En el mes de la Declaración de los Derechos del niño, una de las violaciones más frecuentes son las detenciones arbitrarias sobre jóvenes pobres que viven en zonas periféricas de la ciudad. La alianza entre «portación de rostro» y «merodeo» legitiman y naturalizan una conducta policial abusiva. En otras palabras, criminalizan la pobreza. Esta situación, […]
En el mes de la Declaración de los Derechos del niño, una de las violaciones más frecuentes son las detenciones arbitrarias sobre jóvenes pobres que viven en zonas periféricas de la ciudad. La alianza entre «portación de rostro» y «merodeo» legitiman y naturalizan una conducta policial abusiva. En otras palabras, criminalizan la pobreza. Esta situación, que se acentuó a partir de 2004 con la llegada del Manhatan Institute a Córdoba, es denunciada por víctimas y agrupaciones que defienden los derechos de los niños y niñas desde el Estado, Ong’s y otras organizaciones como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
Los códigos que arbitran faltas o delitos son de diferente intensidad al igual que las penas. Sin embargo, alcaldías, distritos y calabozos alojan a diario decenas de jóvenes por igual. La mayoría de las detenciones que realiza la policía en la ciudad de Córdoba son arbitrarias. Según denuncias públicas realizadas por miembros del Sindicato de Policías se hacen en cumplimiento de órdenes superiores para «engrosar estadísticas».
El Código de Faltas de la Provincia que reemplazó al de la dictadura fue sancionado y promulgado a fines de 1994, durante el gobierno de Eduardo César Angeloz. Si bien tuvo un reordenamiento en 1997, fue a partir de los discursos de la «inseguridad» y el desembarco de la doctrina de la Tolerancia Cero, importada de Nueva York, que el atropello policial y las detenciones arbitrarias comienzan a extenderse. El encargado de difundir este recetario fue William Bratton, ex jefe de policía de Nueva York, quien visitó la Argentina en dos oportunidades (1998 y 2000) junto con Rudolph Giuliani, del programa de «tolerancia cero» del Manhattan Institute. Según Loic Wacquant, quien desarrolló una exhaustiva investigación sobre las características de esa doctrina en Estados Unidos y su difusión en el resto del globo, el programa consiste en la configuración de un Estado represivo, policial y penal. Otra vez, como alguna vez lo fue la doctrina de seguridad nacional, se importan recetas de «seguridad» claramente selectivas.
Ciudad sitiada
La temática seguridad/inseguridad es parte del escenario donde se aplica un concepto de seguridad restrictiva de acuerdo a las diferentes clases sociales. La mira apunta, entonces, en sentido directo a los pobres. Luis Miguel Baronetto, director de la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de la ciudad, explica que en el marco de un gobierno de corte neoliberal como el actual «se criminaliza a los pobres por partida doble. Además de excluirlos de la distribución de la riqueza, se los sanciona sacándolos de la escena, recluyéndolos como escoria en cárceles o institutos de menores, sin políticas de reinserción. Con ello se les niega existencia social: no existen, no son mostrables». Asimismo agrega que «si no se los puede hacer desaparecer, hay que ocultarlos». Y señala que otra forma políticamente correcta de sacar a los pobres de la escena pública, es desplazarlos de sus territorios habituales so pretexto de brindarles mejores condiciones de vida. Así, se los recluye en gigantescas y precarias «Ciudades de Dios» construidas con dineros del BID, en las periferias urbanas. «Concentrados para un mejor control represivo, sin alternativas laborales y sin transporte público adecuado. Para este modelo, hablar de seguridad es hablar de represión, armas, móviles policiales, baja de la edad en la imputabilidad a los menores, cárceles y murallas», afirma el funcionario.
En ese marco, la política pública de seguridad local está centrada en la criminalización y expulsión de los pobres y el aumento del presupuesto policial para comprar insumos y personal para la flota del Comando de Acción Preventiva (CAP), cuerpo especial creado para patrullar las calles. Así, la tolerancia cero, como bien señala Wacquant, es la resultante de tres secuencias: el borramiento del Estado económico, el debilitamiento del Estado social y la glorificación del Estado penal.
