Una moción presentada en la Asamblea Anual de la Federación Europea de Periodistas y que han firmado 48 periodistas de 37 países europeos ha reclamado un juicio justo para Pablo González, preso en una cárcel de Polonia desde hace 27 meses.
Un total de 48 periodistas delegados de asociaciones profesionales y sindicatos de 37 países europeos han reclamado la liberación del reportero vasco Pablo González y la celebración de un juicio con garantías tras su encarcelamiento en Polonia en febrero de 2022, o bien la «inmediata» repatriación para celebrar el juicio en el Estado español.
Así lo han demandado tras aprobar de forma unánime a una moción presentada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y secundada por CCOO, FdSP y UGT, en el marco de la Asamblea Anual 2024 de la Federación Europea de Periodistas (EFJ por sus siglas en inglés), celebrada en Pristina (Kosovo). Según ha informado este lunes la FAPE, la entidad europea ha criticado «duramente» a las autoridades judiciales y políticas de Polonia, así como la «casi inacción» de las españolas.
Luis Menéndez, delegado internacional de la FAPE, ha presentado la moción y ha hablado de «incalificable opacidad del caso contra un periodista prisionero en un país de la Unión Europea en situación de aislamiento, lo que supone una permanente tortura personal y psicológica» tras 27 meses de prisión.
En este sentido, la Asamblea de la EFJ ha apoyado nuevas iniciativas de protesta que se llevarán a cabo en Madrid próximamente, y en Polonia, delante de la prisión de Radom, a cien kilómetros de Varsovia, donde se encuentra recluido.
Periodismo en tiempos de guerra
Bajo el lema ‘Periodismo en tiempos de guerra’, la Asamblea Anual 2024 de la EFJ ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los 109 periodistas muertos en la guerra de Gaza, según los datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).
Entre los temas que han abordado destacan las presiones contra la libertad de prensa y amenazas a los informadores en los países balcánicos y del Este de Europa, como Hungría, así como los riesgos de la puesta en práctica de Inteligencia Artificial en la elaboración de contenidos y la proliferación de las llamadas SLAPP (iniciativas judiciales contra la participación pública, en su traducción del inglés).