP”. 

Asimismo, Eduardo “Vasco” Murúa, Director Nacional de Empresas Recuperadas, realizó un comunicado donde desmiente la venta e incluso la producción de geles íntimos por parte de Farmacoop, “desafiamos a todos los periodistas que se hicieron eco de esta operación a que consigan una sola factura, aunque sea por un sólo peso, o una orden de compra o si quieren un solo gel íntimo”. 

Pero como toda operación, no importa que la información sea falsa ni desmentida, las suspicacias ya han sido desatadas. El segundo operador reconoce que la información es falsa, sin embargo, le agradece por Twitter al primer operador por “destapar el tema”. Entonces comienza la campaña sucia: subsidios, planes sociales y expropiación. Finalmente, aparece el político opositor que viraliza la campaña. 

El laboratorio Farmacoop, antes de capital privado Roux Ocefa, fue recuperado por sus trabajadores en abril del 2019 y es gestionado por intermedio de una cooperativa a la cual se le otorgó la continuidad laboral tras haber sido decretada la quiebra en 2018. Así se convirtió en el primer laboratorio recuperado del mundo, “sabíamos y sabemos que la recuperación de un laboratorio va a ser resistido por lo que implica simbólica y, fundamentalmente, económicamente”. 

La campaña sucia 

La campaña se centra en una serie de subsidios otorgados por el gobierno nacional y el cobro de “planes sociales” por parte de los trabajadores de la cooperativa (Programa Potenciar Trabajo, antes Salario Social Complementario). Murúa reconoce haber dado un subsidio en su carácter de Director Nacional de Empresas Recuperadas, dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por un monto de “$5.672.962 con el objetivo de acceder a los instrumentos y modificaciones que solicitaba el ANMAT para la debida habilitación del laboratorio” y afirma que los trabajadores de la cooperativa “accedieron al derecho de cobrar el Salario Social Complementario como el conjunto de las y los trabajadores de la Economía popular”. 

El efecto son las suspicacias, porque la campaña no denuncia un mal otorgamiento de subsidios ni del cobro de los Potenciar Trabajo, “como si las y los trabajadores no tuvieran derecho a acceder a políticas públicas para sostener el bien más escaso en nuestro país que es el trabajo”, afirma Murúa. 

El cobro del Potenciar Trabajo tiene relación directa con los objetivos de este programa “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos”, como afirma la página oficial del Ministerio y lo reciben los trabajadores de las recuperadas como parte de la Economía popular. Mientras la gestión del laboratorio era privada, parte de los salarios eran pagados por el ministerio de Trabajo debido a la crisis que sufría la empresa, pero esto no pareció importarles a los operadores. 

La última operación apunta al proyecto de Ley de expropiación del Laboratorio que lleva la firma de varios diputados del oficialismo y así no sólo “ensucia” a las empresas recuperadas, sino también “salpica” al Frente de Todos. La Ley promovida por los trabajadores cooperativos busca la expropiación del capital por parte del Estado y la continuidad productiva por parte de Farmacoop, siendo cedida en comodato, cumpliendo el laboratorio una función estratégica en el desarrollo de políticas públicas en materia sanitaria. Un calco de la Ley de Recuperación de Unidades Productivas promovida desde hace años por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, pero en este caso específicamente para el Laboratorio. 

Despidos de recicladores urbanos en CABA 

Se trata de trabajadoras que recolectan basura en la villa 21 desde hace 8 años, por 39.280 pesos. Desde el Frente Popular Darío Santillán advierten que el Ejecutivo de la Ciudad quiere despedirlas sin explicación, indemnización, ni reconocimiento. Por este motivo, se movilizaron el jueves 19 de enero, a las 10:00, en Paseo Colón y Brasil. 

