Paro de Ademys en CABA luego del receso invernal

El ministerio de Educación de la Ciudad cerró esta tarde un nuevo incremento salarial en una reunión con representantes de los sindicatos porteños. A los aumentos ya otorgados en febrero, abril, mayo y junio, se sumó un 10% a partir del 1° de julio. Además, se acordó una nueva revisión salarial en agosto.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, celebró el acuerdo: “El esfuerzo que hace la Ciudad para que el salario docente se mantenga por encima de la inflación es una muestra del lugar que le damos a la educación. Es nuestra prioridad y lo demostramos todos los días”.  

Porcentajes de actualización salarial 2023

·         14% en febrero

·         11% en abril

·         8% en mayo

·         17% en junio

·         10% en julio (nuevo acuerdo)

·         10% en agosto

·         10% en octubre

·         10% en diciembre

El salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en julio de $ 387.274 para jornada completa. Mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de $ 448.158,94. El valor de la hora cátedra para nivel secundario en julio será de $10.463,12 para docentes sin antigüedad y de $12.575,81 para aquellos con la máxima antigüedad. De la reunión participaron el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione, funcionarios de la cartera educativa y representantes de los sindicatos porteños.

Ademys

Ademys concurrió a la mesa salarial convocada por el del Gobierno y rechazó su pauta de pobreza.

El aumento otorgado, aclaró, consiste en adelantar un 10% previsto para agosto (que en realidad es un 6,7% sobre el sueldo de junio), más el 3,5 % de la paritaria nacional, lo que lleva el salario inicial de una maestra de Jornada Simple a $193.637 con un acumulado de 68,9% incluyendo lo otorgado por Nación.

El gobierno no indica en el mail enviado a todas las docentes, que el salario no alcanza a cubrir la canasta de pobreza $235.931 en junio. Mucho menos el mínimo que necesita una familia para vivir en la Ciudad de Buenos Aires que según fija la canasta de lxs trabajadores de ATE lndec, son $345.151 (último dato publicado en mayo 2023).
Con este ofrecimiento de Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña pretenden naturalizar que una compañera docente sostén de hogar, tenga que trabajar dos o hasta tres turnos para poder llegar a fin de mes, ya que el salario inicial por cargo no cubre la canasta básica familiar. En el mail queda demostrada dicha naturalización ya que decide obviar el dato de jornada simple.

También denunció el bono que anunció el gobierno

Rechazamos la propuesta de aumento del gobierno, exigimos una recomposición salarial acorde a la inflación de un aumento de 100% por cargo. Hemos hecho eje en que esta insuficiencia de aumento salarial se dé en un achatamiento de la escala salarial. Denunciamos también que cuanto más trabaja un docente para llegar a fin de mes menos vale su trabajo por el tope de horas.

Remarcamos que el camino de la organización y de la movilización y de las acciones que hemos convocado por parte de nuestro sindicato con el conjunto de la docencia, son la base para seguir arrancándole estos puntos porcentuales al gobierno y seguir peleando por un salario que realmente nos permita trabajar, enseñar y aprender en las mejores condiciones.

“Usted es la responsable del deterioro de la escuela pública”

El secretario Gremial de Ademys y actual precandidato a jefe de Gobierno por el FIT-U acompañando la precandidatura presidencial de Myriam Bregman, le respondió a la ministra porteña: “Usted es la responsable del deterioro de la escuela pública. Se lo dice quien está en el aula hace 34 años y conoce el sistema educativo mucho mejor que usted”, le dijo a la ministra porteña quien lo había acusado de “hacer política” por la pelea que lleva adelante el gremio por salario y condiciones de trabajo.

En una nota de Infobae, Acuña señaló el “total descaro” de que el gremio Ademys que se encuentra de paro hace 12 días (sic) por un aumento de salario y condiciones dignas para enseñar haya llamado a la continuidad de la medida de fuerza para luego de las vacaciones.

“Parece que el secretario general del gremio que se postula a jefe de gobierno de la Ciudad necesita descansar. El descaro es total. Hacen política a costa de la educación de los chicos y las chicas”, fueron sus palabras, según Infobae.

Sin embargo, como el mismo Adaro le aclaró, ya no ocupa ese lugar desde la última elección sindical. “Le recuerdo ministra, que soy secretario gremial de Ademys y no general”, posteó.

Al parecer la ministra de Educación no conoce quién dirige uno de los gremios docentes. De más está aclarar que la crítica de Acuña e Infobae a la elección de las y los docentes agrupados en Ademys de continuar con el paro luego del receso escolar no resiste mayor análisis. Un paro en vacaciones tendría el mismo efecto que las políticas educativas de Soledad Acuña para mejorar la educación.

El tema de fondo, como señala en la misma nota Federico Puy, secretario de Prensa de Ademys y precandidato al Parlasur por el FIT-U, “nuestro salario no alcanza para ganarle a la inflación, y una compañera que sea sostén de hogar se tiene que ver obligada hasta dos o tres turnos para llegar a fin de mes. Eso precariza muchísimo nuestra jornada laboral y además empeora muchísimo el proceso de enseñanza en las aulas”.

“Es un avance contra el derecho a la huelga”

La Retaguardia

Lo dijo Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, acerca del bono de presentismo que el Gobierno porteño pretende entregar a las y los docentes que no participen de los paros. Adaro pasó por el programa radial “Estás muteadx” y habló sobre esta “medida antisindical”.

El ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, propuso pagarles a los docentes un bono de presentismo que corresponde a la primera mitad del año. “Con dinero de los huelguistas, la Ciudad reconoce a los docentes con asistencia perfecta”, decía el comunicado oficial.

Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys habló acerca de esta medida: “No hay sorpresa cuando se toman medidas de este tipo. Es una medida que ellos entienden meritocrática y nosotros lo que vemos fuertemente es un avance contra los derechos laborales, como el derecho a la huelga y es también una medida claramente antisindical”.

Adaro planteó que este “bono rompehuelgas” aspira a que haya un enfrentamiento entre los y las docentes que lo cobran y quienes no. “Además, es tan poco serio que ellos plantean: esto es para los que no han hecho paro, pero la letra chica dice que es para todos los que cumplan con los requisitos de presentismo. Es decir, una maestra que ha faltado un día en el semestre por cuidar un hijo o una hija no va a percibir este bono. Estamos hablando de un gremio donde el 85% son mujeres. Estamos ante una medida que más que efectiva tiene un carácter de propaganda antisindical”, explicó.

