Pablo González, detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia mientras informaba de la crisis humanitaria en la frontera entre dicho territorio y Ucrania tras la invasión rusa, lleva más de año y medio encarcelado de manera preventiva, bajo la acusación de espionaje para los servicios de inteligencia de Rusia.
Todavía no se ha presentado ninguna prueba contra él, suponiendo que, en caso de que existiera alguna, ya se hubiera publicitado.
Nieto de uno de los denominados «niños de la guerra» -aquellos miles que tuvieron que exiliarse a Rusia durante la Guerra Civil española-, nació en Moscú en 1982 y allí vivió hasta los nueve años. En su registro de nacimiento figura como Pavel Alekseevich Rubtsov, nombre ruso y apellido paterno. Tras el divorcio de sus padres, se trasladó, junto a su madre española, a vivir en España.
Ya en el estado español, su madre lo inscribió en el Registro Civil como Pablo -nombre españolizado-, y los apellidos maternos: González Yagüe. Tras residir en Barcelona unos años, se trasladó a Nabarniz, un pequeño pueblo del País Vasco, donde reside con su mujer y sus tres hijos.
Pablo González, licenciado en filología eslava y máster de estudios estratégicos y seguridad internacional, es especialista en el mundo postsoviético, tiene pasaporte español y ruso, y ha colaborado periódicamente como reportero freelance en medios como la Sexta TV, los periódicos Público y Gara, o las agencias EFE o Voice of America English News.
En febrero de 2022, mientras realizaba un directo para la Sexta en un pueblo de Ucrania con militares de fondo, estos borraron su material, le obligaron a abandonar la zona y fotografiaron su pasaporte. Esa misma noche, el Servicio de Inteligencia Ucraniano le comunicó que debía presentarse en sus oficinas en Kiev, donde fue interrogado, acusado de ser un espía ruso y conminado a abandonar el país.
Tras presentarse en el consulado español en Kief para dar cuenta de lo sucedido, Pablo regresó a su domicilio en Vizcaya y, al no volver a tener noticias al respecto, decidió volver a Polonia para continuar con su labor periodística e informar sobre el éxodo de los ucranianos refugiados en la frontera. Pero el 28 de febrero, de madrugada, volvió a ser detenido por la policía polonesa en su hotel de Przemysl, pequeña ciudad fronteriza. Hay que tener en cuenta que la Open Society de George Soros, que publicita una lista de periodistas prorrusos, lo incluyó en ella.
Al iniciarse su interrogatorio, González llamó a su mujer, Oihana Goiriena, para pedirle que se pusiera en contacto con su abogado, Gonzalo Boye. 48 horas después de su detención, continuaba aislado, incomunicado y sin asistencia ni protección consular. El abogado contactó con la embajada española en Polonia para pedir que se cumpliesen los derechos que se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin resultado satisfactorio.
A los pocos días, el 3 de marzo, un tribunal decretó prisión provisional para Pablo hasta el 29 de mayo, acusado de un delito de espionaje que, según la legislación de Polonia, puede conllevar hasta diez años de cárcel.
Durante su primer mes en prisión, González recibió dos visitas del cónsul de España en Varsovia, que informó a su abogado de que estaba incomunicado y aislado, pero con buen ánimo, y que no sabía de qué se le acusaba.
El gobierno español, en respuesta parlamenta a Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, argumentó que la fiscalía polaca había ordenado mantener en secreto las acusaciones, descartando elevar una queja formal a Polonia. Una auténtica vergüenza.
Las autoridades polacas han impedido que su abogado español pueda ser incluido en su equipo de defensa, y Pablo ha tenido que recurrir a un abogado polaco, mientras permanece en su celda 23 horas al día, sin poder comunicarse con el exterior. Solamente puede ver la luz diurna durante la hora que le dejan salir al patio, esposado.
Tras los primeros 200 días de su encarcelamiento, Pablo presentó un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que su situación supone una violación de la Convención de Derechos Humanos, que el proceso judicial que se había abierto contra él no está teniendo las garantías de justicia mínimas y que su aislamiento es total al no haber podido ni recibir visitas ni llamadas de su familia, además de los humillantes cacheos a que le someten, desnudo.
