Paro nacional de ATE por aumento salarial y protestas en aeropuertos

Protestas en Río Gallegos (Santa Cruz) y Tierra del Fuego. Paro en el BCRA. Criminalización de la protesta contra Federico Giuliani (ATE-Córdoba) y en Santa Cruz. Piden la renuncia del secretario de Asuntos Nucleares. Despidos en el INTI y cierre de más de mil controles. Apagón informativo en el SMN. Privatización encubierta del SMN y medios públicos de CABA. Ajuste a médicos en el PAMI. Carpa negra contra la corrupción en PAMI-Rosario.

En la mañana también hubo protestas en el aeropuerto de El Calafate en Santa Cruz y en el acceso al aeropuerto de Bariloche, en Río Negro, sobre la ruta nacional 40.
El secretario General del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, explicó los motivos del reclamo: “Los estatales reclamamos la inmediata reapertura de las paritarias y un aumento salarial. El gobierno hasta aquí no ha dado una sola señal de reabrir las negociaciones salariales y menos aún ha mostrado voluntad política orientada a iniciar un proceso que nos permita recuperar los ingresos y el poder adquisitivo que hemos perdido”, y sentenció: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el gobierno”.
Además, Aguiar apuntó al gremio UPCN, quien cerró paritarias con el gobierno nacional: “La paritaria con la complicidad de UPCN. Sí, se terminaron las indirectas. En este 2026 lo vamos a decir de frente”.
Y detalló: “Con la complicidad de UPCN en la Administración Pública Nacional se ha cerrado un acuerdo hasta el mes de mayo y que ya se encuentra 5.4% por debajo de la inflación y todavía resta conocerse la evolución de los precios del mes de abril y de mayo. Vamos a volver a quedar entre 12 y 14 puntos por debajo de la inflación. No lo podemos permitir”.
Por último, el secretario General de ATE responsabilizó al gobierno nacional: “No hay perspectivas de mejora con este gobierno. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empezó a dar la razón. Quedaron atrás las campañas de desprestigio y estigmatización sobre el empleo público”.
Y finalizó: “Este gobierno no solo es el más corrupto, lo peor es que es el gobierno más ineficiente de la historia. Dicen haber ahorrado 2.500 millones de dólares con los ajustes en el Estado, a partir de congelar salarios y recortar en numerosas áreas, pero nadie explica dónde fueron a parar esos 2.500 millones de dólares”.

Pararon el 30 de abril de 2026

Aunque la CGT no convocó a un paro general, sí hubo sectores que llevaron adelante medidas de fuerza. La ATE anunció un paro que afectó áreas clave como el Servicio Meteorológico Nacional.
El reclamo estuvo centrado en despidos y reincorporaciones, y tuvo impacto directo en la actividad aérea, debido a la falta de pronósticos y alertas meteorológicas.
Además, en la provincia de Santa Cruz se llevó adelante un paro general de 72 horas (28, 29 y 30 de abril) en el marco de conflictos paritarios.

Tensión en la paritaria de los empleados públicos cordobeses

La negociación paritaria de los empleados públicos en Córdoba atraviesa un momento de tensión. Aunque el Gobierno provincial acercó una propuesta de aumento del 40%, desde el gremio advierten que la oferta no satisface las demandas y reclaman una recomposición con mayor impacto real en los salarios.
Sergio Castro, titular del sindicato, explicó que el principal punto de conflicto no es el porcentaje en sí, sino la forma en que se distribuye. “La propuesta está en torno al 40%, pero estamos evaluando cómo va a ser redistribuida”, señaló.
El dirigente remarcó que el gremio insiste en que el incremento debe ser mayoritariamente en blanco, ya que esto impacta directamente en jubilaciones, antigüedad y otros adicionales. “Si el porcentaje es más negro que blanco, no sirve en el largo plazo”, sostuvo.
Además, indicó que los salarios más bajos requieren una atención urgente. Según detalló, un trabajador de la categoría inicial percibe actualmente ingresos que rondan los 496.000 pesos, lo que refuerza el reclamo por una mejora inmediata en los escalafones inferiores.
“Necesitamos que haya una inyección directa para los compañeros que menos cobran, porque están en una situación crítica”, afirmó Castro. En ese sentido, el sindicato presentó una contrapropuesta y espera una respuesta oficial en los próximos días.
El dirigente también planteó que el aumento podría aplicarse en cuotas, pero insistió en que debe tener impacto real en el salario. “No nos interesa que sea inmediato, sino que realmente valorice el ingreso del trabajador”, explicó.
Por el momento, no hay una definición cerrada y la negociación sigue abierta. La decisión final dependerá de la respuesta del Ejecutivo y de la evaluación que realicen los órganos internos del sindicato en los próximos días. Mientras tanto, el escenario continúa marcado por la incertidumbre y la expectativa de un posible acuerdo que permita destrabar el conflicto salarial en la administración pública provincial.