“También entendemos que este anuncio de Soledad Acuña se da en un marco donde Juntos por el Cambio está en una ofensiva muy grande en todo el país. Más allá del rechazo de esta medida que tuvo en todas las escuelas, hay que mirar con más atención cuál es el objetivo que persigue finalmente y más profundamente este tipo de medidas”, dijo el secretario gremial.

A modo de reflexión, Adaro planteó que habría que discutir verdaderamente una recomposición salarial. “Estas políticas de bonos extorsivos han fracasado. Recordemos el año pasado cuando quisieron incorporar el sábado a la agenda de trabajo poniendo plata para que se acepte y fue un rotundo fracaso porque no lograron que los docentes tomaran dinero para asistir ese día. Hasta ahora las cosas no le vienen saliendo en ese sentido al Gobierno. Esto no se resuelve con un bono, sino con una recomposición salarial que sea constante y no con estas medidas efectistas y electoralistas como las que plantea el Gobierno”, dijo.

“La crisis salarial en algún sentido es la que ordena la lucha. Esto no es nuevo, lo de los feroces días de descuento por días de huelga. Yo no sé si este punto podría incidir para que baje la cantidad de docentes que se podrían sumar a una jornada de huelga, lo que sí me parece e insisto es que esto expresa una crisis muy grande en un marco inflacionario y de ajuste donde la pelea es constante. La tendencia es que la lucha va a seguir y la docencia viene acompañando las medidas de manera muy importante”, cerró.

Un docente candidato a jefe de Gobierno en CABA

El sábado 22 de julio, las y los precandidatos del Frente de Izquierda, de la Lista A «Unir y fortalecer la Izquierda», que encabezan Myriam Bregman y Nicolás del Caño, recorrieron las calles del barrio de Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires, llevando a las y los vecinos las propuestas que presentan.

Estuvo Jorge Adaro, docente desde hace 34 años, secretario gremial de Ademys y precandidato a jefe de gobierno por Izquierda Socialista y otres referentes.

Las y los referentes estuvieron rodeados de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados; jóvenes precarizados; estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, de la UBA y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de Lugano; artistas y docentes, entre ellos Federico Puy, secretario de prensa y precandidato al Parlasur; Ailén Beraldo, secretaria de Acción Social, los dos del gremio Ademys.

La jornada culminó con un gran festival en la Casa Cultural Socialista Fuegos de Oktubre de Lugano. Prepararon comida, bebida e hicieron un show de música en vivo. Todo transcurrió durante una tarde y noche placenteras, con intercambios políticos y reflexiones para organizarse contra el ajuste en curso que los gobiernos, tanto Nacional, como de la Ciudad, ejercen sobre las grandes mayorías, sobre la clase trabajadora y luchar por una salida de las y los trabajadores.

La directora del Lengüitas aseguró que su desplazamiento fue por razones políticas para «disciplinar» a las escuelas

Por Santiago Brunetto

«No puedo encontrarle otra razón a lo que sucede que no sea política porque lo que yo tenía que hacer como responsable máxima de mi nivel lo hice», dijo 12 María Delia Fernández Cravero, la directora del nivel medio del Lengüitas que fue desplazada por el Ministerio de Educación porteño en el marco de un sumario abierto por presuntas irregularidades en el seguimiento de un alumno que intentó suicidarse. La mujer sostiene que cumplió con lo requerido y atribuye el desplazamiento a un intento de «disciplinar» a las escuelas tras el proceso de tomas del año pasado en el que, asegura, buscó «garantizar mecanismos democráticos para que los chicos y las familias tuvieran lugar para expresarse», pese a no estar de acuerdo con la metodología.   

El caso en cuestión se remonta a fines de noviembre del año pasado, cuando un alumno de primer año del nivel medio de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, nivel al que asisten alrededor de quinientos estudiantes, fue hallado en las cercanías de las vías del Belgrano Norte con un disparo en la cabeza tras pasar un día desaparecido. El chico finalmente sobrevivió y los investigadores de la Fiscalía N°15 encontraron indicios de que se trató de un intento de suicidio. Tras eso el Ministerio abrió un sumario administrativo para investigar la actuación de las autoridades del nivel en el seguimiento del chico y la semana pasada, tres días antes del inicio del receso invernal, la cartera notificó la «reubicación» de Fernández Cravero en el Normal N°1.

Lo que informaron fuentes del Ministerio es que la decisión se tomó porque la directora no activó el «protocolo de vulneración de derechos», porque «no respetó la vía jerárquica y no cumplió con la normativa», y porque «la supervisión dice que se omitieron las alertas de vulnerabilidad, no se dio intervención al Equipo de Orientación Escolar (EOE) y se desconocieron los dispositivos que se habían implementado en el nivel primario». Fernández Cravero eligió mantener el silencio durante los días posteriores a la notificación, pero tras el apoyo de la Cooperadora, el cuerpo docente y el Centro de estudiantes, que reclamaron su reincorporación en el cargo, decidió hablar para contar su versión de los hechos. 

«El Ministerio se enteró de que él estaba desaparecido a través mío, es mentira que no di aviso. Y en el momento en que él desapareció ya estaba acompañado por la psicopedagoga porque era un alumno con ocho materias bajas y más de veinte faltas, hasta se había citado a la madre por ese motivo. Cuando en diciembre inician la apertura del sumario yo hice un descargo formal contando todo lo que la escuela había hecho y la supervisión lo refrendó en un informe. Recién tres días antes de las vacaciones piden mi desplazamiento, cuando había pasado seis meses más en el cargo», comenzó a contar la docente que llegó a la dirección a fines de 2019. 

Fernández Cravero también se refirió a un aspecto central en el sumario: una hoja con garabatos y anotaciones presuntamente suicidas escritas por el alumno. Según sostiene, ella recién supo de la existencia de ese papel luego del intento de suicidio. «La profesora de matemática le encuentra ese papel en septiembre, se lo da al tutor y él llama a la psicopedagoga. Yo, como autoridad, recién me entero de esto el lunes posterior al hecho, cuando me junto con la psicopedagoga, con mi supervisora y con el asesor pedagógico para hacer un informe sobre la situación. En ese momento la psicopedagoga nos cuenta sobre el papel y yo le hago un apercibimiento estatutario por el incumplimiento de su función«, cuenta. «Yo tendría que haber llamado al EOE y hacer la derivación que corresponde si lo hubiera sabido en septiembre, pero eso no sucedió», agregó. 

