A Corina De Bonis la sorprendieron en la calle cuando iba a su casa. La secuestraron, le pusieron una bolsa en la cabeza y le escribieron la panza con un punzón: «Ollas no». La semana anterior ya había recibido amenazas similares: «basta de hacer política», «No a las ollas populares». El jueves miles de maestr@s, […]
La semana anterior ya había recibido amenazas similares: «basta de hacer política», «No a las ollas populares».
El jueves miles de maestr@s, organizaciones sociales y trabajador@s salieron a la calle a exigirle al gobierno provincial de María Eugenia Vidal y al ministro de Educación, Gabriel Sanchez Zinny, la inversión en educación necesaria para el restablecimiento de las clases en el distrito y el esclarecimiento del secuestro y tortura de la maestra Corina de Bonis.
Compañeros y compañeras que realizan desde hace más de cuarenta días un acampe frente al Consejo Escolar de Moreno, desde la muerte de Sandra y Rubén, denunciaron las «prácticas asesinas, el mensaje mafioso, sabemos de dónde vienen, de los gobiernos de derecha que antes eran cómplices de los genocidas y hoy están en el poder. Pero esto no nos pone de rodillas, cada vez más fortalecidos, en unidad, peleando para que se esclarezcan los hechos».
Mariana Cataño, Titular de la Seccional Moreno del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), denunció que hay más docentes amenazadas en el distrito y la continuidad del ajuste a pesar de las denuncias de falta de comida en los comedores escolares y de inversión en infraestructura en las escuelas, «si quieren que demos clases, pongan las plata, tomen la decisión política, arreglen las escuelas, nutran los comedores. Ese grupo de tareas quiere decirnos ‘miren lo que les vamos a hacer’, no vamos a permitir que Moreno sea una zona liberada. Querían meternos miedo pero estamos de pie en la calle. Más unidad de l@s trabajador@s para parar el ajuste que mata».
La maestra secuestrada y torturada se presentará formalmente como querellante. Además, las abogadas del Suteba acompañarán ese pedido con un listado de alrededor de 25 casos de amenazas recibidas en distintas escuelas.
Estudiantes de la UES y del Movimiento Evita denunciaron el viernes que fueron interceptados e increpados por la policía local cuando se dirigían al acampe docente que se mantiene frente al Consejo Escolar. «¿Por qué vas al acampe de los maestros de mierda que no van a dar clases?», les dijeron.
Este dato cuestionaría la hipótesis volcada en los medios oficialistas que hablan de grupos narcos supuestamente afectados en su territorio. De todos modos la vinculación de la policía provincial con el narcotráfico y la trata de personas cuenta con varias evidencias notorias.
«Lo que está claro es que cuando el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dice: ‘Dejen de hacer política y den clases’ envalentona a estos grupos que están más vinculados con el terrorismo de Estado que con la democracia y les habilita estas acciones», afirmó la titular del Suteba Moreno.
En una asamblea convocada en la Universidad por estudiantes y agrupaciones frente a los aprietes a la comunidad educativa de Moreno y el terrible amedrentamiento que sufrió Corina De Bonis, secuestrada y torturada, se resolvió en asamblea la toma de la Universidad Nacional de Moreno. También sumarse a la convocatoria y participar de una asamblea inter estudiantil que se realizó el viernes en la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento para unificar la pelea por la defensa a la educación pública.
Docentes bonaerenses realizaron el viernes «marchas de antorchas» en distintas plazas de la Provincia para repudiar el secuestro de la maestra Corina de Bonis en el partido de Moreno.
«Con nuestros guardapolvos blancos y rodeados de la comunidad educativa, exigiremos: Justicia ya por Sandra y Rubén, el esclarecimiento urgente del secuestro y la tortura sufridos por Corina De Bonis y de las amenazas a docentes y a la comunidad educativa de Moreno», afirmó Suteba en un comunicado.
Asimismo, el gremio bonaerense reclamó la urgente convocatoria al diálogo en el marco de las paritarias para resolver los conflictos educativos.
Ya va más de un mes que 285 escuelas de Moreno se encuentran cerradas por los serios problemas de infraestructura. Los principales municipios del Gran Buenos Aires declararon, o están a punto de hacerlo, la Emergencia Educativa. General Rodríguez, administrado por el PRO, fue uno de los pioneros en abril. En Moreno se aprobó el pasado 10 de agosto. En Merlo, el intendente y titular del PJ provincial, Daniel Menéndez, firmó un decreto que habilita la Emergencia Edilicia y de Infraestructura Escolar. El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó el miércoles la Emergencia Educativa, que además incluye la Social, la Económica y la Alimentaria. Luego de la aprobación de esta ordenanza, un total de 14 jefes comunales de los distritos bonaerenses con mayor cantidad de habitantes (Hurlingham, Tigre, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora, San Martín, Malvinas Argentinas y Escobar, entre otros), se dieron cita en Ituzaingó para declarar la Emergencia Educativa, Social, Alimentaria y Económica. Además anunciaron que acercarán el pedido a la gobernadora de que declare lo propio en el territorio provincial.