El Frente Sindical volvió a las calles contra el ajuste en Río Gallegos

Un grito colectivo recorrió Río Gallegos el jueves 23 de abril, cuando miles de trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, judiciales, de la salud, viales, municipales, del Correo Argentino, estudiantes, jubilados y vecinos se hicieron escuchar con un cacerolazo en pleno centro de la ciudad. La convocatoria —impulsada por el Frente Sindical— se replicó en otras localidades de Santa Cruz y dejó claro que la bronca y la organización desde abajo son la respuesta frente al ajuste que aplican tanto el gobierno provincial de Claudio Vidal como el nacional de Javier Milei.
La concentración comenzó pasadas las 19:00 en la esquina de Kirchner y San Martín, el corazón de la capital santacruceña, donde flameaban banderas de ADOSAC (docentes), ATE (estatales), SOEM (municipales), judiciales, viales, SITRACYT (Correo Argentino) y otros gremios. No faltaron las cacerolas, los carteles exigiendo salarios dignos y la presencia de partidos de izquierda, junto a decenas de vecinos y vecinas que no se resignan a que el ajuste vuelva a caer sobre los de siempre.
El Frente Sindical le puso nombre a la jornada: “La respuesta está en la calle”. Y no es para menos. La movilización se inscribe en un plan de lucha que incluye 72 horas de paro de los docentes de ADOSAC, judiciales y ATE, mientras que los trabajadores viales llevan adelante un paro de 48 horas. También hay medidas de fuerza en sanidad y entre los docentes técnicos. El reclamo principal: apertura de paritarias ya, aumento salarial urgente y defensa de los puestos de trabajo, la salud y la educación públicas.
El malestar es profundo: salarios que no alcanzan, despidos, precarización, recortes y un desfinanciamiento creciente de áreas sensibles como educación y salud. La bronca se dirige contra un gobierno provincial que, mientras promete una paritaria recién para la segunda quincena de mayo, descarga la crisis sobre quienes menos tienen, en sintonía con el ajuste que impulsa el gobierno nacional. Cientos de trabajadores se están endeudando por la caída del poder adquisitivo, mientras la inflación sigue en alza.
A la desocupación creciente y el aumento de la pobreza se suma la defensa de los derechos jubilatorios y de la Caja de Previsión Social. La presencia de jubilados fue central, en defensa de una vida digna tras años de trabajo. Los gremios y las bases responsabilizan tanto al gobierno de Vidal como al gobierno nacional, que alinean la provincia con políticas de ajuste y con los intereses empresariales de la megaminería y el extractivismo.
La crisis que atraviesa Santa Cruz —con salarios a la baja, despidos y una salud y educación públicas en emergencia— no es una fatalidad. Es el resultado de decisiones políticas que priorizan intereses empresariales y descargan la crisis sobre las familias trabajadoras. Mientras tanto, la respuesta real está en la calle y en la organización desde abajo: el cacerolazo y las medidas de fuerza marcan el camino para frenar el ajuste y defender derechos históricos que hoy están en riesgo.
La lucha comenzó meses atrás y se profundiza cada semana. La unidad de todos los sectores afectados será clave para enfrentar el ajuste de Vidal, Milei y sus aliados. Porque la única garantía de que se abran las paritarias y se respeten los derechos es la fuerza organizada de quienes todos los días sostienen la provincia y el país.

El gobierno ofreció 2% de aumento en Tierra del Fuego

El miércoles 22 continuaron las negociaciones por el salario y las condiciones de trabajo de los estatales provinciales fueguinos. El gobierno de Gustavo Melella llevó una propuesta de un 2% de aumento a la mesa salarial. Los gremios presentes la rechazaron y evalúan los pasos a seguir.
El secretario de Finanzas de ATE seccional Río Grande, Carlos Margalot, dijo que «es una verdadera vergüenza. Con este 2%, imagínense que no llegamos ni siquiera a los 800.000 pesos, para lo que sería el sueldo de un ingresante en la Administración Pública”.
Desde el gremio señalaron que «a partir del día de hoy qué medidas tomaremos y veremos a partir de la semana que viene qué hacer. Es algo muy grave, que desde Economía nos digan esto, la verdad que no tener plata y que en un contexto económico donde los precios siguen aumentando, tener un salario de 800.000 pesos es el salario más bajo que hay en la provincia».
Otros referentes estatales denunciaron que a los bajos salarios se suma la creciente precarización laboral. Denunciaron la existencia de trabajadores sin cobertura, sin seguro y sin acceso a la obra social.
Gustavo Melella es el gobernador de la provincia, que supo estar alineado con Unión por la Patria y hoy viene trabajando con Axel Kicillof, como se mostró hace poco en la ciudad de Río Grande.
A la situación de las y los estatales se suma el persistente conflicto docente. SUTEF viene realizando un plan de lucha contra las paritarias de hambre del gobierno y sigue sin respuestas.
La crisis de la provincia también se siente en la industria, donde las grandes electrónicas como NewSam, Mirgor y BGH vienen atacando los puestos y condiciones de trabajo de los metalúrgicos. El cierre de Ayres del Sur ha sido el golpe más duro. 140 familias resisten y exigen continuidad laboral. El caso del Puerto de Rosario, intervenido por la gestión Milei pero que tiene a cientos de trabajadores en vilo, se suma a este panorama.

Hubo paro en 21 dependencias del Banco Central

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril en los tesoros regionales del Banco Central distribuidos en todo el país.
«Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales, los cuerpos orgánicos de la Asociación Bancaria han decidido efectuar el día lunes 27 de abril un paro de 24 horas en los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país», señaló La Bancaria en un comunicado.
Según advirtió el gremio, la medida de fuerza impactará el traslado y abastecimiento de dinero en muchas entidades y complicaciones en el sistema bancario del interior del país.
“Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”, cierra el comunicado del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria.

Chubut estuvo tomado y las autoridades refugiadas en un cuartel militar

Miles de docentes y trabajadores estatales autoconvocados coparon las calles de “Trelew, Rawson, Gaimán, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia” en una masiva marcha de antorchas para exigir “salarios dignos” y denunciar que el ajuste los empujó a la pobreza mientras el «Gobierno provincial y el régimen Neoliberal de Javier Milei siguen sin dar respuestas reales.»
A la protesta se sumaron “auxiliares de la educación, trabajadores de la salud y empleados de distintos organismos estatales”, todos unidos por una misma realidad desesperante: “sueldos de miseria, paritarias vacías y salarios por debajo de la línea de indigencia”, en una provincia donde la bronca crece al ritmo del abandono oficial.