La mujer hizo hincapié en contextualizar el momento en que se inició la investigación, después de que finalizara el proceso de tomas que se extendió en varios colegios porteños y que tuvo al Lengüitas como uno de sus referentes. En este sentido, calificó a la escuela como una «vidriera de conflictos«, ya que este año también se sumaron las protestas en la ola de calor y por la presencia de alacranes en el establecimiento. «Mi conclusión es que están viendo quién tiene la mano más dura en la Ciudad para disciplinar a las escuelas. En ese momento veníamos de que la escuela fuera escenario político por la toma y no puedo encontrarle otra razón a lo que sucede con este caso que no sea política, porque lo que yo tenía que hacer como responsable máxima de mi nivel lo hice», afirmó. 

Sobre la toma del año pasado, Fernández Cravero aseguró que ella no estuvo de acuerdo con esa metodología y que se lo transmitió tanto a los estudiantes como a sus familias. Sin embargo, afirmó, «busqué garantizar mecanismos democráticos para que los chicos y las familias tuvieran lugar para expresar su voz sabiendo que la decisión de tomar la escuela era de ellos. Pero no salí a perseguir chicos ni a anular los lugares de discusión». Preguntado a fuentes de la cartera a cargo de Soledad Acuña sobre la acusación de que el desplazamiento tiene un trasfondo político, no obtuvo respuestas.  

El jueves pasado, luego que conocer la noticia, el Centro de estudiantes, el cuerpo docente y la Cooperadora del nivel realizaron un ruidazo a las puertas del Lengüitas para brindar su apoyo a Maridé, como se conoce a la directora en la comunidad educativa. Los y las docentes, en tanto, discutieron el tema en asamblea y luego emitieron un documento en el que calificaron la medida del Ministerio como «arbitraria, desmedida e infundada» y pidieron la reincorporación de su compañera. 

El Centro de estudiantes, por su parte, también sostuvo que la medida es un acto de «disciplinamiento político hacia nuestra directora«. Nancy Vega, presidenta de la Cooperadora, dijo que «Maridé logró entablar un vínculo con los alumnos y eso lleva tiempo y mucho trabajo. Hoy nuestros hijos se sienten angustiados con esta situación. El lugar de Maridé es el Lengüitas y pedimos su reincorporación al finalizar el receso invernal«.

Carta de un padre del Lengüitas al Ministerio de Educación porteño

Por Martín Smud

El viernes la comunidad educativa del Lengüitas realizó un abrazo simbólico al colegio. ¿Por qué? A todos los temas que fuimos viviendo con respecto a la educación de nuestros hijos, el miércoles nos enteramos de que la directora del establecimiento de educación secundaria sería reubicada preventivamente por, supuestamente, haber faltado al protocolo en el caso de un estudiante que intentó suicidarse a finales de noviembre del 2022.

Tres cuestiones me gustarían remarcar. Por un lado, el “protocolo” es una palabra que nos viene del latín “protocollum”, que a su vez deriva del griego clásico “protokollon” que significa “la primera hoja o tapa, de un manuscrito importante, con notas sobre su contenido”.

Hoy lo llamaríamos en un libro el índice, la página donde se orienta a un practicante en cualquier arte o conocimiento, allí se encuentra cómo está organizado y cómo orientarse en la práctica. El debate se encuentra en cualquier editorial, en cualquier lector, en cualquiera que mira una serie por streaming, ¿ese protocolo se debe ubicar adelante configurando un tremendo espoiler? o ¿al final, cuando, luego de leer, podrías realizar junto al escritor, guionista, funcionario, una síntesis de lo realizado? ¿Protocolo adelante o protocolo atrás? No es una mera ubicación sino una decisión vital con implicancias epistemológicas y, sobre todo, políticas.

Si lo ponemos por delante, se produce una culpabilización anticipada de un funcionario educativo sin haber llegado a un veredicto acerca de su accionar, en el cual se debería incluir a través de consejos escolares no sólo autoridades educativas sino también de la comunidad, padres y madres y especialistas en problemáticas adolescentes.

Porque, ante todo, más allá de las disquisiciones que podamos realizar, estamos frente a un tema central para pensar como sociedad: el suicidio adolescente. Por otro, la utilización de la ciencia jurídica como zanjamiento de las problemáticas sociales constituye, a mi parecer, un grave y extendido error que, sea quien lo realizara, achata las posibilidades de una civilidad democrática.

La reubicación preventiva es un eufemismo, aparentemente en la carta nos dicen que están cuidando al funcionario educativo, en este caso a la directora. Creo que cualquiera en su sano juicio no quisiera que lo cuidaran de esa manera. Además, que los juristas, que no lo soy, sostendrían que todo ciudadano y ciudadana es inocente hasta que se compruebe lo contrario.

Te reubican en otra escuela porque te investigan si no actuaste siguiendo el protocolo que conduce primero al gabinete de orientación escolar, luego al ministerio y como cabeza, a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Tenerla como último eslabón y principal validación de toda la cadena protocolar nos deja expuesto que, como ya lo ha demostrado, se ha dedicado a la “marcación” de familias (escuchen y vean el video que circuló por redes), como lo ha dicho ella misma en un famoso lapsus que debería entrar al museo de los objetos preciosos de la psicología moderna.

¿Qué pasaría si la sociedad pudiera “reubicar preventivamente” a los funcionarios políticos que para gestionar no necesitan décadas de práctica, puntaje y decisión de gestión como cualquier director de escuela?

El caso del adolescente es un episodio en el cual es difícil hacer comentarios.  Se trata del intento de suicidio de un estudiante de nuestro establecimiento que nos angustió y nos angustia. Como padre y como psicólogo, sé que los llamados Doe (Departamento de Orientación Escolar) tienen una tarea que despiertan mi más alta consideración, aunque reconozco que tienen asignada tal magnitud de población estudiantil que dificulta su trabajo.

Por su envergadura, el protocolo debería conllevar la existencia de un frondoso equipo de profesionales interactuando con los chicos y chicas y no esa espera comprensible frente a especialistas educativos, una tarea compleja. Así como por la cantidad de horarios de vacancia de clases el ministerio acusa a los docentes, en este caso acusa “por protocolo” a la directora del colegio por el intento de suicidio.

