Padre padrone es una película italiana de 1977 dirigida por los hermanos Taviani. Está basada en la novela homónima de Gavino Ledda.
En la Cerdeña profunda de los años 1940, el pequeño Gavino no puede ir a la escuela más que dos meses anualmente; el resto del año, debe ayudar a su padre a guardar los animales. Crece así en el aislamiento, lejos de la sociedad humana. Es gracias al servicio militar a la edad de 21 años que puede escapar a la influencia de su padre. Aprender a leer es una revelación para el (se hará lingüista), y al dejar el ejército, rechaza la relación de casi esclavitud impuesta por su padre.
Argumento similar al pensamiento del maestro de Javier Milei, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
Alberto «Bertie» Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza admitió no estar de acuerdo con la obligatoriedad de la educación, y llamó a «no adoptar falsas soluciones que caen en absolutismos».
«Libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo».Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor», lanzó el legislador en diálogo con radio FM Milenium 106.7.
«Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad», expresó además.
Ratificaron el paro universitario y convocaron a una gran marcha federal
Las y los docentes de las universidades nacionales ratificaron este lunes el paro nacional de 48 horas para el miércoles y jueves, en defensa del salario y del presupuesto del sector, y redoblaron la apuesta con una convocatoria a una “gran marcha federal universitaria” para el 25 próximo.
“La situación crítica –en lo salarial y en lo presupuestario– de las Universidades Nacionales y del Sistema Público de Ciencia y Tecnología provocada por el Gobierno de Milei, el ataque general que el partido de gobierno realiza a la educación equiparándola con el adoctrinamiento y la reciente declaración de uno de sus principales referentes –Benegas Lynch– que reclama libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria, plantean la necesidad de una respuesta en unidad: unidad para defender la Universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Por ello, convocamos a una gran marcha federal universitaria para el día 25 de abril”, anuncia un comunicado difundido por los sindicatos del sector.
“Ratificamos conjuntamente las 48 horas de lucha y visibilización de los días 10 y 11 de abril en todo el país”, añade el texto, enviado por la Conadu Histórica, en referencia al paro que los trabajadores universitarios realizarán este miércoles y jueves en todo el país.
“Defendamos la Universidad pública; defendamos los salarios docentes, no docentes y de investigadores; defendamos las becas, el boleto educativo y aquellas condiciones que hacen posible para la mayoría del estudiantado sostenerse dentro de la Universidad. Reincorporación ya de los despedidos en el Estado”, concluye el comunicado, que firman la CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FACDUT (de la UTN), CTERA, FATUN y FUA.
La situación de las universidades
Con una inflación interanual de 287%, las universidades deben funcionar con el Presupuesto 2023 prorrogado, dado que el presupuesto 2024 nunca se aprobó en el Congreso, lo que hace prever que, en algunas casas de estudio, las clases estén garantizadas solo hasta mayo.
De las partidas que las universidades reciben cada mes, cerca de un 90% se destina al pago de salarios, y solo un exiguo 10% queda para hacer frente a los gastos de funcionamiento, incluidas las desreguladas y temidas tarifas de servicios públicos que ya azotan también a la población en general.
Paro nacional y banderazo
El jueves pasado la docencia universitaria y preuniversitaria nucleada en CONADU Histórica realizó un paro nacional de 24 horas confluyendo con la medida de fuerza del resto de los niveles educativos impulsada por CTERA, que se concretó con actos, movilizaciones, clases públicas y otras actividades de visibilización de las demandas.
En aquella oportunidad, en las escalinatas de la Facultad de Medicina de la UBA se realizó un banderazo en defensa de la Ciencia y la Universidad Pública convocado por AGD UBA, CONADU Histórica, ATE CONICET, FEDUBA y CONADU.