Citación judicial contra Federico Giuliani por protestar contra Milei

En un nuevo episodio de la persecución judicial y política contra ATE Provincia de Córdoba, y su Secretario General, Federico Giuliani, el Juzgado Federal Nº1 lo citó en el marco de una imputación por “averiguación de delito”, a partir de la participación del gremio estatal ATE en protestas por la visita del titular del gobierno nacional de ultraderecha, Javier Milei, a
“Sería cómico, si no fuera un peligroso antecedente sobre la criminalización de un dirigente sindical que se choca con el estado de derecho, que ni la propia Justicia tiene en claro de qué acusarlo a Giuliani”, apuntaron desde ATE Córdoba.
Desde el gremio consideraron que se trata de “una causa bochornosa e infame que ya dio sus primeros pasos propios de una verdadera farsa en la justicia provincial, cuando De Aragón siendo fiscal provincial acusó a Giuliani de un delito federal, como es ‘instigación pública para cometer delitos’ del Código Penal”.
El fiscal citado, Ernesto de Aragón, acumula un largo historial de persecución contra las organizaciones sindicales y sociales de Córdoba, y contra Federico Giuliani en particular.
La Cámara de Apelaciones de Córdoba había ordenado, a raíz de un planteo de la defensa de Giuliani, que la causa impulsada por el fiscal sea traspasada a la Justicia Federal, rechazando así las pretensiones de De Aragón de continuar a cargo del expediente.
“Ahora, la Justicia Federal toma la posta” apuntaron desde el gremio, y lo convoca a declaración indagatoria a Giuliani “bajo apercibimiento de ordenar su inmediata captura”.
Se trata de una citación que preludia nuevas chicanas judiciales fuera de lugar, denuncian desde ATE, “toda vez que el dirigente siempre estuvo a derecho, a pesar de la clara persecución judicial que sufre en la Justicia Provincial, situación que ha sido denunciada por numerosas organizacionales políticas, sociales, sindicales y de DD HH, tanto en Argentina como en el exterior”.
“Diferente es la actitud de los funcionarios judiciales cuando los indagados son sus propios pares de tribunales”, apuntaron desde ATE Provincia de Córdoba, y señalaron el caso de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, investigados por manipular causas que involucraban a la Multinacional Cerealera Bunge por contrabando y evasión agravada, donde habrían cometido delitos como abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Además, se los investiga por enriquecimiento ilícito. Ambos tienen restricción perimetral con otra funcionaria que los denunció oportunamente. Así está la Justicia Federal en Córdoba, señalaron desde el sindicato estatal.
En este contexto, el abogado Claudio Orosz que representa a Giuliani, pidió el apartamiento del secretario penal Facundo Troncoso, célebre por llevar adelante con saña las causas penales contra dirigentes sindicales, “por enemistad manifiesta” que va a direccionar el proceso. El letrado lo ha denunciado anteriormente por “amenazas”, junto con el fiscal Federal, Enrique Senestrari.
“Todo este episodio infame sucede en tribunales, mientras el gobierno de Milei anuncia cada día nuevos despidos y cierres de organismos públicos, la inflación se descontrola, los salarios caen más aun en el subsuelo de los ingresos para las familias y Milei insulta a todo el que se le cruce”, denunciaron desde ATE Córdoba, y convocaron a manifestarse este martes en solidaridad.
“No cabe duda que la Justicia cumple así el rol de perseguir a los dirigentes sociales con el solo fin de garantizar a Milei la paz social que sus políticas no pueden sostener”, concluyeron.

Detienen a delegados en una protesta y ATE, Adosac, Viales y Judiciales en Santa Cruz

Las acciones comenzaron el lunes 13 con acciones en Río Gallegos y toda la provincia. Además del reclamo salarial rechazan la Ley de Emergencia y otras medidas impulsadas por el gobierno.
En ese marco se dio la detención ilegal de la Secretaria General seccional de ATE Las Heras, Marlene Gómez, y del coordinador de municipales de la provincia de Santa Cruz, José Vilán. Estaban realizando una protesta en el Hospital Distrital.
El juez Eduardo Quelin, quién ordenó las detenciones y el traslado a Pico Truncado de Marlene Gómez y José Vilán, es célebre por procesar y detener trabajadores que salen a luchar en la zona norte de Santa Cruz.
Según informaron, «ATE realizó una conferencia de prensa en Río Gallegos y definió un paro por tiempo indeterminado hasta que se libere a los dirigentes. También se suma al paro ADOSAC, Judiciales, Viales y otros gremios».
Finalmente, ambos dirigentes fueron liberados.