Quisiera preguntarle a la ministra si su cargo tiene las mismas características y si podríamos a ella también “reubicarla preventivamente” cuando incurra en alguna falla protocolar. En este caso, ya lo haríamos por tener la educación pública un número de especialistas infinitamente inferior a los necesarios para la atención en salud mental con estudiantes adolescentes.

Si el protocolo apunta a las formas, el fondo tiene que ver con el difícil tema del suicidio adolescente, la falta de equipos especializados y la marcación de familias. ¿Podríamos pedirle a la ministra que hablara algo de la problemática adolescente? O quizás su tarea sea sólo protocolar y su libreto lleve desde la primera página cómo debe comportarse un funcionario si pasase tal cosa en vez de realizar un llamado al Consejo de todo el arco educativo para evaluar una problemática de fondo como es la situación de los adolescentes. 

ADEP y CEDEMS pidieron al Gobierno jujeño volver a discutir la pauta salarial

Los sindicatos que nuclean a docentes de los niveles primario, secundario y terciario de Jujuy solicitaron al Gobierno provincial la reapertura de la negociación paritaria y la conformación de una mesa negociadora para acordar una recomposición salarial, reclamo que el mes pasado motivó un plan de lucha con paro por tiempo indeterminado que en el caso de los maestros primarios aún continúa.

En sendas notas dirigidas al ministro de Trabajo, Gaspar Santillán, los gremios pidieron su intervención para reanudar las conversaciones, que entraron en un cuarto intermedio el 13 de julio pasado.

En su presentación al funcionario la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) expresa que “a fin de arribar a una solución definitiva para el conflicto que hoy tiene en vilo a toda la sociedad jujeña, solicita su mediación para que se adopte las todas medidas necesarias para conformar la mesa negociadora de inmediato”.

La espera por una respuesta de la Casa de Gobierno a la solicitud de los trabajadores entra virtualmente en “tiempo de descuento” en razón de que el receso escolar de invierno llegará a su fin este viernes, lo que pone a las familias con alumnos en la escuela pública que deberían regresar a las aulas el lunes próximo frente a la incertidumbre de no saber si volverán a tener clases desde la semana venidera.

En este marco el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) solicitó la reapertura de las negociaciones y reclamó “definiciones urgentes”.

“Desde ayer (por el lunes) que presentamos la nota, hasta hoy, no hay novedades”, dijo la secretaria general del sindicato, Mercedes Sosa.

En el mismo sentido la ADEP expresó en su nota dirigida a Santillán que “nuestros niños no pueden seguir esperando por más tiempo para continuar con los procesos educativos”.

“Los docentes también necesitan contar con las garantías para que puedan brindarles una mejor y justa retribución de su tiempo de trabajo”, se lee en el escrito firmado por la secretaria general de la entidad, Silvia Vélez y que también fue enviado a la ministra de Educación, María Teresa Bovi; y a la diputada María Ferrín, de la Comisión de Educación de la Legislatura.

El gremio, que sostiene un paro por tiempo indeterminado, ratificó su reclamo por un aumento salarial que permita alcanzar un básico de 100.000 pesos, a la vez que rechazó los descuentos por los días de paro.

Asimismo, el sindicato exige al Gobierno provincial que asuma “el compromiso” fijado en el acta del 30 de junio respecto del valor del cargo docente, para maestros especiales de un aumento de 12 a 15 horas cátedras y para maestros de Nivel Inicial y Primario de 15 a 18 horas cátedras.

Esa solicitud fue ratificada en la mesa técnica del 10 de julio y en la reunión paritaria del 13 de julio.

Adosac se solidarizó con la lucha de las y los trabajadores de Jujuy

El jueves 13 de julio, se realizó una manifestación en contra de las persecuciones del Concejo Provincial de Educación, el ministerio de Trabajo, el poder judicial y el gobierno provincial de Alicia Kirchner, contra la docencia de Santa Cruz. Fue en la zona céntrica de Río Gallegos. Allí denunciaron todos los atropellos que están sufriendo constantemente.

En varios discursos de quienes se manifestaron, denunciaron que, lo que sucede en Jujuy es parte de un ajuste que se aplica en casi todo el país. Así se solidarizaron con pancartas de repudio a lo que sucede en la provincia del noroeste, sin olvidar lo que pasa con la docencia de Santa Cruz. Junto a los trabajadores de la educación, se sumaron un grupo de trabajadores de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, resaltando la falta de inversión en el establecimiento Ferro Portuario de Punta Loyola y la ausencia de soluciones del interventor Daniel Peralta.

Hay que recordar que hay tres docentes y una trabajadora (dos son militantes del Partido Obrero), falsamente acusados y procesados de “intento de femicidio y homicidio”, contra la gobernadora Alicia Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández, durante la manifestación ocurrida el 21 de abril del 2017, frente a la Casa de la Gobernación. Además, la justicia provincial intimó al gremio docente ADOSAC a levantar las medidas de fuerza que estaban realizando en contra de los insuficientes aumentos salariales ofrecidos por el gobierno provincial.

Algo similar sucede con 19 trabajadores de YCRT, quienes fueron procesados a mediados del año pasado, luego de la lucha que dieron contra los despidos aplicados por el interventor macrista Omar Zeidan en 2018. Algunos de ellos, también están acusados falsamente de “privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte”, contra un grupo de funcionarios de dicha empresa.

Al finalizar la manifestación, recordaron que seguirán movilizándose hasta conseguir todas las demandas y lograr el desprocesamiento de los trabajadores que luchan en Santa Cruz.

Campaña de junta de firmas contra la criminalización de docentes en Santa Cruz

La Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) lleva adelante una Campaña Nacional de Junta de Firmas contra la Criminalización de la Protesta Social y la Banalización de la Figura de Femicidio luego de que se pidiera el cambio de carátula de “Invasión a Domicilio” a “Tentativa de Femicidio” en una causa iniciada contra docentes por realizar una protesta frente a la residencia de la gobernadora.

Desde Adosac afirman que este cambio de carátula abre la puerta a la prisión preventiva de sus compañerxs criminalizados por participar de una movilización el 21 de abril de 2017 frente a la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner.