“La cooperativa de trabajo Darío Santillán, junto a numerosas organizaciones populares, pelearon hace 8 años para que se realizara la recolección de residuos dentro de los barrios populares, ya que las empresas de recolección sólo recogían la basura fuera de las villas y había basurales cada vez más grandes dentro de los barrios. Desde el primer momento, se logró que fueran trabajadores y trabajadoras de la Economía popular y vecinos de los barrios los que llevaran adelante las tareas de recolección de basura, descacharreo, desmalezamiento, saneamiento, limpieza de contenedores, todas tareas que las empresas no querían hacer en las villas”, explican desde el Frente al tiempo que aseguran que esta decisión no tiene que ver con un conflicto laboral, sino político porque Flavia Romero, una de las trabajadoras que quedaría en la calle, es parte de la conducción de la junta vecinal de la villa que le ganó al macrismo y referenta del FPDS. 

“Somos la única organización de la Villa 21 Zabaleta que tiene este conflicto con la Ciudad. Venimos soportando hace meses una grave persecución sistemática a comedores, talleres textiles y ahora a las compañeras y compañeros que hacen barrido y limpieza. Estamos reclamando algo tan básico como que no dejen en la calle a 15 familias. Hoy quieren dejarnos sin trabajo, para disciplinarnos políticamente”, señaló Romero. 

Los Sin Techo: “Hay que luchar y resistir, pero también crear” 

Por Magdalena Tóffoli, Juan Manuel Fontana y Santiago Liaudat 

13 enero 2023 

A días de la 12° Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Cintia Romero y Gabriel “Paco” Lema, fundadores de “Los Sin Techo” de Mar del Plata. Contaron sobre su historia de lucha, desde la ocupación de un predio abandonado con casas a medio construir, hasta la concreción del sueño de la casa propia, pasando por las particularidades del proceso organizativo que llevaron adelante, la creación de cooperativas de construcción y las tareas de urbanización con una mirada sociocomunitaria mediada por la política pública. La entrevista forma parte de un ciclo sobre economía popular. 

APU: ¿Quiénes son ustedes? ¿Pueden contarnos un poco de su historia? 

CR: Somos Cintia Romero y Paco Lema, referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Mar Del Plata. Además, somos compañeros de vida desde hace quince años. Cuando nos conocimos veníamos los dos de familias numerosas, con madres a cargo de mantener a sus hijos como podían, y de la crisis del 2001-2002, en que la pasamos muy mal. Crecimos en el mismo barrio. Y éramos bastante chicos, yo con 25 años, Paco con 20, cuando empezamos a organizarnos ante la necesidad de una vivienda digna. Donde vivíamos, caían dos gotas y se inundaba todo, era un desastre. Así que, después de muchas promesas incumplidas y tantos reclamos que se habían hecho y no llegaron a ninguna parte, decidimos buscar una solución por nuestros propios medios. Y el 15 enero de 2009 entramos como vecinos autoconvocados a un grupo de viviendas semiconstruidas, abandonadas, en el barrio El Martillo de Mar del Plata. 

APU: ¿Qué pasó ese día? 

PL: Hicimos la toma pacífica de un complejo de viviendas en estado de abandono. Estaban construidas por la mitad, no tenían ventanas, puertas ni nada en el interior. Inicialmente éramos 205 familias en el predio; después, quedamos cincuenta familias y 130 chicos. La convivencia entre tanta gente, en un proceso de lucha, no es fácil. Había que estar, participar de las asambleas, resistir las presiones. De a poco se fue consolidando un grupo y adoptamos el nombre “Los Sin Techo”. Fue clave en toda esta etapa el convencimiento de las compañeras, porque la mayoría eran mujeres y madres con sus hijos. Imaginen la situación. La policía hizo un cordón y no dejaba pasar a nada ni a nadie. Estuvimos tres días encerrados, sin agua, sin luz, sin comida, con los chicos deshidratados por el calor, con fiebre, descompuestos. Gracias a Dios, hubo compañeros desde afuera que nos ayudaban. Como no los dejaban pasar, nos arrojaban frutas, botellas de agua, pan. ¡La policía no podía hacer un cordón en el aire! Es más, un grupo de universitarios armaron una organización y se pusieron “Lluvia de naranjas”, por esa imagen de la gente que apoyaba nuestra lucha y nos tiraba naranjas para que pudiéramos subsistir. 

