Bogotá, julio de 2005Los colectivos de medios alternativos agrupados en la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) y las agrupaciones y personas abajo firmantes denunciamos ante la comunidad periodística nacional e internacional, la ciudadanía, las instancias gubernamentales, el país y la comunidad internacional la grave situación a la que está sometido el trabajo periodístico y […]
Bogotá, julio de 2005
Los colectivos de medios alternativos agrupados en la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) y las agrupaciones y personas abajo firmantes denunciamos ante la comunidad periodística nacional e internacional, la ciudadanía, las instancias gubernamentales, el país y la comunidad internacional la grave situación a la que está sometido el trabajo periodístico y de comunicación alternativa e independiente en Colombia.
Es de conocimiento público que la labor periodística en Colombia y, especialmente, la práctica del periodismo independiente que genere espacios para comunicación alternativa, libres de la influencia de los grandes conglomerados económicos se ha convertido, durante los últimos años, en una práctica extremadamente riesgosa para quienes optan por ella, debido a la instauración de una política ampliamente represiva de silenciamiento contra quienes expresan su voz crítica ante las políticas de Estado y la actual situación del país.
Dichas políticas son ejecutadas desde la ilegalidad, y de manera vertical y arbitraria, por diversos actores, especialmente por aquellos que se amparan en la falsa legitimidad que les brinda la política de seguridad democrática del actual gobierno y en las negociaciones que actualmente se desarrollan con los llamados grupos paramilitares que, financiados por el narcotráfico y amparados por amplios sectores retardatarios dentro de las fuerzas militares y del poder estatal, han amenazado, secuestrado y asesinado a centenares de periodistas independientes y aficionados durante los últimos años, dejando a Colombia como el segundo país más peligroso para el ejercicio de la labor periodística en América Latina, según datos de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) dados a conocer por su comisión investigativa de atentados a periodistas (CIAP).
Esta situación se ha puesto de relieve en los últimos días. Las agresiones contra la prensa independiente en lo que va corrido de 2005 se convierten en un capítulo negro dentro del terrible historial que ha enlutado a nuestro país durante las últimas décadas, como consecuencia de la política de silenciamiento a la oposición que se ha practicado en Colombia. Las constantes amenazas y ataques a distintos colegas a lo largo y ancho de la geografía nacional y, en especial en departamentos como Valle, Norte de Santander, Arauca, Antioquia y Tolima, han llevado al desplazamiento forzado de varios profesionales de la información y han generado graves consecuencias poder ejercer el derecho a informar y ser informado dentro del territorio nacional.
En este contexto, son de especial singularidad las amenazas de muerte emitidas por el paramilitarismo y de las que fueron víctimas los colegas Hollman Morris, productor y director del programa de televisión CONTRAVÍA, Carlos Lozano, director del semanario VOZ, Daniel Coronell, director del noticiero televisivo NOTICIAS UNO, Gilberto Martínez Prado, director de noticias de COLMUNDO RADIO, y Marcos Perales Mendoza, miembro de la revista PORTADA de la ciudad de arrancabermeja, todas efectuadas mediante el envío de ramos fúnebres a sus domicilios, de correos electrónicos y llamadas amenazantes dirigidas hacia estos comunicadores y sus allegados, así como el reciente atentado contra la vida de William Parra, miembro del equipo periodístico del proyecto TELESUR, y el asesinato del colega Julio Hernando Palacios Sánchez, ocurrido el 11 de enero en la ciudad de Cúcuta, pues estos acontecimientos evidencian un plan de represión selectiva y silenciamiento hacia quienes se dedican a la labor comunicativa y se han caracterizado por sostener una posición crítica frente a la política del gobierno nacional, las actuales negociaciones con los grupos paramilitares y mafiosos, las actuaciones de las fuerzas militares y, en general, la situación de miseria y violencia que se vive en un país como Colombia.
Hoy, cuando un tenaz trabajo investigativo de parte del colega Daniel Coronell ha develado claramente a los responsables de una buena parte de estas amenazas, develando los notorios vínculos entre altos miembros del gobierno, de las FFMM y de altas figuras de la política nacional con el paramilitarismo y el narcotráfico, nos preguntamos las razones para que no se haya capturado y enjuiciado a los responsables, cumpliendo con ello el deber del Estado colombiano.
Expresamos nuestro rechazo y hacemos un llamado de alerta frente a las agobiantes situaciones de hostigamiento y de persecución que han padecido diferentes comunicadores aficionados y periodistas que han denunciado hechos criminales a lo largo del territorio nacional, como el asesinato del joven Nicolás Neira Álvarez a manos de miembros del Escuadron Móvil Antidisturbios (ESMAD) el pasado 1° de Mayo en el centro de Bogotá, los cuales demuestran una política de vigilancia y amedrentamiento que busca impedir el surgimiento de nuevos medios informativos que demuestren ante la opinión pública la crudeza característica de hechos atroces como el antes mencionado.