Piden la renuncia del secretario de Asuntos Nucleares

El desprecio por la Ciencia y la Tecnología nacionales tiene nuevos protagonistas. En esta oportunidad, la comunidad científica ha puesto el foco en Federico Ramos Nápoli, actual secretario de Asuntos Nucleares, luego de que publicara en la red social X sus repudiables declaraciones al referirse a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como un “aguantadero de la política”.
Ramos Nápoli, un abogado de 32 años sin formación ni trayectoria en el sector nuclear, fue designado en el cargo en diciembre de 2025 para encabezar una secretaría que, lejos de potenciar la soberanía tecnológica, parece tener como único objetivo el desmantelamiento de un área estratégica.
Su currículum, centrado en puestos menores y como troll de Karina Milei, contrasta brutalmente con los más de 75 años de prestigio de la CNEA, un organismo que es orgullo nacional por su desarrollo en reactores, radiofármacos y formación de profesionales de élite. Desde la institución, 94 jefes y jefas de sectores de la CNEA publicaron una lapidaria carta sobre la situación en la Comisión exigiendo revertir la grave crisis presupuestaria y salarial.
Desde los sectores que sostienen la actividad nuclear denuncian que las palabras del funcionario no son un error aislado, sino la expresión de una política deliberada. En este marco, no sólo se exige la renuncia de Ramos Nápoli, sino también la del ingeniero Martín Porro, presidente de la CNEA, a quien señalan como el ejecutor interno de un plan de vaciamiento y deterioro del organismo, en absoluta sintonía con las políticas del Gobierno nacional.
Ante este panorama, la comunidad científica y los trabajadores del sector se han movilizado fuertemente y han lanzado una petición formal para reclamar la salida de los responsables de este ataque.

1400 despidos en el INTI

El gobierno prepara unos 1400 despidos en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La semana pasada, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, se eliminaron más de mil controles de calidad que realiza el organismo. Los trabajadores y trabajadoras estimaban en ese entonces, que implicaría unos 700 despidos.
El presidente del organismo, Miguel Angel Romero, les comunicó que la decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es echar al doble.
La integrante de la Multisectorial del Inti, Giselle Santana, dijo que esto implicaría la disolución del Instituto: “Sturzenegger quiere en el Inti 1.400 despidos, lo que es directamente la disolución del instituto. Un instituto que hoy tiene 2.400 trabajadores y trabajadoras en todo el país y que, por supuesto, con una dotación de alrededor de 1.000 trabajadores y trabajadoras no hay manera de que cubra todo el territorio nacional”.
Santana destacó la unidad de los trabajadores y el apoyo brindado por entidades empresariales: “Junto a toda la sociedad, junto a los organismos del sistema científico y tecnológico, junto a las Cámaras empresarias que ya empezaron a pronunciarse, APYME, la Asociación de Empresarios Nacionales, CAPYME, PROTEGER, planteando que necesitan que el INTI siga funcionando y siga cumpliendo estos servicios con la misma expertiz técnica con que lo hizo hasta acá; junto a todos esos sectores estamos dispuestos a defender nuevamente el instituto”.

“No es reforma, es demolición”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, usó su cuenta de X para contar la “historia increíble” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dio datos sobre los supuestos exceso de personal y deficiencia tecnológica del sector para justificar la oleada de despidos y desmantelamiento que atraviesa, y recibió una catarata de críticas y desmentidas. “Un ministro que, con la nuestra, miente descaradamente y juega con el futuro del SMN y sus trabajadores”, resumió el colectivo Somos SMN.
Sturzenegger aseguró que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto mucho menor, manejado por 150 personas en lugar de las 1.000 actuales. Según su diagnóstico, el ajuste se llama “modernización drástica”.
“Dijo que el SMN tiene 20 meteorólogos, son más de 150”, respondió Somos SMN, en una publicación para contrarrestar las “seis mentiras en un solo hilo” del ministro. Sturzenegger también aseguró que hay 7 observadores por estación, número que consideró exagerado. Le respondieron que, tras los 140 despidos concretados en los últimos días, el promedio apenas supera las tres personas en cada una de las 125 estaciones del país.
El Ministro ajustador afirmó que “el absurdo es que los sueldos de esas 7 personas permiten pagar una estación moderna”. Le retrucaron que no hacen falta siete salarios, sino 41. Y agregaron que “el que habla de ‘ahorro’ gana al menos seis veces más que el trabajador que despide”.
“Ningún servicio meteorológico del mundo funciona con 150 personas”, cuestionó el personal tras recordar que el sistema de alertas tempranas activo desde 2020 permitió avisar a tiempo ante el temporal de Bahía Blanca, cuando el gobierno de Javier Milei instaba a la población a salvarse sola. “No es reforma, es demolición”, concluyeron sobre el proceso impulsado y festejado por Sturzenegger.
Mediante un duro comunicado, ATE contestó cada una de las afirmaciones del Ministro y lo acusó de proferir “una mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas. Además de incurrir en errores conceptuales y técnicos”.
“Reducir el trabajo de las estaciones a ‘anotar datos en papel’ (como dijo Sturzenegger en tono burlón) es desconocer completamente cómo funciona la red meteorológica. Muchas estaciones combinan sistemas automáticos con observación humana, algo que sigue siendo indispensable en todo el mundo, incluso en países altamente tecnificados”, remarcaron. Y añadieron: “Ministro, insistimos: La automatización no reemplaza completamente al observador meteorológico: lo complementa. Plantear que ‘una estación automática reemplaza personas’ es técnicamente incorrecto. Los sistemas automáticos requieren instalación, mantenimiento, calibración, control de calidad y validación permanente. Sin eso, los datos pueden ser erróneos y los pronósticos, peligrosos”.
“Hablar de ‘ahorro’ eliminando personal en un servicio crítico es ignorar el rol del SMN para la seguridad de la población. Alertas tempranas, aviación, navegación marítima y fluvial, producción agropecuaria y gestión de emergencias dependen de un sistema robusto, no de uno reducido al mínimo dejándolo sin posibilidad de respuesta ante fenómenos severos y un cambio climático que sí existe”, resaltaron, bajo un gobierno negacionista del fenómeno.
El comunicado de ATE concluye que “Modernizar el SMN es necesario. Siempre lo fue. Pero modernizar no es destruir capacidades ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia. Un país serio no debilita su servicio meteorológico: lo fortalece. Porque de eso dependen vidas, producción, seguridad y soberanía”.
La lluvia de críticas y desmentidas recibidas en X tras la justificación del desguace incluyó datos sobre una licitación que se había publicado en 2023 y estaba lista para ser adjudicada, pero el actual Gobierno la frenó. Apuntaba, justamente, en el sentido modernizador que pregona la actual gestión.
La Licitación: AR-UCAR-367631-GO-RFB – Modernización de la red de Referencia del SMN (126 Estaciones meteorológicas automáticas), según publicó el usuario @Cori_Olis y consta en datos oficiales, “fue una licitación pública internacional en dos pasos, según modelo LPI del Banco Mundial, que se publicó en septiembre de 2023 y tuvo apertura del sobre técnico en noviembre del 2023. El sobre económico se abrió el 4 de abril de 2025 y el Banco Mundial oportunamente dio su ‘No Objeción’ a la evaluación técnico-económica y la recomendación de adjudicación. Solo restaba adjudicar. Sin embargo, fue su gobierno quien decidió discontinuar el financiamiento, bajó la licitación y el proyecto quedó en la nada”.
Primero, la planta del SMN a febrero de 2026 era de 972 personas, de las cuales 180 son personal militar, o sea que menos de 800.
Los recientes despidos de 140 empleados de personal no militar, redujeron la planta de observadores en 80.
En contra de la postal de un SMN vetusto que pintó Sturzenegger, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga le recordó que “en 2022 el SMN adquirió Clementina XXI, una de las 500 súper computadoras más potentes del mundo” y el director de Riesgos y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Anaya, apuntó que “la Argentina tiene entre un tercio y una décima parte del personal que debería tener, tomando cualquier comparación mundial con países ejemplares, por su superficie y por su población, para garantizar el mínimo necesario de soberanía”.
Acompañó su comparación con un gráfico que contrasta superficie del país y personal de sus servicios meteorológicos entre Argentina, Alemania y Japón. De acuerdo a ese reporte, a nivel local hay 1.050 personas para más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, mientras que en Alemania hay 2.300 para 357.000 km2 y en Japón, 4.900 para 378.000 km2.
«Las estaciones manuales no se abandonaron por completo en ningún país, es conveniente para la trazabilidad de datos. Solo 125 en un país enorme como Argentina es un número escaso pero es un piso. La Argentina debería tener miles de automáticas, ni una se instaló en este gobierno», afirmó Anaya.
La comunicadora meteorológica Cindy Fernández agregó: “Dicen que los observadores del SMN salían caros al gobierno… y yo mirando sus sueldos: 500 a 720k brutos. Me animo a decir que si el recorte se hace quitando un asesor por secretaría del Ministerio podemos mantener toda la red de observaciones. Pero bueno, prioridades”.