“Concretamente la causa ya elevada a juicio por ‘invasión de domicilio’ debía caer por prescripción, pero ahora pasaría a ser tipificada 6 años después y sin ningún elemento nuevo como ‘intento de femicidio’ o ‘intento de homicidio calificado’ constituyendo un ejemplo extremo de la criminalización de la protesta que recorre el país desde Jujuy hasta la Patagonia. Hay una decisión política de agravar la causa de los compañeros que resulta tan nefasta, como arbitraria”, afirman desde el gremio.

“Se trata de un fallo dividido del Tribunal Oral de Río Gallegos, sometido a una decisión del poder político, ya que es el Fiscal de Estado el que insta la acción, promoviendo que se vuelva a primera instancia y se indague nuevamente a los acusados con el fin de aplicar la prisión preventiva hasta el juicio, como se ha hecho repetidamente en Santa Cruz y en el país. En el 2017 existía una convulsión social en Santa Cruz, no se cobraban los salarios de manera completa sino en varias cuotas, los jubilados acamparon meses cortando la principal avenida de la ciudad y en los jardines de Casa de Gobierno. Las movilizaciones eran constantes. El 21 de abril una importante cantidad de manifestantes llegó a la Residencia oficial que está frente a la Casa de Gobierno y el reclamo se mantuvo varias horas hasta que fue reprimido y dispersado por la policía. Los salarios aún no se cobraban y no había aumento para nadie. Alicia y Cristina Kirchner se encontraban en el lugar. Los únicos heridos fueron manifestantes y un periodista por los disparos policiales”, explicaron desde Adosac.

Agregaron que la actual pretensión del cambio de carátula “intenta golpear la extensa lucha docente”: “Sumado a ello, el decreto 0695/23 que elimina la Paritaria e impone la condición de pobreza a todos los salarios del sector, por último, una medida cautelar que PROSCRIBE EL DERECHO A HUELGA EN SANTA CRUZ, demuestran el encono que tienen con los educadores. Rechazamos asimismo la utilización de una conquista del movimiento de mujeres contra el estado patriarcal, como es la figura legal de femicidio, para criminalizar en este caso desde el
poder a una protesta social. Necesitamos la adhesión y solidaridad de todos los trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales y comunidad en general en el pedido de absolución para nuestros compañeros procesados”.

En este punto iniciaron una campaña de junta de firmas para reclamar la absolución de Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Claudio Wasquín en Santa Cruz.

Para sumarse a la Campaña Ingresar Aquí

Repudiable condena al docente Matías Schierloh en Chubut

El juez Fabio Monti condenó a una pena de 3 años a Matías Schierloh por coautor penalmente responsable del delito de incendio en relación a los hechos ocurridos en horas de la noche del 17 de septiembre de 2019, en la explanada e inmediaciones de la puerta de ingreso de la Legislatura de Chubut.

Nuevamente vemos como la justicia de Arcioni y del PJ sigue condenando a los que protagonizaron una de las luchas más importante de los últimos años, las 17 semanas de huelga contra el ajuste de Macri y que en Chubut llevaba adelante el gobernador Mariano Arcioni.

Los testimonios volcados en el juicio contra los ex dirigentes de la ATECh fueron en muchos casos de efectivos de la Policía, quienes además se infiltraron en las movilizaciones y hacían espionaje ilegal.

Esta condena se suma a la que recibió Santiago Goodman, por la misma causa que Matías Schierloh, de 3 años de pena, dictada en agosto de 2022 por la Jueza Tolomei y la de la docente Estela Juárez, a quien la Jueza Federal Marta Yañez condenó a tres meses de prisión en suspenso en abril de 2023.

Contra esta avanzada represiva y la condena a Schierloh, Juárez y Goodman y el procesamiento a las y los luchadores obreros y populares hay que redoblar la lucha por la absolución y el desprocesamiento de todos los presos y procesador por luchar.

Arcioni descuenta los días de paro a la docencia

El ministro, José Grazzini, remarcó que “la paritaria está cerrada y que hasta agosto no se vuelven a sentar con los gremios” y agregó que se descontarán días de paro diciendo que “vamos a seguir adelante con la postura del Gobierno, día trabajado día pagado, día no trabajado día descontado”.

El gobernador Mariano Arcioni no da respuesta al conjunto de los reclamos de lxs trabajadorxs de la educación mientras ataca el derecho a huelga. No se puede vivir con salarios por debajo de la canasta familiar. También persigue y criminaliza de la mano de la justicia a los que luchan en defensa de la educación pública y por el derecho a un salario igual a la canasta familiar y cobrarlo en tiempo y forma.

Hoy un docente trabaja doble o triple cargo para poder vivir, lo que implica en el caso de una maestra con 5ta. hora una jornada laboral de 50 horas semanales sin contar las horas de planificación y corrección. Que el gobernador o el ministro Grazzini vivan con el sueldo de un docente y trabajen 50 horas semanales o más en escuelas sin recursos y con infancias con hambre.

Estos descuentos en especial son un ataque a las mujeres trabajadoras. Como sabemos, la docencia es una profesión mayoritariamente feminizada, con muchas docentes jefas de hogar, a las que estos descuentos las afectan especialmente pero también les afecta, y contra eso luchamos, que después de su extensa jornada laboral, continúan con tareas de cuidado en el hogar.

Somos los docentes también quienes, junto a estudiantes y familias, sostenemos la escuela pública. Quienes nos organizamos por escuela para reclamar frente al profundo deterioro edilicio. Son recurrentes las suspensiones de actividades por falta de calefacción adecuada en invierno, ventilación en verano, ventanas rotas, desbordes cloacales y hasta la aparición de ratas.

En las escuelas también vemos el impacto de la crisis social y por eso decimos: ¡Con hambre no se puede estudiar!, y reclamamos un aumento del Servicio Alimentario Escolar y la provisión de productos nutritivos. Junto a esto es urgente la plena implementación de la Educación Sexual Integral y protocolos frente a situaciones de violencias.

La Junta Ejecutiva Provincial de la ATECH solo presenta notas ante los ataques al derecho a huelga de los docentes chubutenses. Es que son parte del gobierno, del mismo que desfinancia la educación para pagarle al FMI, como lo vimos con el recorte de los 50.000 millones de pesos del Programa Conectar que hizo Sergio Massa.

