«Volvimos al mundo», suele ser uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri. Definitivamente, con Cambiemos la Argentina volvió a los primeros lugares de las noticias del mundo, aunque no precisamente por hechos positivos ni por una administración brillante. Es que no sólo los medios internacionales más importantes, la OCDE y otros entes globales […]
«Volvimos al mundo», suele ser uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri. Definitivamente, con Cambiemos la Argentina volvió a los primeros lugares de las noticias del mundo, aunque no precisamente por hechos positivos ni por una administración brillante. Es que no sólo los medios internacionales más importantes, la OCDE y otros entes globales critican al gobierno, sino que también la ONU lo hizo: el organismo sostuvo que la economía macrista es de las peores del planeta y hasta comparó su desempeño con la Venezuela de Nicolás Maduro. Que sufre el bloqueo y la agresión imperialista estadounidense le faltó aclarar. A diferencia de Macri a quien ayudó con un préstamo de U$S 50.000 millones. El más grande de la historia del FMI.
El organismo internacional sostiene que existe un contexto internacional difícil, pero atribuye gran parte de la responsabilidad de la crisis argentina a «la falta de capacidad del Gobierno para domesticar a la inflación» y pone el foco en la tasa de interés «récord» del Banco Central.
Las estimaciones de la ONU marcan que el PBI argentino tuvo el año pasado una caída del 2,8 % y que este año la baja será del 1,8 %. En ambos casos, se trata del único resultado negativo en los países de la región con la excepción de Venezuela.
Pero el mal desempeño relativo de la Argentina no se limita a la región sino que sobresalió a nivel global. El informe advierte que a lo largo del 2018 el deterioro del valor del peso fue el más pronunciado entre las economías con moneda propia de todo el planeta. La moneda local perdió algo más de la mitad de su poder de compra en dólares, por encima de la lira turca que lo hizo por arriba del 30 %. Naciones Unidas es clara en señalar que el grado de deterioro cambiario de Argentina y de Turquía «se debe a factores domésticos».
Si bien la ONU señala que el año pasado se verificó un contexto económico adverso y menciona que además de Argentina, India, Indonesia y México tuvieron que elevar las tasas de interés, «el déficit fiscal y de cuenta corriente, combinados con la falta de capacidad del Gobierno para domesticar a la inflación motivó un aumento del pesimismo acerca del futuro de la economía. Con la economía en recesión junto a severas medidas de austeridad fiscal, el horizonte es altamente incierto», disparan en el informe.
En el mismo sentido y pese a ser un número generoso, la inflación estimada por la ONU del 32% para este año en Argentina, es superada nada más que por Irán (34,9%), otro país al igual que Venezuela agredido por el imperialismo yanqui.
La economía sigue en picada
El INDEC difundió que la caída de la economía fue del 6,8% en marzo medida en forma interanual. El trimestre cerró con un retroceso del 5,7%.
Con excepción del campo, que creció en marzo 10,8%, la enseñanza, que mejoró 1%, y los servicios de salud, que subieron 0,2%, el resto de los sectores arrojaron variaciones negativas.
La intermediación financiera se desplomó un 13,9%, la mayor caída en los últimos tres años, mientras que la contracción en consumo del comercio minorista y mayorista, que cae un 14,6%, es también el mayor indicador negativo desde el 2016. La utilización del agua, gas y energía eléctrica baja un 3,4% el último bimestre del año pasado.
Los servicios del transporte y comunicaciones y la actividad inmobiliaria se contrajeron un 3,6%.
La industria manufacturera registró una contracción de casi 16% en los últimos tres años, al tiempo que en los dos primeros meses de 2019 (febrero es el último dato disponible), se perdieron 12.089 puestos de trabajo en este sector.
Salarios y empleo
Calculado sobre la base de la estadística oficial de inflación y salarios, el poder adquisitivo cayó 16,2% promedio entre marzo de este año y el mismo mes de 2018, de acuerdo con datos que surgen del INDEC.
En marzo último, en promedio, el sueldo bruto registrado con aportes jubilatorios fue de $38.884. Un año atrás, era de $28.072, lo cual arroja un incremento del 38,5%. Pero en esos 12 meses, la inflación sumó el 54,7%, por lo que la pérdida del poder adquisitivo fue de 16,2%.
