De funcionario del horror a delegado municipal.
El pasado 3 de abril, la comunidad de Sierra de la Ventana se estremeció al recibir la noticia del nombramiento de Julio Renato Baamonde, ex integrante del Batallón de Inteligencia 601 de la última dictadura cívico-militar, como delegado municipal. El responsable de dicha designación fue el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, partido del cual depende el pequeño poblado turístico de unos 3.000 habitantes del sudoeste bonaerense.
Rápidamente, un grupo de vecinas y vecinos de la región se organizaron para pedir la inmediata desvinculación del cargo de Baamonde, quien aparece en los listados del personal civil de inteligencia desclasificados en 2010 por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En dichos documentos se constata que el flamante delegado de Sierra de la Ventana prestó servicios en la Central de Inteligencia Militar (CIM) como Oficial Redactor Dactilógrafo entre 1976 y 1983.
“Es muy doloroso tener que soportar a un servicio de inteligencia cuando una va a la delegación municipal, por ejemplo, a pedir que pase el regador por la cuadra; la verdad que nos resulta realmente insoportable”, expresó Silvia “Ketty” Scheider, vecina de Sierra de la Ventana. El Concejo Deliberante de Tornquist sesionó de manera extraordinaria el 11 de abril y los tres bloques opositores (Juntos, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos) aprobaron por unanimidad —con la única ausencia de una concejala del partido vecinal de Bordoni—una resolución rechazando la designación de Baamonde y solicitando que el intendente lo desvincule de su cargo.
Sin embargo el jefe comunal ratificó el nombramiento aduciendo que es “jubilado militar” y que “no tiene causa abierta”. Su secretario de Gobierno y Seguridad, Ezequiel Gabella, cuestionó la legitimidad de los archivos desclasificados: “Lo que hoy le endilgan a Julio Baamonde es supuestamente integrar listados donde él como personal civil habría participado de acciones de inteligencia” y “el hecho de que se supone que perteneció al Ejército en la época del Proceso”, y propinó: “Yo los invito a que hagan la denuncia donde corresponde”. Los Vecinos Autoconvocados consideraron que estas declaraciones dan cuenta de una actitud negacionista y Ketty Scheider alertó que pedir pruebas es un “alarde de cinismo, cuando es bien sabido que los espías, por la índole de su trabajo, no fueron identificados, salvo en muy pocos casos”. Aun así, el pasado martes ingresaron por mesa de entradas del palacio municipal de Tornquist un petitorio acompañado por 400 firmas en el que se adjunta la lista de agentes del Batallón 601, para que los funcionarios municipales ratifiquen que no se trata de “supuestos”.
“Es inadmisible que un funcionario público haya sido parte del Personal Civil de Inteligencia, con el rol que tuvo en el terrorismo de Estado”, sostuvo la jefa distrital de Educación de Tornquist y actual concejal del Frente de Todos, Marcela Giménez. Concedió que el Ejecutivo Municipal pudo no haber sabido de su participación al momento de la designación, pero remarcó que “una vez que toma conocimiento, debe tomar las medidas necesarias”.
Memoria, verdad, justicia y ética
Según un informe de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, la misión de las unidades de inteligencia, en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, era “recoger información acerca del oponente para planear de manera adecuada y con éxito las eventuales operaciones”, lo que incluía “aspectos acerca de la actividad diplomática, política, económica y demográfica” de este (2015: 22). Por lo tanto, “corresponde considerar que las unidades de inteligencia habrían sido fundamentales en el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos y asignando su destino” (2015: 23) [1]. El documento explicita que, por lo general, quienes formaron parte de las unidades de inteligencia “no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero sin embargo compartieron acciones, estructuras, espacios y tiempos, con aquellos que sí han sido identificados” (2015: 13).