Las universidades ya muestran los primeros síntomas del colapso
Por Pablo Esteban
La situación de las universidades nacionales es crítica: con el mismo presupuesto que en 2023 y con una inflación interanual que supera el 270 %, el dinero disponible solo alcanzará para mayo o junio. Al menos, así lo han dejado entrever diversas autoridades en el último tiempo. Sin embargo, las primeras alarmas ya están encendidas: este lunes, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) informó que, por falta de fondos, deberá dejar de pagar servicios básicos de funcionamiento como limpieza, luz y gas correspondientes a marzo. De hecho, hay rectores que afirman que, en estas condiciones, el inicio del segundo cuatrimestre podría estar en riesgo. De concretarse, la parálisis podría dejar a 300.000 trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2,5 millones de alumnos en un limbo, sin chances de continuar con sus carreras. En paralelo, legisladores afines buscan discutir un Proyecto de ley de emergencia con el objetivo de asegurar la supervivencia en medio de la crisis. El Frente Sindical de Universidades Nacionales y la FUA convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el jueves 25 de abril.
Beatriz Gentile, rectora de la UNCo, señala lo siguiente: “Están llegando las boletas de las tarifas de febrero. Si bien técnicamente no estamos en cesación de pagos porque nos faltan conocer algunos importes que todavía no tenemos en nuestro poder, es muy probable que sí lo estemos. Por lo que ya estamos previendo, no estamos en condiciones de pagar todos los servicios si no tenemos el refuerzo prometido”. El gobierno de Javier Milei había prometido un incremento de un 70 % para los gastos de funcionamiento, pero hasta el momento ese dinero no fue recibido por las instituciones. En esta línea, aunque solo representa un aumento en el 5 % del presupuesto total (ya que la enorme mayoría se destina a salarios), aún no fue acreditado por las casas de educación superior.
Si, en el mejor de los casos, las universidades no cierran en lo sucesivo, el hecho de ajustarlas de manera que solo puedan funcionar al mínimo de sus posibilidades impacta de manera directa en su presente y las perspectivas futuras. “Si tomamos el servicio de la luz, solo para las unidades académicas que están en Neuquén Capital más una tarifa de agua rionegrina, ya tenemos el 40 % de los gastos totales de nuestro presupuesto de funcionamiento. Hay que pensar que la UNCo está presente en otras ocho localidades”, explica la rectora.
La información que refería a la situación que afronta la Universidad Nacional de Comahue, originalmente, fue compartida durante el fin de semana por la cuenta defensa.unco, de la que participan docentes, no docentes y estudiantes de la institución. “Llegó ese triste día que no queríamos que llegara. Nuestra querida Universidad Nacional del Comahue ya entró en la etapa de cesación de pagos. Por favor, no miremos para otro lado. No seamos parte de la generación que deje morir a la universidad pública”. En otro pasaje, el posteo sigue: “Se verá afectado, por ejemplo, el servicio de limpieza, intensificándose la reducción de turnos, quedando establecida la prioridad solo para aulas y baños. Se suspenderán servicios de telefonía, y no habrá manera de poder pagar la próxima factura de luz y menos la del gas cuando venga el frio”.
En la misma línea a lo que menciona Gentile y a la UNQ, otras instituciones ya racionalizan el uso del papel higiénico como la Universidad Nacional de Rosario. Desde la UBA, advirtieron que ya corren serio riesgo de interrupción las actividades de los hospitales universitarios, a los que en muchos casos se van a atender y realizar tratamientos pacientes sin obra social.
Esta situación se suma a otras que se dieron a comienzos de la cursada cuando algunas instituciones de educación superior debieron notificar que se recortaría la oferta de materias que los estudiantes podrían elegir para cursar, ante la imposibilidad de poder pagar asignaturas extra. También hay casos en que se debieron cortar los programas de becas de ayuda para aquellos alumnos que necesitan, así como la suspensión de actividades de investigación y extensión.
Resistencia activa
Los próximos 10 y 11 de abril gremios docentes realizarán 48 horas de paro. Además de la falta de presupuesto para gastos de funcionamiento, el otro tema se vincula con las paritarias: a pesar de una inflación del orden del 70%, los incrementos salariales ofrecidos durante el 2024 suman tan solo el 18 % (de los cuales el 6 % había sido pactado durante la gestión anterior).
