«La idea vino de la mano del paralelismo que hubo entre la militarización de la localidad de Las Heras y el feriado del 24 de marzo para que nos olvidemos de que en Santa Cruz existía un estado de sitio», explica el abogado Daniel Stragá que, junto con sus colegas María del Carmen Verdú y […]
«La idea vino de la mano del paralelismo que hubo entre la militarización de la localidad de Las Heras y el feriado del 24 de marzo para que nos olvidemos de que en Santa Cruz existía un estado de sitio», explica el abogado Daniel Stragá que, junto con sus colegas María del Carmen Verdú y Nicolás Espósito de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó hoy al mediodía en el Hotel Bauen el Informe de situación 2003-2006: Los derechos humanos en la gestión Kirchner . El documento es «un recuento de la represión aplicada por este gobierno (desde el primer día que entró en funciones hasta el 25 de julio de este año) a los sectores pobres no organizados de la sociedad y a los sectores organizados de la política nacional», según se afirma en la introducción del mismo.
El informe esta estructurado en cuatro ejes. En el primero de ellos, Gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías, se asegura que durante el período estudiado «han sido 505 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, en su mayoría jóvenes pobres de entre 15 y 25 años». El 53% de los muertos fueron víctimas de gatillo fácil y el 45% falleció en cárceles y comisarías; muchos de estos últimos fueron casos de tortura seguida de muerte. Cabe destacar que las cifras van en alza: 102 víctimas entre el 25 de mayo de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, 159 en 2004, 175 en 2005 y ,por último, 69 en lo que va de este año.
El segundo de los ítems: Amenazas, aprietes, hostigamientos señala que durante los últimos tres años aumentaron las persecuciones a militantes, activistas y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno nacional o «sus aliados provinciales» y se destaca 2004 como «el año con mayor persecución ideológica y mayor cantidad de presos políticos desde la presidencia de (Raúl) Alfonsín», además del impulso de la «mano dura» por Juan Carlos Blumberg.
En «Desalojos violentos y represión en manifestaciones», según la Correpi hubo, en total, 43 casos de represiones violentas, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en el sur del país: 22 con el propósito de desalojar y desarticular medidas de lucha de trabajadores de distintos sectores y, el resto, «correspondientes a represiones en movilizaciones de desocupados, violentos desalojos de comunidades originarias con el fin de explotar las tierras que habitan y razzias a barrios humildes».
En relación al último eje: «Criminalización de la protesta y conflictos sociales», María del Carmen Verdú subraya: «Hubo un enorme crecimiento de causas nuevas contra activistas y luchadores vinculadas con los conflictos sociales, se reactivaron algunas causas antiguas que, de pronto, tuvieron una inusitada celeridad y se realizaron actos procesales de trascendencia con menos de 24 horas hábiles de anticipación, impidiendo todo tipo de movilización para poner en evidencia estas imputaciones y estos avances».
Finalmente, se destaca el caso de Las Heras como el reflejo de la política de derechos humanos de Kirchner, «donde sigue habiendo detenidos, a pesar de que el gobierno tuvo que reconocer que todos ellos están imputados por hechos basados en la obtención de declaraciones a través del uso de la tortura, disfrazadas de apremios ilegales», finaliza Verdú.