La respuesta del gobierno de Vidal ha sido lanzar un nuevo ataque contra el conjunto de los trabajadores y trabajadores docentes.
La gobernadora de Buenos Aires pretende limitar el derecho de huelga de este importante gremio declarando a la educación «servicio público esencial».
La economía en caída libre
La inflación de agosto fue del 3,9% informó este jueves el INDEC y acumuló en el año un alza del 24,3%. El rubro alimentos y bebidas, que más impacto tiene en los sectores de menores recursos, experimentó una suba del 4% en agosto, acumulando en el año un incremento del 26,8%, indicó el organismo. Entre enero y agosto, los sectores que más subieron fueron: comunicación con el 36,1%; transporte, 33,5%; vivienda, agua, electricidad y gas, 24,5% y equipamiento y mantenimiento del hogar, 24,3%. El ministro de Producción, Dante Sica, que absorbió las Carteras de Trabajo y Agroindustria, esperaba que el traslado a precios mayoristas sea de la mitad de la suba del 108% que acumula el dólar mayorista en el año y del 20% en los minoristas ya que las fuertes caídas de las ventas está haciendo que las empresas no puedan trasladar a sus precios de venta la totalidad del aumento de los costos, sobre todo de alimentos de primera necesidad, al calor de las fuertes subas de precios en harinas, aceites y los principales bienes de la canasta básica.
Las cifras oficiales del INDEC lo desmienten. Hasta julio habían subido 22% y faltan computar las subas en agosto y setiembre, cuando las empresas de consumo masivo recalcularon sus listas de precios con subas de hasta el 15%. Un ejemplo típico es el caso del pan que subió un 15% en la última semana y llegó a costar $ 90 el kilo. No por casualidad la harina lidera el ránking de los mayores aumentos de precios entre los productos de consumo masivo con el 131%. La acompañan en el podio las pastas secas (44%) y el aceite (45%).
Pero en los combustibles, los incrementos fueron sistemáticos y sin anestesia: la nafta súper acumula 46% de aumento en el año y la «premium» el 51%.
La industria automotriz también baila al ritmo del dólar. Las nuevas listas de precios de autos cero kilómetro, llegaron en setiembre a las concesionarias con incrementos que en algunos casos superan el 20%.
Mientras una familia tipo para superar el umbral de la pobreza de acuerdo al INDEC debía superar los $ 20.134 en julio, la inflación en los meses de agosto y setiembre los va a dejar en la pobreza con al menos $ 2.000 más de ingresos. El problema es cómo conseguir los pesos extra con paritarias ancladas para los trabajadores formales, sin paritarias para los informales y sin nada para los desempleados.
El ministro, ex director de la consultora Abeceb, oculta que la devaluación del peso frente al dólar en la Argentina genera un traspaso a precios promedio del 30% que es lo que está ocurriendo actualmente con una inflación interanual del 34% y otra proyectada que llegaría al 42% en diciembre. Tampoco desconoce la erosión del poder adquisitivo de los salarios con paritarias del 15% y una revisión promedio de 25%.
Tal vez apuesta al renovado programa heredado del anterior gobierno, Precios Cuidados, que ahora cuenta con más de 550 productos (agregaron 127 alimentos y bebidas de la canasta básica), que deberán mantenerse sin cambios hasta el 6 de enero de 2019.
Además, el boleto de colectivos subió a 12 pesos el sábado. Fue la quinta suba en lo que va del año. Forma parte de un cronograma anunciado por el Gobierno nacional a fines de julio, mientras que también impactará en las siete líneas de trenes metropolitanos, entre 0,50 y 0,75 centavos el mínimo según el ramal. El 15 de octubre se aplicará la última fase de los incrementos previstos, lo que llevará la tarifa más baja del colectivo a 13 pesos, aunque esto no significa que no pueda haber más ajustes antes de fin de año.
La capacidad instalada utilizada por las fábricas cayó en julio al 60,1%, y confirmó que las fábricas usan en promedio apenas seis de cada 10 máquinas en condiciones de producir. Si bien el piso es del 48,1% en la industria automotriz, el desagregado encendió las alarmas en el sector alimenticio que mostró un índice del 58,9%, muy por debajo del 69% de todo el año pasado, el 71% del 2016 y alejado del 74% del último año del gobierno anterior.
Fuentes del sector industrial adelantaron que tanto la actividad industrial como la utilización de la capacidad instalada «mostrarán una caída más profunda», lo que agravaría el cuadro social mensurado en las industria de alimentos y bebidas, que tiene rasgos sólo comparados con meses del 2002, en plena crisis económica.
El 58,9% de la actividad alimenticia se alcanzó gracias a que las grandes empresas del sector utilizaron alrededor del 64% de sus máquinas, pero las pymes apenas funcionaron por debajo del 50% del poder de sus capacidades instaladas.
