Si prospera la apelación a un fallo favorable a la corporación de origen español, Repsol YPF debería volver al patrimonio público. Una causa con demasiadas implicancias.
Un fallo de primera instancia le dio respiro a la petrolera española Repsol, pero si las apelaciones anticipadas por los abogados querellantes prosperan, podría corresponder la anulación de la privatización de la ex estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y la renacionalización de la misma.
En un fallo de dos hojas, luego de 6 mil fojas y 22 cuerpos de expedientes judiciales y siete años de proceso, el juez Claudio Bonadío sobreseyó a los 33 directivos de Repsol imputados, a los que fueran ministros del ahora ex presidente Carlos Menem, Domingo Cavallo, Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa, y a otros funcionarios públicos.
La resolución judicial, adoptada el jueves pasado declaró «extinguida la acción penal por inexistencia de delito». En una resolución del 29 de diciembre último, el mismo juez había fundamentado las declaraciones indagatorias de los imputados en que había suficientes motivos de sospecha sobre los directivos de la empresa y funcionarios que intervinieron en la privatización de YPF, durante el gobierno de Menem, en la pasada década del fundamentalismo neoliberal.
En esa resolución destacaba la posibilidad de los delitos de defraudación a los ex trabajadores de la empresa al erario público y la ciudadanía. Por esta razón ya habían declarado gran parte de los directivos de la ex YPF y su versión privatizada (Repsol YPF) y algunos funcionarios públicos.
Si la causa prospera en instancias superiores se podría disponer la nulidad de los contratos de venta de YPF a la empresa española Repsol y por consiguiente nacionalizar Repsol YPF.
Los abogados querellantes buscaban la indemnización para los ex trabajadores de YPF por haber vendido las acciones que les correspondían según el Programa de Propiedad Participada (PPP), previsto por la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado.
La misma normalizó las privatizaciones llevadas a cabo durante la pasada década del ´90. La acciones correspondientes al PPP, destinadas a los 32 mil trabajadores de la empresa al 1 de enero de 1991, establecía para ellos el 10 por ciento del paquete accionario. La mayoría de las acciones del PPP fueron vendidas en la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de 1997, gracias al ex presidente Carlos Menem.
Los ex trabajadores denunciaron también la OPA de 1999, donde Repsol y el gobierno de Menem arreglaron, mediante el denominado «Convenio YPF», de índole secreta y firmado el 20 de enero de 1999, la adjudicación directa a Repsol del 14,99 por ciento de las acciones correspondientes al Estado. Para ello se estipuló días más tarde que Alfonso Cortina de Alcocer, presidente de Repsol, fuera el representante de las acciones «clase A» del Estado argentino.
La causa sobre la cual acaba de resolver el juez Bonadío fue iniciada por la abogada Alejandra Dibo en la ciudad de Córdoba en 1999 y trasladada luego a los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires, al año siguiente.
La letrada, quien representa a 1.500 de los 27.000 ex trabajadores de YPF que la privatización dejó sin empleo, aseguró que no sólo apelaría el fallo ante instancias superiores, sino que denunciaría al juez por mal desempeño como funcionario público y cohecho.
En ese sentido, la abogada recordó que el magistrado podría ser sometido a juicio político, ya que no sólo cerró el sumario sin que fuesen indagados todos los imputados, sino que anteriormente había denegado algunas de las pruebas más importantes.
Entre ellas se encontraba el citado «Convenio YPF» y el pedido de la abogada de oficiar los registros accionarios de la empresa y actas asamblearias, desde 1991 hasta el presente. Con ello se intentaba esclarecer las responsabilidades de los imputados en los hechos denunciados.
El 5 de mayo pasado debía declarar Alfredo Cortina de Alcocer, quien no tuvo necesidad de viajar a Argentina para dar su versión de los hechos, ya que el juez Bonadío hizo uso de su licencia dos días antes de ello. Dicha licencia se prolongó dos meses, justo hasta la vuelta del presidente argentino Néstor Kirchner de España, donde negoció con Antonio Brufau, actual presidente de Repsol YPF, sobre próximas inversiones de la empresa en Argentina.
La causa pendía como una espada de Damocles sobre los contratos de Repsol. Algunos de los que fueron imputados y sobreseídos en la misma cumplían diversas funciones: Mario Vázquez y Alejandro Mac Farlane, presidentes de Telefónica Argentina y de Edenor (ambas empresas que surgieron del proceso de privatizaciones registrado en la década pasada) respectivamente, acompañaron en la comitiva al presidente Kirchner en su viaje a España.
Alessandra Minnicelli -esposa del actual ministro de Infraestructura y Planificación Julio de Vido- ocupa un puesto en la Auditoría General de Nación. La funcionaria fue síndica suplente de las acciones clase A, B y C en el directorio de YPF S.A. desde el 30 de Abril del año 1996 hasta el 14 de Octubre de 1999. Por ello los querellantes la habían considerado corresponsable «por inacción y/u omisión – como dice la ley 12.962 de Sociedades de Economía Mixta – de los hechos fraudulentos en la venta de acciones de YPF a Repsol».
Otro imputado y sobreseído fue Marcelo Villegas, quien participó en las dos OPA antes citadas y único representante del ministerio de Economía que actuó en los gobiernos de Menem y Kirchner. Fue el encargado de hacer las operaciones técnicas que vincularon al ministerio con el Banco MBA Sociedad de Bolsa y la empresa estadounidense Salomon Brothers, para la venta de las acciones. Ambos agentes de bolsa fueron también imputados por participar de la venta de bienes litigiosos.
El juez Bonadío fue apartado en noviembre del 2005 de la causa Amia por ocultar su vinculación con el ex ministro del interior de Menem, Carlos Corach, imputado por el atentado que en 1994 mató a 86 personas en la sede mutual de la comunidad judía de Argentina.