Los organismos de derechos humanos de la región, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, HIJOS Bahía Blanca y la Secretaría de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) de Bahía Blanca, se hicieron eco de la designación de Baamonde en Sierra de la Ventana y expresaron su repudio. En sendos comunicados, exigieron la revocación de la decisión tomada y la ejecución de las medidas reparatorias consecuentes, teniendo en cuenta que los servicios de inteligencia fueron —como indican los mismos manuales de procedimiento militares— la columna vertebral de las acciones represivas del plan sistemático de exterminio del último gobierno de facto. El reconocimiento en un cargo público de un ex integrante del cuerpo que centralizaba la información de los ciudadanos que se perseguían durante el terrorismo de Estado constituye “un agravio a las víctimas del genocidio y a la sociedad en su conjunto”, expresó la APDH nacional.
También la Comisión Provincial por la Memoria, en una nota fechada el 17 de abril que lleva la firma de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que el sólo hecho de que Baamonde haya pertenecido al Batallón 601 “lo inhabilita moralmente para ocupar el cargo al que ha sido designado. La función pública exige patrones de conducta que no contradigan la ética pública sobre las que se basa el orden democrático”. En la misiva dirigida al intendente Bordoni indican que quienes integraban el organismo de inteligencia no podían desconocer que señalaban a personas que serían víctimas de delitos aberrantes, dado que eran rigurosamente entrenados y formados técnica y psicológicamente para dichas tareas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, elevó una carta al jefe comunal de Tornquist sugiriendo revisar la designación del Delegado Municipal de Sierra de la Ventana para atender las obligaciones contenidas en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de jerarquía constitucional. Allí enumera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la resolución 3/2019, adoptó los “Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas” recordando que todas las autoridades municipales de los estados miembros deben realizar un abordaje integral de la memoria y “están obligados a disponer mecanismos efectivos e integrales para garantizar el derecho a la verdad”.
En ese sentido, Moreno señaló que el nombramiento de Baamonde “produce inquietud, consternación y un intenso malestar en víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado al advertir que una persona que integró uno de los dispositivos con los que se desplegó el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas, suficientemente probado en decenas de juicios por crímenes de lesa humanidad durante los últimos años, es incorporado a la estructura administrativa del Estado municipal”. Por otro lado, indicó que las personas promovidas para ocupar cargos públicos, de acuerdo con lo que establece la Constitución bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades, deben “atender necesariamente a las competencias ético-institucionales, como parte del imprescindible examen de idoneidad”, incluido el “respeto por los derechos humanos y las instituciones de la democracia”.
El titular de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia bonaerense informó que, en la actualidad, se están llevando adelante en nuestro país más de diez juicios orales por crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluye el juzgamiento de personas que se desempeñaron en inteligencia del ejército: “Por caso, a principios de marzo comenzó a sustanciarse el juicio conocido como ‘Solé’, que tiene como único imputado a un ex diputado de la provincia de Santa Fe por su desempeño como personal civil de inteligencia del ejército en Santa Fe. Y el lunes 27 de marzo del corriente, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires comenzó el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ‘Puente 12’, en el que se juzgará a dos oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército”.
Elige tu propio Baamonde
A mediados de los ‘90, el ahora periodista de investigación Patricio Eleisegui cursaba sus estudios secundarios en el Instituto Fortín Pavón de Saldungaray, partido de Tornquist, cuando Julio Baamonde se mudó a Sierra de la Ventana y se incorporó al colegio fundado por el arzobispado de Bahía Blanca como profesor de historia. Allí hizo carrera y, en muy poco tiempo, terminó como director. “Me acuerdo de que detestaba a Rosas y exaltaba las figuras de Sarmiento y de Mitre. No hablaba de Perón ni mucho menos: la cara peronista de Baamonde es de los últimos años”, narró con sorpresa su ex alumno, tras constatar que su posicionamiento actual en redes sociales es de corte filo-progresista. Por aquella época coincidía en el poblado el ex dictador Jorge Rafael Videla que, gozando del indulto menemista, asistía a misa en la parroquia de la localidad donde visitaba a su hija María Isabel.