El gobierno cerró más de mil controles que realiza el INTI

El gobierno nacional cerró más de mil servicios de control de calidad que realiza el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Se trata de controles a distintos productos, en especial alimentos, que se hacen a pedido de las industrias que funcionan en el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.
La trabajadora del organismo e integrante de la Asamblea Multisectorial del Inti, Giselle Santana, aseguró que el gobierno busca la destrucción de la industria nacional y por eso toma esta decisión: “Este gobierno está decidiendo un industricidio, la destrucción de la industria nacional, por eso se toman estas medidas, no porque el INTI sea una traba para la industria, sino porque el programa político del gobierno es destruir la industria nacional para favorecer simplemente el saqueo extractivista. Este gobierno ha decidido además atacar a la Ciencia y a la Tecnología, en el INTI nos dedicamos a ambas cosas”.
Además responsabilizó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el riesgo para la población que significará la medida: “¿Se va a ser responsable Sturzenegger por las lesiones o las muertes derivadas de caídas de ascensores o de edificios, o del cáncer por asbestosis porque dejamos de hacer los análisis de asbestos, por las intoxicaciones químicas o bacteriológicas por consumo de alimentos que dejamos de certificar, la contaminación por exfluentes, los siniestros viales, los accidentes en la producción, incendios, electrocuciones, reacciones cutáneas por uso de textiles o de las estafas comerciales porque nos retiramos del control de la metrología legal?”
Santana dijo que esta decisión del gobierno de cerrar más de mil servicios en el organismo pone en riesgo 700 puestos de trabajo directos. Además anunció un reclamo conjunto con los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica: “No vamos a permitir que avancen con esta medida, el martes 21 de abril a las 10:00 vamos a estar haciendo una conferencia de prensa conjunta con la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo que está sufriendo también amenazas de despidos, de vaciamiento por falta de financiamiento y el intento de privatización”.

Caravana tras represión y más de 1500 despidos en el INTI

El jueves 30 de abril, trabajadores del INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad de San Martín (UNSAM) realizaron una caravana “por la ciencia, la tecnología y la producción”, en medio de un fuerte conflicto por despidos masivos y ajuste presupuestario.
La convocatoria fue desde las 11:00 en la sede central del INTI, escenario de una jornada represiva el martes 28, cuando la conducción del organismo anunció cerca de 1000 despidos sin instancia de diálogo y desplegó Gendarmería dentro del predio. El operativo dejó al menos dos trabajadores heridos con quemaduras en el rostro y los ojos.
Los trabajadores denunciaron que el Gobierno responde con represión ante reclamos legítimos y advirtieron que el recorte total podría alcanzar a más de 1500 puestos, en paralelo al retiro del INTI de cientos de controles clave en alimentos, seguridad industrial y certificaciones.
La crisis también golpea a la CNEA, donde profesionales altamente calificados perciben salarios por debajo de la línea de pobreza. Allí se anunciaron 170 despidos y cientos de contratos precarios con renovaciones trimestrales, lo que profundiza el vaciamiento de un área estratégica.
La caravana se da en un contexto de creciente conflictividad, con reclamos en universidades, salud y otros sectores. Distintas luchas que empiezan a emerger frente al ajuste y que ponen sobre la mesa la necesidad de coordinar fuerzas para enfrentarlo.