El malestar y la bronca se hacen sentir a la par de las necesidades en las escuelas. Ha terminado la primera parte del año escolar y se inició el receso de invierno, tenemos que seguir organizados para reclamar la devolución de los descuentos y la urgente respuesta a todos nuestros reclamos y preparar el no inicio de las clases a partir del 1° de agosto.

Kicillof lleva al 85% la suba del salario docente

Axel Kicillof reabrió las negociaciones salariales con los gremios que agrupan a los docentes para elevar el incremento de esos trabajadores hasta el 85% para los primeros nueve meses del año.

El aumento establecido se aplicará en dos tramos: en julio alcanzará en promedio al 70% y se completará en setiembre con el 85%.

Así, en setiembre, un maestro de grado sin antigüedad, de jornada simple, percibirá $ 220.000 y de jornada completa $ 400.000.

Además, el entendimiento incluye un incremento en las asignaciones familiares y el compromiso de reapertura de las negociaciones en octubre próximo.

Asamblea exprés para avalar sueldos de pobreza

Reproducimos la intervención y el comunicado de la agrupación Marrón en la Multicolor.

De un día para otro la conducción Celeste convocó asambleas en toda la provincia, en Suteba La Matanza es la segunda asamblea extraordinaria desde que asumieron hace un año. Buscan avalar la oferta salarial de Kicillof según la cual un preceptor cobraría en agosto $177.000 y una maestra $200.000, cuando la canasta básica familiar según ATE INDEC estuvo en mayo en $345.000. Es decir, se juntaron para aplaudir el salario de pobreza.

Aunque quieran tapar el sol con la mano el descontento en las escuelas sigue. Además del sueldo que no alcanza, el recorte educativo llega a situaciones límite con la sobrecarga laboral, las escuelas que se caen a pedazos, la mala alimentación de los comedores, mientras el 60% de los chicos y chicas son pobres en el Conurbano. La crisis social es el telón de fondo.

Por eso los paros de la oposición Multicolor vienen teniendo mucha fuerza en el distrito. El “progresista” Kicillof descontó esos días de huelga, al igual que el derechista Morales a las maestras de Jujuy y el gobierno de Arcioni en Chubut. La agrupación Celeste se puso la gorra y alentó los descuentos. En la asamblea llegaron al colmo de cerrar el micrófono mientras la oposición Multicolor denunciaba esta situación.

Con muñeca de burócrata al mocionar el apoyo a la paritaria, metieron por la ventana en la misma moción, respaldar a Baradel para negociar un Convenio Colectivo del cuál no se conoce ninguna propuesta ¿Qué tranquilidad podríamos tener de que negocie con nuestros derechos? ¿Qué tipo de intercambio harán con el gobierno provincial? ¿Se viene una Reforma Laboral docente? Hay que estar en alerta, la estrategia que defiende la Celeste es de “co-gestión” con el Estado, el mismo que está ajustando a los trabajadores.

En todo momento los representantes del sindicato se encargaron de dar su apoyo al candidato derechista de Unión por la Patria: Sergio Massa. A pesar de sus exagerados intentos por presentarlo como el “mal menor”, sigue siendo un mal, y es quien co-gobierna Jujuy con Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio. No por nada La Celeste dejó en claro su apoyo al proyecto del gasoducto, parte del consenso extractivista y depredador del medio ambiente, que une oficialismo y oposición tras la búsqueda desesperada de dólares para el FMI.

Kicillof descuenta los días de paro a la docencia

Con el cobro del mes de junio, aparecieron en los recibos de sueldos descuentos en escuelas del AMBA y del interior de la Provincia de Buenos Aires. Estas retenciones se aplican a través de códigos 1677, 1270 y 1670, que corresponderían a los paros impulsados durante el mes de abril por las seccionales Multicolor que tuvieron un acatamiento masivo. En algunos casos los descuentos ascienden a 20.000 pesos.

Estos descuentos en especial son un ataque a las mujeres trabajadoras. Como sabemos, la docencia es una profesión mayoritariamente feminizada, con muchas docentes jefas de hogar, a las que estos descuentos las afectan especialmente pero también les afecta, y contra eso luchamos, que después de su extensa jornada laboral, continúan con tareas de cuidado en el hogar. Somos las docentes también quienes, junto a estudiantes y familias, sostenemos la escuela pública. Quienes nos organizamos por escuela para reclamar frente al profundo deterioro edilicio. Son recurrentes las suspensiones de actividades por falta de calefacción adecuada en invierno, ventilación en verano, ventanas rotas, desbordes cloacales y hasta la aparición de ratas. ¿Pero cuál es la respuesta del gobierno? Ninguna, se pasan la pelota entre el gobernador y los intendentes -cuando son de otro signo político-, como es el caso de Garro, de La Plata, que también es responsable y sub ejecuta el fondo educativo.

En las escuelas también vemos el impacto de la crisis social y por eso decimos: ¡Con hambre no se puede estudiar!, y reclamamos un aumento del Servicio Alimentario Escolar y la provisión de productos nutritivos. Junto a esto es urgente la plena implementación de la Educación Sexual Integral y protocolos frente a situaciones de violencias.

La conducción del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que selectivamente se pronuncia a favor de los reclamos de los docentes de Jujuy, no dice nada de la represión a los docentes en Salta y es cómplice de los ataques al derecho a huelga de los docentes bonaerenses porque son parte del gobierno, del mismo que desfinancia la educación para pagarle al FMI, como lo vimos con el recorte de los 50.000 millones de pesos del Programa Conectar. Los mismos que firman paritarias inconsultas, que naturalizan el doble o triple cargo.

Neuquén también se endurece contra las huelgas y le descontará el día a más de 4.500 docentes

El Ministerio de Gobierno y Educación de Neuquén informó que 4.359 docentes sufrirán un descuento salarial ante el paro “ilegal” que se llevó adelante el pasado jueves 6 de julio en reclamo del pago del medio aguinaldo. Los docentes habían parado porque no les habían depositado el aguinaldo.

“Antes era usual que estas medidas no se hagan efectivas por falta de controles o negociaciones; en las últimas tres medidas de acción directa de este tipo, el área de Educación ha procedido a los descuentos”, expresó la cartera educativa de Neuquén a través de un comunicado.

Además, resaltaron que se llegó a confirmar la cantidad de docentes que se adhirió a la medida, ya que “más de 800 mensajes de madres y padres ingresaron al número de WhatsApp que permite el primer chequeo de la inasistencia, y también se dispuso personal que realizó de manera presencial la verificación de los establecimientos, constatando si estaban o no en actividad”.

