De niño, viví con mi familia en un centro de entrenamiento militar del ejército de Estados Unidos en Carolina del Sur. El lugar se llamaba el Fuerte Jackson. En su entrada colgaba un letrero con la siguiente frase: La libertad consiste en obedecer la ley. A mi corta edad de cinco años, tenía mucha dificultad […]
De niño, viví con mi familia en un centro de entrenamiento militar del ejército de Estados Unidos en Carolina del Sur. El lugar se llamaba el Fuerte Jackson. En su entrada colgaba un letrero con la siguiente frase: La libertad consiste en obedecer la ley. A mi corta edad de cinco años, tenía mucha dificultad descifrando el mensaje. Incluso hoy no sé si era el reconocimiento de un derecho o si era un mandato amenazante. Además, mi padre se quejaba en la intimidad del hogar de que en la base militar no imperaba la ley, sino el capricho y la voluntad del comandante.
El asunto me vino a la memoria con el reciente y apasionado clamor en defensa de la libertad de expresión por parte de los ideólogos de la derecha estadounidense. Dos incidentes parecen haber provocado el clamor a favor de la libertad por los defensores, precisamente, de la restricción de los derechos civiles en Estados Unidos. El primero fue la formulación de cargos en contra de Deborah Jeane Palfrey el 28 de abril de 2007 en la corte federal de Washington, D.C. A Jelfrey se le acusa de operar durante trece años un negocio de prostitución en la capital federal. Apodada «la madame de D.C.», Jelfrey alega que su negocio consistía en un juego legal de tipo sexual en que los clientes pagaban hasta $300 la hora por estar con las mujeres mejor educadas de la ciudad. En todo caso, dice ella, sería una pena tener que revelar los nombres de casi 10,000 personas, incluyendo políticos prominentes de la derecha, que utilizan sus servicios de entretenimiento. La policía federal contestó que, de todos modos, ellos habían incautado las direcciones y números de teléfonos de todas las personas que habían llamado el negocio de Palfrey en los últimos años. Es ahí que los políticos involucrados apelaron al derecho de expresión. ¿Acaso no les concede a ellos la constitución de Estados Unidos el derecho de comunicarse libremente con un servicio de juegos sexuales? ¿Para qué sirve la Primera Enmienda si no es para ocurrencias como ésta? La prensa de derecha, en particular FOX NEWS, le dio amplia cobertura al reclamo.
El otro incidente que ha provocado una ráfaga de parloteo de la derecha estadounidense a favor de la libertad de expresión, es el anuncio por el gobierno de Venezuela de que el 27 de mayo de 2007 no se renovará la licencia de operaciones de la RCTV ( Radio Caracas Televisión ) y de que el espacio radioeléctrico que ésta ocupaba se destinará a un canal de servicio público. RCTV, recordemos, fue una de las estaciones que apoyó en abril de 2004 el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez. El ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática de Venezuela, Jesse Chacón, ha explicado en numerosas ocasiones el porqué de esta acción y cómo es perfectamente legal en el marco constitucional de su país. La OEA, por su parte, ha iniciado una investigación en lo que, siguiendo a Washington, cataloga de un «atentado en contra de la libertad de expresión.»
Lenin solía decir que con la palabra libertad había que tener cierta cautela: a veces la invocan los déspotas más grandes. De que Bush y sus acólitos en América Latina son unos déspotas no caben dudas. Pero, siguiendo el lema que me trataron de inculcar de niño en Fort Jackson de que «la libertad consiste en obediencia a la ley «, me pregunto ahora, hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado con RCTV si ésta hubiera estado operando en Estados Unidos? ¿Cómo hubiera reaccionado el gobierno de Estados Unidos ante una estación de radio o televisión que apoyara en su territorio un golpe de Estado, como el de abril de 2004 en Venezuela? Olvidémonos por el momento de la situación de «emergencia nacional«, donde la constitución de Estados Unidos confiere al presidente el poder de suspender los derechos civiles de la población e incluso militarizar la justicia. Ahí la contestación es fácil: RCTV sería historia olvidada. Consideremos, para que no digan que somos prejuiciados, que se trata de una solicitud de renovación de licencia tres años después de ocurridos los eventos. ¿Renovaría el gobierno de Estados Unidos la licencia de operaciones a un medio de comunicación con el historial de la RCTV? ¿Sería tal renovación posible en el marco jurídico de la nación que hoy critica a Venezuela?