Al retroceso del poder adquisitivo hay que sumarle la caída del empleo asalariado registrado. Según Trabajo, a febrero los asalariados registrados del sector privado sumaban 6.148.700. En diciembre de 2015 sumaban 6.240.133, lo cual representa 91.433 empleos registrados menos.
Según el informe mensual del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el primer trimestre del año culminó con un promedio de 412.987 puestos de trabajo registrados, que configuró una baja del 1,6% en relación a igual período de 2018.
El IERIC puntualizó que el salario promedio percibido en marzo de 2019 por los trabajadores de la construcción fue de 26.018 pesos , marcando así un incremento del 38,3% interanual.
Por último, señaló que en abril se registraron 24.292 empleadores en actividad, un 1,62% menos que en igual mes de 2018, lo cual significó la pérdida de 399 firmas en los últimos 12 meses.
Un nuevo estudio revela que se destruyeron 3.500 empleos industriales por mes desde diciembre desde 2015, lo que representa una pérdida de 137.000 puestos hasta la fecha .
Los datos fueron recabados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) en base a números oficiales de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo e indicadores privados.
Además, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) perdió 28,2% en términos reales, a pesar del adelanto del aumento previsto para junio, que lo llevó a 12.500 pesos. A diferencia de lo que ocurría tres años atrás, dos salarios mínimos ya no alcanzan para superar la línea de pobreza.
Paritarias
El gremio con más afiliados del país, Empleados de Comercio, acordó un aumento paritario por un año. Hasta abril del 2020 tendrán un incremento del 5% bimestral y una cláusula «garantía» siempre que la inflación supere el monto del acuerdo, un 30%.
El Sindicato del Seguro informó que luego de las negociaciones con las Cámaras del sector, el gremio acordó un nuevo aumento que lleva las paritarias de los últimos 12 meses a un 50%.
El acuerdo que se firmó entre el gremio, la Asociación de Cooperativas y Mutualidades de Seguros y el Comité Asegurador Argentino, contempla un incremento salarial del 5% para los meses de mayo y junio, tomando como base de cálculo los salarios del mes de abril.
Junto con la firma del aumento, se acordó reiniciar la discusión paritaria en el próximo mes de julio, con el objetivo de consensuar un nuevo aumento salarial trimestral, hasta septiembre.
Pablo Moyano subió la apuesta en las negociaciones de Camioneros y confirmó que irán por un 45% de aumento más un bono de 20.000 pesos. Además volvió a cargar contra la cúpula de la CGT: «El paro del 30 de abril logró que la CGT se despertara».
La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) acordó paritarias para los trabajadores de la rama droguerías, que a partir del 1º de mayo pasarán a cobrar un 11,8% de aumento, con ajustes trimestrales.
Después de casi tres meses de negociación se llegó finalmente a un arreglo en las paritarias salariales metalúrgicas. El acuerdo se inicia con un 2% incorporado a los básicos del 2019 y tres tramos que suman un 28,5% (15% retroactivo desde el 1° de abril, otro 8% desde el 1° de Julio y un 5 % final a partir del 1° de octubre). Todo esto se completa con seis pagos de $2.000 -que comprenden al 6 % del desfase inflacionario del año pasado reconocido por las Cámaras- cuyo primer pago empieza en mayo para ser incorporados al valor hora convenio a partir del 1º de enero de 2020.
Según la Corriente Nacional Metalúrgica, «mientras la inflación del 2019 fue del 48% la UOM logró el 40.1 acumulado, una pérdida reconocida mínima del 8 %. Y si se toma en cuenta la inflación real que afecta a la canasta obrera, la diferencia aumenta tremendamente y empeora aún más por el modo de arreglar en cuotas con lo que siempre perdemos frente a la inflación. Si se toma el 8 % de recupero inflacionario reconocido por la patronal, nos da que el acuerdo para este año es de solo el 28 %, esto es 15% menos de lo que analistas más confiados calculan para la inflación del 2019 que dicen puede ser de un 43% o más».
Para finalizar el comunicado del 22/5: «las direcciones actuales han sido cómplices de todas las pérdidas que tuvimos, son los que han dejado pasar los despidos, la precarización laboral y la caída salarial. Por esto es necesario impulsar la más amplia unidad para plantarnos ante lo que vendrá».