De acuerdo a los relevamientos, precisaron que “de 10.094 docentes de la capital neuquina, a 4.202 se les aplicará el descuento correspondiente al día no trabajado y, en el caso de la localidad de Plottier, de 2.006 docentes se aplicará el descuento a 157”.

Las cifras dan cuenta de que hubo más de un 45% de establecimientos que tuvieron clases en la capital, y un 85% Plottier, mientras que en el resto de la provincia la jornada escolar se desarrolló con normalidad.

Los docentes decidieron realizar la medida de fuerza en las ciudades de Neuquén y Plottier, luego del anuncio del gobernador Omar Gutiérrez sobre el pago del medio aguinaldo, que en esa provincia se realizó recién el 18 de julio.

Tucumán: «Basta de tregua con el gobierno”

Reproducimos la declaración de la Agrupación Marrón Docente de Tucumán de cara a las próximas asambleas zonales de delegados en ATEP y en el marco de las negociaciones paritarias que está llevando adelante el Frente Gremial Docente con el gobierno.

“Apenas pasaron cinco meses desde que la conducción del ATEP cerró una paritaria que, como advertimos oportunamente, dejó al salario docente corriendo por detrás de la inflación y, para los docentes recién iniciados, muy lejos de la canasta de pobreza, que prometían superar.

Ese acuerdo establecía un aumento del 33,5% en cuotas hasta julio y un bono de 20.000 pesos en negro. El salario inicial de un cargo testigo está debajo de los 140.000 pesos, cuando la Canasta de Pobreza del Indec se ubica en 244.000 pesos y la Canasta de Consumos Mínimos que miden los técnicos de la Junta Interna de ATE – Indec, está en 360.000 pesos para una familia tipo. Quienes denunciamos este acuerdo adaptado al plan de ajuste del FMI y el gobierno, teníamos razón.

Ahora estamos pisando agosto, la paritaria está vencida y, sin embargo, Brito y la conducción de ATEP giran por los despachos ministeriales sin decirle a la docencia abiertamente cuál es el pliego de reivindicaciones y sin convocar a ninguna medida de fuerza. Luego de la reunión de este martes APEMyS convocó a un paro, sin movilización, para el próximo viernes 28/7. Piden un aumento igual a la inflación, cuando el reclamo debería ser que ningún docente cobre por debajo de la Canasta Familiar. Mientras tanto, la conducción de ATEP parece dispuesta a seguir marcando el paso.

En menos de 7 meses al frente del gremio, Brito le ha garantizado al gobierno no solamente el ajuste sobre nuestros salarios sino también la extensión de la jornada laboral. Lo que empezó siendo una “jornada extendida” por la pandemia, se convirtió en algo permanente. Pero nuestro trabajo no termina al frente del aula, pasamos muchas horas más planificando, corrigiendo, capacitándonos. Hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, -4 al frente del curso y 2 para el resto de las tareas pedagógicas- y 5 días a la semana con un salario básico igual a la Canasta Familiar. De esta manera se podrían crear nuevos cargos y dar trabajo a los miles de docentes desocupados o que viven haciendo reemplazos.

Para esta semana han convocado a los delegados de escuelas a las asambleas zonales. Hay que exigir que se respete el mandato de las asambleas y que no se cierre ninguna negociación a espaldas de la docencia, cualquier oferta del gobierno debe ser refrendada -o rechazada- por las bases en asambleas por escuelas y delegados con mandatos. No podemos volver a permitir que Brito pisotee el mandato de las bases convocando al Congreso del gremio, bajo control de su agrupación, cuando no le gusta lo que se vota.

Pero el problema no es solo el salario, el ajuste en curso impacta directamente en nuestros alumnos y sus familias. Se han multiplicado las protestas de padres y alumnos por las pésimas condiciones edilicias de las escuelas sin que el gremio moviera un dedo para apoyarlos. También estamos viendo el recorte en los comedores escolares y comunitarios. Hay que rodearlos de solidaridad y unificar la lucha de la docencia junto a la docencia y sus familias.

La conducción de ATEP tiene que romper la tregua con el gobierno, necesitamos un paro y plan de lucha en serio por un salario inicial de 300.000 pesos indexado mensualmente y por un verdadero aumento en el presupuesto educativo para infraestructura y comedores, contra el ajuste que están llevando adelante el gobierno de Massa y Fernández bajo las directivas del FMI y con apoyo de Cambiemos.

En plena campaña electoral tanto el peronismo como la derecha anticipan un duro ajuste, entrega de los bienes naturales comunes y nuevos ataques al conjunto de la clase trabajadora. Es por eso que intentan limitar o directamente prohibir el derecho a la protesta, como lo vimos en Salta y en Jujuy, donde miles de docentes, trabajadores de la Salud, estudiantes y comunidades originarias se movilizaron contra una Reforma constitucional reaccionaria. Las y los docentes de la Agrupación Marrón en el Frente de Izquierda somos parte activa en cada una de estas luchas.

El paro convocado por la CTERA en apoyo al pueblo jujeño tuvo un enorme acatamiento en todo el país, pero fue apenas una medida aislada. Necesitamos coordinar nacionalmente la enorme fuerza que tiene la docencia cuando sale a luchar. Para los ataques que se vienen es más necesaria que nunca la más amplia unidad en la docencia junto a la comunidad educativa y el conjunto de los trabajadores.

Cuatro estudiantes y dos docentes intoxicados por monóxido en el CET 2 de Bariloche

Tal como ocurrió el 17 de febrero de este año se debió evacuar el CET 2 por la presencia de monóxido de carbono confirmada por la proveedora de gas Camuzzi. Se encontraron afectados por el gas 4 estudiantes y 2 docentes, una intoxicación que de ser severa puede causar incluso la muerte como ocurrió a un vecino del Barrio Belgrano la semana pasada, que se suma a unos 200 casos todos los años en el país.

Mientras el brutal ajuste de Arabela Carreras en el presupuesto para Educación suma episodios, las condiciones edilicias de las escuelas de la ciudad y la provincia demuestran un recorte generalizado que viene siendo un elemento central en los reclamos de los docentes y familias. En lugar de garantizar el acceso a la educación, la Gobernadora se pasea por toda la provincia haciendo actos de campaña electoral vendiendo su gestión para ser elegida como la nueva Intendente de Bariloche.