Supongamos por un momento que el gobierno de Estados Unidos respeta las leyes de ese país. En condiciones normales, la concesión, renovación y suspensión de licencias de radio y televisión está bajo el control de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esta agencia, conocida como la FCC por sus siglas en inglés, hace tres cosas: (i) establece los criterios para tomar sus decisiones administrativas, (ii) adjudica solicitudes de operación de estaciones; y (iii) monitorea el uso de las licencias. Para ello, la FCC le comunica a los dueños de estaciones de radio y televisión qué controles existen en Estados Unidos sobre sus actividades operacionales y, en última instancia, sobre el contenido de los programas que transmiten. Así por ejemplo, es una violación de las reglamentaciones de la FCC el divulgar intencionalmente información falsa sobre actos criminales o catástrofes mayores.
Pero, ¿no dice acaso la constitución de Estados Unidos que el gobierno está vedado de pasar leyes limitando el derecho de expresión? De decirlo, lo dice; pero todo depende de la interpretación que se haga de las leyes. La Corte Suprema tiene la palabra final al respecto de esto. Toda comunicación verbal, escrita o electrónica que represente un «peligro inminente» para la sociedad norteamericana no puede buscar protección alguna bajo las leyes de ese país. Concretamente, el gobierno estadounidense puede coartar todo lenguaje que presente dos características: (i) el estar diseñado para provocar actos de violencia y (ii) el tener alguna posibilidad de lograrlo. No importa que los hechos nunca ocurran; si existe la posibilidad de que ocurran, entonces se puede restringir. La corte suprema de Estados Unidos no reconoce el derecho de expresión como uno de carácter absoluto.
Ahora bien, la Comisión Federal de Comunicaciones ha dicho que todo lo pertinente a lenguaje que amenace la seguridad social, es materia para las autoridades policíacas y no para los funcionarios de la agencia. ¿Quiere decir ello que la Comisión de Comunicaciones podría otorgar o renovar la licencia de una estación de radio o televisión que haya puesto en peligro la seguridad nacional? Claro que no; especialmente ahora bajo El Acta Patriótica. De hecho, bajo las leyes actuales de Estados Unidos cualquier funcionario que concediera una licencia de operación a una estación similar a RCTV sería procesable criminalmente por «proveer asistencia» al terrorismo. No sólo enfrentaría los mismos cargos del terrorista, sino que probablemente tendría muchos de sus derechos legales revocados. Tan sencillo como eso. Claro está, todo el argumento aquí presentado supone el respeto a ley por parte del gobierno de Estados Unidos, cosa que en estos momentos es poco probable. Lo central es que si la RCTV estuviera operando en el marco jurídico de Estados Unidos, no podría invocar el derecho de expresión a su favor.
No es fácil para aquellos que somos abogados en Estados Unidos, el sentirnos felices de los eventos que ocurren en la justicia de este lugar cuando se trata de países como Cuba, Venezuela y Bolivia. La liberación del terrorista Posada Carriles es una vergüenza. Igual lo es el encarcelamiento injusto de los prisioneros políticos boricuas y cubanos, así como de cientos y cientos de personas perseguidas políticamente en este país, que tanto se proclama defensor de los derechos humanos. Resulta que para la administración del presidente Bush, « la libertad consiste en actuar al margen de la ley «, incluyendo la de su propio país.
Y no se trata aquí de invocar un respeto absoluto a ley. Allí donde la ley sirve a los déspotas, carece de valor moral y no debe obedecerse. No fuimos pocos los abogados que estuvimos presos por violar la ley en 2000 en la lucha de Vieques. Pero en el caso de Bush, se trata de una política deliberada de ignorar las leyes que existen precisamente para proteger a la sociedad de males terrible como las actividades terroristas. Es un presidente que ampara y protege a los terroristas. Como jurista estadounidense y como defensor de los derechos civiles, tengo que estar a favor de Chávez y en contra de Bush, a favor de Jesse Chacón y en contra de la RCTV.
En cuanto a la prensa comercial de Estados Unidos, su continua asociación con la derecha de este país es síntoma de cuán prostituida está. Digo esto, por supuesto, sin querer ofender a Deborah Jeane Palfrey. La prostitución es una profesión que exhibe normas de conducta más respetables a veces que algunos de los noticieros de FOX.
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El autor es abogado en Estados Unidos. Pertenece a las juntas directivas de la Fundación Rosenberg y del semanario Claridad.