Al igual que con los gobiernos anteriores de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, el objetivo de este gobierno al judicializar la protesta social es el mismo: «sacar» a las movilizaciones populares de las calles. Hay que reconocer, sin embargo, que el presidente Kirchner está siendo mucho más hábil en su estrategia. Lo ayuda […]
Al igual que con los gobiernos anteriores de Alfonsín, Menem, De la Rúa y Duhalde, el objetivo de este gobierno al judicializar la protesta social es el mismo: «sacar» a las movilizaciones populares de las calles. Hay que reconocer, sin embargo, que el presidente Kirchner está siendo mucho más hábil en su estrategia. Lo ayuda en parte la realidad económica, que aunque sigue castigando a los más empobrecidos, parece dar un respiro a ciertos sectores medios y altos de la sociedad que hasta no hace mucho eran parte del descontento y hoy manifiestan su apoyo al gobierno. En el campo de los que luchan, acorde con la estrategia oficial, un sector se desmovilizó, en nombre del apoyo a un gobierno «popular»; en sus editoriales plantean que «no bajaron sus banderas», pero mientras siguen los recortes encubiertos a los planes de empleo y hay cada vez más presos por luchar, ellos callan. Por último, y tal vez lo más importante: todo el colchón de solidaridad y acompañamiento social que tuvimos las organizaciones populares en los momentos de ser reprimidas o perseguidas hasta no hace mucho, hoy se reduce a la mínima expresión.
Poco podemos hacer ante las voces reaccionarias de las «doña Rosa», paradigma de la clase media despolitizada y conservadora, que se escuchan hasta el hartazgo en los llamados a las radios porteñas. Después de todo, no fueron esas voces las que nos acompañaron en los momentos críticos. Hay todo un espacio ideológicamente «progresista», en cambio, que se auto-justifica a la hora de tomar distancia (e incluso asumir posturas abiertamente críticas) ante quienes seguimos manteniendo las mismas banderas de lucha que tomaron notoriedad a partir de diciembre de 2001. Y los argumentos que encuentran, muchas veces pasan por repetir las consignas que emanan del gobierno y las corporaciones mediáticas, brazo comunicacional del poder económico. «Castells se lo estaba buscando», repiten, y entonces ya no es tan importante ir a las marchas por la libertad de los presos políticos. Flaca memoria la de quienes, como la CTA, repitieron en su momento: «nuestro límite es la represión y el encarcelamiento de los luchadores sociales», y tomaron como bandera la campaña por la libertad de Emilio Alí, pero hoy se muestran ausentes cuando el gobierno transgrede el límite que ellos mismos fijaron, y olvidan que son exactamente los mismos cargos que pesaron sobre Alí los que hoy pesan sobre muchos detenidos por luchar.
Ahora empezaron deteniendo a militantes de Quebracho, y pocos reaccionaron porque «Quebracho genera desconfianza». Siguieron por Castells, los presos de la Legislatura, y los trabajadores de Caleta Olivia en la provincia del presidente… También encarcelaron a los compañeros campesinos en Santiago del Estero, provincia gobernada por la intervención federal. Pero el objetivo de la estrategia represiva y judicializadora nunca se limita a atacar a tal o cual expresión «minoritaria» o «extrema». Empiezan por allí, pero necesariamente avanzan sobre todo aquel que se arraigue en la defensa de los intereses populares y no esté dispuesto a «transar» con un gobierno que no satisface sus demandas.
En los últimos meses la política judicializadora y represiva se profundizó. Los presos políticos de este gobierno ascienden a 44, los procesados aumentaron en el último año de 3000 a cerca de 4200.
Para las organizaciones populares, creemos, el desafío de resistir esta nueva ofensiva de desmovilización y apatía social no puede estar desligado del conjunto de las reivindicaciones más sentidas por el pueblo.
Debemos recuperar la legitimidad de los ejes de lucha, al interior del movimiento y ante el conjunto de la sociedad: esto no implica, como pretenden algunos, ceder a la extorsión del gobierno y «ablandar» la lucha. Ejes reivindicativos claros, masividad, unidad, ayudarán a revertir la propaganda antipiquetera que se instala ante cada medida de lucha. En el panorama del campo popular hoy, por acción u omisión, nadie puede decir que está exento de responsabilidades.