El Gobierno denunciará a la Junta Interna de ATE-INTI

El Gobierno quiere pasar a la ofensiva y denunciará a la junta interna de ATE-INTI por “retención forzada” de autoridades del organismo.
El hecho supuestamente sucedió durante las protestas sindicales contra “despidos masivos” en el sector. El Gobierno busca salir del laberinto con una ofensiva contra la Junta Interna de ATE-INTI.
La denuncia surge luego de que el presidente del INTI, Miguel Romero, haya entendido que fue retenido por militantes de ATE en el marco de una protesta.
Desde el Ejecutivo afirmaron que Romero, junto a miembros de su equipo, pasó dos horas en las oficinas del Parque Tecnológico Migueletes. “Los sindicalistas violentaron puertas y ventanas intentando entrar al edificio”, informó la Secretaría de Coordinación de Producción.
A su vez, detallaron que el presidente de la Junta Interna ATE-INTI, Francisco Dolmann, se comunicó con Romero para exigirle que “se rindiera y saliera del edificio” y “que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada”.

Apagón informativo contra los despidos

El Servicio Meteorológico Nacional hizo un apagón informativo. Los trabajadores del organismo confirmaron la medida de fuerza para el viernes 24 de abril.
La decisión llega después de una ola de despidos y recortes. Durante varias horas no van a difundir datos y no habrá pronóstico del clima, con el fin de mostrar qué sucede cuando falta su trabajo.
La medida afectará vuelos comerciales, navegación y otras actividades que dependen de información meteorológica confiable.
Silvina, trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional afirmó: “Existimos para proteger a la población, entonces el asunto es el gobierno que tiene que tomar la decisión de si quiere defender y proteger a la población”.
Además, agregó que “el servicio no puede evitar que llueva, no puede evitar que haya una inundación, no puede evitar que haya una sequía, no puede evitar que haya una tormenta severa, pero sí puede pronosticar y prever y tener un sistema de alerta temprana robusto para que la población tenga en cuenta en qué momento tiene que resguardarse”.
El apagón duró desde las 5:00 hasta el mediodía. El objetivo es visibilizar los 140 despidos de abril y los que podrían venir en las próximas semanas.
Trabajadores y trabajadoras también denuncian el ajuste presupuestario en distintas áreas: “No solamente mostramos el pronóstico a siete días para saber si nos abrigamos, si llueve o demás, sino que pensamos en futuro y en el futuro es si el campo puede cultivar, puede cosechar. La empresa de energía puede trasladar, cómo va a trasladar en el invierno el gas a los hogares. Los vuelos, pueden tener un plan de vuelo tranquilo, seguro, si no estamos nosotros detrás y fundamentalmente como lo que pasó en 2013 en La Plata, cuando todavía el servicio no contaba con su sistema de alertas tempranas”, afirmó Silvina.

Milei quitó la exclusividad del Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea

El Gobierno facultó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) a prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) de manera directa o “a través de terceros”.
Esta medida termina con el esquema de exclusividad que mantenía el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el pronóstico del tiempo, tras 140 despidos en el organismo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026 publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial establece que “la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad Anónima (EANA S.A.) deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros”. Esto significa que el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea lo podrán prestar privados. Se abre así una puerta a la privatización del organismo. Un cambio que en un contexto de despidos y denuncias de vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y en sintonía con medidas similares tomadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde las tareas que realizaba el organismo se convierten en negocios privados.
Trabajadores del SMN iban a realizar un paro el viernes 30 de abril en rechazo a los recientes despidos del sector, pero un día antes el Gobierno declaró ilegal esa huelga y quitó el derecho a la protesta. Tras la suspensión de la medida de fuerza, trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE realizaron una asamblea fuera de la sede de Palermo.
La delegada Carolina González declaró que “en ningún lugar del mundo los servicios meteorológicos son privados” y advirtió sobre el impacto que tendrán los despidos en el funcionamiento del SMN y la realización de pronósticos.
“El SMN trabaja todo el año, todo el día. La mayoría de los despedidos son de estaciones meteorológicas por todo el país. Al despedir gente, en la primera tanda de 2024 cerró una estación en Tucumán, otra en Mendoza. Esta vez no va a cerrar ninguna, pero sí hay un cambio del plan de labor: algunas estaciones que medían las 24 horas ya no van a medir de noche”, alertó. “Se ve afectado el monitoreo de la atmósfera. Los pronósticos van a estar más debilitados”, agregó.
El Gobierno ajustó al SMN como lo hizo en distintas dependencias estatales con despidos y recorte del poder de compra de los salarios. Ahora Milei quiere avanzar con la apertura de tercerización de servicios. Ante el saqueo en curso y el ataque a los trabajadores estatales hay que unir las peleas de todos los organismos, realizar asambleas de afiliados de todos los gremios, y no afiliados para derrotar el ajuste.