Las paritarias del sector público se cerraron en el orden del 28% a pagarse en 5 cuotas que terminan de cobrarse en febrero de 2020. El aval lo dio Andrés Rodríguez con la lapicera de UPCN y desató la furia de sus pares de ATE.
El entendimiento, que va en línea con lo que promueve el ministerio de Producción y Trabajo para esta ronda salarial, consta de un 4% en junio, un 7% en julio, un 7% en agosto, un 5% en enero y un 5% final en febrero de 2020, más dos cláusulas para revisarlo.
De esta manera del 28% total que estipula el incremento sólo se cobrará un 18% en 2019 y consolidará otro año de retroceso salarial para los estatales que, según las estimaciones del equipo técnico de ATE, sólo en 2018 perdieron un quinto de su poder adquisitivo.
El entendimiento disparó los reclamos de ATE, que prefirió firmar en disconformidad, pero que buscó dejar por escrito en el acta ministerial que la organización reclama que se haga una compulsa de afiliados en el sector público. La idea de los ceteístas es comprobar qué sindicato cuenta con mayor cantidad de afiliados y, por lo tanto, quien detenta la representatividad y el poder de firma.
Los números pactados por Rodríguez quedan muy lejos de los pretendidos por Hugo «Cachorro» Godoy. Es que el mismo trabajo del IDEP detalló que sólo para recomponer lo perdido durante el 2018 y cubrir a los trabajadores de la inflación proyectada para el año en curso, la pauta salarial tendría que ser de 45% (19,9% de recomposición y 24,6% inflación del año).
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) cumplió un paro de 24 horas el miércoles pasado en reclamo de un aumento salarial. En ese marco, desde las 11:00 hubo movilizaciones hacia el Palacio de Tribunales y el Consejo de la Magistratura.
Los judiciales reclaman un 15% de mejora de los haberes a partir del 1º de mayo, y exigen también «la inmediata declaración de la emergencia judicial y la independencia de ese poder nacional», a la vez que rechazan la posibilidad de que se produzca «el traspaso de la justicia».
El titular de la UEJN, Julio Piumato, rechazó la instancia de «un posible desdoblamiento del 15% de mejora salarial en dos tramos de 7,5% en mayo y otro 7,5% en julio» próximos, y advirtió que si ello ocurre habrá «otra huelga nacional de 24 horas», afirmaron desde el gremio.
Trabajadores y trabajadoras de CNEA reclamaron el jueves frente a la sede del organismo por el aumento salarial, la recategorización retroactiva, el pase a planta permanente y en contra de los despidos y el desguace del Sector Nuclear ATUCHA 3.
«En el sector nuclear la situación se agravó por la decisión del gobierno de comprar llave en mano una Central China de tipo PWR. Cancelaron la construcción de la central de uranio natural – agua pesada (CANDU) y eso produjo cientos de despidos en NA-SA, CONUAR-FAE, PIAP y DIOXITEK. Se siguen cerrando fábricas y líneas productivas que a la CNEA le costó más de 60 años consolidar», señalaron desde el sector.
«Nuestros salarios están por el piso, al punto que, más del 30% del total de trabajadorxs de la CNEA (todxs lxs trabajadorxs del tramo 5 y 6 del escalafón) están por debajo de la línea de pobreza, fijada en $27.570, según ATE INDEC.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizó el martes un cese de actividades en la Superintendencia de Servicios de Salud en reclamo de una deuda salarial que el organismo mantiene con el personal.
Además de los conceptos salariales que se adeudan, se reclama el pago de una tarjeta de consumo «que viene siendo otorgada desde hace años y que incluso el actual Superintendente ha cobrado en el pasado , cuando era coordinador operativo del Organismo», sostuvieron desde el gremio.
Ante la decisión del Grupo Octubre de seguir pagando la paritaria 2018 de forma incompleta hubo un nuevo paro en Página 12. Hace tres años que las paritarias de prensa escrita quedan por debajo de la inflación, el último año el acuerdo fue del 21% mientras que la inflación del período fue de 55.8%. Además, a los/as colaboradores eventuales no les aumentan desde 2016.
Los movimientos sociales se movilizaron el martes a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social y de Desarrollo Social para reclamar por la suspensión de programas de trabajo e incumplimiento de pagos en todo el país.
