En la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) el 4-10-2021, todos los ministros de salud del país decidieron la vacunación de los niños desde los 3 a los 11 años.
La razón que trascendió en los medios es el aumento de la proporción de casos entre esas edades y el consiguiente riesgo de contagio para terceros.
¿Es que realmente aumentó esa proporción? ¿Hay datos oficiales para afirmarlo?
Oficialmente se internaron 10 mil niños en ese grupo de edad desde que comenzó la pandemia. Equivale a uno cada 600, dado que en ese grupo hay 6 millones de niños en todo el país. Es una tasa de internación más que baja, lo que reafirma la idea de que la gravedad en los niños es de una magnitud prácticamente insignificante.
La proporción de niños en el total de casos no se debe al aumento de casos en los niños. Al menos, no es lo que se dice. Entonces, esa proporción puede depender de otras variables, como por ejemplo de la proporción de testeos en las distintas edades. O de los cambios en la definición de “caso”. O de la inclusión de niños en esa definición en mayor grado que en otras edades. O de cierta recuperación de la inmunidad natural en los mayores luego de la deprivación que les produjo la cuarentena. Y si se argumenta que esa inmunidad se debe al aumento de vacunados, ¿por qué tendríamos que protegerlos como si se afectaran más que los niños no vacunados?
El segundo motivo para vacunar niños es el incremento de su participación en el total de casos. ¿Esto es una prueba del aumento de la contagiosidad entre ellos, con riesgo para los demás? Nos encontramos con una falta de datos para certificarlo. Y los hay en contrario. Los niños contagiados no necesariamente contagian, porque su inmunidad natural es muy alta desde el nacimiento, salvo en el síndrome de Down, que tiene una proporción de 1 entre 500 recién nacidos. Esa inmunidad incluye barreras físicas, químicas y celulares que impiden que el contagio se transforme en infección. Si esas tres barreras fallan, aún queda la posibilidad de que la infección se elimine con inmunidad humoral, o sea, con la producción de anticuerpos naturales sin necesidad de vacuna alguna. Una defensa inmediata, gratuita y sin riesgos contra la infección de sí mismos y del contagio a terceros.
Aun admitiendo el contagio desde los niños, su posibilidad depende del contagiado por ellos, que, siendo sano, podrá controlarlo mediante su inmunidad natural.
En el peor de los casos, existen tratamientos con elevada eficacia y seguridad para el COVID 19 en todas las edades.
Además, se sabe, por estadísticas oficiales, que la tasa de mortalidad en niños atribuida al COVID 19 es extremadamente baja, al igual que en todos los países del mundo.
Entre las comorbilidades que pueden aumentar la mortalidad por COVID 19, interesan en mayor grado las cardiopatías congénitas que pudieran agravarse al contraerlo. La tasa de tales cardiopatías es de 1 cada 100 nacimientos, pero una mitad se debe a comunicaciones interventriculares e interauriculares menores a 3 mm., que en general cierran espontáneamente, de manera que este riesgo afectaría solamente a 3.500 entre los 700.000 nacimientos anuales en todo el país.
El peligro de la cepa Delta se ha exagerado. La India, su país de origen, tiene una tasa de mortalidad de 320 por millón de habitantes, contra 2.600 de Argentina que tiene apenas unas decenas de casos con esa cepa. No hay error: unas 8 veces más que la India.
Pero los casos atribuidos diariamente al COVID 19 disminuyeron drásticamente en la población general, desde 41.000 a 1.500 desde mayo-2021 a la fecha. Y las muertes desde 750 diarias a menos de 50 en el mismo período. Quiere decir que no estamos desde este punto de vista en emergencia, sino frente a una situación controlada que no requiere instalar medidas extraordinarias ni urgentes.
El efecto de la vacunación merece interrogarse. Países con menor vacunación tienen tasas de mortalidad que son varias veces inferiores a la de Argentina, como Hong Kong, Japón, Taiwán, Australia, Egipto, India, Cuba y Haití. Y con la vacunación desde el 29-12-2020 en nuestro país, las muertes diarias llegaron a 750, cuando excepcionalmente fueron 500 en unos pocos días de 2020. De manera que deben reexaminarse los dos puntos fuertes que se promueven para la vacuna: impedir la gravedad de los casos y reducir las muertes.
Por otra parte, se admitió oficialmente que, en otras edades, la vacuna produjo cuadros clínicos graves de miocarditis y trombosis. Y que se requiere mayor tiempo de observación para evaluar la incidencia de, enfermedades autoinmunes, cáncer y trastornos de la fertilidad, entre otros. Hay que considerar también que, aunque la incidencia de efectos adversos de la vacunación sea baja, el total de dichos efectos puede ser alto en caso de que la vacunación de universalice a todos los menores.
Pese a estos problemas en argumentos, pruebas y referencias para la vacunación de los niños, la decisión se tomó de un momento para el otro, y la Sociedad Argentina de Pediatría interpeló justificadamente al gobierno porque aún no se había expedido la CONAIN (Comisión Nacional de Asesoramiento en Inmunizaciones). ¿Para qué fue creada entonces esta Comisión? Es inaceptable que luego de una reunión con el Ministerio, la SAP haya dado su aprobación basándose en que accedió a “información aún no publicada” y que la misma no se publique de inmediato (https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_comunicado-vacunas-covid-19-277.pdf ). Por otra parte, esta información fue restringida por el Ministerio, desde que informó que para la reunión con la SAP no podría presentarle toda la información debido al convenio de confidencialidad con los productores de vacunas (Ley 27573). Una restricción inédita en la historia de la salud. Que merecería un recurso jurídico para impedirla.
La fase 3 de investigación de las vacunas no se ha completado con ninguna de ellas. Recién se prevé completarla entre fines de 2021 y 2023. De ahí que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó al Ministerio de Salud de la Nación el uso de la vacuna Sinopharm en los niños solamente en carácter de “emergencia”. Esta vacuna se encuentra en fase III de experimentación que terminará en diciembre de 2021. El ensayo clínico que se realiza en Argentina está registrado como NCT04560881. Se lleva a cabo en población sana de 18 a 85 años, o sea, sin incluir niños. El Investigador Coordinador es Pedro Cahn en representación de la Fundación Huésped, y los Investigadores Principales son Florencia Cahn, Pablo Bonvehí y Ricardo Ruttiman en nombre de la Fundación Vacunar (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021-03-01_vacuna-sinopharm-conain.pdf ). De manera que la propuesta es vacunar niños sin completar un ensayo que ni siquiera los incluye, con un conflicto de intereses que está a la vista, porque sus autores son miembros del Comité de Expertos que asesora al Presidente.
Entonces nos preguntamos autorizadamente: ¿qué se pretende con los niños mediante esta vacunación? Carece de prioridad justificada en la frecuencia de casos y muertes. Es diagnosticable y tratable. En todo caso, si es una prioridad, hay varias prioridades mucho mayores en la infancia, comenzando por el hambre. Que las medidas restrictivas seguramente agravaron, aumentando la pobreza por encima del 50% entre los niños. Entonces, si la evidencia científica no avala esta experimentación con niños, no estamos frente a una emergencia, …. sino ante decisiones políticas. Que son las que la ciencia prometió evitar.
Mario Borini. Prof. Tit. Salud Pública, UBA, 2003-2008, Médico especialista en Clínica Médica MN 33200, Epidemiólogo, Diplomado en Salud Pública, Especialista en Metodología de la Investigación
Eduardo Yahbes. Médico Pediatra, Prof. Emérito en la Sociedad de Homeopatía Argentina.
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