Desde espacios concretos como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por ejemplo, organizan clases públicas, banderazos y cacerolazos para difundir una situación crítica que deja a las universidades al borde del abismo. Va en línea con el spot que hacia fines del mes pasado compartieron desde la Universidad de Buenos Aires con la leyenda “Cuidemos lo que funciona”. Algo similar a lo que sucedió con el festival Elijo crecer: Ciencia x Argentina, que durante sábado y domingo, en más de 100 ciudades distintas, los científicos y universitarios se reunieron en plazas y espacios públicos para compartir con la sociedad lo importante que es apoyar la continuidad de los sitios de producción de conocimientos.
Más allá de las movilizaciones que se realizan desde meses atrás, el gobierno redobla la apuesta y responde a la resistencia con más motosierra. Desde la secretaría de Educación se canceló el envío de fondos al Centro Regional UNLP Espacio ex ESMA de Memoria y DD HH por ser considerado un “centro de adoctrinamiento ideológico”, en donde se cursan carreras como periodismo deportivo y otras de arte. Va en línea con el ejercicio de penar el adoctrinamiento en los colegios que el actual gobierno impulsa. Frente a ello, la Agrupación Rodolfo Walsh denunció mediante redes sociales: «Ante el ataque directo del Gobierno de Javier Milei a nuestra casa de estudios, en este caso en la extensión en la Casa de la Militancia – H.I.J.O.S., dentro del predio del Espacio Memoria, nos organizamos y seguimos defendiendo nuestro derecho a estudiar ahí».
Entre la resistencia y las cancelaciones que efectúa el gobierno, emerge un proyecto legislativo propuesto por la diputada radical Danya Tavela. El texto declara la emergencia presupuestaria y, a través de esta situación, indica que el 85 % del presupuesto anual debe destinarse a salarios y el resto para gastos de funcionamiento. Los montos, según la iniciativa, deberían actualizarse cada dos meses a partir de indicadores como el índice general de precios al consumidor, la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos.
Los aportes no se detienen
Desprestigian a las universidades -posiblemente las instituciones con mayor legitimidad social en el país- para justificar el ajuste. De hecho, a pesar de la crisis, continúan dando respuestas. Es el caso reciente de la Universidad Nacional del Chaco Austral que, ante el brote de dengue, incrementó su producción de repelentes en 4.000 unidades diarias para comercializarlos a precios accesibles y de manera gratuita según los casos. Un papel que va en consonancia al que desempeñaron otras durante la pandemia de COVID, al montar centros de diagnóstico y desarrollar kits autóctonos ante la imposibilidad de importarlos.
Las universidades, una vez más, sortean el juego de la oferta y la demanda, y brindan respuestas de calidad para proteger a la población. Algo que la mano invisible del mercado que tanto pondera este gobierno jamás garantiza.
Banderazo en la UBA por el presupuesto universitario
En el marco del paro nacional docente de todos los niveles y bajo la consigna «Paremos la motosierra en la UBA», el jueves pasado se realizó un paro activo con acciones en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires. La jornada fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) de la CTA de los Trabajadores, participaron otros sindicatos, como la Asociación Gremial Docente (AGD) y agrupaciones políticas. La recomposición del poder adquisitivo a través de paritarias libres y la aprobación de un presupuesto actualizado fueron los principales reclamos.
La jornada comenzó a las 7:00 con clases públicas en las escalinatas de la Facultad de Derecho, y continuó con la movilización al Congreso convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) en defensa de los jubilados y jubiladas docentes, que fue reprimida con gases lacrimógenos por parte de la Policía de la Cuidad.