La protesta fue convocada por la CTEP, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La protesta incluye el reclamo de las organizaciones populares para que se declare urgente la Emergencia Alimentaria, según un comunicado de prensa.
Científicos
Bajo el eslogan «No a la extinción de la ciencia argentina», más de 150 investigadores de todo el país, incluidos numerosos directores de institutos del Conicet, se reunieron en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia de Parque Centenario para presentar un manifiesto en defensa de la ciencia nacional, atacada por las políticas de austeridad del Gobierno nacional.
El texto, que fue firmado por el 90% de los directores de institutos científicos del país, arranca con el recuerdo de los hechos de hace 209 años, cuando el proceso independentista nacional dio sus primeros pasos con un Cabildo Abierto, y luego denuncia las urgentes necesidades financieras para mantener la producción científica del país, un aspecto que es considerado también como fuerte requisito para la independencia política y económica.
La actividad se replicó en más de 20 localidades a nivel nacional, denunciando el estado crítico de los laboratorios y centros de investigación. Juan Pablo Paz, director del Instituto de Física de Buenos Aires, detalló: «El poder de compra de los subsidios está pulverizado, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica incumple compromisos asumidos, los fondos para gastos operativos del Conicet se redujeron del 10% al 4% de su presupuesto desde 2015».
Los científicos denuncian que los 1.000 millones de pesos anunciados como aporte extraordinario por el Gobierno para normalizar el funcionamiento del sistema científico del país son absolutamente insuficientes, ya que se requieren por lo menos 23.000 millones más que lo asignado en el Presupuesto 2019.
Paro general del #29M
«La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) parará desde una posición independiente y reafirmará el 29 su autonomía frente al Estado, los patrones y los partidos políticos», afirmó Jorge Yabkowski en un comunicado.
El dirigente médico sostuvo que no obstante «sus límites e insuficiencias, la jornada del 29 expresará el malestar y la voluntad de lucha de toda la clase trabajadora».
La organización también respaldará ese día a la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS regional Córdoba) en la movilización prevista en la provincia por los 50 años del ‘Cordobazo’.
Mientras tanto, la CGT regional convocó a una olla popular el próximo martes 28 de mayo y a realizar homenajes a Elpidio Torres, Atilio López y Agustín Tosco.
Desde esa central que conduce José Pihen, indicaron que por el paro dispuesto por la CGT el 29 de mayo -día en que se cumplen 50 años del Cordobazo- los actos conmemorativos «se llevarán a cabo el martes».
A las 13:00 habrá una olla popular sobre avenida Vélez Sarsfield, en la Rotonda de Barrio Las Flores. Y a las 18:00 habrá una movilización de gremios que culminará en la inauguración de un busto en homenaje a Elpidio Torres.
También el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) convocó al paro general de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo del 29 de mayo, según lo dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT).
La CTEP, la CCC y Barrios de Pie en el Plenario del Frente Sindical para el Modelo Nacional en la sede de Camioneros, remarcaron su apoyo al Paro Nacional convocado para el próximo 29 de mayo, donde realizarán una jornada de ollas populares en todos los barrios y en la puerta de los sindicatos para acompañar y visibilizar la situación de hambre y exclusión que se vive.
El Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo realizará cortes y actos en todo el país en el marco del paro general del 29 de mayo para impulsar el reclamo de la continuidad de la medida con un plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.
Al finalizar los cortes realizarán un acto central en el Obelisco. Allí hablarán sus principales referentes como Rubén «Pollo» Sobrero y Alejandro Crespo, entre otros.
Como una forma de respaldar el paro general convocado por la CGT para el próximo 29 de mayo, comerciantes nucleados en la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) adelantaron que no realizarán cargas de tarjetas SUBE ni de celulares los próximos martes y miércoles.
Con un breve spot que ya circula en todas las redes sociales, la CGT salió a propagandizar la huelga general del próximo miércoles 29 de mayo. Será el sexto paro general a la gestión de Mauricio Macri y el quinto que tiene la chapa, el aval y el amparo de Azopardo.