También empeora significativamente la relación Deuda Pública/PBI. Con la trepada del dólar, y estimándolo entre $ 35 y $ 45 a fin de año, la deuda podría rondar entre el 78% y el 90% del PBI. Los cálculos son de Lorenzo Sigaut Gravina, economista-jefe de Ecolatina.
Los compromisos en dólares son altísimos y los mercados no le creen al Gobierno, por eso el dólar sigue subiendo. Hay $ 700.000 millones en plazos fijos en los bancos que se van a ir pasando a dólares y unos U$S 30.000 millones que hay que ver si se quedan.
La estrategia oficial está sobre la mesa: bajar los gastos y mejorar la recaudación a cambio que Lagarde autorice anticipar desembolsos del préstamo otorgado por U$S 50.000 millones.
La estafa a los jubilados supera la del acuerdo con el FMI
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS perdió unos 17.691 millones de dólares en los primeros seis meses del año por el impacto de la devaluación del peso, al tipo de cambio de 29,57 pesos por dólar del 29 de junio, según se desprende de un informe oficial del organismo previsional. Actualmente con el dólar a 40 pesos, la suma representa la friolera de aproximadamente $ 720.000 millones. Tengamos en cuenta que el Gobierno negocia con las provincias reducir el Presupuesto 2019 en $ 500.000 millones como parte del nuevo ajuste que negocia con el FMI.
A partir del miércoles pasado, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), otro programa heredado del anterior gobierno, comenzaron a cobrar un tardío refuerzo de $ 1.200. El beneficio alcanzará a cerca de cuatro millones de chicos, según el ANSES. Esta ayuda se repetirá en diciembre, pero será de $ 1.500 por hijo.
Además, el Gobierno dispuso un modesto incremento de los fondos por $ 1.000 millones para merenderos y comedores. La mitad se destinará a 1.228 comedores y 736 organizaciones. Los otros $ 500 millones irán a las provincias, donde se reparten módulos alimentarios con 10 productos de alimentos no perecederos, insuficientes y deficientes desde el punto de vista de su calidad nutricional y cobertura.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, los comedores se han visto desbordados desde el 2 de agosto, sobre todo en el conurbano donde más de 800 establecimientos escolares permanecen cerrados por sus condiciones edilicias desde la explosión por una pérdida de gas en la Escuela Nº 49 de Moreno que provocó la muerte de dos docentes. Cada vez son más chicos los que se acercan a comer, cuando antes lo hacían en la escuela.
Continuó el conflicto de los docentes universitarios por salario y mayor presupuesto
En el marco de la sexta semana de paro de la CONADU Histórica en reclamo de una recomposición salarial del 30% se realizaron distintas actividades.
En la Universidad Nacional de Buenos Aires desde las 7:30 del jueves se realizó un corte frente al Ministerio de Educación. Se realizaron además asambleas y clases públicas en las distintas unidades académicas.
Por otro lado, el lunes 10 ADUNC (COMAHUE) acompañó en toda la región a las rutas a lxs estudiantes nucleados en la Federación Universitaria del Comahue (FUC). En Cipolletti, Cinco Saltos y Fiske Menuco los cortes funcionaron con la participación de estudiantes, docentes y organizaciones sociales y gremiales que acompañaron la medida.
También desde el martes se realizaron clases públicas y charlas debate para dar continuidad al plan de lucha en la Universidad Nacional del Litoral. Se acompañó a los estudiantes durante la toma de la Facultad de Humanidades que fue levantada el miércoles.
En Luján, el martes, en el Centro Regional San Miguel, se llevaron adelante 3 clases públicas sobre la avenida Balbín.
En todas las Universidades Nacionales -como Jujuy, Tucumán, Tierra del Fuego, Cuyo, San Juan, Nordeste, entre otras- las asociaciones de base continuaron con las medidas de fuerza y las iniciativas de visibilización en unidad con el movimiento estudiantil.
El jueves desde las 11:00, se movilizaron al Congreso junto a todos los niveles de la educación por el Presupuesto Educativo.
El viernes 14, sesionará el Congreso Extraordinario para analizar la continuidad del plan de lucha nacional. Los delegados y delegadas llevarán los mandatos resueltos por sus asambleas de base.
Las Facultades de Humanidades, Psicología, Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Museo, Bellas Artes, Trabajo Social y recientemente la de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata permanecieron tomadas la semana pasada para exigir más presupuesto en educación y acompañar la demanda salarial de sus docentes y trabajadores auxiliares . Además las facultades públicas de La Plata decidieron sumarse a la marcha nacional del jueves al Congreso con el lema «La educación pública está en peligro» convocada en el marco del paro nacional docente para exigir un presupuesto que «garantice el derecho social a la educación» así como también expresar el rechazo al acuerdo con el FMI.
Estudiantes de Psicología de la UBA mantuvieron la toma reclamando por la crisis de las universidades nacionales, pero también por las condiciones edilicias y académicas dentro de la Facultad. Los estudiantes denunciaron aprietes del decano Jorge Biglieri y una campaña demonizadora por parte de los medios oficialistas. El viernes por la noche en una multitudinaria asamblea inter claustros evaluaron cambiar la modalidad de la protesta.