A las 13:30 se realizó un banderazo en la puerta de la Facultad de Medicina, frente a la Plaza Houssay, que tuvo una numerosa convocatoria. «Desbordó las expectativas», afirmó Pablo Perazzi, secretario general del Sindicato de Docentes de la UBA (Feduba) que integra la Conadu, quien destacó la presencia de la mayor parte de las representaciones sindicales del gremio universitario.»Se terminó cortando de hecho la calle Paraguay, y nuevamente mandaron a fuerzas de la Policía de la Ciudad, algo absolutamente innecesario», agregó el dirigente.
Posteriormente se realizó una afichada y volanteada en la Facultad de Agronomía, y una reunión abierta Inter claustro en una de las sedes de Psicología, ubicada sobre la Avenida Independencia.
La jornada culminó en la Facultad de Ciencias Sociales del barrio de Constitución, donde se realizó un nuevo banderazo, del que participaron tanto la Conadu como el sindicato AGD y diversas agrupaciones políticas de la facultad, entre las cuales estuvieron La Mella (Frente Patria Grande), La Cámpora, Emergente, la UES y el Partido Obrero.
«Si el presupuesto no está, que quilombo que se va a armar» fue el principal canto en el banderazo, entre los bombos con platillo, las palmas y las banderas. Tampoco faltaron las pancartas en reclamo por el «Boleto educativo nacional ya», por un paro general y en solidaridad con los despedidos en el INCAA y otras áreas del Estado. La serie de actividades concluyó con una mesa-debate llamada «A 48 años del golpe, la democracia amenazada», organizada por la carrera de Sociología de la facultad.
La preocupación por el futuro universitario que genera el ahogo presupuestario estuvo presente en los discursos que se escucharon durante toda la jornada. «Más allá de mayo no se van a poder seguir teniendo las aulas abiertas, no se van a poder comprar los insumos para la investigación, ni aplicando los proyectos de extensión, que son muy importantes», dijo Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA.
También la abrupta caída del poder adquisitivo de los salarios docentes está entre las principales urgencias. «Nuestros salarios están por debajo de la línea de pobreza»,remarcó Celotto, quien subrayó que el problema afecta tanto a docentes como a no docentes. «Si no hay un aumento presupuestario que contemple este aumento salarial, no se va a poder seguir trabajando», planteó la dirigente, y subrayó la situación de los miles de docentes ad honorem de la UBA, para quienes exigió que «puedan cobrar por dar clase, por investigar y por hacer extensión».
Por su parte, Perazzi destacó la continuidad del plan de lucha universitario.»Estamos yendo hacia una gran marcha federal a fines de mes, como universitarios o con los tres niveles educativos en caso de que la Ctera decida convocar a un paro», sostuvo y resaltó la necesidad de que, en la próxima reunión del confederal de la CGT, se anuncie una marcha o un paro general. «Es lo que estamos esperando todos los trabajadores de este país», aseguró.
Respecto de las conversaciones con el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno, se mostró escéptico de que puedan traer avances. “Son diálogos de locos, porque te dicen una cosa que después es vetada o por Sandra Pettovello o por Luis Caputo”, afirmó Perazzi. “La única realidad es que el presupuesto sigue siendo el de 2023, con una inflación de 280 %, y algunos anuncios erráticos de inyección presupuestaria, que hasta que no aparezcan en el Boletín Oficial o en alguna resolución ministerial no podemos darlos por hechos”, concluyó.
CTERA exigió que se renegocien las paritarias
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizó un paro nacional docente el jueves pasado, tras haberlo anunciado el martes a última hora. La medida de fuerza buscó que se renegocie la paritaria y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el cual fue eliminado en la actual gestión de Javier Milei.
Las autoridades gremiales exigen que el salario inicial sea de $450.000, pero la oferta desde el Gobierno que fue presentada es de $325.000.
Asimismo, para la CTERA, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, “el FONID es un derecho que conseguimos en 1998 y que no puede eliminarse por decreto porque es una ley votada por amplísima mayoría”, y advirtieron que esta decisión “agrava aún más la situación salarial de la docencia, ya que significa entre un 10% y 20% de rebaja salarial, además de afectar los presupuestos educativos de las provincias”.