CR: Después de eso vino un proceso de negociación y se conformó una mesa de trabajo con el Estado, pero el 17 de abril de 2009 nos desalojaron con una orden judicial. Fue el desalojo más grande que hubo en Mar del Plata hasta el día de hoy, con más de cuatrocientos efectivos policiales. ¡Fue terrible! Se conoció en toda la ciudad y hasta en medios nacionales. Fue una cacería: nos cayeron con perros, con caballos, armados hasta los dientes para la represión, y nos hicieron mierda todo. Como lo que se vio en Guernica a finales de 2020 y en cantidad de otros lados que no salen en las noticias y ni nos enteramos. Muchos terminamos lastimados, otros en el hospital, otros detenidos. Perdimos lo poco que teníamos, porque no solamente nos sacaban de ese lugar, sino que nos rompían las cosas, las prendían fuego. Ni con los chicos y las embarazadas tuvieron piedad. ¡Una cosa horrible! Ese día terminamos en el Centro Cultural América Libre, un espacio que había estado abandonado y que un grupo de militantes y vecinos había recuperado, donde se realizaban actividades sociales y culturales. Gracias a la solidaridad de los compañeros y compañeras que le daban vida a ese lugar, estuvimos tres meses viviendo ahí. Y comenzamos a tener relación con lo que era el Frente Popular Darío Santillán en la ciudad, que luego se incorporaría a Patria Grande. Con su aporte, ya empezamos a pensar en términos de planes de lucha, de cómo seguir, pero con una estrategia. 

APU: ¿Cuál fue la respuesta del Estado ante la problemática de la vivienda que ustedes pusieron de manifiesto? 

CR: ¡Nos echaron de todos lados! Ya veían que llegábamos a la esquina y trababan las puertas. El municipio no se quería hacer cargo, no quería ni tener reunión con nosotros. Hemos acampado diez, doce días, bajo la lluvia y con frío, para que nos atendieran. Nos agarraba más orgullo cuando nos decían: “no te voy a dar nada, quedate acampando, te vas a helar vos y todos los que están ahí”. Nos verdugueaban y era peor: nos endurecíamos más. Siempre fue presionando, nadie nos regaló nada. Nos organizábamos como pobres y humildes, pero sabiendo de nuestros derechos. Primero, entregábamos notas y, si no nos respondían, nos movilizábamos. Hasta que en diciembre de 2010 logramos que nos otorguen los terrenos para empezar a construir 41 viviendas. Antes conseguimos once viviendas en el barrio Roldán, que eran prioritarias por situaciones de emergencia, y luego conquistamos los terrenos para las viviendas de Los Sin Techo. Pero la lucha siguió, porque ahora era pelear por la construcción de las casas y por los servicios. Para la construcción logramos abrir unas gestiones con el gobierno de la provincia y avanzamos. En cuanto a los servicios, hubo que luchar por cada uno de ellos. 

APU: ¿Qué lecciones extraen de ese proceso organizativo? 

PL: Cuando recuperamos esas tierras, nos dimos cuenta que organizados y peleando por cada uno de nuestros derechos podíamos conseguir las cosas. Entonces, luchamos entre todos para conseguir el agua, las cloacas, la electricidad, el pavimento, las veredas. Fue un momento en donde descubrimos que organizándonos íbamos a tener una vida más digna. En los dos años siguientes logramos todo lo que tiene que tener una casa. Fue difícil, porque todo el mundo cuando no conoce a las organizaciones sociales dice “estos negros que van a cortar la calle”, incluso nosotros siendo pobres a veces repetimos esas cosas. Lo que les pasa a muchos compañeros humildes es que cuando se acerca una organización piensan que los van a cagar, que lo van a llevar a una marcha por un plan y nada más. Cuando uno no entiende de política, o nunca estuvo organizado en ningún lado, piensa así. 