Médicos de cabecera de PAMI realizaron un paro de 72 horas

Nucleados en APPAMIA (Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines), llevaron adelante esta medida de fuerza del lunes 13 al miércoles 15 de abril, en rechazo a una resolución que recorta sustancialmente su salario. Por cada paciente cobrarán a partir de este mes 2100 pesos.
Se trata de la resolución 1107/2026, que decreta la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso, la incorporación de más prestaciones dentro de un pago fijo y la eliminación del incentivo económico a la formación profesional.
A partir de esta resolución, los médicos que atienden en la obra social de los adultos mayores pasan de cobrar 2.100.000 pesos por jornadas completas a 1.400.000. Esto implica 2100 pesos por cada paciente.
Desde la APPAMIA presentaron una contrapropuesta que establece un pago de 6.500 pesos por paciente “como piso necesario para sostener la atención médica”.
“Sin retribuciones dignas, no hay salud de calidad”, expresaron.
Es por esto que desde APPAMIA exigen la derogación inmediata de la resolución 1107, el incremento de las retribuciones de médicos y odontólogos, y la reincorporación inmediata de los profesionales cesanteados sin causa.

Reclamo de médicos, jubiladas y jubilados en la sede central del PAMI

Los jubilados que hace dos años vienen enfrentando el ajuste y la represión del gobierno, se concentraron frente a la sede central del PAMI, en Av. Corrientes 655 para protestar contra los ajustes y la falta de medicamentos gratuitos.
Asimismo rechazaron la intervención que dictó el gobierno y denuncian la crisis por la falta de pago de prestaciones. Además exigen una auditoría inmediata. Para las 15:00, como todos los miércoles, convocaron a una ronda y radio abierta en el Congreso.
La protesta se da en el marco de un paro de 72 horas lanzado el lunes 13 por los médicos de cabecera de la obra social. Porque el ataque de Milei y Lugones no solo golpea a las jubilaciones sino también al personal que atiende precariamente la salud de la tercera edad.
Los profesionales denuncian un recorte de los ingresos de un 50% a partir de la resolución 1107/2026 que decreta la eliminación de la consulta presencial como fuente de ingreso y la eliminación del incentivo económico, entre otras disposiciones.
Como denuncian las y los jubilados, para Milei son la variable de ajuste. No solo los castiga a través del recorte en los haberes que perciben por toda una vida de trabajo sino también a través de recortes en las prestaciones y atención que reciben a través del PAMI.

Carpa negra contra la corrupción en PAMI y el despido de una representante gremial

Los trabajadores vienen denunciando el vaciamiento de la obra social y el traspaso al sector privado de unos 3.000 jubilados y jubiladas que se atendían en los policlínicos de la ciudad de Rosario.
Se instaló una carpa negra contra la corrupción en el PAMI y el despido de una representante gremial. Además piden la reincorporación de la Secretaria General de ATE en el PAMI Rosario, Melina Gutiérrez, una de las voces que venía realizando estas denuncias, que fue echada después de 9 años de estar contratada y a pesar de que igualmente tenía cobertura sindical contra el despido.
Durante una nueva jornada de protesta, Gutiérrez dijo: “El PAMI no fue nunca la excepción del ajuste, del achique, del desguace de la obra social con las prestaciones para los jubilados y con el saqueo sostenido con respecto al salario de los trabajadores, con las condiciones de laburo que padecemos los trabajadores. Venimos denunciando que desde que asumió Javier Milei -y lo voy a decir en cada medio que me pregunte- perdimos más jubilados en esta gestión, que han muerto, que en la misma pandemia”.
Además, agregó: “Milei dijo que iba a ser el topo del Estado que nos iba a destruir desde adentro, él nos declara la guerra a nosotros los trabajadores, nosotros los trabajadores no nos vamos a domesticar así nomás, nosotros vamos a seguir dando pelea y es lo que estamos haciendo en ese caso en Rosario, trinchera fundamental donde se gesta esta lucha, donde estamos instalando esta carpa contra la corrupción”.

Retiros “voluntarios” en ANSES

El Gobierno prorrogó el plazo para adherirse al plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El plazo fijado inicialmente vencía el 5 de abril pero con la prolongación de 15 días hábiles administrativos, los empleados del organismo tendrán tiempo de adherirse al plan hasta el 24 de abril inclusive. El retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo.

Medios públicos de CABA

La Asamblea de Trabajadorxs de los Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires realizó una conferencia de prensa el miércoles 8 de abril en la Legislatura porteña (Perú 130) para rechazar la decisión del gobierno porteño de concesionar las radios (AM 1110 y FM 2×4) y el Canal de la Ciudad y anunciar medidas para frenar la privatización encubierta de los medios públicos.
Desde la Asamblea de Trabajadorxs de los Medios Públicos de la Ciudad consideran que la medida del Ejecutivo, que encabeza Jorge Macri, viola el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad y pretende barrer con los casi 100 años de Radio Ciudad; los 25 años de historia de la radio de tango, la 2×4; y 23 años del Canal de la Ciudad. Además de vulnerar el derecho a la información y poner en riesgo el empleo de más de 400 trabajadorxs.
“Los medios públicos cumplen una función esencial para la comunicación en una sociedad democrática: informar con criterios de interés general, dar lugar y promover todas las voces, fomentar la cultura y generar espacios de interacción para y con los vecinos de la Ciudad. Son funciones que difícilmente puedan sostenerse bajo la lógica exclusiva de la rentabilidad comercial”, afirman desde la Asamblea.
Cabe recordar que el gobierno porteño ya publicó en su Boletín Oficial los pliegos para esta licitación y que la apertura de sobres con los oferentes está prevista para el 20 de abril.
Además de la conferencia de prensa del 8 de abril, que acompañaron legisladores y legisladoras porteños de distintas fuerzas políticas, organizaciones gremiales y artísticas, especialmente vinculadas al mundo del tango, los trabajadores y las trabajadoras hicieron un Festival de Tango el 15 de abril, y continúan juntando firmas en rechazo a esta medida.
Las redes de la asamblea son: Instagram: @somoslosmediosdelaciudad / X: @losmediosciudad.
Compartimos el comunicado de la Red de Medios Alternativos en solidaridad con la Asamblea de Trabajadorxs de Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
Desde la Red de Medios Alternativos (ex RNMA) nos sumamos a la Asamblea de Trabajadorxs de los Medios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, para rechazar la decisión del gobierno porteño de concesionar las radios (AM 1110 y FM 2×4) y el Canal de la Ciudad y anunciar medidas para frenar la privatización encubierta de los medios públicos
Como expresan los trabajadoxs esta medida viola el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad y pretende barrer con los casi 100 años de Radio Ciudad; los 25 años de historia de la radio de tango, la 2×4; y 23 años del Canal de la Ciudad. Además, vulnera el derecho a la información y pone en riesgo el empleo de más de 400 trabajadorxs.
Desde la RMA adherimos, además, a todas las actividades que permitan la visibilización de este conflicto y a la necesidad de unir las luchas.
En este marco, nos sumamos a la conferencia de prensa el miércoles 8 de abril, a las 14:00, en la Legislatura porteña (Perú 130).