Medidas similares se mantienen en las facultades de Sociales y de Filosofía y Letras.
Conflictos estatales
ATE, CTA y estudiantes universitarios, protestaron en la ciudad cordobesa de Río Cuarto para repudiar la visita de Mauricio Macri y reclamaron la reincorporación de trabajadores despedidos en organismos públicos. «Macri no sos bienvenido» fue el lema de la convocatoria.
Hace sólo una semana una multitud, convocada por todo el arco gremial de la provincia, había rechazado las políticas del Gobierno nacional y los despidos de miles de trabajadores.
Con más de 100 cortes en todo el país, con marchas y ollas populares en la CABA y en la zona metropolitana, los trabajadores de ATE y la CTA-A, junto a diversas organizaciones sociales, realizaron un contundente Paro Nacional y una jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por un Estado Soberano, con Trabajo y Producción.
El 12 de septiembre es el Día de la Industria Naval, de allí que una de las demandas centrales fue la defensa del Astillero Río Santiago frente a los ataques del gobierno de María Eugenia Vidal.
En Provincia de Buenos Aires se destacaron las acciones en La Plata y Zárate, con las luchas en defensa del Astillero Río Santiago y Atucha. Los estatales de Mar del Plata marcharon por la ciudad acompañados de nutridas columnas de organizaciones sociales.
En los accesos a la Ciudad de Buenos Aires hubo clima de tensión, tanto en la zona norte como en el sur. En una de las múltiples actividades previstas en el marco del Paro Nacional convocado por ATE y la CTA-Autónoma, trabajadores y trabajadoras de organismos de Ciencia y Técnica, junto a estudiantes, organizaciones sociales y gremiales de la región norte, realizaron una asamblea con un imponente corte en el cruce de la Avenida Constituyentes y General Paz, del lado Capital.
A pesar de los intentos de los efectivos de seguridad la actividad se inició con una marcha que partió de INTI y atravesó el corredor tecnológico de la colectora a medida que se fueron sumando las columnas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), de Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de estudiantes y docentes de la Universidad de San Martín, entre muchas otras.
En tanto que el Puente Pueyrredón contó con un amplio despliegue de la Prefectura para contener la marea que llegaría en horas del mediodía al Obelisco porteño.
En la Capital Federal, además del acto central, hubo protestas en el Hospital Durand, en la zona de Hospitales en Parque Patricios, frente a Agroindustria; los trabajadores de la Cultura hicieron una marcha fúnebre, los jubilados se manifestaron frente al ANSES contra el uso del Fondo de Garantía y Sustentabilidad ordenado por el FMI, entre otras. Las distintas actividades estuvieron signadas por el rechazo a la eliminación y degradación de Ministerios a Secretarías y el desguace y despidos que esto conlleva.
En la Patagonia, durante la madrugada comenzaron los cortes de ruta en los accesos a la provincia de Santa Cruz, acampes frente a los organismos estatales en Río Negro y movilizaciones en Chubut. En Neuquén, trabajadores denunciaron el vaciamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
En Mendoza se realizó una concentración contra el ajuste, la persecución y los despidos. En Córdoba se cortó la ruta 9 en las afueras de la capital, para luego movilizar al centro de la ciudad. En Rosario protestaron por la degradación de los sistemas educativos y de salud pública. En San Luis, lxs estatales cortaron la Ruta 7 en el acceso a la capital.
En Catamarca, Chaco, Salta y Jujuy se realizaron actos y asambleas en defensa de las y los despedidos de Agroindustria, la mayoría pertenecientes a Agricultura Familiar. En Formosa se realizó un corte en la ruta 11 junto a organizaciones sociales. Numerosas manifestaciones se produjeron en Misiones, donde se promovieron reclamos en los Hospitales y el Ministerio de Ecología por parte de integrantes de parques nacionales.
Después de nueve horas de tensión y arduas negociaciones, el gobierno provincial y los trabajadores de Astilleros Río Santiago llegaron a un acuerdo y se levantó la toma realizada en reclamo de insumos para trabajar y el cese de descuentos salariales, que impedía que el interventor Daniel Capdevila, directivos y empleados administrativos pudieran salir de la planta.
El acuerdo llegó tras la intervención de la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, quien ingresó a la planta en el marco de una denuncia por supuesta «privación ilegal de la libertad». El interventor y los trabajadores firmaron un acta acuerdo para destrabar la compra de oxígeno y gas, entre otros insumos para reanudar la producción. Además, las autoridades gestionaron una reunión para el lunes con los ministros Hernán Lacunza (Economía) y Marcelo Villegas (Trabajo) para revisar los descuentos salariales que vienen sufriendo los trabajadores debido a la quita del plus por productividad.
El Ministerio de Trabajo rechazó la conciliación obligatoria por los 23 despedidos en el astillero estatal Tandanor.