Al principio, le decía a Cintia “¿para qué vamos a ir? Yo estoy trabajando, estos van a cortar la calle porque quieren cosas gratis”. Hasta que nos fuimos dando cuenta que no era así. Y aprendimos a endurecernos sin perder la ternura por el pueblo, a ser duros con los grandes grupos económicos y con los funcionarios que nos cagan la vida, no con los pobres. Eso también es algo que nos enseñó ese proceso. Estamos convencidos de la lucha popular, pero lo estamos porque nos cambió la vida para bien. Éramos muy jovencitos, con nuestros hijos a cuestas, viviendo en una casa de dos por dos metros, y cuando conocimos el poder popular, la organización, el laburo colectivo, todo eso, nuestra vida cambió en un 100%. Por eso estamos convencidos de lo que hacemos y de organizarnos hasta el día que Dios nos lleve con él. Pero también sabemos que con eso no alcanza, que algún día tenemos que estar donde se decide la política, porque sino no lo hace nadie, sino es todo discurso. Necesitamos que algún día se empiece por los últimos, para que los últimos sean los primeros. 

APU: ¿Cómo se convirtió la lucha por tierra y vivienda en una vía posible para resolver la falta de trabajo? 

PL: Cuando hicimos la toma de enero de 2009, que la policía nos rodeó toda la manzana por tres días y no nos dejaban entrar ni salir, muchos nos quedamos sin trabajo. Yo pintaba barcos en ese momento y si faltabas una vez te echaban. Falté tres días, así que imaginen. A partir de ahí, fue trabajar desde la organización, desde lo que fuimos logrando. Cuando nos entregaron los terrenos a finales de 2010, hicimos una sede para el movimiento, en una casilla de madera de cinco por cinco metros. En ese lugar nos seguíamos organizando, con asambleas, con discusiones, porque faltaba que muchas más familias consiguieran su vivienda, aparte de las que estaban nucleadas en Los Sin Techo y, además, necesitábamos trabajo. Entonces, decidimos seguir peleando por las casas, pero construyéndolas nosotros. Así que armamos la Cooperativa Construcciones “15 de enero”, por la fecha de la toma y del barrio. 

APU: ¿Cómo fue la experiencia del armado de la cooperativa? 

CR: La cooperativa surgió como respuesta a la política del municipio que quería hacer las viviendas con empresas. Nosotros dijimos que no, que con empresas no queríamos porque ya teníamos la experiencia de las casas que habíamos tomado: la empresa se robó toda la plata y las había dejado abandonadas a medio construir. Entonces nos plantamos y logramos que fueran asignadas a cooperativas. Íbamos a tener trabajo, sin que nadie nos mandara y explotara, estando a cargo nosotros mismos, los trabajadores. Esto permitía atender las circunstancias particulares de cada uno, que no nos pudieran echar porque sí. Una estabilidad laboral que los pobres no conocemos. Los que siempre vivieron esa estabilidad, no saben lo que es la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana con vos y tu familia. Construir la cooperativa también fue una lucha, no teníamos nada, pero, sin embargo, estábamos convencidos y convencidas de que ese era el camino. Me acuerdo que Paco tenía que viajar sí o sí a Capital Federal, a hacer los papeles, y era quedarse a dormir en la calle. Yo me he cagado de hambre un montón de veces para poder construir esa cooperativa. Hoy por hoy podemos decir que está funcionando bien. Por ejemplo, tenemos seis arquitectos, cinco compañeras de administración, otros cinco que son responsables de obras, y tenemos nuestras propias oficinas para cada una de esas partes. Hemos construido cientos de casas y mejoramientos habitacionales, plazas, cordones cunetas, entre otras muchas cosas. 

APU: ¿En ese momento se incorporaron al MTE? 