Según un informe oficial, solicitado en julio de este año por miembros de la cátedra de criminología de la UNC , durante 2007 se produjeron 15.083 detenciones por infracciones al Código de Faltas realizadas en el momento justo en que se producía la contravención. «Según estos datos oficiales, la Policía practicó en promedio poco más de 41 detenciones por día. Esto significa, dada la población de la ciudad de Córdoba, una detención cada 87 habitantes», analizan los especialistas. Actualmente, aún cuando no se conocen las estadísticas, por las denuncias realizadas ante organismos públicos y ONG’s, hubo un crecimiento manifiesto.
Un estudio realizado por Horacio Etchichurry*, afirma que la aplicación del Código de Faltas viola los principios constitucionales de legalidad y razonabilidad y le impiden ejercer su derecho a la defensa, por lo cual aconseja su derogación. Además subraya que estos procedimientos afectan los derechos de reunión, expresión y circulación de las personas, todos ellos de carácter político.
Cuando el lobo cuida al cordero
Si un joven de piel morena, corte de pelo a la cubana, con o sin flequillo teñido, o con una gorra con vicera en su cabeza camina solo o con amigos por la calles, es candidato a ir preso. Según la situación, o el humor del policía, puede solicitarle que se identifique y muestre el documento de identidad. Incluso algunos le ordenan que muestre sus manos para constatar la presencia de callos -lo cual indicaría que trabaja en la construcción-, o bien para descartar si tiene tatuado algún código carcelario. René Zabala, miembro del Sindicato de Policías de Córdoba, explica que los uniformados utilizan el recurso de la «portación de rostro para engrosar las estadísticas de detenciones» que el gobierno manipulará según conveniencia. Además aseguró que desde el DIPACOR (Diagnóstico para la Concentración de Esfuerzos) oficina donde se realizan las estadísticas policiales «dibujan todo» para crear en la sociedad una sensación de disminución de los delitos.
El artículo 98 del código de faltas permite que la policía además de detener sancione. «Es pedirle al lobo que cuide al cordero», graficó el dirigente policial que además es abogado. Otra arista del problema se relaciona con las escasas posibilidades económicas de los afectados para contratar un abogado. Entonces, pueden permanecer varios días a voluntad del comisario y es aquí donde ingresa la corrupción.
El líder de la agrupación, también profesor de legislación, afirma que sus compañeros son obligados a detener un número determinado de personas por día o semana. Quienes se oponen a cumplir las órdenes recibidas son castigados con arrestos, traslados, bajas calificaciones para los ascensos, entre otras medidas disciplinarias.
Es que el desembarco de la Doctrina de Tolerancia Cero implicó un reforzamiento del poder de las fuerzas policiales: multiplicación de efectivos y equipamientos, reasignación de responsabilidades a los comisarios barriales con la obligación de dar resultados cuantitativos y un relevamiento de la cartografía delictiva. Este reordenamiento, como ha investigado Waicquant, se inspira en una ley planificada para delitos menores que recaen sobre las personas sin techo, las que trabajan en la calle, los inmigrantes y los detenidos por portación de cara. Cuestiones que apuntan a reforzar los lineamientos de un Estado penal y a la concepción de una seguridad claramente excluyente y para una minoría. Las violaciones a los derechos humanos a los jóvenes son un dato que nadie puede negar. Lo perverso es que, lejos de revertirse, se lo naturaliza como práctica. En esto colaboran los medios masivos de comunicación con su prédica de «mano dura» y «gatillo fácil». Organizaciones no gubernamentales que atienden problemas de la infancia, la secretaría de derechos humanos de la municipalidad de la ciudad y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, además de recibir quejas articulan y desarrollan actividades de educación sobre derechos. Pero el miedo a caer presos los paraliza.
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*Preso sin abogado, sentencia sin juez- El Código de Faltas de la Provincia de Córdoba. (Ponencia presentada al «Primer Congreso Argentino-Latinoamericano de Derechos Humanos: Una mirada desde la universidad» organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Rosario, 11 al 13 de abril de 2007) (http://codigodefaltas.blogspot.com)
Puede ampliar la información con esta entrevista realizada a policías sindicalizados en la que afirman sentirse obligados a detener a un número determinado de personas para cubrir las estadísticas:
http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=10&idnota=5106
Ximena Cabral y Katy García son Periodistas