Recuerdo cuando fui, allá por 1988, con la actriz noruega Liv Ullman, a visitar a los presos políticos de Alfonsín. La tristeza de ver cómo la democracia se «acomodaba». Los condenados por la «Justicia» de la dictadura siguieron presos durante la democracia. Cinco años después de la caída de la dictadura de la desaparición de […]
Recuerdo cuando fui, allá por 1988, con la actriz noruega Liv Ullman, a visitar a los presos políticos de Alfonsín. La tristeza de ver cómo la democracia se «acomodaba». Los condenados por la «Justicia» de la dictadura siguieron presos durante la democracia. Cinco años después de la caída de la dictadura de la desaparición de personas. Los jueces de la dictadura no hubieran debido seguir siendo los jueces de la democracia ni tampoco los detenidos por hechos políticos durante la bestial dictadura podían seguir siendo los presos de la democracia. Liv Ullman no podía comprender cómo los argentinos permitíamos eso.
El jueves me puse a escribir un capítulo más de mi costumbre de ir a visitar a los presos políticos, costumbre que cumplo desde la década del cincuenta. Sí, visité a los presos de la organización Quebracho, denostada por los medios y transformada en el cuco de la templada sociedad argentina. No me asustan los fantasmas que nos presentan grandes medios que al mismo tiempo, subrepticiamente, o no tanto, nos quieren enseñar que hay que mirar hacia delante o que la sociedad se va a salvar con más policía.
No, me gusta ir a ver con mis propios ojos esos «fantasmas» y hablar con ellos. Cárcel de Ezeiza, pabellón 4, para presos de alta peligrosidad. Están aislados. Cárcel construida nada menos que por Carlos Saúl Menem y Granillo Ocampo, su ministro de «Justicia». Y por Techint, claro. Una penitenciaría proyectada según el modelo de Guantánamo, por supuesto. Altísimas paredes de alambre tejido con púas y navajitas. A la entrada hay una placa donde se rememora la fundación de esa cárcel con los nombres de sus responsables. Todos esos nombres están hoy de alguna manera acusados de enriquecimiento ilícito. Pero gozan de libertad y cobran jubilaciones de privilegio. En esa cárcel nueva que se cae a pedazos y en la que sus servicios son altamente deficientes lo primero que se piensa es quién se quedó con el vuelto, o con los billetes. Pero eso sí, a los «delincuentes políticos» todo el peso de la ley.
Los presos se llaman Fernando Esteche y Raúl Lescano. Pertenecen a la organización Quebracho, de izquierda. Están presos desde principios de abril. Fue una reacción contra el asesinato del maestro Fuentealba, en la Neuquén de Sobisch. Integrantes de Quebracho atacaron la sede de Sobisch en el centro de la Capital y rompieron vidrios y quemaron algunos muebles. Sobisch, el que dio piedra libre para reprimir la pacífica marcha de los maestros con armas de fuego, está libre y nos sonríe en la calle desde los carteles de propaganda como candidato a presidente de la Nación. En cambio, los que rompieron vidrios están en el pabellón de alta seguridad, aislados de los demás presos, sin poder salir al aire libre, y soportaron por varias semanas el frío invernal sin calefacción y sin agua caliente.
Los trasladaron a ese pabellón después del incidente con el genocida Etchecolatz, que apareció en el patio de recreo rodeado de una patota de seres similares y una visita de los presos de la organización de izquierda le gritó «asesino» al autor de «La Noche de los Lápices» y se inició así un confuso incidente. Por supuestos, Esteche y Lescano fueron acusados de inmediato de autores del incidente y aislados entonces para escarmiento. Cuando, en realidad, fue una falta de las autoridades penales de permitir el encuentro de seres de total contrapuesta concepción de la vida. Además, a los dos detenidos de izquierda se les ha iniciado otro proceso, esta vez por agresión a Etchecolatz.
