«Hay dirigentes que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego con una actitud de este tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en […]
Amado Olmos
Las primeras paritarias concluyeron con aumentos salariales del 15 %, en 2 o 3 cuotas, y en la mayoría de los casos con cláusulas de revisión. Se trata de un porcentaje que coincide con la meta de inflación fijada por el Gobierno para 2018.
La más importante es la de empleados de comercio que involucra a un millón de trabajadores. También firmaron pintura, remiseros, tintoreros, obras sanitarias, transporte (UTA), Luz y Fuerza, y con porcentajes menores Sutecba (12%) y mayores al 17% aeronáuticos y Utedyc (entidades deportivas y civiles).
«El club del 15%» adelantó paritarias para colaborar con el gobierno. El problema es que la meta de inflación del 15%, no coincide con las expectativas de releva el Banco Central que se ubican en torno al 20%. Así se cumple el objetivo del gobierno que los salarios corran detrás de la inflación.
A diferencia de 2017, cuando muchos gremios firmaron cláusulas «gatillo» de ajuste automático si la inflación superaba el acuerdo salarial, este año rigen cláusulas «de revisión».
Los datos oficiales de Trabajo marcan que los salarios formales están varios puntos por debajo de los niveles de 2015. En 2016 los salarios registrados aumentaron el 30,9%, frente a una inflación del 41%: 10 puntos menos. En 2017, los salarios subieron el 27,1% con una inflación del 24,8%: 2,3 puntos más
En 2018, de mantenerse este tipo de acuerdos, los salarios se atrasarán un 3%. Incluso algunas consultoras, como Ecolatina, reconoce una expectativa de inflación aún mayor (21-22%), por lo tanto, «firmar un aumento salarial del 15% significa perder la carrera contra los precios y resignar poder adquisitivo», sostiene Lorenzo Sigaut Gravina, su economista-jefe.
Para el sector público, afirmó Nicolás Dujovne, las paritarias no superarán el 15%, y resultan más inciertos los ingresos de los cuentapropistas y de los trabajadores informales, que se manejan al margen de las paritarias.
Sin acuerdo
Los bancarios iniciarán un «plan de lucha en reclamo por aumentos salariales», informó Sergio Palazzo, secretario general del gremio, luego de la reunión que mantuviera con las distintas Cámaras que nuclean a los trabajadores del sector en la sede del Ministerio de Trabajo. En el acta firmada por todos los actores presentes quedó expresamente escrito que las patronales ofrecieron un aumento del 15% a pagar en forma escalonada de la siguiente manera: un 7% a enero de 2018, un 4% a partir del 1º de julio de 2018 y un 4% a partir del 1º de octubre del mismo año, no acumulativos, tomando como base el salario de diciembre .
Durante la improvisada conferencia de prensa, Palazzo advirtió que las Cámaras «no hicieron ninguna oferta concreta y lo único que fueron a hacer al Ministerio de Trabajo fue a pedir autorización para liquidar un aumento del 15% en cuotas». Además pidieron «una disminución del 50% del bono por el día del bancario y la eliminación del que se cobra a fin de año», explicó.
Tal postura no se compadece ni con la inflación registrada en el año 2017 (24,8%), ni con la disparada (19,9%) del Índice de Precios prevista para 2018 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del propio Banco Central. Mucho menos con las fabulosas rentas que obtienen año a año los bancos sobre todo en el negocio fácil de prestarle al Estado o cobrar tasas usurarias a familias y empresas.
Por todo ello el Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, atento a lo dispuesto por el Consejo Directivo Nacional, convoca a dar inicio a un plan de acción que en su primera parte consistirá:
1) En la realización de asambleas activas en todo el país a partir del lunes 26 de marzo de 2018, en horario de atención al público.
2) En la realización de un paro nacional de 24 horas en fecha a determinar.
Finalmente, hace responsables por las derivaciones de este conflicto a quienes los generaron: las cámaras empresarias, los bancos, el Presidente del Banco Central y autoridades del Ministerio de Trabajo.
La seccional Rosario de ATE anunció en un comunicado el rechazo a la oferta salarial presentada por el gobierno santafesino en la reunión paritaria realizada el miércoles.