Baamonde explicaba en clase “cómo se combatía la guerrilla, cómo se desactivaba una célula terrorista y ese tipo de comentarios los efectuó inclusive en cursos donde había personas con padres desaparecidos”, rememoró Eleisegui. “Él está entre los fundadores de lo que fue el MODIN en el distrito”, agregó el periodista con referencia al Movimiento por la Dignidad y la Independencia, partido político liderado por el carapintada Aldo Rico. En las elecciones presidenciales de 1995, una fracción de extrema derecha se desprendió del MODIN y creó el Movimiento Azul y Blanco, que llevó como candidato presidencial al exdictador Juan Carlos Onganía. En Tornquist, Baamonde fue candidato a consejero escolar titular en la lista del ex Presidente de facto.
Aunque no hay información pública sobre su actividad luego de esa fecha, el intendente Bordoni se quejó de que los cuestionamientos respecto al ex integrante del Batallón 601 recaigan sobre él cuando “antes de 2009 fue concejal por el PJ” y luego trabajó en el Ministerio de Salud de la Nación. Esto último puede constatarse parcialmente en el Boletín Oficial del 24 de abril de 2009 en el que, mediante Decisión Administrativa N.º 189/2009, el Ministerio de Salud aprueba la contratación de Baamonde entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre del mismo año, a efectos de desempeñarse en la Dirección Nacional de Registro, Fiscalización y Sanidad de Fronteras de la Unidad Sanitaria Mar del Plata. Las fechas son anteriores a la publicación de la lista de agentes de la unidad de inteligencia del Ejército Argentino durante la dictadura.
Su paso por la ciudad balnearia sí dejó algunas fotografías que aportan confusión respecto al posicionamiento ideológico del nuevo delegado de las serranías de la Ventana:
A 40 años: violencia es negar
“Le estamos pagando a una persona que sirvió a la dictadura genocida que dejó 30.000 desaparecidos, miles de exiliados, miles de presos políticos, bebés robados”, dijo la referente de la Agrupación HIJOS de Bahía Blanca, Alejandra Santucho, y subrayó: “Es absolutamente anti-ético que alguien que se valió de la dictadura genocida, ahora se valga del gobierno democrático”. Asimismo, consideró que hace falta una ley que los inhabilite de ejercer cargos en la gestión pública: “Que se gane la vida de manera particular, pero no manchando la democracia que tanto nos costó conseguir”.
En el listado de agentes secretos del Ejército aparecen bahienses como el ex juez de faltas Ricardo Antonio Germani y el ex camarista Néstor Montezanti, ahora jubilados. Este último fue procesado en 2020 por su actuación en la Triple A, lo que fue confirmado por la Cámara Federal —que el acusado presidió hasta 2016— recién el 12 de septiembre pasado. En enero de este año, el juez López da Silva hizo lugar al pedido de elevación a juicio oral de Montezanti por delitos de lesa humanidad. El haber prestado servicios de inteligencia a la dictadura en 1980 y 1981 “es considerado un agravante dentro de la causa”, afirmó Santucho.
Dante Patrignani, secretario de derechos humanos de la CTA de Bahía Blanca, fue quien siendo docente de Universidad Nacional del Sur pidió el juicio académico para separar de su cargo a Montezanti, entendiendo que “no podía estar formando jóvenes abogados alguien comprometido de esa manera”. Para Patrignani el caso de Baamonde es análogo: “No está probado ningún crimen, es cierto, pero si está probado que trabajó para la dictadura”.
Que el gobierno municipal de Tornquist mantenga en su cargo a Baamonde representa un riesgo en, al menos, dos sentidos: por un lado, abre la puerta para que otros ex agentes de inteligencia de la dictadura puedan legitimarse democráticamente y, por otro, banaliza las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En suma, significa un retroceso en los acuerdos de convivencia política que nuestro país ha construido respecto a la participación civil en el último genocidio. El negacionismo lesiona “la condición de lo imperdonable y de lo imprescriptible, devenidas a una trivial habilitación del olvido”, dice el profesor Alejandro Kaufman (UBA, UNLP y UNQ). Por eso, cuando se ejerce desde el Estado, supone una continuidad del horror: “El negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otras formas”. Es un crimen.
Nota:
[1] “El Batallón de Inteligencia 601” (2015). Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Disponible en: http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1576.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/prestar-servicios-a-la-dictadura/