En la larga noche negra de la última Dictadura Cívico Militar era habitual que diversos ministerios reciban, en particular el del Interior, a cargo de Albano Harguindeguy, llamados o cartas de «ciudadanos comunes», quienes denunciaban la existencia de literatura «prohibida» en librerías. Algunos de esos libros podían ser infantiles, novelas o clásicos, pero lo relevante […]
En la larga noche negra de la última Dictadura Cívico Militar era habitual que diversos ministerios reciban, en particular el del Interior, a cargo de Albano Harguindeguy, llamados o cartas de «ciudadanos comunes», quienes denunciaban la existencia de literatura «prohibida» en librerías. Algunos de esos libros podían ser infantiles, novelas o clásicos, pero lo relevante en la construcción cotidiana del terror que se vivía por aquellos años era la censura de los mismos, y, con la mejor de las suertes para sus propietarios, la clausura de los locales en cuestión.
Todo este andamiaje estaba montado sobre aquellas personas que colaboraban activamente con el autodenominado «Proceso de Reorganización Nacional», ya sea por acción u omisión. Se trataba de crear y extender con cada una de estas denuncias un clima de miedo y de delación que disuada a aquellas personas que pretendían vivir en una sociedad democrática. En la época era habitual escuchar que si «uno no andaba en cosas raras, nada había que temer». Desde esa línea de pensamiento, lo raro era la política. Como hoy, para gran parte de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires y su elenco gobernante. Los funcionarios del Pro son, en su mayoría, tecnócratas provenientes de universidades privadas. Se definen como apolíticos y piensan que realizan su gestión de modo aséptico, dado que se consideran especialistas y ajenos de esa cosa rara (para ellos) llamada política. Exactamente lo mismo nos decían en los ´90, mientras cerraban las fábricas y se desmantelaba el país, provocando un Genocidio social, cuyas consecuencias aún padecemos.
La propuesta del Ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, con la anuencia de su jefe político, Mauricio Macri fue la de abrir una línea gratuita para denunciar lo que llamó «la intromisión de la política» en las escuelas. Vale la pena aclarar que esta medida no es una decisión aislada en medio del ruido mediático provocado por los sucesivos informes de Lanata y otros periodistas respecto a diversas actividades encaradas por la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete. Las mismas hacían hincapié en un taller de formación extracurricular denominado «el héroe colectivo», basados en los personajes de Héctor Germán Oesterheld. Para el historietista, el personaje principal de El Eternauta era el conjunto, era la fuerza colectiva en desmedro del individualismo exacerbado promovido por la última dictadura, y cuyos mejores continuadores ideológicos son el menemismo y el macrismo, expresados en «el sálvese el que pueda». Ello puede explicar muy bien el rechazo que esa cosmovisión tiene en un porcentaje de la sociedad nada desdeñable.
De todos modos, hay que recordar que el macrismo desde que asumió en diciembre de 2007 tomó medidas en esta dirección. No sólo en lo educativo, que con posterioridad referiremos algunas, sino en el plano de su gestión. En los primeros meses de haber asumido el cargo, luego de un polémico censo que culminó con el despido de más de 2000 empleados, Macri lanzó el plan de denuncia contra los empleados «ñoquis», que derivó en la instalación de un clima de sospecha entre los mismos trabajadores y fue denunciado por la oposición como una forma de espionaje laboral. Aunque si hablamos de espionaje, nada mejor que traer a la memoria la gestión de Mariano Narodowski en el ministerio de Educación. En efecto, el pedagogo hoy se encuentra procesado por dicha causa.
Las políticas de la permanente sospecha prosiguieron cuando se intentó prohibir a los docentes hacer declaraciones a los medios de comunicación por los recurrentes problemas edilicios en las escuelas o cuando se les pidió a los directivos listas de estudiantes y se les ordenó que fueran denunciados a las comisarías. Tampoco debemos olvidarnos del nombramiento como sucesor de Narodowski de un férreo defensor de la última dictadura como Abel Posse. Ni del intento de instalación de cámaras de seguridad en las escuelas más activas en las tomas.
Hace menos de un mes se conoció una encuesta anónima realizada por el Ministerio de Seguridad, realizada en escuelas a las que asisten alumnos de bajos recursos, cuyo objetivo era estigmatizar la pobreza. En la misma se preguntaba si les habían rayado el auto a los docentes o si les habían robado a sus compañeros.
Como docentes y ciudadanos que anhelamos vivir en democracia, creemos que estas prácticas se condicen con lo peor de nuestra historia. Es por eso que las repudiamos y pedimos un poco de sentido común para seguir construyendo una sociedad en la que todos tengamos lugar, sin estigmatizaciones ni persecusiones.
Iván Pablo Orbuch es Docente e Investigador (UBA-UNSAM-FLACSO)
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