Presentaron una acción de amparo para frenar la privatización de los medios públicos porteños

Fue interpuesta por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), contra el Gobierno porteño, que encabeza Jorge Macri. El objetivo es que se declare la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad de la Resolución N° 7/MJGGC/26 y de los pliegos licitatorios, que pretenden otorgar la concesión del gerenciamiento operativo y de programación de la Radio AM 1110 (Radio de la Ciudad), la FM 92.7 (La 2×4) y el Canal de la Ciudad. Solicitan, además, el dictado urgente de una medida cautelar y una medida precautelar para suspender de manera inmediata este proceso licitatorio, cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de mayo.
La acción judicial, que cuenta con el patrocinio del abogado Jonatan Baldiviezo y la doctora Cecilia Pazos, sostiene que la medida impulsada por el gobierno porteño constituye una violación directa del marco legal vigente:
-Incumplimiento del Artículo 47: El amparo denuncia la omisión inconstitucional continuada por parte del Poder Ejecutivo y de la Legislatura porteña.
-Falta de Ente Autárquico: Desde la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) en 1996, no se ha sancionado la ley reglamentaria ni se ha creado el ente autárquico exigido taxativamente por el artículo 47 para la gestión de los medios estatales.
-Gestión Estatal Indelegable: La delegación a corporaciones privadas de la definición de la grilla editorial y el manejo del personal constituye, según los demandantes, un vaciamiento de las funciones del Estado y viola el principio de gestión estatal indelegable.
-Falta de Audiencias Públicas: Se argumenta que el GCBA omitió convocar una audiencia pública obligatoria, requisito previsto en el artículo 63 de la CCABA para casos de modificación del uso y dominio operativo de bienes públicos estratégicos, como el espectro radioeléctrico.
Además, en la demanda se detalla ampliamente el contexto histórico y cultural de los medios afectados, y advierte que su paso a una gestión privada orientada a la rentabilidad comercial pone en peligro el acervo cultural de los porteños:
-FM 92.7 La 2×4: Se resalta que esta emisora es la única radio pública en el mundo dedicada íntegramente al tango, género que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La organización advierte que el pliego licitatorio no cuenta con las salvaguardas suficientes para preservar esta identidad musical frente a opciones más rentables.
-AM 1110 Radio de la Ciudad: Fundada en 1927 como Radio Municipal, esta emisora posee casi un siglo de historia y alberga un archivo sonoro invaluable que funciona como la memoria de la ciudad.
-Canal de la Ciudad: Creado originalmente en 2003 como Ciudad Abierta, este canal funciona como un espacio institucional que, además, tiene la obligación legal (Ley N° 2.996) de televisar en vivo y sin cortes comerciales las sesiones de la Legislatura porteña.
Las organizaciones sostienen a su vez que el patrimonio cultural integra el concepto de “ambiente” previsto en la Ley General del Ambiente N° 25.675 y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que cualquier alteración en su gestión requiere estudios de impacto cultural previos y procesos participativos que se omitieron.
El documento judicial subraya también las consecuencias a mediano y largo plazo que tendría la adjudicación de este gerenciamiento privado:
-Plazo de Concesión: El pliego estipula un plazo de concesión de 60 meses, equivalente a 5 años.
-Canon Mensual: La concesión establece un canon base mensual de $10.753.750 para el Canal de la Ciudad y de $1.229.000 para las dos radios.
-Conflicto con la Legislatura: Actualmente, existen dos proyectos de ley en trámite parlamentario en la Legislatura porteña (Proyectos N° 1083-P-2026 y N° 1060-D-2026) que buscan crear el ente autárquico exigido por la Constitución. La demanda advierte que, si se concreta la privatización por un plazo de cinco años, cualquier avance legislativo sobre estos proyectos se volvería imposible de cumplir, lo que generaría hechos consumados y expondría al Estado a demandas millonarias si decidiera rescindir el contrato en el futuro.
A través de este recurso legal, las organizaciones exigen el cese definitivo de la privatización y solicita una condena que obligue al Poder Ejecutivo y a la Legislatura a crear, de manera urgente, el ente autárquico previsto en la Constitución: “Esto asegura la pluralidad política y la participación ciudadana en los medios públicos”.

Fuentes: Agencia FARCO, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es, Red Eco Alternativo, La Izquierda Diario, Aire Libre Radio Comunitaria / Agencia FARCO, Infogremiales

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