«El gobierno nos está ofreciendo un 18% en cuotas cuando las tarifas aumentaron de una sola vez y por encima del 30%, ni hablar de alquileres y combustible que vienen aumentando intensamente, y el transporte que tuvo otro aumento fuerte el fin de semana. El gobierno por un lado está ofreciendo un aumento miserable y por el otro aumenta las tarifas tres o cuatro veces más», señaló Lorena Almirón, Secretaria Adjunta de ATE Rosario, en una conferencia de prensa.
El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS – FESPROSA) informó que la votación de las bases en torno a la propuesta salarial «muestra una aplastante tendencia por el rechazo».
Por su parte, 31.000 docentes provinciales de AMSAFE tampoco aceptaron y van a nuevas medidas de lucha con desobligación y marcha el 27 de marzo y huelga -si no hay mejora en el ofrecimiento- martes y miércoles de la próxima semana.
Los gremios estatales provinciales se manifestarán este 27 de marzo en rechazo al incremento salarial propuesto por el Gobierno de Santa Fe. Se marchará desde Plaza 25 de Mayo a la Plaza San Martín a las 10:00.
El martes pasado, pararon y se movilizaron 15.000 trabajadores en Rawson, la capital de Chubut, con cortes de ruta y otras medidas de lucha a lo largo y ancho de la provincia, y el gobierno se vio obligado a recibir a representantes de los sindicatos.
Docentes
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realizó un paro de 48 horas miércoles y jueves pasados. El primer día se movilizaron 10.000 trabajadores de la educación denunciando que las partidas actuales destinadas por el gobierno de Omar Gutiérrez a comedores de escuelas públicas es apenas de $9.77 de comedor y $2.53 de refrigerio por alumno. Los educadores también reclaman por paritarias libres, sueldos dignos y mayor infraestructura escolar.
El día jueves se llevó a cabo el congreso de UnTER (docentes Río Negro) en el que se decidió aceptar la propuesta de un 15% en tres cuotas, a cobrar en octubre. El resultado de 97 a 48 votos fue posible por la decisión de la conducción Azul de varias localidades.
Alicia Mella, profesora de Letras y referente de la agrupación docente «Nueve de Abril» aseguró: «Una vez más se ve la falta de voluntad política de resistir los ataques del gobierno por parte de la conducción del sindicato docente rionegrino. Esto quedó demostrado en que las únicas jornadas de paro que hubo fueron las de 5, 6 y 8 de marzo -por el Paro Internacional de Mujeres-, a expensas del paro declarado por CTERA. A su vez, el gobierno provincial avanza en los ataques a la educación pública implementando el examen pre ocupacional, la reforma en nivel medio que implica flexibilización laboral, como así también la implementación del llamado «0800» que pasa por encima los derechos por licencias conquistados. Además, son numerosos los problemas edilicios y la falta de vacantes, entre tantos otros problemas que no resuelven, mientras continúan subsidiando la educación privada».
Referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reiteraron su rechazo a la nueva oferta salarial del gobierno provincial y plantearon un plan de acción que incluirá un paro de actividades que aún no tiene fecha fijada.
El gobierno mantuvo la oferta del 15 % en tres tramos: 5 % en enero, 5 % en mayo y 5 % en septiembre, y un reconocimiento por presentismo de 6.000 pesos a pagar en forma bimestral. Además, la propuesta incluyó el pago de una suma de 3.000 pesos como gratificación curricular por única vez.
La oferta, rechazada de plano por todos los gremios, incluido el más fuerte en la provincia, Suteba, derivó en la decisión de un plan de lucha que comenzó con una marcha de antorchas que partió desde el Congreso Nacional a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.
Además, en el Boletín Oficial del viernes pasado, se publicó la medida por la que María Eugenia Vidal ordena jubilar de oficio a alrededor de 3.000 docentes, que cobrarán el 60% de sus haberes. Los afectados por la medida, tampoco percibirán el aguinaldo ni los aumentos que se resuelvan en la negociación paritaria provincial.
Los gremios denuncian además, que los docente que sean alcanzados por la decisión, además no podrán utilizar la obra social IOMA hasta tanto finalicen los trámites. Las fuentes gremiales aseguran que el gobierno busca desfinanciar la caja docente del Instituto de Previsión Social «para ejecutar la reforma previsional provincial y quedarse luego con los ingresos de los docentes». En esa misma dirección, la Federación de Educadores Bonaerenses y SUTEBA el mismo viernes, horas después de que se publicara la medida, presentaron ante la Dirección de Escuelas un documento para impugnar la resolución 2397/17 porque «condena a los docentes a la pobreza».
