La caída de la actividad económica y especialmente de los ingresos populares augura un crecimiento de la conflictividad social, especialmente de la huelga general.
En los cursos de economía se enseña que el Ingreso (Y) es igual al Producto (P), es decir, que el PBI se iguala con los ingresos de la población, sean salarios, ganancias o rentas. La disminución del P y de los Y no es igualitaria. En efecto, la distribución del Y es desigual y las estadísticas del INDEC destacan que el crecimiento económico, del P en 2022 y 2023 no se distribuyeron equitativamente, si no que hubo una transferencia de ingresos desde los salarios a las ganancias.
En el mes de diciembre, según fuentes oficiales el índice del empleo estable, el RIPTE, bajó un 17,2%, expresión de la pérdida de ingresos de salarios, jubilaciones y planes sociales. Según informa MATE, colectivo intelectual de Rosario, las trabajadoras y trabajadores perdieron 1,6 billones de pesos de sus ingresos, lo que implica una pérdida de 1,1 billón en el ingreso de bolsillo, una merma en la recaudación tributaria del orden de los 390 mil millones, una reducción de la recaudación de obras sociales por 109 mil millones y menor contribución a los sindicatos por 24 mil millones.
Lo que se pierde de ingresos populares se gana en el ingreso empresario, sean ganancias o rentas. El tema es similar en todas las áreas de ingreso populares. El salario promedio es equiparable a la situación del 2001/02, del mismo modo que la jubilación mínima se encuentra en esos registros históricos de deterioro.
El Consejo del salario no llegó a ningún acuerdo, ya que las centrales sindicales propusieron un 85% de actualización, para llevar el mínimo a 288.000 pesos mensuales. Las patronales no acordaron ni propusieron alternativa para la negociación y el gobierno hizo mutis por el foro y según se informa lleva el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a 202.000 pesos por mes desde marzo, un 30% de actualización, por debajo de la inflación sufrida por la población empobrecida. El 50% del SMVM es base para el plan potenciar trabajo y el 82% de ese monto es la jubilación mínima, de allí su importancia, además de referencia para toda negociación salarial.
Desde el gobierno se anticipa que no convocará a paritarias a los docentes, negando la negociación colectiva, espacio para ejercer la “libertad de discusión salarial” de trabajadores y trabajadoras. Eso demuestra la restricción de la libertad de fijar precios solo a quienes desde posición de poder pueden sumar precios. Trabajadores y trabajadoras estarán limitados de luchar por el precio de la fuerza de trabajo al negarse los espacios de discusión de esos ingresos, base para intervenir sobre el conjunto de los ingresos populares.
Paro nacional y horizonte transformador
La respuesta solo se resuelve desde la huelga general, anunciada desde las centrales de trabajadores y trabajadoras, en el camino del 24E y que ya aparece con fecha antes de fines de febrero, según los resuelto por el plenario de estatales del 15 de febrero pasado, con el aval de 40 organizaciones sindicales del Estado y de las empresas públicas, de jubilados del sector y articulaciones sociales diversas.
Crece la conflictividad sobre la base de un descontento social ampliado por la carestía de la vida, la consecuente reducción del consumo popular por la baja de los ingresos, constituyendo el punto de sostén de una protesta diversa que convoca a la organización de inter-sindicales y multisectoriales, de asambleas populares que empiezan a definir, sin claridad de dirección política un rumbo de confrontación con la política oficial.
En rigor, ocurre un debate sobre la hegemonía en el movimiento popular, entre quienes reiteran hegemonías previas y la búsqueda de nuevos rumbos, incluso más allá de la confrontación de corto plazo y que defina una nueva hegemonía en la base social para una disputa por otro orden socioeconómico más allá del capitalismo.
La derecha se reorganiza bajo la hegemonía de Milei y el liberalismo exacerbado, si es que su proyecto avanza, mientras, en la oposición se habilita un debate sobre el rumbo. Hay quienes imaginan un “capitalismo reformista”, con distribución del ingreso sin cambiar las relaciones de producción, que se definen políticamente en el “centro”, con base en la tradición de gobiernos constitucionales por décadas, incluso algunos proyectos que intentan superar las agrupaciones tradicionales, sea de la lógica bipartidista o de las dos coaliciones que definieron la política luego de la crisis del 2001.
En la izquierda existe una presencia institucional, cuyo peso importa a la hora de la denuncia, y un conjunto fragmentado de organizaciones sociales, culturales y políticas, incluyendo personalidades que actúan en espacios intelectuales, artísticos o culturales diversos, que animan el espacio de la búsqueda por regresar horizontes anticapitalistas, socialistas, comunistas, de autogestión y organización económico social comunitaria, sin fin de lucro y por otro orden. En este ámbito existe un importante debate ante la oportunidad de la reorganización de la derecha y el desconsiento de la tradición centrista, para constituir una propuesta política alternativa y que dispute consenso en la sociedad para un rumbo no solo alternativo a la propuesta oficial, sino uno que actúe y contribuya a la necesaria animación de propuesta de liberación en el país, la región y el mundo.
La crisis capitalista empuja más liberalización y es lo que encarna el gobierno Milei. La izquierda global no tiene estrategia conjunta que se exprese en un imaginario colectivo tal como se visibilizó por décadas desde el Manifiesto Comunista, la Comuna de París o la revolución en Rusia.
Más allá de matices, el rumbo por la revolución definía el Siglo XX. ¿Es posible reinstalar una perspectiva por la revolución en el Siglo XXI? Una parte de los debates en el amplio espectro de la izquierda diversa transita la discusión por reinstalar un imaginario de confrontación con el capitalismo y sus consecuencias actuales en la destrucción del ambiente o el crecimiento de la desigualdad y la amenaza sobre la vida y la naturaleza.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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