En el clip se especifican los reclamos de la central obrera que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, se hace eje en el deterioro de la situación económica y se exhorta a adherir a la protesta. También a los 14.5 millones de pobres y se pide un cambio de rumbo a la política económica del Gobierno Nacional. «Paramos con vos y por vos. Paramos con todos y para todos», concluye.
Suspendieron el paro del 25 de Mayo
Lo que comenzó como una comedia terminó igual. Después de largos días de amenaza de paro, confirmación y ratificación de la medida de fuerza, el gremio del transporte ratificó su buena relación con la Casa Rosada y volvió a dar un paso atrás y levantó la huelga que iba a realizar este sábado feriado en todos los medios de transporte.
Tras una negociación a puertas cerradas con los ministerios de Producción y Transporte, los sindicatos que integran la CATT (Confederación del Transporte) no lograron que se les aceptara ni uno solo de sus reclamos pero se fueron del encuentro con la promesa de seguir discutiendo y de crear una «Mesa de diálogo» por 60 días en torno al reclamo de eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores del sector.
No obstante, mantienen en pie su participación en el paro nacional del próximo miércoles 29.
Despidos
La situación que atraviesa Alijor, con parálisis de producción y despidos, se cobró una víctima: se trató de Claudio Soto, un operario de 54 años, quien se enteró que fue despedido y falleció de un ataque al corazón. La compañía decidió guardar silencio ante este tema.
Unos 120 trabajadores de la alimenticia Alijor – La Salteña tomaron el martes pasado la planta en la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, después de que el propietario, Benjamín Biderman, resolvió cerrar las puertas en medio de una negociación en la Secretaría de Trabajo en la que el gremio STIA reclamaba por la reincorporación de diez despedidos.
Los trabajadores de la Línea 60 denunciaron el jueves que la patronal está incumpliendo la conciliación obligatoria dictada por la Secretaria de Trabajo y que por ese motivo volverán a movilizarse el martes próximo.
Vale recordar que los trabajadores se encontraban realizando un paro contra la flexibilización laboral y los despidos.
Al calor de una movilización de los trabajadores de Télam, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de un grupo de camaristas -sensibles al paladar de la Casa Rosada- para despojar a los jueces naturales de las causas que definen el futuro de los despedidos de la agencia y ordenó a la Sala V del cuerpo que se expida conforme a su composición primaria.
Los magistrados deberán ratificar o revocar las sentencias de primera instancia, que consideraron ilegal el plan de despidos de Hernán Lombardi y dispuso la reinstalación provisoria de los despedidos.
Trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el jueves 23 de mayo, Ignacio Leonardi, un abogado de 33 años sin antecedentes sanitarios, designado por el Ministerio de Modernización de Macri como Director general y de Recursos Humanos en ese centro de salud nacional les dijo: ‘Los monotributistas que hicieron paro durante el fin de semana no cobrarán lo que se les debe y no pueden volver a trabajar en la guardia’ y ‘ustedes pueden no venir a la guardia, tengo un avión con 100 médicos venezolanos esperando’.
«El ‘paro’ (más bien sería ‘cese de tareas’) de los monotributistas se inició el jueves pasado, en respuesta al enésimo manoseo por parte de la dirección, que avisó que no nos iba a pagar a muchos de nosotros las guardias realizadas en el período. No es que avisó que iba a pagar más tarde; no, avisó que directamente no iba a pagar lo que trabajamos porque se le cantó (…). Frente a esto, decidimos plantarnos y no concurrir hasta que se regularice la situación que incluye el no pago de hasta 90.000 pesos a algunos compañeros desde hace meses, por ejemplo, o la inexistencia de aumentos desde septiembre de 2017, casi dos años sin incremento salarial», explicaron los trabajadores. La retención de tareas de los monotributistas clínicos continúa y convocaron a una asamblea general de profesionales y trabajadores para el próximo martes 28 de mayo por la mañana. Ante este panorama, los trabajadores exigen «la urgente intervención de la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y el ex ministro hoy degradado en secretario de Salud, Adolfo Rubinstein». Cabe recordar que en el Hospital Posadas, el único dependiente por ley en su totalidad del Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Cambiemos ya despidió a 1.300 trabajadores.