El jueves pasado en la mesa salarial docente de la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Larreta ofreció un aumento del 15% en cuotas: 8% en marzo, 4% en agosto y un 3% en noviembre. Por otra parte se comprometió a abonar el 3,5% que debía por la cláusula gatillo del 2017 junto a un bono de $1.000 por única vez. Tanto la conducción de UTE como la de Ademys, los sindicatos mayoritarios, anunciaron públicamente que la rechazan.
Con 15 provincias en conflicto por falta de acuerdo salarial, la Junta Ejecutiva de Ctera acordó un programa de acción y definió realizar una jornada nacional de protesta el próximo 4 de abril a 11 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, en la que cada jurisdicción definirá las medidas a desarrollar.
El gremio reiterará el pedido de la apertura de la paritaria nacional docente, que fue la consigna del paro de 48 horas realizado el 5 y 6 de marzo en el inicio del ciclo lectivo y exigirán el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo. Entre los motivos principales de la convocatoria del 4 de abril figura la solidaridad con todas las provincias en lucha.
La plan de Ctera continuará con asambleas en todas las escuelas entre el 9 y el 13 de abril y con plenarios regionales entre el 19 y el 27 del mismo mes con vistas a una Marcha Federal Educativa.
Estatales
El pasado miércoles en la Cámara de Diputados avanzó el proyecto que declara en el INTI la Emergencia Laboral, mientras en Senadores ingresó una iniciativa que declara la emergencia en todos los organismos de Ciencia y Tecnología. Hay que recordar que el conflicto cumplirá 60 días esta semana.
El proyecto -que tuvo gran consenso entre los legisladores de los diferentes bloques no oficialistas- plantea retrotraer la situación laboral de los trabajadores al 1° de Enero de 2018, con lo cual en caso de sancionarse la Ley todos los despedidos deberán ser reubicados en sus habituales puestos de trabajo.
Por otra parte ingresó a la Cámara de Senadores un proyecto presentado por la Senadora Silvina García Larraburu, quien recientemente asumió la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. El proyecto que buscará decretar la emergencia «en organismos de Ciencia, Técnica y de producción de la Defensa», alcanza al «personal estable y al contratado, bajo cualquiera de las modalidades y supone la reincorporación de quienes fueron despedidos y el congelamiento de las condiciones de vinculación, existentes desde Diciembre de 2015, con excepción de la remuneración que será la vigente». Según se propone en el proyecto, la emergencia se extenderá por dos años e incluye al personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), entre muchos otros.
Los trabajadores del Hospital Posadas advierten que a fines de marzo podría haber una nueva ola de despidos, que alcanzaría a 130 empleados. También denunciaron que la farmacia abandonó la producción propia y que podría ser privatizada.
Además, denunciaron que áreas enteras del centro de salud van camino a la privatización, como los sectores de farmacia y alimentación, y que producto de los despidos varios sectores, como terapia intensiva infantil, no cuentan con profesional idóneo.
El conflicto en el Posadas comenzó el 15 de enero, cuando circuló una resolución interna con los 122 contratos que no serían renovados. Gran parte de los afectados fueron enfermeras, algunas con más de 15 años de antigüedad, que se negaron a trabajar jornadas de 12 horas. Además, el recorte incluyó a técnicos y especialistas con gran trayectoria, que no contaban con reemplazo en el hospital por lo que varias áreas, denunciaron los gremios, quedaron desarticuladas.
AJB (Judiciales), ATE (Estatales), SUTEBA-FEB-UDOCBA (Docentes) y CICOP (Salud) definieron llevar a cabo una Jornada de Lucha el martes 27, con la instalación de una carpa conjunta, en donde presentarán las dificultades existentes en el funcionamiento de los servicios públicos del Estado provincial, exigiendo la convocatoria a la paritaria, rechazando el techo salarial del 15 % que quiere imponer el Gobierno, la defensa del IPS y el IOMA como pertenecientes a lxs trabajadorxs y bregar por políticas sociales inclusivas con los presupuestos necesarios para ello. A la vez, esas mismas demandas volverán a expresarse en el Paro y la Movilización de la semana siguiente -con la fecha altamente probable del jueves 5-, en donde irán a la Casa de Gobierno provincial a explicitarlo a viva voz.
Trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) cortaron la ruta nacional 3 en el ingreso norte a Río Gallegos, mientras otro grupo cortó en la ruta nacional 40 en la cuenca carbonífera.
«Nos han dicho de que si no aprobamos el nuevo convenio antes del 1º del mes que viene, decretan un proceso preventivo de crisis que no es más que los pasos previos para llevar a la quiebra a la empresa», denunció el delegado de Punta Loyola.
No obstante, el delegado gremial consignó que la empresa ya depositó las liquidaciones finales de quienes se acogieron a los retiros voluntarios y de quienes fueron despedidos.
De acuerdo con información brindada desde la empresa, unos 250 empleados optaron por el retiro voluntario, otros 195 fueron despedidos y unos 50 trabajadores fueron reincorporados porque -argumentaron desde YCRT- «estaban mal echados».
En tanto, desde el gremio aseguraron que «la mina está parada, pero se mantienen las guardias mínimas por seguridad».
Trabajadores y trabajadoras de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) fueron duramente reprimidos cuando realizaban una protesta en el Ministerio de Educación de la provincia en reclamo por el pago de becas adeudadas desde diciembre de 2017.
Los trabajadores precarizados de la educación reclamaban un pago de $ 2.600 que no cobran hace tres meses.
Azucareros en el Obelisco
Con un emotivo acto en el Obelisco porteño y acompañados de sus familias que llegaron de Salta y Jujuy, los trabajadores y trabajadoras de los gremios del azúcar concluyeron el acampe con el objetivo de «romper el cerco mediático» que encuentran en sus provincias para denunciar los masivos despidos y reducción de sueldos que sufre el sector.
Hasta el momento hubo 325 despidos en La Esperanza, 300 en Las Toscas, 181 en El Tabacal y 30 en Ledesma. Un total de 1.536 trabajadores sobre los 16.000 que sumaba esa industria en diciembre de 2015. Pero las consecuencias van mucho más allá, si se evalúa el impacto social de las cesantías, que alcanza además a zafreros y cañeros independientes e, inevitablemente, al consumo en toda la región.
Además, el secretario general del Sindicatos de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma, Rafael Vargas, advirtió sobre la situación crítica que se vive en el ingenio San Isidro. «Hay una gran preocupación por parte de los 720 compañeros del ingenio San Isidro, porque han empezado a llover telegramas de despidos con el 50 % de la indemnización que le corresponde», denunció.
El acto contó también con la presencia de referentes de la CTA-Autónoma, de la CTEP y del Movimiento Villero.
Desde principios de marzo, dos ex empleados del Ingenio San Martín del Tabacal se encuentran detenidos por reclamar la reincorporación de 181 trabajadores de la empresa azucarera en Orán, provincia de Salta. Se trata de Martín Méndez y Jorge Moreno, este último Secretario Adjunto de la CTA local. Están acusados, según la Fiscalía, por haber intentado realizar un acto de sabotaje en la planta. Las familias zafreras desmienten la acusación y denuncian un montaje para desarticular el reclamo. El miércoles pasado, los trabajadores detenidos iniciaron una huelga de hambre.
Por decisión de la Sala II del tribunal contencioso administrativo el próximo 11 de abril, ante la negativa del gobierno a brindar información sobre la venta del ingenio La Esperanza, se citará a las autoridades gubernamentales a que contesten el pedido de información realizado mediante un amparo. El mismo lo solicitaron los trabajadores despedidos, Silvio «Choper» Egüez y Walter Farfán, junto con los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Eduardo Hernández.
Al respecto, «Choper» Egüez manifestó que «el Juez con esta decisión reconoce que el gobierno está en falta ante los trabajadores y el pueblo de Jujuy, nunca explicaron por qué era necesario despedir a 338 compañeros para vender el ingenio y, menos aún, quién definió el listado de despidos. Tampoco informaron cuál es el valor del ingenio, nunca vino un tasador, y sabemos que lo están regalando a un empresario amigo como Omega, que tiene a un funcionario de Cambiemos como director* y además que este grupo está involucrado en los paraísos fiscales. Seguramente es por eso que se niegan a dar la información.»
*Facundo Fernández de Oliveira, quien en calidad de principal funcionario de Recursos Humanos en Radio Nacional despidió sin justificación a 18 trabajadores. El funcionario además cuenta con un extenso historial en el sector privado, con puestos jerárquicos en multinacionales como Clorox, Carrefour y Louis Dreyfus Commodities, y la empresa ULTERRA DRILLING TECHNOLOGIES S.R.L., propiedad de Pedro Eugenio Aramburu (hijo).