Un fallo judicial dio cauce a una cautelar presentada por empleadas de la AFIP de Misiones en favor de la suspensión de una disposición del ente recaudador que redujo casi un 20% los haberes de sus empleados.
Por su parte, el secretario general de la UPSAFIP, Julio Estévez, adelantó que buscará «extender la demanda a los 22.000 empleados del organismo para que la cataratas de medidas judiciales permita doblar de una vez por toda estas disposiciones que paralizan y destruyen al organismo recaudador».
La Suprema Corte bonaerense rechazó un recurso contra el fallo de un tribunal de La Plata que obliga al Gobierno provincial a actualizar los salarios de los judiciales por inflación y retomar las negociaciones salariales con el gremio.
A once meses del vencimiento del acuerdo salarial de 2016 en la TV Pública, la Comisión Interna de SiPreBA planteó a la empresa que, hasta tanto se resuelva el presupuesto para 2019, transitoriamente se otorguen sumas fijas para paliar la grave situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del canal.
Durante estos dos años la inflación fue del 62%, según las estimaciones oficiales, y desde enero a la fecha, cuando se inició el conflicto, el dólar aumentó un 109%. En este contexto de desborde inflacionario, son prácticamente los únicos trabajadores en la órbita del Estado a los que se los ha condenado arbitrariamente a una paritaria cero.
Hacen personalmente responsables al gerente de noticias y presidente de Fopea, Néstor Sclauzero, y al subgerente de noticias, Jorge Goldenberg, ex representante legal de la Utpba. Mientras que en Fopea predica sobre libertad de expresión y el profesionalismo, Néstor Sclauzero conduce con cinismo una gerencia que viola el derecho a la información, y que con el pretexto del ahorro presupuestario omite noticias; en la que los periodistas y trabajadores de prensa somos perseguidos con confiscaciones salariales por ejercer nuestro derecho a la protesta, como ocurrió en el último paro general; y en donde se viola sistemáticamente el Convenio colectivo de trabajo y el Estatuto del periodista profesional, denunciaron.
En el último tiempo, la política de retiros voluntarios, implementada por la empresa bajo la coerción que produce una rebaja salarial del 50% del salario real durante el último año, dejó prácticamente al límite de operatividad a áreas enteras.
De no contar con ninguna respuesta en los próximos quince días se incrementarán las acciones gremiales y políticas correspondientes.
También convocan a los gremios de la TV Pública que padecen la misma situación con respecto a las paritarias congeladas, a realizar una campaña conjunta en defensa de los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del Canal.
Ante una nueva tanda de telegramas de despido en el Hospital Posadas, que según trascendió pondrían llegar a 80, el secretario de la Fundación Posadas y jefe del Equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil del nosocomio, Christian Kreutzer, presentó su renuncia. Su equipo de trabajo acompañó la decisión y repitió la iniciativa. De esta manera, el Posadas ya no cuenta con cirugía cardiovascular infantil, acentuando así la crisis que atraviesa la institución. «Están echando a profesionales que no tienen reemplazo y se siente en la asistencia. Están haciendo un desastre», denunciaron desde la Asociación del Profesionales del hospital.
En enero fueron cesanteados unos 122 trabajadores, la mayoría enfermeras especializadas con más de diez años de antigüedad que se habían negado a extender la jornada laboral a diez horas. Desde el gremio contabilizan unos 300 despidos en lo que va del año, más las jubilaciones de oficio que alcanzaron a 70 trabajadores más.
El lunes 27 de agosto también presentó su renuncia el director médico del Posadas, Jorge Palmieri. Según trascendió, la renuncia fue producto de las diferencias internas con los otros dos directores del Posadas que fomentaban la reducción de los servicios del hospital y el ajuste de personal.
Cada semana los médicos salen a la puerta de hospital para hacer la «ronda de los miércoles», una marcha en la entrada del centro de salud para rechazar la política de ajuste de personal. El pasado miércoles al mediodía la ronda fue masiva, participaron más de 400 trabajadores. «Mi cuñada es médica en el Posadas y en su hora de almuerzo decidió con sus compañeros salir a caminar para manifestarse por la falta de insumos. Hoy la echaron», escribió en Twitter un usuario que compartió la foto del telegrama de despido.
Desde el gremio denunciaron también el aumento de persecución sindical contra los delegados e integrantes de la Comisión Interna: «Nos quitaron el descuento automático de cuota sindical con la clara intención de desfinanciarnos, nos quieren desalojar de una de las sedes, en marzo nos descontaron hasta el 70 % del sueldo y despidieron a 17 delegados».
El martes despidieron a la médica neonatóloga y recuperadora cardiovascular Paola Planisi. El jueves se presentó igual a cumplir con la guardia de 24 horas ya que no designaron reemplazante en su servicio donde continúan 8 bebés internados.
Según los trabajadores, los despidos comenzaron a sentirse en la atención en un claro «deterioro asistencial» del hospital insignia de Morón. «Si no se le pone un freno esto se va a profundizar, hay un plan para privatizar el hospital e implementar la famosa cobertura universal de salud (CUS)», remarcó Luis Lichtenstein, presidente de la Asociación Sindical del Posadas.
