Salvar la vida de Sultana Jaya y su familia en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Es el llamamiento realizado el pasado 4 de septiembre por la Delegación del Frente Polisario para España ante el “acoso” y “asedio” al que se ven sometidas -durante más de 300 días- estas activistas por parte de la policía marroquí. Han denunciado, además del arresto domiciliario, malos tratos físicos y psicológicos.
El comunicado añade que la situación de la defensora saharaui y sus familiares se ha agravado en las últimas fechas por el contagio del coronavirus. El ejemplo de Sultana Jaya, que en diferentes ocasiones denunció agresiones físicas, ha adquirido relevancia internacional.
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS), que se manifiesta los lunes en Madrid frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, remitió el 13 de septiembre una carta al titular del departamento, José Manuel Albares, con una reivindicación: “Insistimos, salve a las hermanas Jaya”. El escrito denuncia “el nulo interés que ha demostrado su ministerio por el caso Jaya: una mujer muy enferma y desatendida, y por los ataques salvajes de las fuerzas de ocupación marroquíes a unas mujeres indefensas, recluidas y aisladas a la fuerza desde hace 299 días”.
A la denuncia se ha sumado el periodista y fotógrafo del colectivo Equipe Media, Said Amidan, durante un acto sobre Los derechos humanos en el Sáhara Occidental celebrado el 17 de septiembre en el Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València. El acto fue organizado por el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (València Defensa), en el que participa el activista saharaui durante seis meses, y la Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
Otro de los casos mencionados por Said Amidan es el del también periodista saharaui Mohamed Lamin Haddi, referenciado por el MPP en la carta del 13 de septiembre: “Lleva desde el 16 de julio sin hablar con su familia, y no se sabe dónde lo tienen, suponiendo que esté vivo”; preso político del grupo de Gdeim Izik (campamento de protesta sofocado por las fuerzas de seguridad marroquíes en 2010), Mohamed Lamin Hadi ha permanecido en huelga de hambre durante 69 días, para denunciar el maltrato y aislamiento del que es objeto en la cárcel marroquí de Tiflet2 (el activista fue condenado por un tribunal militar de Marruecos a 25 años de prisión).
Organizaciones como CODESA (Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis) también informan en sus comunicados –desde El Aaiún- de estas prácticas. Por ejemplo el 10 de mayo se hicieron eco de los testimonios de tres activistas saharauis, secuestrados y sometidos a torturas por las fuerzas de ocupación: Babouzid Mohamed Said Leboihi (presidente del colectivo); el estudiante y expreso político Salek Mohamed Salek Babir; y el estudiante Khaled Husein Lahcen Boufraywa.
Las vejaciones físicas y verbales se produjeron, según relataron, después de ser “sacados a la fuerza de la casa (en la que se hallaban) con los ojos vendados, esposados y metidos dentro de un automóvil”.
Surgido en 2009, el colectivo Equipe Media está formado por entre 20 y 25 reporteros que documentan las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos en el Sáhara Occidental. Fueron galardonados con el Premio Internacional de Periodismo Julio Anguita Parrado y el Solidarity prize de la ONG sueca Afrika Grupperna en 2019; y en 2020 con el Premi Llibertat d’Expressió de la Unió de Periodistes Valencians.
Además de en lengua árabe y en inglés, Equipe Media difunde en castellano a través de las redes sociales algunas de sus informaciones; así, el 18 de septiembre destacó que las fuerzas de ocupación marroquíes derribaron -a primera hora de la mañana- un centenar de viviendas de familias beduinas saharauis en una aldea próxima a El Aaiún (capital de la República Saharaui Democrática). O, el pasado 6 de septiembre, la movilización de mujeres en las calles de El Aaiún en contra de que las elecciones generales del Reino de Marruecos se celebraran también en los territorios ocupados.
En el acto de Valencia se proyectó el documental de 17 minutos titulado Tres cámaras robadas, producido en 2017 por Equipe Media y RaFILM. Está inspirado en otra película –5 broken cameras-, de Emad Burnat y Guy Davidi, sobre las luchas por la tierra en Palestina.
Todas las imágenes de Tres cámaras robadas fueron grabadas en secreto. La película comienza con las cargas de la policía de Marruecos captadas por los activistas; continúa mostrando la presencia del ejército marroquí en las ciudades saharauis; y prosigue con imágenes de una manifestación pacífica en el barrio de Maat Allah –de 2009-, en la que la policía “robó” la primera cámara –durante la represión y los golpes de porra-, al reportero que grababa desde una azotea.
“El corto es una pequeña parte de todo lo que no se ve”, afirma Said Amidan, “pero hay situaciones peores”. El defensor de los derechos humanos pone el énfasis, asimismo, en el expolio de las riquezas naturales del Sáhara. Del despojo dan cuenta documentales como Ocupación SA, de noviembre de 2020, producido por Forward a iniciativa de las ONG Mundubat y Gune Irekiak y con la participación de Equipe Media.
El audiovisual, dirigido por la periodista Laura Daudén y el profesor de Relaciones Internacionales Sebastián Ruiz-Cabrera, apunta la responsabilidad de multinacionales españolas; como Siemens-Gamesa (construcción de parques eólicos en los territorios ocupados); CEPSA (exportación de productos petrolíferos); grupo CEISA (importación a las islas Canarias de arena extraída en el Sáhara Occidental); grupo RODMAN (venta de embarcaciones militares a Marruecos); Fondo de inversión Alantra y compañía Unión Martín (comercialización de pescado capturado en los caladeros saharauis).
El Frente Polisario advirtió este verano a la aerolínea Binter, que programa vuelos entre Gran Canaria y El Aaiún, que esta actividad constituye un “negocio ilegal” (afecta a un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos); y recuerda que la compañía no ha contado con el consentimiento de los representantes del pueblo saharaui.
Además Western Sahara Resource Watch (WSRW) informó el 5 de septiembre sobre las importaciones a México de mineral de fosfato procedente del Sáhara, y mostró imágenes de los buques de descarga; la empresa responsable de las “importaciones masivas” es, según los investigadores, la filial en México de la multinacional estadounidense Innophos. WSRW destacó también, en una nota informativa del 19 de julio, que un tercio del total de la harina de pescado exportada por Marruecos se envía desde el Sáhara Occidental en barcos con destino a Turquía.
Entre la ocupación, la represión y la rapiña, ¿en qué condiciones trabajan los periodistas para romper el bloqueo mediático? “Las restricciones y la vigilancia sobre los informadores ha aumentado después que Marruecos violara el alto el fuego en noviembre de 2020 en Guerguerat”, explica Said Amidan en el acto organizado por València Defensa.
Y recuerda casos anteriores, como el de la periodista Nazha El Khalidi, integrante de Equipe Media, detenida y golpeada mientras grababa en una manifestación en diciembre de 2018 en El Aaiún; la policía le requisó el teléfono móvil (fue maltratada en una comisaría, juzgada y condenada a una multa por un tribunal marroquí). Otros periodistas del colectivo, como Bashir Khadda y Mohammed al-Bambary, fueron sentenciados a penas de prisión.
Los citados ejemplos se detallan en el informe Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo, publicado en junio de 2019 por Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué implica ejercer el periodismo en el Sáhara Occidental? “Es un acto de heroísmo, cuyos protagonistas pagan indefectiblemente con arrestos, detenciones arbitrarias, acosos a sus familias, calumnias, difamaciones, malos tratos, torturas, constantes entradas y salidas de la cárcel, y sentencias tan abultadas como injustas”, resume el documento de la ONG.