La cruda realidad de la pobreza se instaló en la vidriera pública de la ciudad opulenta, Buenos Aires, la metrópoli de mayor ingreso per cápita del país, sede del poder económico de la Argentina y por ello, el territorio donde se genera la agenda mediática de discusión sobre la problemática nacional. Hasta hace muy poco, […]
La cruda realidad de la pobreza se instaló en la vidriera pública de la ciudad opulenta, Buenos Aires, la metrópoli de mayor ingreso per cápita del país, sede del poder económico de la Argentina y por ello, el territorio donde se genera la agenda mediática de discusión sobre la problemática nacional.
Hasta hace muy poco, la visibilidad de la pobreza se radicaba en el interior de la Argentina, con las dramáticas imágenes de los desnutridos en el norte, especialmente entre los pueblos originarios. Ahora, en Villa Soldati, en el sur empobrecido de la Capital Federal, los pobres, entre ellos varios inmigrantes, se hacían notar con la toma de un predio público en demanda de vivienda. Junto al «glamour» del patrón de consumo suntuario, el negocio inmobiliario y la difusión de un turismo extranjero de importante concentración de gasto y una importantísima oferta cultural, la Ciudad de Buenos Aires mostró la otra cara, muchas veces invisible, la de la pobreza y la desaprensión de las políticas públicas.
Una desaprensión puesta de manifiesto en la insuficiencia de la ejecución del presupuesto público de vivienda de la ciudad. Menos del 20% de la partida afectada ha sido ejecutada por el gobierno local de Mauricio Macri, como parte de la subejecución y desmantelamiento de las áreas públicas de articulación de política oficial con movimientos territoriales organizados económicamente para resolver participativamente la gestión del hábitat, un propósito logrado en dos décadas de luchas y demandas de los pobres organizados de la Ciudad de Buenos Aires por obtener viviendas y que ahora tienden a discontinuarse.
Pero desaprensión también por el accionar represivo de las policías local y nacional, ya que la represión seguida de muerte involucra y responsabiliza a las policías metropolitana y federal; ambas investigadas en estos momentos, y quizá sea el dato político de reconocimiento crítico en estas horas la creación de un Ministerio de Seguridad con especificidad diferenciada de lo que hasta ahora funcionaba como Ministerio de Justicia, seguridad y derechos humanos. Precisamente, son los derechos humanos, principalmente de los empobrecidos, los primeros afectados por la inseguridad resultante del accionar de las fuerzas de seguridad.
Los pobres, una realidad más allá de datos estadísticos que en estas horas discuten las autoridades nacionales con la misión del FMI, pagan con su vida, la desaprensión de los gobernantes y la intervención represiva seguida de muerte por omisión o acción, sea en el caso de la muerte de Mariano Ferreyra a mano de patotas dirigidas por la burocracia sindical, o en el caso de la comunidad toba en Formosa a manos de la policía brava local, y ahora, en proceso de investigación sobre responsabilidades de las policías intervinientes en los asesinatos, y nuevamente, personas armadas identificadas con su pertenencia y acción en el sindicalismo tradicional.
Es ya una costumbre con tendencia a la naturalización la muerte por represión o asesinato directo de militantes y protagonistas de una protesta que demanda reivindicaciones económicas sociales, sean éstas los reclamados derechos de los trabajadores precarios; las peticiones de los pueblos originarios por sus condiciones de vida; o la demanda habitacional de la ocupación en el Parque Indoamericano de la ciudad porteña. Es un problema a denunciar el acostumbramiento a la muerte de quienes reclaman por sus derechos económicos y sociales.
Es una preocupación a considerar, más allá de las críticas necesarias que puedan hacerse a declaraciones xenófobas de gobernantes, en este caso de Mauricio Macri, o de la misma población (los vecinos linderos al predio ocupado) hacia personas inmigrantes, reproduciendo una conducta que criticamos desde nuestro país cuando en territorios del extranjero se maltrata a argentinos residentes, o compatriotas que pretenden ingresar a otros países.
El racismo es un fenómeno que recae sobre los empobrecidos en todas partes del mundo y es parte del modelo de desarrollo económico y social contemporáneo que genera crecimiento de la desigualdad y sensación de población excedentaria, donde la vida no vale y así como se la reprime, se la mata, se la induce a ser carne de cañón de una delincuencia organizada desde el poder económico, involucrando a los pobres en el entramado ilegal del tráfico de drogas, el negocio ilícito de la trata de personas y la circulación de armas para una violencia que enfrenta a pobres contra pobres y tiende a generalizarse como modo de vida cotidiano en grandes centros urbanos, tal como nos devuelve la realidad de algunos países latinoamericanos y crecientemente ocurre en la Argentina.
A no dudar que el tema es la pobreza, e insistamos, aunque los indicadores oficiales sugieran disminuciones importantes respecto del máximo de los momentos de agudas crisis, tal como aconteció en el 2002 con 57% de población bajo la pobreza y 22% de desempleados, ambos guarismos son elevados con relación a la media histórica de los años previos a la aplicación de las políticas neoliberales. Hoy parece un logro una tasa de desempleo menor al 8%, cuando hace 30 años, allá por los 70´ e incluso los 80´, la preocupación se constituía con tasas de desempleo del 5 ó 6%, solo superando esos valores cuando en 1989 se hizo evidente el empobrecimiento de buena parte de la población argentina.
El tema de la pobreza es una cuestión estructural que requiere soluciones de fondo y que difícilmente se resuelva con modelos que aseguran elevada concentración de la riqueza y de los ingresos que fundamentan la visible desigualdad imperante. Nuestra aspiración es que no se naturalicen la pobreza y la muerte de los pobres por asesinato y represión.
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