El próximo martes los residentes decidieron parar en señal de protesta, realizando una jornada en defensa de la salud pública; los médicos, por su parte, el miércoles participarán de una nueva «ronda», como lo vienen haciendo semana a semana. Ambos convocan a la comunidad, pacientes y vecinos a rodear de solidaridad el Hospital.
El pasado jueves se realizó un abrazo simbólico al Hospital San Roque de Gonnet en defensa de la salud pública para visibilizar el estado de los hospitales que cada día se ven más afectados por el ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial de María Eugenia Vidal.
Los trabajadores del carbón de Yacimientos Carboníferos Río Turbio decidieron iniciar un paro como respuesta a todos los incumplimientos, amenazas y descalificaciones que sufren constantemente de la intervención y el gobierno nacional.
Tienen planeado realizar un nuevo viaje a Buenos Aires para nacionalizar su conflicto y denunciar el intento de cierre de la empresa, como hasta ahora lo hicieron en la ruta de acceso a Río Turbio buscando el apoyo de toda la comunidad y lo mismo ocurrió en Río Gallegos con los trabajadores del establecimiento Ferroportuario de Punta Loyola (son parte de YCRT) en la ruta de integración a Chile.
Conflictos privados
Después de una extensa negociación, 35 de los 65 trabajadores de la planta de aceites de Bunge Ramallo fueron reincorporados a sus puestos de trabajo. El resto había llegado a un acuerdo de salida con la empresa con un 15 % más de indemnización y la posibilidad de conservar la obra social hasta febrero próximo.
Metalsur, de Villa Gobernador Gálvez licenciará en forma rotativa a todo su personal, unos 400 trabajadores. La UOM acordó el calendario, que se aplicará hasta el 12 de octubre, a cambio de la garantía de estabilidad para los puestos de trabajo.
Metalsur transitó el cuarto de siglo en plena actividad, pero los últimos tres años han sido críticos: con más stock pero menos ventas, acordó con la UOM un cronograma de suspensiones que mantiene puestos de trabajo -aunque se abrirán los retiros voluntarios- y el 90% de los salarios.
La fábrica de electrodomésticos Liliana de Granadero Baigorria no renovará contratos a veinte trabajadores debido a la baja en el consumo que se produce desde hace varios meses en el sector.
El secretario general de UOM Rosario comentó que existen unos cien conflictos en sectores como línea blanca, carrocería, y pymes en general. «No sabemos cómo frenarlos», se lamentó el gremialista.
Trabajadores de la planta Síntesis Química, ubicada en la localidad santafecina de Fighiera, se encuentran en una situación de crisis laboral. Desde diciembre del año pasado que estaban con reducción de la jornada laboral y la planta en estos momentos se encuentra directamente no operable.
La cooperativa gráfica Madygraf (Ex Donnelley), ubicada en Garín, está al borde del cierre. Produce las revistas más importantes del país y sostiene 200 puestos de trabajo. Tiene que pagar $ 1.000.000 al mes en luz.
Por eso exigen una tarifa social para los servicios de luz y gas y la estatización de la fábrica bajo gestión obrera para poder ser proveedores directos del Estado (principal consumidor de papel impreso en el país) y así producir cuadernos, libros, manuales y todo lo necesario para que los hijos de los trabajadores tengan sus materiales de estudio a un costo más bajo.
En el camino de enfrentar el ajuste y los tarifazos, realizarán el domingo 30 de septiembre a partir de las 18:00, en sus instalaciones, un festival que contará con la presencia de La Delio Valdez y Resistencia. Todo lo recaudado será destinado para el sostenimiento de las 200 familias que trabajan allí.
La Justicia decretó la quiebra de la empresa Embotelladora Comahue, un emblema de la industria local neuquina con más de 54 años en el mercado, y 84 trabajadores perdieron sus fuentes de empleo.
Al menos 18 trabajadores del supermercado mayorista Diarco habrían sido notificados de su desvinculación con la firma comercial, lo que fue rechazado por el Centro de Empleados de Comercio de Neuquén (CEC).
Ramón Fernández, secretario gremial del CEC Neuquén, explicó que los despidos serían de unos 18 trabajadores sobre una planta de 34. «No sabemos cuál es su lista, pero no aceptamos estos despidos. Sí hay algunos compañeros que estarían dispuestos a aceptar el retiro, pero serían solamente unos 10», explicó el gremialista.
Las trabajadoras y trabajadores de Gaelle denuncian que el empresario José López arma causas truchas para despedirlos y de esa manera evitarse el pago de la indemnización. Este lunes desde las 6:30 a las 16:00 volverán a hacerse presentes en la fábrica ubicada en Mario Bravo 1937, entre Paso de Burgos y Itapitú, Piñeyro, Avellaneda y convocan a la solidaridad.