Al mismo tiempo, este gremio docente reclamó por “la urgente convocatoria” a la paritaria, “la restitución de un piso salarial a nivel nacional, el envío de fondos para los programas nacionales, el aumento urgente para los haberes de docentes jubilados, y el envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales”.
El comunicado difundido a última hora de la noche del martes 2 manifiesta su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras estatales” y sostuvieron que el Protocolo de Seguridad encabezado por la ministra de esa cartera, Patricia Bullrich, “criminaliza la protesta social”.
Con este paro, los distintos actos en las diferentes provincias buscan “acciones para visibilizar la grave situación educativa”.
“Este paro nacional es la continuidad del Plan de Acción que CTERA votó por unanimidad, contra el ajuste a la educación pública, por la restitución del FONID, la convocatoria a la paritaria nacional docente y la urgente recomposición salarial para nuestras jubiladas y nuestros jubilados”, realza el comunicado.
Santa Fe: “La paritaria docente provincial debe contemplar los recortes nacionales”
En la mañana del jueves 4, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, brindó una conferencia de prensa en la sede Castellanos que tiene el gremio sobre Bv. Lehmann al 300, en la ciudad de Rafaela. El encuentro sirvió para hablar de la actualidad del sector docente, así como también del paro a nivel nacional, convocado por la CTERA (al que el sindicato provincial se plegó), en reclamo por las medidas que tomó el gobierno nacional para con el magisterio.
“A tres meses, no hemos podido conseguir una resolución favorable”, dijo Adrián Oesquer, secretario general de AMSAFE Departamento Castellanos. “Esto se ve agravado por la situación nacional, que desde diciembre viene produciendo recortes. Por eso también hay reclamos de la CTERA, con un paro que se plantea a nivel nacional para el día de hoy”, agregó. “Es que, ante esta situación, el docente además de no recibir aumentos salariales ha recibido una quita de su salario, entre un 10, un 13 y hasta un 20 %”.
“La paritaria provincial tiene muchas cuestiones específicas que se discuten, pero en esta oportunidad, también tiene una incidencia nacional. En especial, cuando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) se deja de percibir y cualquier propuesta recibida de la provincia, terminó siendo una rebaja en nuestro salario, porque hay una pérdida de $28.400 pesos por cargo y proporcional en las horas cátedra por cada docente y cuando la propuesta es de hasta 27.000 pesos, indudablemente hay una rebaja”, dijo Alonso.
“Llevamos adelante esta jornada de paro nacional, dándole continuidad a un plan de lucha. Y tiene que ver contra la implementación de políticas que van a contramano de los intereses que tenemos los docentes y la escuela pública. Hay una decisión pública nacional de no enviar fondos públicos a la provincia. En Santa Fe, son 3.000 millones que no se envían por el FONID. Tampoco envían los recursos para las cajas de jubilaciones de las provincias y se pone en discusión el sistema jubilatorio. Tampoco hay convocatoria a la paritaria nacional docente. Hoy el piso salarial de un docente es de $250.000. Está en la línea de la indigencia”, agregó Alonso. También recordó que este 4 de abril se dio el asesinato en Neuquén de Carlos Fuentealba, también en reclamo por mejores condiciones de trabajo.
“Algunos docentes, entre el FONID y la hora 25, cobran unos $100.000 menos. En consecuencia, la propuesta que presente el gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que contemplar esta situación que estamos atravesando los docentes. Y también con las condiciones de trabajo: nos hubiera gustado que en las reuniones paritarias surgieran propuestas para mejorarlas. Pero no hubo nada de infraestructura, de creación de horas cátedras, de material didáctico, en formación gratuita para los docentes, de discusión del modelo educativo…”, completó.