Medios
El sábado 24 de marzo los trabajadorxs de Télam emitieron un servicio especial de noticias y fotografías en memoria de las víctimas del Terrorismo de Estado.
A diferencia del servicio habitual, oneroso y sometido a una singular línea editorial controlada por el gobierno, el servicio que se emitió pudo ser re-publicado en forma gratuita, como un modesto aporte en pos de robustecer el derecho a la información de los ciudadanos.
Además, paralizaron el servicio el miércoles al mediodía durante dos horas y realizaron una asamblea y una protesta en el hall por la decisión de la empresa de sumariar a siete trabajadoras (dos de ellas delegadas gremiales) por haber participado del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, realizado el 8 de marzo.
Un arco político inusualmente amplio se expresó en defensa de la TV Pública, Télam y Radio Nacional -tres medios bajo el fuego oficial y sometidos a un feroz plan de ajuste- y se comprometió a impulsar la interpelación del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, para que explique las políticas gubernamentales del área. Fueron muchísimos los legisladores que estuvieron presentes y manifestaron su solidaridad: Horacio Pietragalla, Leopoldo Moreau y Mónica Macha (Frente para la Victoria); Mariano Recalde (Unidad Ciudadana); Carlos Selva (Frente Renovador); Pablo Koziner, Sergio Ziliotto (Partido Justicialista); Leonardo Grosso (Movimiento Evita); Romina del Plá, Nicolás Del Caño, Natalia González (FIT); José Fernando Orellana (Primero Tucumán), entre otros. Cambiemos fue el único espacio que declinó acercarse a los trabajadores.
Agustín Lecchi , delegado de la TV Pública; Carla Gaudensi, de Télam; y Mariana Fossati , de Radio Nacional mostraron una cruda y documentada radiografía de tres medios públicos tradicionales que acaban de atravesar la primera etapa del plan de ajuste con el que el gobierno «ofreció» lo que llaman «jubilaciones anticipadas» a más de 550 trabajadores. El secretario general de SiPreBa, Fernando «Tato» Dondero, resumió la realidad del sector y la hilvanó con otros conflictos del ámbito privado, como el achique de Página 12 y el vaciamiento y la presencia policial en Radio El Mundo.
En un complejo escenario para los medios de comunicación, las malas noticias se acumulan en la radiofonía argentina y ponen en la cuerda floja la continuidad de las radios Rivadavia y El Mundo, ambas decanas en el dial y cuya crisis pone en riesgo más de 200 puestos de trabajo.
Respecto de Rivadavia, todo está en manos de la justicia, en especial del Juez que lleva la quiebra de la radio -Horacio Robledo- quien recibió a una comitiva de los trabajadores para escuchar las quejas respecto de la pésima administración que llevan adelante la Sindicatura a cargo del proceso falencial, encabezada por Héctor Spagnuilo y que, a juicio de los trabajadores, no hará más que consolidar la desaparición de la radio.
En El Mundo la situación es aún más crítica ya que la radio vivió un «auge de inversiones» en instalaciones e incluso en programación hace poco más de dos años atrás y que, a partir del resultado de las elecciones del 2015, se fue evaporando el ímpetu de los inversionistas a punto tal que a la fecha ya no están cobrando los sueldos, con mora de más de 2 meses y con promesas que son sistemáticamente incumplidas.
Fracasó la audiencia en el Ministerio de Trabajo de La Plata con la dueña del diario Hoy y la Red 92, Myriam Chávez de Balcedo, quien solo habló con la delegada regional, a quien dijo que desconocía la conciliación obligatoria, que no iba a pagar los salarios y mucho menos dejar ingresar a los trabajadores. Tampoco se iba a sentar en la audiencia. Y a los gritos se retiró ante la pasividad de los funcionarios. Hace 75 días que los trabajadores no cobran sus sueldos.
Privados
Froneri, una empresa de fabricación de helados que produce para Frigor, decidió el despido de 20 trabajadores sin motivo alguno. La empresa comunicó la resolución a través de su abogado.
A partir de esto, los trabajadores resolvieron, mediante una asamblea realizada en la fábrica, el cese de las actividades y el bloqueo de los portones de acceso a la planta.