PL: Cuando en 2014 se conformó Patria Grande entre distintos grupos, se tomó la decisión de que los trabajos territoriales que se tenían pasaban a desarrollarse en el marco del MTE. Nosotros, para ese entonces, teníamos cuatro barrios organizados y la cooperativa. Así que nos integramos al MTE y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como herramienta sindical del sector. A partir de ahí empezamos a tener más laburo y a conseguir más cosas de lo que lográbamos siendo solamente Los Sin Techo de Mar del Plata. Lo lindo de esa etapa de las organizaciones de la Economía popular es que no había rosca política, era todo hacer y hacer. La única discusión que había de por medio era ¿cómo vamos construir esta casa? ¿Cómo vamos a hacer con este proyecto que nos bajaron? No es que despreciamos la política, ¡todo lo contrario! Durante nuestra historia como Los Sin Techo nos fuimos dando cuenta que teníamos que discutir política que, aunque a veces era una mierda esa rosca, había que involucrarse, para no ser siempre los “tirapiedras”, y poder dar realmente soluciones a las problemáticas que atraviesan los barrios. No nos conformamos con lograr las casas para nosotros únicamente, queríamos resolver el problema de la vivienda para todos, y para eso tenés que ser gobierno. Entonces ahí empezamos a jugar también en política y nos sumamos a lo que hoy es el Frente Patria Grande. Pero la lucha social, lo sindical de la Economía popular, quedó como parte del MTE. Ahí se trata de obtener beneficios desde y para el sector de los excluidos, no importa el color político del gobierno, ni con quién haya que sentarse. Nosotros decimos que con Los Sin Techo pudimos tener una vivienda digna, pero con el MTE logramos tener una vida digna. 

APU: ¿De qué modo lograron extenderse a otros barrios populares de Mar del Plata? 

CR: A los dos años de haber logrado los lotes, ya teníamos la cooperativa de construcción, un espacio de comedor y habíamos logrado acceso a todos los servicios para las viviendas. Pero nos empezamos a preguntar cómo ayudar a otros que pasan por las mismas carencias que habíamos sufrido nosotros. Así que, desde la misma asamblea, salió esto de “vayamos a otros barrios y compartamos nuestra experiencia de lucha”. Desde los mismos compañeros de base se fue construyendo la organización popular en la ciudad, algo que luego encontramos reflejado como principio dentro del MTE. Luego de la incorporación a las estructuras nacionales, se aceleró ese proceso. Empezamos a organizarnos por ramas productivas, siguiendo el esquema de la CTEP. En cada barrio popular y en cada asamblea, lo que hay son trabajadores de la Economía popular. Así que, desde ahí, se fueron conformando las ramas, a partir de distribuirnos dentro de cada una de ellas. 

APU: ¿Cómo surgió la Caravana por la Tierra y la Vivienda Digna que se hace cada 15 de enero en Mar del Plata? 

PL: Fue una idea del hermano de Cintia. Se le ocurrió establecer un día al año de lucha por la tierra y la vivienda, y los demás estuvimos de acuerdo. Es una marcha en la que se sale de los distintos barrios, concentramos en el barrio “15 de enero”, y después salimos en caravana con micros, autos, motos, lo que sea, hasta el centro de Mar del Plata. Vamos para decirle a la sociedad que acá estamos los barrios populares, que existimos y que necesitamos esas políticas que venimos reclamando hace años. Y ese día, además, hacemos entrega de viviendas construidas. La primera movilización fue en 2012 y desde entonces se mantuvo cada año. Hoy en la ciudad ya es conocida, incluso el Consejo Deliberante le dio un reconocimiento. Pero a nosotros no nos interesa un papel, sino los hechos, que ese día se reconozca diciendo: “del presupuesto del Estado, va a salir una partida para tanta cantidad de viviendas”. 

CR: Surgió un poco tomando el modelo de la “Caravana de la Primavera”, donde van todos en bicicleta, con flores y el intendente a la cabeza. ¿Por qué no hacer una caravana cada 15 de enero y reivindicar esa lucha? Porque la “ciudad feliz” es para pocos, no para todos. Por eso, todos los 15 de enero reivindicamos el día de la lucha por la tierra y la vivienda digna, y nos recordamos también a nosotros mismos que todavía falta un montón, que esto no se termina. No fue sólo aquel día de 2009, sino que hay un montón de situaciones similares que se repiten todos los años. Y se fue ampliando hacia otros temas también. El año pasado, en 2022, presentamos el Plan de Desarrollo Humano Integral e hicimos el reconocimiento a todas las compañeras y compañeros que trabajaron durante la pandemia en los comedores y merenderos. Fue una tarea invisible para la mayoría de la sociedad, pero ayudó a sobrellevar lo peor de la crisis en los barrios pobres. Nosotros lo hicimos porque es parte de nuestra vida, pero reconocerlo está bueno, para valorizar el trabajo que hacemos las organizaciones populares. Este año hacemos la decimosegunda edición de la caravana. Es una fecha muy especial porque vamos a hacer la inauguración de 64 viviendas con doce organizaciones. Es un orgullo para nosotros poder inaugurar esa obra por la que peleamos mucho tiempo. 