Se le preguntó respecto de la crítica realizada por el gobierno nacional respecto del ausentismo. “No hubo una sola reunión para analizar el ausentismo. Lo que sí hubo fue una comunicación del gobierno de la Provincia, en donde no se muestran todos los datos. Se dicen que se tomaron 11.000 días por cuidado de familiar a cargo. ¿Por qué en ese informe no se habla de que hay 70.000 docentes en la Provincia? En consecuencia, durante el 2023, menos del 20% de los docentes tomaron un día por esa licencia. Entonces ¿hubo un abuso?”, se preguntó y dejó entrever que la propuesta final será la reinstalación del Presentismo.
Por otra parte, se confirmó durante la mañana que los gremios docentes AMSAFE y SADOP fueron convocados a una nueva reunión de paritaria a realizarse el lunes 8 de abril, a las 10:00, en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
Paro nacional de CTERA y concentración del SUTE en la Legislatura de Mendoza
El miércoles 3 se reanudaron las paritarias estatales en la provincia, los primeros en ser citados fue el SUTE que recibió la propuesta de un aumento del 10% en abril, 10% en mayo y 10% en junio. El SUTE rechazó la oferta y adhirió al paro nacional convocado por CTERA. El miércoles 10 de abril volverán a reunirse.
A diferencia del paro nacional del 27 de febrero, y, a pesar del nulo impulso de la conducción del sindicato, el paro se debatió en muchas escuelas por asambleas espontáneas o grupos de WhatsApp y, aunque dispar, hubo acatamiento.
La propuesta engañosa de un 30% de aumento escalonado en 3 meses significa un aumento de 0% ya que “los 3 tramos son absorbidos por la Cláusula Garantía”, tal como denunció a través de sus redes Lautaro Jiménez ex Senador provincial y referente del FIT-U en la provincia. Además, comparó los sueldos de un docente inicial con el sueldo de un legislador provincial.
A los bajos salarios, la situación lamentable de muchas escuelas, la situación social de miseria generalizada de los y las estudiantes que asisten a las escuelas, se le suma los recortes salariales que sufrieron las y los trabajadores de la educación en febrero por la caída del FONID, a pesar de que el gobierno provincial se había comprometido a absorber ese gasto.
Movilización en CABA
En CABA la movilización comenzó a las 10:30 y finalizó en el Congreso de la Nación con represión. Además, el Gobierno nacional anunció que descontará el día a todos aquellos trabajadores que se adhirieron al paro. Sin embargo, el paro se hizo sentir.
Resisten el cierre de cursos en el Colegio N°8 “Julio A. Roca”
El Gobierno de Jorge Macri cierra la tercera división del tercer año del turno tarde, con el aval de la Dirección de Escuelas Medias y la supervisión escolar.
“Las inscripciones subieron notoriamente, pero el curso igual se cerró. Se demostró que el problema no es de matrícula, sino de presupuesto, como finalmente respondió la Dirección de Escuelas Medias del Gobierno de la Ciudad, sin importarles que en nuestro colegio hay decenas de chicos y chicas con problemáticas complejas que requieren apoyo especial y lo último que necesita, es el cierre de cursos, menos aún en 3° año, donde existe una gran demanda de ingreso a nuestra institución por parte del alumnado del CBO 3 y de la Escuela de Integración N°10 DE 10. No parece importarles que alrededor del 10% de la matrícula de nuestra escuela está compuesta por estudiantes con dispositivos de inclusión”, así dice la carta abierta escrita entre docentes y estudiantes que hicieron circular en estos días para difundir su reclamo.
Al igual que en otros colegios de media, como el Nicolás Avellaneda, el BOA Nº1, el BOA Nº4, el Juan José Paso, el Comercial N°9, entre otros, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene cerrando cursos. El contexto social y económico bajo el gobierno de Milei no es menor: Unicef informó que, a marzo del 2024, la pobreza infantil afecta a 7 de cada 10 niños y según los informes de la UCA, la pobreza a nivel nacional, supera el 60% de conjunto. Es decir, cuando más se necesita el acompañamiento a las y los estudiantes, el gobierno decide no sólo cerrar cursos, sino que también, suspenden los módulos de trabajo para los docentes Referentes ESI, Referentes del Programa de Madres y Alumnos padres, y los referentes de Inclusión y del Programa de Consumos Problemáticos. Un ataque a los sectores más vulnerables de la educación pública. Ataque que el gobierno Nacional, también lleva a cabo recortando los subsidios a los comedores y eliminando el FONID Docente.
