Días previos al juicio por complicidad con el terrorismo de estado, Prensared dialogó con el equipo de abogados querellantes integrado por Adriana Gentile y los hermanos Patricia Chalup y Jorge Chalup. Destacan la trascendencia del juicio para las víctimas,para la sociedad y para el poder judicial que podrá recobrar la legitimidad perdida y la confianza […]
Días previos al juicio por complicidad con el terrorismo de estado, Prensared dialogó con el equipo de abogados querellantes integrado por Adriana Gentile y los hermanos Patricia Chalup y Jorge Chalup. Destacan la trascendencia del juicio para las víctimas,para la sociedad y para el poder judicial que podrá recobrar la legitimidad perdida y la confianza de la ciudadanía.
Los abogados que forman parte de la Fundación de Servicios de Derechos Humanos María Elba Martínez y representan a los querellantes Elba Inés Pucheta, Raquel Altamira de Vaca Narvaja, Luis Miguel Baronetto, Juan Miguel Ceballos y Virginia Arquiola, afirman que los funcionarios judiciales garantizaron la impunidad y se convirtieron en cómplices de los crímenes del terrorismo de estado.
El martes 25, a media mañana, tras 41 años de impunidad, Antonio Cornejo (ex fiscal federal), Miguel Ángel Puga (el ex juez federal N°2, Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado Federal N°1) y Ricardo Haro (ex defensor oficial) estarán en el banquillo de los acusados. La imputación es por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en 119 hechos que afectaron a 75 víctimas.
Tras un breve recorrido histórico y análisis del contexto de época los abogados se centraron en la existencia de pruebas y en la trascendencia histórica del juicio. Puntualizaron el debilitamiento institucional que sobrevino al golpe policial protagonizado por el comisario Antonio Navarro que derrocó al gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano y Atilio López el 27 de febrero de 1974. Al mismo tiempo, repasaron la conducta del poder judicial que desde 1930 en adelante convalidó los sucesivos golpes de estado producidos durante el Siglo XX.
Difícilmente la dictadura militar podría haber actuado sin la complicidad de otros órganos del estado como la justicia que «Al no investigar cuando había normas procesales que la obligaban a hacerlo termina convalidando a los autores materiales», razonan los abogados.
La causa reúne cerca de 60 cuerpos que dan cuenta de los hechos y de las interminables dilaciones llevadas adelante por la llamada «Sagrada Familia» para evitar que estas personas sean juzgadas durante el juicio Videla.
Si hubieran actuado
Adriana Gentile destaca que «si los funcionarios judiciales hubieran cumplido con la ley y con la responsabilidad del cargo se habrían evitado crímenes atroces como los que se cometieron: secuestros, torturas, violaciones y homicidios. Las pruebas de estos hechos obran en los expedientes y es allí, en los documentos, donde constan las omisiones y los encubrimientos de los funcionarios judiciales que debían velar por las garantías de los detenidos que estaban bajo su custodia».
En esa línea de análisis sobre las responsabilidades que les cupo Jorge Chalup considera que «Los militares no actuaron solos. Tuvieron el apoyo de sectores de la jerarquía eclesiástica y de los poderes económico y judicial. Deducir y visibilizar esto es fundamental para comprender las dilaciones de los juicios y los argumentos de reconciliación» .
Por estas razones, juzgar a los sectores civiles «que jugaron un rol decisivo en el funcionamiento y consolidación de la dictadura de los años ’70 es imprescindible. De lo contrario, este entramado de complicidades civiles e impunidad seguirá siendo una amenaza para la democracia», sostuvo.
Patricia Chalup subraya que «es importante que el propio poder judicial juzgue y condene a quienes cometieron el primer crimen, esto es, el abandono y la indiferencia a quienes tenían el deber de proteger».
Cáscara vacía
«En 1976, en cierta forma existía una ficción de justicia y una supuesta legalidad en el sentido de que seguía funcionando y se aplicaba el código penal», apunta Patricia Chalup.
En ese marco, afirma que las víctimas estaban a disposición de la justicia federal. «Y el Juez era responsable de la integridad física de esas personas y sobre el bien jurídico más preciado que es la vida». Entonces, afirma, no se investigaron los homicidios ni tampoco los apremios ilegales denunciados por los expresos políticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1(UP1- Cárcel de San Martín).
Los defensores públicos, especialmente, tenían conocimiento directo de los delitos a través de las denuncias que los prisioneros les presentaban. Interrogatorios bajo tortura, detenciones sin causa, denegación de hábeas corpus, homicidios. Pero «No velaron por la vida de las personas como lo indica la constitución y las leyes. La justicia era una cáscara vacía», expresaron.
Coinciden con el fiscal Carlos Gonella quien afirmó que las pruebas están en los expedientes . Remarcan que hubo demoras, apremios ilegales, muertes por fusilamientos, sin que se hayan cuestionado las actuaciones, ni los comunicados que eran publicados en los medios de comunicación.
Cosa que sí hizo la justicia provincial ante una denuncia que tomó estado público. A fines de 1975, Marta del Carmen Rosetti de Arquiola, realizó una denuncia a través de una solicitada publicada en el diario La Voz del Interior donde e xplica que fue detenida y torturada en el Departamento de Informaciones (D2). Y revela que en una de las celdas leyó una inscripción preocupante. «(Soy) Oscar Chabrol, me quieren matar, 19/10/75».
¿Qué pasó? Un fiscal toma conocimiento del delito y promueve una acción penal que recae en uno de los juzgados. Se pide información al D2. Responden que efectivamente estaba detenida, por una causa judicial, a disposición del Juzgado federal 1. Se envían las actuaciones al juez Zamboni Ledesma. Lamentablemente, la inacción determinó que fuera una de las 30 víctimas fusiladas en la UP1.
Recobrar legitimidad
Cómo puede ser, interpelan, que ante el primer homicidio la Justicia federal no haya tomado medidas cuando las personas que tenían causas judiciales se encontraban -supuestamente – en instituciones carcelarias legales. Sobre todo cuando las víctimas denunciaban torturas y vejaciones que constan en las actuaciones judiciales. Además autorizaban los traslados. Los querellantes afirman que «hay mucho material probatorio que a lo largo del juicio quedará acreditado».
A manera de reflexión sostienen que «Es importante que estos hechos se esclarezcan porque es la única forma de que este poder del estado pueda recobrar legitimidad respecto a los ciudadanos. Para el Tribunal será un desafío y una oportunidad histórica. Que sea el mismo poder el que juzga a quienes fueron sus pares y esclarezca y establezca las responsabilidades que les cupo en un momento tan difícil como el que atravesó el país», redondeó Patricia Chalup.
El Tribunal está conformado por Julián Falcucci (Presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino (Subrogantes). En representación del Ministerio Público Fiscal acusarán, Carlos Gonella y Facundo Trotta.
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