El secretario Adjunto del Gremio de Camioneros, Pablo Moyano, denunció que «quieren trasladar el Mercado de Hacienda a Cañuelas. Eso pone en riesgo 1.000 puestos de trabajo y los quieren reemplazar por monotributistas». Por eso, los trabajadores del Mercado de Hacienda de Liniers hicieron una asamblea contra el traslado y precarización laboral a los camioneros en el transporte de ganado.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se alertó sobre la posibilidad de que 4.000 trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires puedan perder sus trabajos a partir del próximo 26 de mayo, fecha de vencimiento de la ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica en la que se enmarcan sus contratos.
La situación se le planteó a la gobernadora María Eugenia Vidal a través de una carta, en la que se aclara que se trata de trabajadores que poseen contratos autónomos en distintas áreas del Estado (entre ellos, 800 pertenecen a la Dirección General de Cultura y Educación, 520 al Ministerio de Infraestructura, 470 a la Jefatura de Gabinete y 360 a IOMA).
Desde ATE también se le exigió al gobierno bonaerense que «cambie el rumbo en la política salarial llamando a paritarias, garantice la estabilidad laboral pasando a planta permanente a los precarizados y optimice las condiciones de trabajo dignas de todos y todas».
Desde hace más de un año Alpargatas viene en un fuerte plan de achicamiento en el país que dejó como resultado el cierre de tres plantas provinciales ubicadas en Chaco, La Pampa y Catamarca, con un 65% de despedidos, lo que significó pasar de más de 3.700 empleados a tener apenas más de 1.000 en poco más de tres años.
Actualmente la planta catamarqueña tiene 90 empleados -dedicados a la fabricación de trapos de piso y rejillas- que se ilusionan con un final feliz al saber que hay un comprador, la empresa Fibran Sur de José Rodríguez, que por estos días está cerrando la compra de la firma y podría ofrecerles permanecer en la planta.
El gremio AOT se ilusiona con que dentro de la operación que se está realizando se considere la Ley 20.744 para que los derechos de los trabajadores sean respetados y puedan mantener su fuente de trabajo, porque la situación real es que «los trabajadores despedidos de Alpargatas aún luchan, sin éxito, para poder armar cooperativas y tener un trabajo», concluyeron.
Los trabajadores de la fábrica alimenticia Lodiser comenzaron un paro total. El miércoles se reunieron en asamblea para responder a los descuentos compulsivos que realiza la empresa a sus empleados por enfermedad o participar de las asambleas y decidieron la medida.
«La medida continuará hasta que nos den una respuesta positiva, no se aguanta más que los alimentos sigan subiendo y los salarios sigan sin moverse y que nos maltraten como si fuéramos esclavos». Y llaman al sindicato a ponerse a la cabeza de los reclamos ya que esta situación se repite en muchas fábricas de la alimentación, con el despido persecutorio de Julio Tévez en Mondelez, suspensiones en Stani y los despidos en Alijor en zona norte.
La decisión del Gobierno de rebajar a cero la tasa a las importaciones de bienes de capital nuevos y usados afectará a 500 pymes industriales y pondrá en peligro a más de 10.000 puestos de trabajo, advirtió Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
Ford planea eliminar alrededor de 7.000 empleos asalariados, cerca del 10% de su fuerza laboral administrativa mundial. A nivel local la noticia se suma a la parálisis del mercado interno que tiene paralizada la planta de Pacheco. De hecho desde la semana pasada hay 500 operarios suspendidos en un plan que todavía no se sabe hasta cuándo seguirá vigente, pero hay temor que se pueda extender hasta fin de año.
La Comisión Gremial Interna de Radio Nacional denunció que los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y los despidos provocaron la flexibilización laboral del personal que, pese a la insistencia de la empresa, la licuación de sus salarios y la sobrecarga de tareas, quiere seguir trabajando. Asimismo alertó sobre la censura en boletines y panoramas.
Los empresarios chilenos dueños de la cadena advirtieron que «Falabella podría cerrar locales de manera selectiva que no aporten tanto valor al grupo de tiendas departamentales», lo que significa despidos masivos en cada tienda y eso ha generado honda preocupación entre los trabajadores.
Los trabajadores de Cresta Roja fueron víctimas de las políticas económicas de Cambiemos: hace tres años, el presidente Mauricio Macri y la Gobernadora María Eugenia Vidal visitaron la planta de Rasic y anunciaron su reapertura. Sin embargo, cientos de familias quedaron en la calle, se ha tercerizado el trabajo de planta y se ha reprimido a los trabajadores que reclaman por sus fuentes de trabajo.