Adicionalmente, denunciamos públicamente la persecución y sabotaje al que han sido expuestos distintos medios de comunicación alternativos. Creemos que en un país que se precia, en el discurso y en la legislación, de defender las mínimas garantías para ejercer la libertad de prensa, es vergonzoso que se presenten hechos como el cierre de emisoras comunitarias indígenas, presentado en el departamento del Cauca, por parte del Ministerio de Comunicaciones en abierto desconocimiento de la ley 335 que especifica la protección y el apoyo del Estado a estas iniciativas, como las constantes agresiones físicas de la fuerza pública a reporteros durante represiones a movilizaciones populares, que han ocasionado graves lesiones a estos comunicadores por las cuales nadie responde, y acciones intimidatorias como los seguimientos y la interceptación de comunicaciones a periodistas para evitar el cumplimento de su trabajo, como los ocurridos al colega César Jeréz de la agencia Prensa Rural en la ciudad de Barracabermeja.
Nos preocupa, particularmente, que en un país como Colombia, con una confrontación armada que completa ya varias décadas, con un historial represivo que ha llevado a una crisis humanitaria que se encuentra entre las más graves del mundo, con un índice de 114 periodistas asesinados entre 1994 y 2004 que se ubica en el segundo lugar a nivel continental, se esté imponiendo un plan sistemático de silenciamiento, que busca ejecutarse a través del hostigamiento, las amenazas y la eliminación física de quienes reportan informan sobre la difícil realidad nacional, de quienes reportan la grave situación de derechos humanos en distintos lugares de la geografía nacional, inmersa en una agunda crisis política y social, y de quienes se desempeñan como periodistas independientes o aficionados y mantienen una actitud crítica frente a las actuaciones del gobierno nacional, del presidente Uribe Vélez, de los organismos de seguridad del Estado, de las fuerzas militares o de los grupos criminales y paramilitares con los que actualmente negocia el gobierno.
La CCMA, siendo un espacio que propende por el fortalecimiento y el apoyo solidario de quienes ejercen la labor comunicativa independiente y alternativa, rechaza enérgicamente estos actos de agresión contra los comunicadores y periodistas que ejercen su labor en el territorio nacional y hace un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para denunciar estos hechos y exigir el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, así como la aplicación cabal de la justicia en todos estos casos. Así mismo, hacemos un llamado a toda la población para ejercer un apoyo decidido a la labor de los periodistas a nivel nacional, uniendo nuestras voces de protesta ante los atropellos cometidos, exigiendo la protección de esta actividad a través de mecanismos de alerta frente a acciones intimidatorias y represivas contra la libertad de prensa y presionando a las distintas instancias gubernamentales, organismos de control, de investigación y de seguridad del Estado colombiano para que hagan efectiva su labor de proteger a los periodistas y de enjuiciar, capturar y castigar a los culpables de estas acciones.
Recordamos al gobierno nacional su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en torno a la protección de la labor periodística, la Constitución Política Nacional y las recomendaciones de instituciones internacionales como el informe del Relator especial de Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita oficial a Colombia en el mes de Abril de 2005 y las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) relativas al particular. Adicionalmente, consideramos necesario que el gobierno investigue y se haga responsable de los casos en los que se compruebe la participación de miembros de las fuerzas militares, de la policía y de los organismos de seguridad del Estado en estas acciones represivas y criminales si quiere demostrar en los hechos que tiene voluntad real de cumplir, de modo consecuente, con las medidas prometidas en el comunicado de la presidencia firmado por Álvaro Uribe Vélez el día 17 de mayo de 2005, respecto a las amenazas contra los periodistas citados y donde se asegura que «todos los servidores públicos tienen que coadyudar al empeño de proteger a los periodistas. En esa tarea deben trabajar el Presidente de la República, la Fiscalía, el DAS y hasta el último de los soldados y policías».
La información veraz y oportuna es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución Política Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la vida y la libertad de ser y de expresarnos, por ello insistimos en la imperante necesidad de construir unos procesos comunicativos críticos, libres y responsables, que no dependan del dominio estatal ni de aparatos empresariales que convierten la actividad comunicativa e informativa en una mercancía al servicio de unos pocos.
Llamamos a todo el pueblo colombiano, a todos los colegas periodistas, a la comunidad nacional e internacional y a los medios alternativos de comunicación de todas partes del mundo a unirse a este pronunciamiento contra aquellos que quieren silenciar nuestra labor.
Solicitamos la divulgación y adhesión al presente documento.