Paritarias
Ante al reclamo de los estatales de activar la cláusula de revisión de manera «urgente» y de la inflación acumulada a agosto de 24,3%, la respuesta de la Provincia de Buenos Aires fue el aumento de 4% por decreto y postergar la reapertura de paritarias. El sector recibió hasta julio una suba del 15%, que era la acordada para todo el año.
La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) hizo una presentación formal en la cartera laboral. En el escrito, la entidad habla de «extraordinarias, graves e inesperadas circunstancias económicas».
Según lo firmado a principios del 2018, la cláusula de revisión dice expresamente que se «monitoreará de manera conjunta la evolución del IPC nacional del INDEC» y si dicha medición superase el monto acordado se «acuerda la inmediata reapertura de oficio de la negociación paritaria».
Sin embargo, la estrategia de las autoridades provinciales para los estatales es la misma aplicada para los docentes: incrementos de manera unilateral. Motivo por el cual María Eugenia Vidal y el Frente de Unidad Docente se encaminan a protagonizar uno de los conflictos más largos de la educación provincial en los últimos diez años, con 21 reuniones, 9 propuestas, 18 paros y una conciliación obligatoria. Judiciales y profesionales de la salud son otros dos frentes que van por el mismo camino.
Por ahora, desde UPCN no dieron señales de cómo van a reaccionar ante la escalada inflacionaria. La postura dialoguista de esta organización es la que le ha permitido al Estado provincial lograr acuerdos desde 2016 a la fecha.
Este viernes, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) decretó un paro nacional que afectará la actividad en frigoríficos de todo el país.
La FESITCARA que conduce Segundo Molina, informó que su gremio rechazó la propuesta salarial que establecía un incremento del 20 % a pagar en cuatro cuotas, mientras sigue «peleando por aumentos que garanticen una real recomposición salarial».
Los empresarios del sector buscan que la crisis la paguen los trabajadores. La Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la N ación.
El 17 de septiembre es la fecha límite que puso la Cámara para tomar una decisión. En caso de aprobarse, el sector podrá suspender al 40% de su personal. Sobre un total de 22 establecimientos en toda la provincia, son cerca de 6.000 trabajadores que se desempeñan en diferentes frigoríficos de la región.
Trabajadores de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) podrían decidir una medida de fuerza que pondría en jaque la realización del Boca-River del domingo 23 de septiembre, ante la falta de respuestas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este gremio cerró un acuerdo paritario del 15 % a principios de año y, como la inflación superó ampliamente esa cifra, quiere reabrir la negociación con la casa madre del fútbol argentino pero todavía no existe un entendimiento.
Mientras los sindicatos aeronáuticos pedirán mantener la cláusula gatillo que rige en el acuerdo vigente y rechazarán la política aerocomercial, el directorio de Aerolíneas buscará poner sobre la mesa la adecuación de los convenios colectivos a la lógica «low cost».
Seis de los siete sindicatos que agrupan a los trabajadores aeronáuticos difundieron la convocatoria a un «Plenario Nacional Intersindical de Aeronáuticos» con fecha del 27 del septiembre próximo en la sede del gremio de técnicos liderado por Ricardo Cirielli.
Allí participarán los miembros de las comisiones directivas de las organizaciones convocantes y los delegados de base que, según el temario, dispondrán de medidas de fuerza como parte del plan de lucha contra la política aerocomercial del gobierno nacional. El mismo había quedado trunco luego de la conciliación obligatoria dictada contra el paro de pilotos fijado para el comienzo de las vacaciones de invierno últimas.
Las negociaciones estarán signadas también por el acuerdo salarial que firmaron los representantes de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) para la compañía American Airlines que fijó un incremento del 42%. El gremio liderado por Juan Pablo Brey es el único que no participa del frente de sindicatos aeronáuticos.
Del lado de enfrente estará Luis Malvido que cobró notoriedad cuando pocos días después de asumir como director de Aerolíneas Argentinas se hizo viral un video que lo muestra dando una charla en la que se ufana de haberse hecho «más duro» luego de despedir a decenas de trabajadores incluyendo amigos personales y recomendando a sus aprendices «mostrar quién manda en la empresa».
Así las cosas, comienza a perfilarse una negociación que podría ser altamente conflictiva y que, además, estará signada por la voluntad manifiesta del gobierno de reducir parte del déficit operativo de la compañía en línea con los compromisos suscriptos con el FMI.
Pablo Biro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), denunció al Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y al Administrador Nacional de Aviación Civil, Tomás Insausti, por incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad en perjuicio de Aerolíneas Argentinas y de las demás empresas con matrícula argentina.
La denuncia detalla que la línea aérea de bandera perdió mercado internacional, particularmente en manos de las empresas del Grupo LATAM, ya que sus aeronaves operan con matrícula y tripulaciones extranjeras, cuyos recursos generados, impuestos y resultados quedan en sus países de origen y no en Argentina, violando normas legales vigentes que, desde hace 60 años, protegen y garantizan, en el marco de las normas de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), a la línea aérea de bandera, como al resto de las empresas matriculadas en el país, plasmada en la Ley 19.030.