A tres años de la visita propagandística de Macri y Vidal, los trabajadores realizaron una olla popular en Esteban Echeverría, en la puerta de la planta. Reclaman las indemnizaciones correspondientes a los años trabajados bajo la gestión de los Rasic y la reincorporación de los trabajadores despedidos a las plantas que hoy administra Guade.
Durante el mediodía del pasado 17 de mayo, la empresa Ledesma SAAI despidió nuevamente sin causa a 10 obreros, 6 de ellos de la sección Fraccionado y 4 de la sección Logística. Con estos despidos, la patronal lleva despedidos 140 trabajadores, entre obreros y empleados (con convenio y fuera de convenio).
En esta tanda de despedidos el común denominador, es que todos son afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma-SOEAIL- y todos participaron en la mayoría de las huelgas por aumento salarial y mejora en las condiciones laborales del 2011 al 2017.
Esta política patronal implementada por el gerente general de Ledesma SAAI, Javier Goñi, ya generó una contracción del salario y de a poco la patronal avanza en sus lineamientos de conculcar la mayor cantidad de conquistas laborales arrancadas con la lucha entre el 2011 y el 2017.
Los trabajadores azucareros afiliados al SOEAIL reunidos en una asamblea informativa llamada por la Comisión directiva para informar de la situación de despidos por tandas que se vive en la fábrica y el campo, resolvieron movilizar por las calles de Libertador Gral. San Martin expresando su oposición a los despidos el pasado martes 21 de mayo.
Por su parte, desde el bloque de concejales del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-PTS en el Concejo Deliberante de Libertador, presentaron un proyecto de ordenanza de prohibición de despidos y suspensiones por el plazo de 24 meses en el ámbito privado y público.
En la Delegación Regional Tigre del Ministerio de Trabajo, se firmó la reincorporación plena de los tres compañeros despedidos hace dos semanas del Frigorífico Rioplatense. Además se pactó una reunión con la empresa en el sindicato, a la que llevarán los reclamos pendientes de todos los sectores.
La Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense agradece a los trabajadores que apoyaron la medida en defensa de los compañeros, a todas las organizaciones obreras y populares de la zona que se han solidarizado desde el primer momento, y al Sindicato Capital y su Junta de Delegados con los que, a pesar de las diferencias, pudieron unir fuerza en provecho de los compañeros.
Violencia institucional
Este viernes 24 de mayo se cumplieron seis meses desde que la Policía de Córdoba asesinara a Marcos Soria, carrero de 32 años, habitante de Ciudad Obispo Angelelli II (uno de los barrios más pobres y populosos de la provincia). Marcos participaba de la «Huerta entre todos», uno de los emprendimientos productivos/comunitarios desarrollados por la Asamblea Sur-Sur, una de las organizaciones de base de la Confederación de Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP). Marcos fue ejecutado por dos tiros en la espalda en la madrugada del 24 de noviembre de 2018. Por el hecho, el fiscal Gustavo Dalma imputó al agente Ramiro Emanuel Cáceres, por «homicidio con exceso en el ejercicio del cargo», pero a pesar de dicha imputación, el efectivo permanece en libertad. Por esto, sus familiares, amistades, compañeros y compañeras estarán en estado de alerta y movilización, evaluando en asambleas los próximos pasos a seguir en esta lucha por justicia y contra la impunidad. El aniversario de los 6 meses de la muerte de Marcos coincide con otro terrible caso que conmociona al país. Cuatro adolescentes murieron en Buenos Aires luego de impactar contra un camión estacionado mientras eran perseguidos y acribillados por un móvil policial. Otro caso que evidencia la libertad que tienen las fuerzas de seguridad para matar amparados por la «Doctrina Chocobar», promovida por la ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich. También hace seis meses, el compañero Rodolfo Orellana -militante territorial de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP)- era asesinado en La Matanza mientras participaba de una lucha para obtener una vivienda digna. «Ronald», como le decían en el barrio, también era integrante de la CTEP.