APU: ¿Qué lugar tiene la problemática de la tierra y la vivienda dentro del Plan de Desarrollo Humano Integral (PDHI) que propusieron en 2020 sectores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y la Confederación General del Trabajo? 

PL: El PDHI apunta a descomprimir las ciudades, porque hay muchas tierras ociosas y mucha gente hacinada. Entonces, propone llevar vecinos a esas tierras, pero con hospital, con jardín, con escuela, con club, con todo lo que se necesita. Si no ofrecés todo eso, y la salud, la educación, el trabajo y el ocio siguen en las grandes ciudades, no vas a lograr nunca redistribuir a la población. Si son solo terrenos “pelados”, por ahí ni se terminan ocupando, porque no incluye todo lo necesario para llevar adelante la vida dignamente. Nosotros tenemos la experiencia. Un día vino otro hermano de Cintia, muy creyente en Dios, y me dijo “Paco, Dios en sueños me mostró que hay que hacer algo en estas tierras”. Y me muestra, en un cuaderno, con dibujos, unas ideas de armar un club deportivo. Había unas tierras vacías, con solo una canchita de fútbol. Ahí empezamos a pensar algo más grande. Aparte del club, hicimos otras instalaciones sociocomunitarias, entre ellas un camping de la Economía popular, para que todos los trabajadores del país puedan vacacionar gratis, y un centro cultural. 

APU: ¿Han logrado traducir sus reivindicaciones particulares en políticas públicas más generales? 

PL: Con lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares y la posterior creación de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU) se vio reflejada nuestra lucha y la de muchos otros en distintos puntos del país que venían peleando por lo mismo: tierra y vivienda digna para los excluidos. Actualmente al frente de la Secretaría está Fernanda Miño, una villera de La Cava, en representación del sector de la economía popular. En el marco de las políticas impulsadas por la SISU, estamos haciendo muchísimas obras. Gracias a ello, se están construyendo lotes con servicios en distintos barrios de la ciudad y cientos de mejoramientos habitacionales y socio urbanos. 

CR: Nosotros contamos con la política de la SISU porque lamentablemente a nivel local, en la ciudad de Mar del Plata, tenemos un gobierno que no trabaja con las organizaciones sociales, con las cooperativas, ni le interesa urbanizar los barrios populares. Frente a esta situación, gracias a la articulación con distintas políticas de la Secretaría, como los Proyectos de Obra Temprana (POT), pudimos realizar lotes con servicios -veredas, cloacas, agua, electricidad, arbolado, canastos- en dos barrios, y con una particularidad: logramos sumar a compañeras mujeres a trabajar, lo que termina siendo un puntapié para su independencia económica. Lo que era un barrio precario hoy quedó completamente urbanizado, un 100% de cambio de calidad de vida. Actualmente, estamos con una tercera obra de lotes con servicios en el barrio el Martillo, donde iniciamos la lucha como Los Sin Techo, que va a beneficiar a 350 familias. Y, por otro lado, también estamos trabajando a partir del programa Lote.AR, que permite comprar tierras para construir lotes con servicios destinados a sectores populares, facilitando así el acceso a la vivienda propia. A partir de este programa, construimos un proyecto a la medida de nuestras necesidades, con una mirada comunitaria y de género: incluimos un jardín maternal, un polideportivo, un centro cultural, una feria popular, una casa para mujeres y disidencias en situación de violencia de género, y veinte viviendas destinadas a quienes necesiten salir de sus hogares para no continuar viviendo con el agresor. Es importante resaltar que se trata de un proyecto que se armó escuchando las necesidades de los vecinos y vecinas del barrio, haciendo encuestas casa por casa para relevar las necesidades de las familias. 

APU: En vísperas de una nueva Caravana por la Tierra y la Vivienda el próximo 15 de enero, ¿qué balance hacen de todos estos años de lucha y organización? 