En el colegio Roca, las y los estudiantes se vienen organizando en multitudinarias asambleas, junto al resto de la comunidad educativa. Hicieron sentadas masivas en la escuela y votaron realizar un pernocte en la institución, logrando mover al supervisor escolar del distrito 10, Miguel Mora, y a la directora de Escuelas Medias, Alejandra Illuzi, quienes se declararon en contra de los intereses de les estudiantes, docentes y familias, aduciendo problemas de presupuesto y queriendo boicotear sus medidas de lucha.
Mientras tanto, las y los estudiantes reciben la solidaridad en la difusión de su reclamo de los sindicatos Ademys y UTE, además de la Asamblea de Jóvenes contra el DNU y la Asamblea de Plaza Almagro.
Unidad de trabajadores y estudiantes
En la explanada de la avenida Don Pedro de Mendoza 1777, frente a la Escuela Técnica 31 Benito Quinquela, inauguró la primera muestra de fotoperiodismo luego de las medidas represivas del gobierno de Milei, encarnadas en su gabinete y encabezadas por Patricia Bullrich. Además de materializar la unidad de trabajadores de prensa, principalmente desde la fotografía, de distintos medios y a su vez con otros organismos, la muestra cumplió el triple objetivo de visibilizar el avasallamiento de la fuerza represiva contra la prensa; de manifestarse por la continuidad de la única Escuela de Fotografía del país: Benito Quinquela; y de recolectar alimentos no perecederos para comedores populares desabastecidos y elementos de higiene y protección para las postas de salud. Hubo asistencia completa de los representantes. La sinergia de varios colectivos presentó una unidad que recién comienza.
En la costa del Riachuelo, a metros del monumento a Quinquela Martín y frente a la escuela que lleva su nombre, construida con sus propios aportes y que hoy desde el gobierno unilateralmente quieren arrasar, se desarrolló el puntapié inicial de esta muestra que será itinerante. «La muestra es a raíz de la represión entre los días 31 de enero y 2 de febrero en lo que fueron las movilizaciones contra le DNU y la Ley ómnibus. En ese marco, luego de una organización Comunicaciones UBA y el área de fotografía que comenzaron una muestra virtual junto a Argra y Sipreba y ante las preguntas de muchas personas, mientras subíamos esos videos a las redes, se me ocurrió organizar esta reunión que tenemos hoy aquí e ir boca en boca a cada compañeros y compañera que faltaban en la lista y no habían sido relevados y llegamos al número de 50, cree que ya somos 54 incluyendo a quienes aparecieron a último momento», comentó Nicolás Ramos en el inicio de un conversatorio que incluyó intervenciones de todas las organizaciones presentes. «Estas fotos vienen de la calle y vuelven a la calle», agregó.
Vale resaltar, entre muchas otras intervenciones, las de docentes de la Escuela de Fotografía Maestro Benito Quinquela Martin que repasaron la dura situación que están atravesando y la necesidad de visibilizar esa lucha. También le reclamaron a las tres centrales sindicales por abandonar este reclamo ya que ninguna de ellas se hizo presente y solo Ademys emitió un comunicado, muy poco para la gravedad que supone el cierre de una institución y el despido de muchos docentes.
La muestra va a continuar, próximamente se anunciarán fechas en distintos lugares. Entre los espacios a confirmar se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, el Olimpo, SiPreBo (La Plata), y muchos más. Está también proyectado que la muestra recorra otros puntos del país donde, muy probablemente Rosario sea el primer destino.