El ministro de Asuntos Exteriores español, ante una pregunta parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco, pidió a Polonia la realización de «un juicio público para González lo antes posible», asegurando que el Gobierno ha llevado a cabo «múltiples gestiones» para que se respeten sus derechos.
El 21 de noviembre del pasado año, tras casi nueve meses desde su entrada en prisión, Pablo recibió por fin la visita de Oihana, su pareja, en la prisión polaca de Radom. «Estoy viviendo todo esto con muchos altibajos, donde hay momentos que se llevan mejor y otros de absoluta desesperación ante la incertidumbre por no saber nada… A la vez siento mucho apoyo de la familia, las amistades y del grupo que se ha formado para ayudarme», había declarado anteriormente.
En marzo de 2023, Gonzalo Boye consiguió ser reconocido como abogado de Pablo González y, en junio, éste recibió la segunda visita de su pareja, de su hijo mayor y de su madre. Fueron las dos únicas visitas autorizadas en año y medio. «Lo noté más desanimado al ver que todo sigue igual, que no puede ni realizar una llamada telefónica con sus hijos (el contacto que mantienen es por carta, las cuales tardan varios meses), y que se siente abandonado teniendo que escuchar por boca del ministro español, que las acusaciones contra él son cargos muy graves, faltando a su presunción de inocencia», afirmaba su mujer. «Solo pido que se realicen las gestiones diplomáticas necesarias para poder tener una comunicación directa, con visitas regulares y llamadas telefónicas».
«No tenemos conocimiento de un caso similar en la Unión Europea», afirman en la sección española de Reporteros Sin Fronteras. Son ya más de dieciocho los meses en prisión preventiva en régimen de aislamiento, a la espera de un juicio aún sin fijar, tras las reiteradas decisiones del tribunal de prolongar su detención, a pesar de no haber constancia pública de pruebas presentadas que sustenten los hechos de los que se le acusa a González.
Ya antes de la guerra en Ucrania, la confianza en la separación de poderes en Polonia estaba seriamente cuestionada por la voluntad del gobierno ultraderechista de acabar con la independencia judicial, por lo que la fiabilidad y credibilidad del gobierno polaco es escasa.
Desde el grupo de apoyo #FreePabloGonzález critican que los grandes medios de comunicación hayan pasado muy de puntillas por el caso, principalmente debido a la ideología de Pablo, una persona de izquierdas. El hecho de haber nacido en Rusia, vivir en el País Vasco y escribir para Gara, un periódico que sostiene posturas independentistas, condiciona su caso ante la opinión pública. También aseguran que, desde el propio Ministerio de Exteriores, «ha habido presiones a los medios para que no se hable mucho de ello». «A día de hoy seguimos sin saber cuáles son las gestiones que dice el ministro Albares que se han realizado». La falta de presión ministerial para facilitar las visitas y la comunicación con González es más que decepcionante. Si hubiera alguna prueba contra él, ya la tendrían que haber puesto sobre la mesa.
El equipo de defensa de González ha recurrido las, hasta ahora, seis decisiones de prolongar su detención preventiva cada tres meses. Ante una pregunta parlamentaria de la eurodiputada Idoia Villanueva (Podemos-The Left), la Comisión Europea ha recomendado a Polonia que el periodista, en espera de juicio, sea trasladado a España. En la legislación polaca no está establecido el plazo máximo de detención preventiva, un aspecto claramente antidemocrático. Su abogado piensa que «las autoridades polacas se han equivocado pensando que tenían un espía y ahora no saben cómo solucionarlo. Pablo podría haber sido una voz incómoda, ya que es experto en el espacio postsoviético. No les interesa que estuviera allí informando de lo que sucedía».
El Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas concedieron a González el Premio José María Portell a la Libertad de Expresión y la Unió de Periodistes Valencians el de Llibertat d’Expressió.
Para actualizar la información sobre la detención de Pablo González y difundirla:
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