Además, Carlos Urquiza, secretario Administrativo del gremio recordó que se había alcanzado un acuerdo en enero entre el sindicato y la empresa que establecía el período de vacaciones a partir del 2 de abril, momento en el que la fábrica haría un cese de actividades, a cambio de no suspender ni despedir a ningún trabajador durante el 2018.
Froneri es una empresa de helados creada por capitales provenientes de dos multinacionales: la francesa Nestlé, una de las empresas alimenticias más grande del mundo y la británica R&R Ice Cream.
En la empresa Cresta Roja, emblema de la recuperación macrista, otra vez reina la incertidumbre. Con promesas incumplidas, deudas a los empleados y actividad paralizada, se vendría un nuevo cambio de firma.
Tras el fracaso consumado de Proteimsa, la firma que llegó para darle una nueva vida a la avícola, en las plantas de Esteban Echeverría se viven momentos de tensión e incertidumbre. Es que otra vez los empleados no saben cuál será su futuro.
La empresa dejó fuera del proceso de reincorporación al 30% de los operarios de la ex Rasic, por lo que hoy se encuentra muy lejos de alcanzar los 3.500 puestos de trabajo comprometidos al momento del «salvataje».
Ahora quien llegaría a rescatar a Cresta Roja es Grande Tres Arroyos. La empresa estaría dispuesta a desembolsar unos U$S 80 millones para quedarse con Cresta Roja y así iniciar un nuevo proceso.
Cerca de 500 colectiveros, trabajadores de la empresa Expreso Lomas, que maneja las líneas 112, 165 y 243, que une distintos puntos del Conurbano con la Capital Federal, cortaron de manera sorpresiva el puente La Noria.
Según consignaron a partir de declaraciones de los delegados, hay una situación de «vaciamiento» de la empresa, que redunda en el atraso de pagos de salarios y de condiciones de seguridad precarias para pasajeros y choferes.
El incendio en Maffisa dejó un panorama devastador en la fábrica platense. Mientras todavía trabajaban los bomberos en el lugar, la empresa resolvió suspender al 95 % de los trabajadores con el 70 % del salario durante 15 días.
Los trabajadores de Carrefour denuncian un inminente cierre del Híper Warnes, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Un plan de ajuste aún mayor suena en los pasillos del gobierno y del sindicato encendiendo las alertas.
Mario Amado, delegado de la Comisión Interna de la sucursal mencionada, afirmó que » la situación es crítica, sabemos que la empresa ha intimado al desalojo a los locales comerciales que funcionan dentro del híper para fin de este mes (de hecho ya ha dejado de funcionar uno de ellos) como también sabemos que los directivos de Carrefour están manifestando tanto en el gobierno como ante el sindicato que es inminente el inicio de un ajuste que puede darse por reubicaciones, despidos y/o retiros voluntarios, pero para nosotros es claro que si cierran Warnes la gran mayoría de los trabajadores de la empresa se quedan sin laburo».
Carrefour viene realizando un ajuste de hecho en los últimos años puesto que, a pesar de la expansión de los locales de proximidad y la absorción de Eki, han pasado de los 21.000 trabajadores en 2015 a aproximadamente 19.000 hoy.
Del mismo modo, fuentes consultadas afirman que INC SA (la empresa que es dueña de la cadena de retail) ya había presentado un plan de achique de 3.000 trabajadores que luego de algunas conversaciones tanto con el sindicato como con actores del gobierno reconvertían en 1.000 despidos voluntarios. Sin embargo, este número sólo atañe a los empleados de Carrefour, pero la enorme cantidad de tercerizados que se vinculan con cada sucursal (seguridad, limpieza, locales comerciales, etc.) hace que cualquier cierre de los grandes locales afecte a por lo menos 300 familias.
«Los trabajadores venimos haciendo el ajuste hace rato» , expresó Amado al contar que por aceptación de los regímenes de trabajo que exige la empresa (la polivalencia, la rotación de horarios, etc.) » no puede decir que los trabajadores no acompañan con sus esfuerzos» . Asimismo, reconoció el mal momento comercial y financiero de Carrefour pero adjudicó el mismo, principalmente, a gestiones deficientes de la conducción de la empresa, donde cabe recordar que recientemente fue corrido su CEO local para ser reemplazado por un directivo proveniente de Francia.