El recorte en Educación es parte clave del plan de JSRN donde la provincia reúna suficientes fondos en dólares para el pago del plan Castello. Las maniobras para poder ajustar desde cualquier partida incluyen el pago del aguinaldo a los trabajadores estatales con una demora de tres semanas representando un recorte de $470 millones de pesos.

Además de la fuga de monóxido de carbono docentes denuncian la filtración de agua que tuvo origen en reparaciones que se hicieron este año. Esta falencia se suma a una larga lista que incluye maquinaria de los talleres rota que no permite el dictado de clases, falta de vidrios, entre otras. Todo esto sin considerar la situación ya crítica de las familias y también de los trabajadores de la educación cada vez más pobres y con una obra social prácticamente sin cobertura, problemáticas graves que se profundizan.

Se filtró una resolución del GCBA que amenaza la continuidad de los Bachilleratos populares

Por Martín Suárez

El documento filtrado es la nueva reglamentación de estas escuelas. Entre sus artículos destaca que el ministerio decide si va a financiar o no a los bachilleratos. Además, elije a sus autoridades y pasa a todo el personal a planta transitoria.

“Estamos muy preocupados porque ahora la ministra Acuña pone en peligro la continuidad de los bachilleratos”, señala Ignacio Moñino, profesor del Bachillerato Popular Chilavert N°4 DE 19, del barrio de Pompeya. Esta es una escuela que pertenece a la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), y que integra, junto a otras organizaciones, la Coordinadora de Bachillerato Populares en Lucha. En la Ciudad hay alrededor de 60 bachilleratos con estas características, cada uno con sus programas de estudio, su equipo docente y con una función única: brindar un programa educativo al servicio de las clases populares. Estas escuelas están pensadas como una organización social y es mucho más amplia que una institución educativa tradicional. Sus docentes, aseguran, no sólo forman educandos para finalizar la secundaria, sino para aprender a liberarse de las múltiples opresiones que la sociedad vive en lo cotidiano. Son escuelas públicas que otorgan títulos oficiales expedidos por la cartera educativa porteña, dependientes del Área de Educación del Adulto y Adolescente.

En las últimas horas se filtró un documento del ministerio de Educación, que ataca la financiación de los bachilleratos y amenaza su continuidad. Por esta razón, este martes al mediodía (11/7), la comunidad educativa se moviliza al ministerio de Educación de la Ciudad ubicado en el Barrio 31.

Desde los bachilleratos, aseguran que, este nuevo avance sobre el sector es inconsulto y eliminaría muchos derechos adquiridos. “Nos enteramos de casualidad de esta resolución que viene a imponer un nuevo reglamento orgánico en todos los bachilleratos populares, y modifica las condiciones que tenían hasta el momento estas escuelas”, explica Moñino. “El nuevo reglamento dice explícitamente que el ministerio de Educación de la Ciudad no financiaría necesariamente las experiencias educativas”, agrega el docente.

Se trata del artículo 7 del reglamento que detalla: “Los Bachilleratos Populares y UGEE reconocidos como tales serán “Conveniados” con las Organizaciones que los nuclean y podrán ser con o sin financiamiento del Ministerio de Educación (…) el Gobierno podrá financiar parte o la totalidad de la Planta Orgánica necesaria para su funcionamiento”, y agrega que “la Planta Orgánica  de los Bachilleratos Populares y UGEE podrá ampliarse o reducirse de un ciclo lectivo a otro, en razón del crecimiento o disminución de la matrícula”.

Además, el documento señala que “todos los trabajadores y trabajadoras pasan a planta transitoria, salvo el director”, suma el profesor del bachillerato, haciendo referencia al artículo 10 del nuevo reglamento. Entre otros puntos polémicos, el documento establece una terna de selección de docentes y de todo el personal de la escuela. “Todos quedan a cargo de la Dirección de Adultos y adolescentes, o sea del ministerio, y no pueden ser designados los docentes por las organizaciones sociales, cómo lo era hasta ahora, ya que nos basamos en nuestro principio de autogestión”, agrega.

Por último, el documento revela que hay nuevas cláusulas que atentan con fuertes restricciones de continuidad en cuanto a la habilitación de los bachilleratos: “Si una escuela no cuenta con un buen espacio o funciona en un centro cultural, comedor o fábrica recuperada, es probable que el ministerio de Educación no habilite esos espacios”, agrega Moñino al referirse al artículo 8 que ordena: “deberán contar con una sede principal para comenzar a funcionar. La misma deberá cumplir con los requisitos de habilitación establecidos en la legislación aplicable y/o que establezca la unidad ejecutora del programa “Escuelas Seguras” y presentar constancia fehaciente para dar inicio a cualquier módulo, curso o actividad curricular”.

Durante muchos años, quienes lucharon por el reconocimiento de los bachilleratos populares, asegura que, de pasar a ser parte de una planta transitoria, cambiaría muchos derechos estatutarios adquiridos y la posibilidad de que el ministerio decida a fin de año rescindir el contrato.

Los cruces de la CABA con los Bachilleratos

En 2018, Tiempo realizó un informe sobre la situación de los bachilleratos populares del Barrio 31 de Retiro. En ese momento, cuatro bachilleratos populares no fueron incluidas en el censo que define los “beneficiarios” de las obras de reurbanización del barrio, estipulados en Ley N° 2736-J-2018. El gobierno de la Ciudad tomó la decisión de no censar a las escuelas y bachilleratos populares, y dejó zonas grises en la ley que, de no corregirse, no garantizaba la continuidad de los mismos.

“El único espacio de la organización que entró en el censo es nuestro comedor, que tampoco está oficializado. Tenemos una Casa de la mujer, el bachillerato popular y espacios de educación popular para niños y adolescentes que no se encuentran censados”, había denunciado en su momento, Susana Arroyo, estudiante del tercer año del Bachillerato Popular Ernesto Che Guevara de La Garganta Poderosa. “Nosotros venimos luchando hace años para que se reconozca como bachillerato popular oficializado con los títulos otorgados por el ministerio de Educación, porque el programa respeta todos los contenidos y además posee contenidos que son del territorio, estamos en esa lucha”, agrega Arroyo.

Fuentes: La Izquierda Diario, La Retaguardia, Página/12, Anred, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, Clarín, Tiempo Argentino, Télam, Infogremiales

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.