Persiguen medios comunitarios y populares
Natalia Vinelli (directora de Barricada TV) y Juan Grabois (referente del Frente Patria Grande) son investigados por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, que decidió perseguir a los manifestantes que el 17 de diciembre pasado realizaron una protesta en un espacio público en demanda a la negativa de las empresas Cablevisión y Telecentro a incluir en sus grillas -como manda la ley- a las señales comunitarias habilitadas.
Invitan a organizaciones sociales y medios de comunicación a movilizarse el próximo martes 28/5 a las 12:00 en el juzgado (Beruti 3300) y reciben adhesiones en adhesionesinterredes@hotmail.
Una ayudita para mis parientes
El Sindicato de Vialidad presentó en la justicia federal una denuncia por sobreprecios que apunta a la gestión Cambiemos y particularmente a una de las empresas emblema del entorno presidencial, la siempre sospechada de corrupción: IECSA.
En el escrito judicial se especifica que el tramo más importante de la construcción de la ruta 8, entre Pilar y Pergamino, que fue licitado por el kirchnerismo en 2015, por 285 millones de pesos, ahora se pretende pagar nada menos que 2.500 millones de pesos. Se trata de un monto nueve veces mayor del valor original.
La beneficiaria de la maniobra denunciada por la organización que comanda Graciela Aleñá es la empresa que fuera del primo de Mauricio Macri y el sorteo judicial determinó que la causa recaiga en manos del juez Julián Ercolini, el mismo que instruyó la causa de la obra pública contra el kirchnerismo por la obra vial de Santa Cruz, que la semana pasada tuvo a CFK en el banquillo de los acusados.
La obra de Pilar a Pergamino está dividida en nueve tramos: a los dos tramos contiguos al de Iecsa se les autorizó un aumento del 35 y el 45 %, mientras que el de IECSA recibió un incremento del 120 % y en total, con la actualización por inflación y costos más altos, el aumento es del 877 %.
El argumento para el nuevo monto es una modificación del trazado. Sin embargo no se licitó nuevamente y el proyecto incluye menos recorrido, menos puentes, pero inexplicablemente un valor sensiblemente mayor.
En la denuncia del sindicato de Vialidad se consigna que los precios promedio de los proyectos, comparados con las obras que se están haciendo, son 37% más altos.
El feroz ajuste que el Gobierno dispone sobre los organismos públicos no detuvo los negocios de los funcionarios. En los últimos días se conoció el caso de un funcionario de Agroindustria, que opera desde los dos lados del mostrador y que le hizo transferencias millonarias a su empresa familiar mientras en la cartera se realizaban cientos de despidos.
Se trata del director nacional de Desarrollo Foresto-Industrial del Ministerio de Agroindustria, Nicolás Laharrague, quien tras ser nombrado por Luis Miguel Etchevehere y al asumir en enero de 2018, nombró a sus familiares a cargo de la empresa forestal que manejaba y comenzó una serie negocios entre el Estado y su propia firma.
Según una investigación de revista Noticias, L aharrague «giró mediante un plan de subsidios un total de $ 4.018.970, 20 a la empresa Puerto Laharrague SA», dedicada a la explotación forestal en la provincia de Misiones. En paralelo, el ministerio que integra dejó sin trabajo a 900 trabajadores, incluso a quienes respondían a este oscuro funcionario.
En diciembre de 2018 finalmente la Oficina Anticorrupción emitió la resolución 34 en la que remarcó que «no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública ya que ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado vinculados a su cargo» (sic).
Municipales jujeños contra los tarifazos
Desde comienzos de 2019, el sindicato que nuclea a los municipales de Jujuy concretó cada miércoles una jornada de protesta frente a Casa de Gobierno exigiendo se ponga un freno a los tarifazos. En cada oportunidad se reunieron firmas de los ciudadanos.
Según confirmó Carlos Santillán, su referente, se consiguieron 12.000 adhesiones al reclamo de las que se servirán para acompañar el proyecto que llevarán a la Legislatura solicitando el congelamiento de las tarifas.
Fuentes: RedacciónEDA, APU, El Destape Radio, www.agenciacta.org, Resumen Latinoamericano, Diario Popular, Página 12, Clarín, Tiempo Argentino, La Nación, Red Eco Alternativo, Anred, marcha.com.ar, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, InfoGremiales, Télam, Infocielo.
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