CR: Podemos decir que hoy, después de trece años, seguimos de pie, estamos acá, con más de 250 viviendas construidas, cientos y cientos de mejoramientos de vivienda y barriales. Hemos generado un montón de puestos de trabajo. Por lo que queremos transmitir que, aunque las cosas cuestan mucho, sobre todo al inicio, con organización se puede. No es todo color de rosa, pero los excluidos sabemos que nadie nos va a regalar nada. Hay que luchar y resistir, pero también crear. Eso es algo que aprendimos también. Lo que vas consiguiendo tenés que acompañarlo con otras iniciativas, para que lo que hiciste no se te caiga. Y nuestra vida cambió para siempre. Hoy todos tenemos nuestra propia vivienda, nuestro trabajo, un buen sueldo, estamos asegurados frente a los riesgos laborales y tenemos obra social, contamos con ropa adecuada y maquinaria. ¡Es increíble! Nunca hubiéramos disfrutado de todo eso si no fuera por las luchas que hicimos. 

PL: Nuestra realidad era laburar siempre en negro, haciendo changas, en pésimas condiciones. Cuando pintaba barcos en el puerto y Cintia laburaba a partir de la pesca, nos negreaban, nos explotaban, no importaba si llovía, si hacía frío, si hacía un calor agobiante, vos tenías que ir a laburar, callarte la boca, cumplir horario y chau, punto. Luchar colectivamente fue la única manera que encontramos para salir de esa vida. Entendimos que, sin organización colectiva, toda la vida íbamos a ser pobres, toda la vida nos iban a cagar. Si los barrios populares y los más humildes no se organizan, va a seguir todo igual. Ningún gobierno llega hasta el fondo si no lo presionás. La mayoría de los funcionarios, los que vienen, llegan hasta la entrada del barrio, se sacan la foto, dicen “estuve en el barrio”. Pero no llegan hasta la última cuadra del último barrio, donde vive esa mamá con cinco pibes, sola, en una casilla de tres por tres metros, con un baño que está a veinte metros de su casa, donde no tiene un inodoro, ni una ducha donde bañarse. Hasta ahí solo llegan las organizaciones populares. 

Barrio La Resistencia 

Las familias que hoy están organizadas en el barrio La Resistencia comenzaron a hacerlo durante la pandemia cuando la situación de aislamiento y la escasez de trabajo les impidieron mantener alquileres o salir a la calle cuando “las changas” se caían por las medidas restrictivas. Fue el momento en que los medios hegemónicos de comunicación trasmitieron en vivo la toma de Guernica, simbólica por la resistencia al desalojo durante semanas y que expresaba una oleada de ocupaciones de tierra de los sectores más castigados de la clase trabajadora. 

Hace diez días el barrio La Resistencia fue desalojado de un predio en Lafererre. En el accionar policial hubo 20 detenidos, pero estas familias cuentan con experiencia porque han sido desalojadas en 8 oportunidades. 

En el desalojo actuó la UFI a cargo del fiscal Matías Folino bajo la carátula de usurpación de inmueble, aunque las familias desalojadas denuncian que el predio es un basural abandonado desde hace años, «lugar que usan los delincuentes». 

La última situación de desalojo se dio el 20 de octubre del 2022, «desde aquel día hemos hecho todos los esfuerzos por mantener un diálogo abierto con los representantes del gobierno que nos fueron asignados pero, ante la falta de soluciones, elegimos VOLVER A LA LUCHA y encontrar las soluciones nosotros, ya que el Estado, lejos de darnos una respuesta, nos ha respondido con balas y luego un posterior silencio que nos obliga a actuar de forma inmediata para mejorar la calidad de vida de nuestros hijos y nuestras familias». 

En el reclamo señalan al gobernador Axel Kicillof, y a los funcionarios Agustín Simone, ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, y a Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Argentina a buscar una solución, «hacemos responsables de nuestra integridad física al gobierno provincial y al gobierno nacional». 