El accionar de fuerzas de seguridad en conflictos sindicales
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia manifestó su enérgico «rechazo, preocupación y repudio» frente a las acciones y comunicados realizados por el Escuadrón 38 Río Mayo de Gendarmería Nacional, que hace pocos días anunció que debía cerrar un paso fronterizo debido al paro de trabajadores de la Cooperativa local, a los que acusó de «cortar de manera dolosa la energía».
«No compete a las fuerzas de seguridad juzgar o calificar el accionar de las personas, mucho menos descalificar el ejercicio de derechos constitucionales como es el derecho a huelga», expresó Luz y Fuerza en un comunicado.
El accionar de Gendarmería en la provincia está en cuestión desde el 1° de agosto del año pasado, cuando en el marco de un desproporcionado y violento operativo desapareció Santiago Maldonado. La protección del Gobierno nacional ante las evidentes irregularidades en el accionar de la fuerza represiva y el respaldo ante los abusos, provocan que otra vez se cometan excesos.
Tras el anuncio de cierres y ventas, la Jefatura de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires ordenó reforzar las zonas donde hay locales de Walmart y de su firma Changomas.
Fuentes policiales revelaron que la medida se dispuso la semana pasada y tiene fines «preventivos por si los trabajadores intentan ingresar por la fuerza o por si se generan disturbios en la puerta» de los mismos.
La decisión se tomó luego de que la firma anunciara que «100 de sus 200 trabajadores serán reubicados», mientras que el resto se quedará sin empleo por la venta de 12 locales pequeños de Walmart y Changomas, además del cierre definitivo de la sucursal que tenía la firma en el Dot Baires Shopping.
En ese sentido, a fines del mes pasado se oficializó que la empresa transfirió las 12 tiendas a la firma española Día, con la preservación de puestos laborales de 100 de los 200 empleados, ya que 50 van a ser relocalizados en otros locales Walmart de la Capital Federal o del Conurbano, mientras que otros 50 serán absorbidos por la firma compradora. Asimismo, la empresa anunció que se abrirán los retiros voluntarios.
Estos hechos explican la Decisión Administrativa 1605/2018 publicada en el Boletín Oficial que modifica el Presupuesto 2018 y por la cual se decide el incremento de los montos dirigidos al Ministerio de Seguridad, a la Policía Federal, a Gendarmería Nacional y al Ejército con fondos que serán conseguidos a partir de la reducción presupuestaria al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, así como de las recaudaciones del ANSES.
Judicializan protestas obreras
A 10 meses de no cobrar un peso, los trabajadores de la metalúrgica Stockl fueron imputados por daños, incendio y amenazas. La denuncia presentada por la patronal fue radicada en la UFI Nº 1 de Lomas de Zamora.
Para los trabajadores el empresario busca despedirlos con causa y de este modo no pagarles lo que les corresponde.
El Tribunal de Impugnación de la ciudad de Neuquén falló a favor de la apelación presentada por el representante legal del intendente Quiroga, ante el archivo de la causa que pretendía abrir contra las trabajadoras municipales que reclaman su reincorporación.
El viernes realizaron una conferencia de prensa en las puertas de la Municipalidad donde informaron sobre las acciones a seguir para rechazar este fallo.
Los obreros madereros despedidos y sus familias, junto a obreros ceramistas, trabajadores textiles, estudiantes y organizaciones sociales, que bloquean los accesos a las plantas de la empresa MAM, fueron notificados por la fiscal Valeria Panozzo que serán desalojados por el personal policial que se encuentra en el lugar. El conflicto ya lleva 14 meses sin respuestas de parte de los empresarios Bergese ni del gobierno provincial de Omar Gutiérrez.
Natalia Hormazabal, abogada de los obreros madereros declaró: «hace 14 meses que hay 22 familias en la calle, que fueron echadas en forma ilegal y sin indemnización. Se está usando la fuerza policial para cuidar la empresa y la única respuesta hasta ahora por parte del gobierno y la justicia es reprimir y judicializar a los obreros. Hacemos responsables al gobierno provincial de la integridad física de los obreros y sus familias. No queremos un nuevo 8 de diciembre cuando desalojaron violentamente a los obreros que permanecían en resguardo de su fuente de trabajo e hirieron a decenas de trabajadores con balas de goma y dispararon por la espalda al diputado Raúl Godoy «.
Dentro de este panorama judicial negativo para los trabajadores neuquinos una buena noticia. La Justicia falló en favor de seis trabajadores municipales de San Martín de los Andes, frenando el intento del gobierno municipal en manos del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de criminalizar la actividad sindical y debilitar la legalidad del convenio colectivo del sector.
Fuentes: Noticias Argentinas (NA), Aporrea, Clarín, Tiempo Argentino, Anred, marcha.org.ar, Red Eco Alternativo, APU, La Izquierda Diario, Argentina Indymedia, www.metafm.com.ar, www.elciudadanoweb.com, www.baenegocios.com, La Nación.
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