El resultado del análisis de por qué los argentinos mantenemos presos a los autores de la protesta por la muerte del querido maestro Fuentealba es patético. Los dos acusados por romper los vidrios de Sobisch demostraron que no estuvieron en el lugar del hecho. Esteche se dirigía a esa hora a Ezeiza para asistir a una reunión invitado por el Parlamento de Venezuela y Lescano se hallaba en La Plata. Fue detenido días después en el acto por los Presos Políticos Mundiales, en Corrientes y Callao, por una patota de civil de Seguridad del Estado, matones armados con palos y manoplas. Pero el juez Lijo los acusó a Esteche y Lescano de autores intelectuales del hecho. El juez Lijo es el mismo que aprobó el encarcelamiento de los campesinos paraguayos que reclamaron por sus tierras en el país vecino. Y claro, si son de izquierda y, además, pobres, son por supuesto culpables.
Converso con los presos políticos Esteche y Lescano. Están en huelga de hambre. Desde hace 38 días sólo beben agua. La huelga de hambre más severa y peligrosa para un ser humano. Están pálidos y se mueven lentamente, pero en ningún momento se refieren a su estado físico. Hablan pausadamente. Los médicos los revisan día tras día. Dos de ellos, del penal, han calificado «de gravedad» el estado del preso Lescano. El consejo superior de la Universidad de La Plata acaba de manifestar «su preocupación por la situación procesal y humanitaria de los dos presos». Hasta ahora, Lescano ha perdido 16 kilos; Esteche, 15.
Esteche me dice con dignidad que ellos no piden ningún acto de piedad, sino estrictamente que «la Cámara de Casación resuelva conforme a derecho en los plazos legales que ya hace tres meses que han vencido». Pero la secretaria de la Cámara de Casación les ha respondido a los defensores de los dos presos que «lo vamos a resolver después de las elecciones». Claro, ante esta respuesta uno se pregunta: ¿por qué? ¿Acaso el mantenimiento en la cárcel de estos dos presos políticos va a beneficiar en votos a alguien, lo mismo que le trajo votos a Macri el exigir más seguridad, más policía?
Les pregunto a los presos si tienen hijos. Esteche me dice que sí, esposa y tres hijas, de 12, 10 y 2 años. Raúl Lescano, esposa y dos niñas, de 7 y 4 años. Me expresan que el juez que ha tomado esa medida con ellos no tiene en cuenta el daño que se hace a los niños, que se dan cuenta de la violencia que se ejerce sobre sus padres. Ellos ya fueron detenidos en tiempos de la democracia por el ministro menemista Corach y nada menos que el juez Liporace y otra vez por otro juez «ejemplar»: Galeano. Fue por protestar contra el FMI. Fernando Esteche me relata que aprendió a defender el derecho del pueblo cuando tenía siete años y después de la escuela acompañaba a las Madres de Plaza de Mayo en sus marchas. Y me relata con nostalgia los actos de valentía de Hebe de Bonafini.
Ahora están rodeados por la soledad. No pueden tener contacto con ningún preso. Sólo ven al celador que los vigila. No tiene acceso a la biblioteca, a la que ellos habían donado muchos libros, ni tampoco a los cursos culturales.
Cuando dejo la cárcel me pregunto si eso no es crear violencia. Es como si fuera necesario para los políticos crear cucos para tener asustada y obediente a la sociedad. Invito a todas las organizaciones de derechos humanos a visitar a Esteche y Lescano. A dialogar con ellos. A cerciorarse de la absoluta discriminación que sufren por un delito que no cometieron. Que, por otra parte, ese delito del que se los acusa es excarcelable. No nos dejemos llevar por la versión demonizada de gran parte de los medios de comunicación acerca de esos dos argentinos. Y preguntémonos si cuando el poder crea violencia, como en el caso de Sobisch y el cobarde asesinato del maestro Fuentealba, no es esperable que haya sectores del pueblo que reaccionen con rabia. Si no fuera así nos acostumbraríamos a permitir todo, a soportar todo lo que viene de arriba. Claro que somos amigos de la no violencia. Pero ante los crímenes de total impunidad haciendo valer el derecho de protesta -y en este caso, nada menos que el de los maestros contra los caños de fuego de la llamada fuerza pública-, la verdadera justicia tendría que comprender que el decir basta de los pueblos trae beneficios al demostrarle al despotismo de arriba que no todo queda impune.
Los dos presos quieren que sea la misma Justicia la que los reivindique. Todo debe resolverse de acuerdo con los principios éticos. Y uno de esos principios señala que jamás una democracia debe permitirse tener presos políticos.