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La izquierda reclama una ley de Boleto educativo gratuito
“Mientras se acuerda con el Fondo Monetario Internacional y se destinan millones al pago de la fraudulenta deuda externa, las familias trabajadoras y la población estudiantil cada vez tienen menos posibilidad de solventar siquiera sus viajes diarios, peligrando su acceso a la educación pública y gratuita”, explican los diputados del Frente de Izquierda, que esta semana volvieron a presentar en el Congreso un proyecto que propone el reconocimiento del derecho a viajar gratuitamente en el transporte público, para todos los estudiantes, docentes y no docentes de todos los niveles.
El proyecto viene a atender una situación tan grave como concreta. Según datos oficiales, los jóvenes representan al 26,3% de los asalariados no registrados del país. Se trata al mismo tiempo del país con mayor desempleo juvenil de la región. Así lo indica el informe “La juventud en el mercado de trabajo de la post pandemia”, elaborado por expertos en Educación y Trabajo de la OEI Argentina y el Banco Mundial.
El dato va de la mano con las cifras difundidas por el Indec en base a la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que muestran que entre la población en edad escolar (de 3 a 17 años) hay un 2,4 % -unos 163.000 niños, niñas y adolescentes- que no van a ningún centro educativo. En tanto, entre la población de 18 a 24 años, conformada por más de 3,1 millones de jóvenes, el 50% asiste a un establecimiento educativo mientras que la otra mitad no continúa con sus estudios y, dentro de ella, solo el 55,2% cuenta con el secundario completo.
Mientras el gobierno de Javier Milei ataca a la educación pública y sus referentes políticos hacen loas del trabajo infantil, los diputados del Frente de Izquierda denuncian que esta situación empeora de la mano del ajuste, la inflación, los despidos y tarifazos a los servicios públicos, que impulsan desde el Ejecutivo nacional como desde los gobiernos provinciales, haciendo que estudiar se vuelva cada vez más caro para decenas de miles de niños, niñas y jóvenes.
“No hay gratuidad de la educación posible si para ir a la escuela o la universidad hay que pagar un boleto cada vez más caro y atado al lucro de empresas privadas”, sostiene el proyecto que lleva las firmas de Christian Castillo, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca y al que adhirieron los diputados Carlos Castagnetto y Blanca Osuna de UP.
“La educación no es un servicio, es un derecho”, señalan, y sostienen que, sin boleto educativo gratuito, sin becas para solventar los apuntes, con trabajos precarios, en turnos rotativos, con salarios miserables, o directamente sin empleo, el derecho a estudiar termina siendo un privilegio al que sólo pueden acceder quienes tienen tiempo y dinero.
Frente a ese modelo, que el gobierno de La Libertad Avanza busca profundizar, el proyecto del FITU plantea que el boleto educativo alcance no sólo a todo el estudiantado sino también a los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, al personal de limpieza, a quienes trabajan en las cocinas de las escuelas o se encargan de las tareas de mantenimiento en las casas de estudio; a quienes trabajan en la educación media y tienen sus horas repartidas entre varias escuelas para tratar de llegar a fin de mes. Para todos ellos, el proyecto también propone que se reconozca este derecho.
En cuanto al financiamiento, la iniciativa del FITU plantea que las empresas de transporte urbano, suburbano, interurbano y de larga distancia deben dar cumplimiento a este régimen gratuito “en la totalidad de sus servicios”, al tiempo que les prohíbe expresamente incrementar las tarifas para «compensar» la gratuidad con más aumentos al bolsillo de los usuarios. En el caso de las empresas de gestión estatal, el proyecto establece que los gastos que implique el cumplimiento de la Ley deberán incluirse en las partidas presupuestarias de las jurisdicciones que correspondan, pero “en ningún caso” podrán trasladarse al aumento del boleto.
Además, plantea que “los estudiantes de los niveles inicial y primario, así como aquellos que por condiciones de salud lo necesiten (a sola indicación del médico/a tratante), tendrán derecho a viajar acompañados por una persona que abonará el cincuenta por ciento (50%) del valor del boleto mínimo de transporte del servicio correspondiente”.
Fuentes: Somos Télam, Perfil, La Izquierda Diario, Página 12, Anred.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.