«Si cierra Warnes se pierden 130 puestos de la empresa y otro tanto de los prestadores de servicios vinculados con el híper» , finalizó el delegado gremial.
Los movimientos populares vuelven a la calle
El Ministerio de Trabajo en forma intempestiva decidió suspender el pago a 18.647 trabajadores de la economía Popular enmarcados en el Programa de Trabajo Autogestionado a partir del mes de mayo.
Esto sumado al cierre de programas como «Entrenamiento para el Trabajo» que además de una ayuda económica para quienes se estaban capacitando, incluía materiales y equipamiento para poder desarrollar los cursos, y a la suspensión del programa «Seguro de capacitación y empleo», al que tenían acceso personas en situación de extrema vulnerabilidad laboral como ex detenidos y trans.
Por estos motivos la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, anuncian que realizarán medidas de acción directa el próximo miércoles 28 de marzo, con ollas populares y concentraciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país.
Desde hace 17 días, distintos movimientos sociales y cooperativas realizan un acampe frente al Municipio en la ciudad de Mar del Plata. Solicitan a las autoridades la continuidad de los contratos laborales, más puestos de trabajo genuino y el cumplimiento del programa «Mejor Vivir».
No se privaban de nada: «El hermano de Triaca cobró $ 500.000 por organizar una fiesta del SOMU»
Sandra Heredia, la ex empleada doméstica en la quinta familiar de los Triaca que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insultó por WhatsApp y luego fue despedida, volvió a la carga contando intimidades de los desmanejos de la intervención en el SOMU. «Me llegaban contratos de ñoquis en el SOMU», aseguró en declaraciones al canal de noticias C5N, y precisó que, además, «el hermano de Triaca cobró $500.000 por organizar una fiesta del día del niño en el SOMU». El hermano en cuestión es Carlos, el mismo que la tuvo en negro hasta 15 días antes de las elecciones 2015 y que después le pagó lo acordado por el despido sin causa. Por otro lado, Heredia contó como el ministro desviaba las cajas navideñas para los marineros y que más de 100 cajas que debían ser destinadas a los afiliados terminaron en la quinta del ministro.
Por otra parte, el Ministro de Trabajo mediante un decreto eliminó la Subsecretaría que se encargaba de los estudios laborales. Los empleados denuncian el desguace de las estadísticas y el desplazamiento del personal técnico con más de 20 años de antigüedad.
En un comunicado de prensa firmado por los trabajadores de la ex Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales recordaron que «en tanto organismo integrante del Sistema Estadístico Nacional (SEN), tenía por objetivo desarrollar, producir y publicar información estadística e investigaciones sobre el desenvolvimiento del mercado de trabajo, las relaciones laborales y la seguridad social, así como brindar asistencia técnica a otras áreas del Ministerio para el diseño y evaluación de políticas, planes y programas socio-laborales». Además, recordaron que la información por ella elaborada sobre empleo, salarios, trabajo infantil, negociación colectiva y conflictividad laboral «ha sido también imprescindible para el desarrollo de estudios académicos y científicos sobre el mundo del trabajo». Paralelamente, lejos de la premisa de ahorrar en cargos políticos, la cartera laboral terminó por reforzar esa estructura en desmedro de los cargos de carrera y hasta incrementó en 16 millones de pesos el presupuesto para el gasto anual en ese rubro. Las modificaciones, contenidas en una batería de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial la semana pasada, encendieron alarmas en la delegación Trabajo del gremio estatal ATE que hoy hará un abrazo simbólico de protesta.
Según la delegación de ATE en Trabajo más del 90% de las designaciones realizadas en los últimos dos años en la cartera laboral fueron por excepción «por incumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la función», según relevamientos hechos a partir de las publicaciones en el Boletín Oficial.
Paralelamente, el gobierno nacional prepara un proyecto para disolver el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y reemplazarlo por un organismo llamado Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que tendría un rol meramente de ejecutor.
El proyecto impulsado por Hacienda prevé la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la derogación de la Ley 17.622 que creó el Indec en 1968.
Contempla que el personal que actualmente reviste en el Indec pase al nuevo organismo bajo ciertos requisitos, entre ellos establece que «el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen».
Esta medida podría afectar los puestos de trabajo actuales, constituyendo una medida de ajuste.
Fuentes: www.infogremiales.com.ar, Resumen Latinoamericano, Anred, Infogremiales, www.ambito.com, Clarín.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.