Las familias junto con organizaciones sociales y políticas se movilizaron al municipio de La Matanza. Reproducimos comunicado: 

MOVILIZAMOS CONTRA LA REPRESIÓN Y LAS CARENCIAS DEL PUEBLO MATANCERO 

Las jornadas de represión del 9 y 10 de enero representan cómo el Estado reprime la protesta social y su única solución ante el pedido del pueblo es palo, tortura, bala y cárcel. El 9 de enero el Barrio La Resistencia fue reprimido y desalojado por 8ª vez cuando intentó recuperar tierras en la zona de Laferrere (Ruta 21 y Carlos Casares) para construir su barrio y que el vecino y vecina que no tenga tierra para vivir, pueda acceder a ella. La represión fue efectuada no sólo por policía uniformada, sino también incluyó a parapoliciales que con armas cortas y largas reprimieron salvajemente a los vecinos y vecinas, dejando un saldo de 5 detenidos. El día 10 de enero la policía y grupos parapoliciales continuaron con la represión, pero esta vez en La Palangana, barrio de en frente, deteniendo, golpeando y disparando a los vecinos que sólo estaban caminando por la calle, además de entrar a casas sin orden de allanamiento, dejando un saldo de 20 detenidos, entre los cuales había un menor de edad de 16 años. Los 20 atravesaron salvajes torturas físicas y psicológicas, fueron hacinados en una celda pequeña, y lograron ser liberados recién el 11 de enero por la noche. 

Hasta el día de la fecha todavía Lucio Hernán Benítez, quien sufre de diabetes crónica y es insulinodependiente, continúa detenido, está incomunicado y la policía no permite que se le administre la medicación ni tampoco se la proporcionan. Todos los compañeros quedaron con causas judiciales. La situación vivida esta semana no es ajena a nuestra realidad, ya que un número grande de los barrios de La Matanza se han construido a través de la recuperación de tierras, lo cual evidencia la necesidad urgente de respuestas por parte del Estado ante el reclamo genuino de tierra para vivir, así como también soluciones inmediatas para los barrios ya constituidos, como agua potable, electricidad, escuelas y polos educativos, asfaltos, alumbrado y tantos otros problemas de los cuales el Estado no se responsabiliza. 

Atacan a referente del Barrio La Resistencia 

Previo al desalojo, una semana antes, en las últimas horas de la tarde del martes 3 de enero, cuatro individuos, muy bien vestidos y en un flamante auto último modelo, abordaron a Cintia Pereyra con la excusa de robarle el celular. La amenazaron y le dispararon con un arma de fuego cuando se encontraba llegando al Barrio 17 de septiembre, ubicado en la Ruta 1001 y Atalco, en La Matanza. Cintia es una reconocida luchadora barrial y referente de La Resistencia, barrio que cuenta con más de 400 familias en lucha por tierra para vivir. 

Cintia, además, junto a vecinas y vecinos y sin ningún tipo de ayuda gubernamental, lleva adelante el Merendero y Centro Cultural “La Chispita” en el Barrio 17 de septiembre, desde el que también vienen exigiendo mejoras para ese barrio de González Catán. 

Cabe remarcar que al momento del ataque Cintia se encontraba bajando del colectivo junto a otros vecinos, pero el auto se dirigió únicamente hacia ella. 

“Hoy Cintia se encuentra bien de milagro, pero no se puede dejar pasar por alto lo sucedido. Cintia y tantos otros compañeros y compañeras tocan intereses cada vez que se organizan y reclaman por la luz, el agua, los arreglos de las calles o las escuelas para sus barrios. Vemos en lo sucedido con la compañera Cintia, un claro mensaje mafioso ligado a prácticas de la dictadura más que a los tiempos democráticos en que vivimos. No es la primera vez que luchadores populares son hostigados, reprimidos, amenazados, golpeados o encarcelados. Cintia lo sabe bien y lo tiene muy en claro, ya que con el Barrio La Resistencia fueron desalojados violentamente en 7 oportunidades diferentes. A pesar de la violencia y las represiones, las compañeras y los compañeros se siguen organizando y peleando por TIERRA PARA VIVIR”, expresaron desde el Encuentro de Barrios En lucha de La Matanza, del que Cintia forma parte. 

Fuentes: Agencia Tierra Viva, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Resistencias, Anred, La Izquierda Diario, APU , Ansol 

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