El fenómeno de la corrupción política ligada a la depredación-especulación con el territorio y sus vínculos con grupos de intereses conectados con la criminalidad organizada transnacional o las tradicionales mafias es una evidencia que ya pocos se atreven a negar. Más aún si escogemos como muestra la Costa del Sol, tras las operaciones judiciales Malaya, […]
El fenómeno de la corrupción política ligada a la depredación-especulación con el territorio y sus vínculos con grupos de intereses conectados con la criminalidad organizada transnacional o las tradicionales mafias es una evidencia que ya pocos se atreven a negar. Más aún si escogemos como muestra la Costa del Sol, tras las operaciones judiciales Malaya, Ballena Blanca, Astapa, Hidalgo y sus respectivas réplicas mediáticas, con una cuantiosa difusión de contenidos en todos los soportes. Numeroso material publicado que sobredimensiona la espectacularidad de estos acontecimientos al orquestar una estrategia de manipulación masiva que soslaya el abordaje en profundidad de los graves episodios de degradación democrática tan perniciosos para el interés general. Lejos de potenciar un debate social en torno al modelo democrático, la financiación de las administraciones, la planificación territorial, el modelo económico o la regulación normativa de aspectos clave como el urbanismo, la vivienda o el control de los cargos públicos, los medios han actuado como plataforma títere provocando el asombro y la indignación ciudadana pero sin canalizar estos estados como germen para un proceso de transformación del que, aunque los medios de comunicación sociales -importante este último atributo- no son los únicos responsables, sí que tienen una parcela potencial de actuación privilegiada y determinante.
Más allá de los alcaldes y concejales esposados en el vaivén desde el juzgado al coche patrulla, los «Miró» del váter de Roca, las cuadras de pura sangre o los líos de Julián Muñoz… ¿Qué queda en el imaginario colectivo, en el acervo cultural de las dos décadas de la corrupción impulsada por los distintos grupos independientes en Marbella y la Costa del Sol? Espectacularización y desvío de la atención sobre la culpabilidad de otras instituciones: gobiernos autonómicos, estatal, poder judicial… que aparecen como salvadores pero que se han mantenido durante años, a pesar de las evidencias, en una pasividad cómplice, son algunas pruebas de las mediaciones indeseadas impulsadas por el tratamiento generalizado del fenómeno corrupto.
Y como la maquinaria de intereses de nuestra sociedad neoliberal no puede detenerse, incluso a las evidencias a las que aludía al inicio, se las tiñe de nebulosas y ya vuelven a proliferar la voces negacionistas sobre la implantación del crimen organizado, aquellos que se apresuran a pasar página para inaugurar nuevos tiempos, o cabría matizar, nuevas oportunidades. Y en este terreno los medios de comunicación retoman su carácter de arietes, al erigirse como herramientas fundamentales para la infiltración social de nuevas operaciones indeseables. En este sentido, cabe mencionar la aprobación esta misma semana en sede del gobierno andaluz del nuevo PGOU para Marbella, en el que se legaliza de facto la corrupción con el visto bueno a 30.000 viviendas ilegales, muchas de ellas forjadas a golpe de lavadora con capitales procedentes de actividades ilícitas, principalmente del tráfico de drogas, los datos oficiales atestiguan que el 76% de la cuantiosa inversión extranjera en el sector inmobiliario de la Costa del Sol procede de tres paraísos fiscales: Luxemburgo, Gibraltar y las Antillas Holandesas. No se precisan más interpretaciones.
Otro ejemplo claro lo encontramos en el nacimiento de una nueva alianza y el fortalecimiento de un nuevo ‘padrino’ local en Marbella: Tomás Olivo, un personaje que se halla imputado en la Operación Malaya acusado de pagar más de 2,5 millones al tejedor del urbanismo local, Juan Antonio Roca, a cambio de licencias y permutas de inmuebles y que también está salpicado por delitos fiscales de alcance millonario. Es el propietario de General de Galería Comerciales, sociedad que participa en medio centenar de centros comerciales en España, tiene intereses en complejos turísticos en República Dominicana en los que se investigan prácticas irregulares de ‘ida y vuelta’, tanto con el gobierno dominicano como con las plusvalías del urbanismo corrupto de la Costa. En definitiva, este personaje es el principal beneficiado de los cambios en el dibujo del PGOU introducidos por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP): se le ha legalizado su macrocentro comercial en Marbella y bendecido una nueva fase ya semiconstruida que ha estado paralizada por mandato judicial durante varios años. No contento, la última jugada ha sido la concesión de una licencia o, más bien una patente de corso, para demoler uno de los últimos edificios históricos de Marbella, la Casa Sindical, que durante las últimas décadas acogió la emisora local de RNE, y promover un bloque de 6 plantas. Un pelotazo en toda regla que se agrava si nos atenemos a que el edificio gozaba en el PGOU aprobado inicialmente de la calificación de uso público. Sin embargo, la mano del Partido Popular ha propiciado que, contraviniendo el mapa urbanístico que este mismo partido había aprobado, se tome el atajo de conceder una licencia amparándose en la calificación del edificio en un PGOU de hace 24 años, el de 1986.
Y otra vez aquí la generalidad de los medios de comunicación comienzan a imponer su omertá de prensa, ya semanas antes Olivo y la alcaldesa coparon protagonismo en el corte de cinta de la nueva tienda de una multinacional británica en el centro comercial de su propiedad. Comenzaba así la normalización del imputado, el rocío con el hisopo institucional, el bautizo del ‘capo’ en respetable hombre de negocios y su vida nueva como benefactor de Marbella, generador de empleos y riqueza.
Aunque las cotas más altas se han alcanzado con el caso de la Casa Sindical, un edificio de titularidad estatal que el último gobierno de Aznar y el primero de ZP pusieron en bandeja a Olivo, que lo adquirió en subasta pública por 17,5 millones de euros. Tras la reciente protesta cívica en la que participaron pidiendo su uso público Izquierda Unida, colectivos ecologistas, vecinales y sociales, la cabecera de Vocento en Málaga, el diario Sur, por poner un ejemplo palmario, titula: «Olivo invertirá cuatro millones para levantar un bloque sobre el solar de la casona sindical». Una noticia que se ‘contraprogramaba’ para silenciar el eco mediático de la protesta y que tras su aparente carácter informativo-objetivo encierra tres malintencionados sesgos manipulativos:
- Olivo es catalogado como empresario, en ningún momento se habla de sus imputaciones e implicaciones corruptas, ni en el titular, ni en el cuerpo que sigue.
- Se destaca su carácter de inversor, como generador de riqueza y hombre de valiente actitud en época de crisis. Un benefactor que va a sacar al pueblo del paro y la incertidumbre. Nadie cuestiona la procedencia de esos cuatro millones, ni los casi 18 de la compra del inmueble, ni el daño al patrimonio local y la pérdida de un nuevo equipamiento tras dos décadas de saqueo en Marbella.
- El edifico se construirá sobre un solar, el titular nos ahorra el sufrimiento de contemplar como el último edifico histórico de la avenida más céntrica de Marbella es demolido para que se eleve una mole y, directamente, anticipa el solar de autos.
Las inversiones millonarias del centro comercial de su propiedad en los medios, los vasallajes políticos, los intereses oscuros ocultos… En definitiva, los medios elevados a la categoría de altavoces de grupos de intereses particulares y opacos conectados con la criminalidad internacional. Una omertá de prensa, que, incluso, se perfecciona en negativo, pues la complicidad avanza, tornándose en proactiva.
Miguel Díaz, periodista y coautor de «Costa Nostra. Las mafias en la Costa del Sol«.
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